| Por Daniel Parise | El Estado tiene la obligación de generar políticas públicas que faciliten el acceso a la Justicia. Sin duda, los mayores obstáculos se presentan en los sectores populares. Por ello, es imperioso para la buena administración de justicia que desde la misma se diseñen instancias idóneas para brindar respuestas ágiles y de bajo costo.