| Por Camila Barón |

Resumen

El artículo postula que los feminismos han producido nuevos diagnósticos y narrativas sobre las crisis de deuda y en particular sobre la relación entre la Argentina y el FMI. Para ello se revisa primero la letra del acuerdo y la perspectiva de género del organismo y del gobierno de Cambiemos. Se hace un repaso de las promesas en materia de equidad de género presentes en el programa stand by y se muestra cómo los resultados fueron contrarios a la reducción de las brechas de desigualdad. Por último, se destacan los aprendizajes del amplio debate sobre el aborto legal seguro y gratuito y se remarca la importancia de que los acuerdos futuros sean sometidos a una discusión amplia y democrática, como también la necesidad de exigir rendición de cuentas por parte de los organismos y de les legisladores responsables de su aprobación.

La historia de las crisis de deuda en la Argentina se nos presenta cíclica, aunque en una espiral en la que la última parece ser siempre la más profunda.

A pesar de cierta conciencia colectiva sobre las consecuencias del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, no se han logrado construir consensos ni mecanismos que salvaguarden al país de acuerdos que hipotecan la soberanía económica. El último, firmado en octubre de 2018, coincide con el auge del movimiento feminista en la Argentina. En este artículo nos proponemos analizar qué implicó esta simultaneidad, tanto en la letra del acuerdo como en los diagnósticos y narrativas políticas alrededor de las consecuencias de la deuda.

En la primera sección se plantea el carácter novedoso de la mirada feminista sobre la deuda externa en la Argentina. En la segunda se aborda la perspectiva de género adoptada por el Fondo Monetario Internacional, sus similitudes con la retórica del gobierno de Cambiemos y la confluencia de estas visiones en la carta de intención que dio origen al préstamo stand by de 2018. En la tercera sección se analizan las promesas en materia de equidad de género vertidas en el acuerdo y se muestran cómo los resultados fueron contrarios a la reducción de las brechas de desigualdad. Mientras que en la cuarta y última sección se remarca la importancia de que los acuerdos futuros sean sometidos al debate público y democrático y la necesidad de exigir rendición de cuentas por parte de los organismos y de les legisladores responsables de su aprobación. Se destacan en este sentido las lecciones de los feminismos en la discusión por el aborto legal, seguro y gratuito.

Un diagnóstico feminista

La historia de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional es tan extensa como conflictiva. En tanto prestamista de última instancia en moneda extranjera, su presencia en el país es sinónimo de crisis y tensión social.

La noticia del último préstamo, en junio de 2018, llegó apenas seis meses después de las enormes movilizaciones en contra de la reforma previsional y tras dos años ininterrumpidos de paros y marchas que intentaban, con poco éxito, frenar los recortes, despidos y avasallamientos institucionales de la gestión de Cambiemos. A los pocos meses, en octubre de 2018, el programa inicial ya había fracasado y fue reemplazado por un nuevo stand by, por un monto mayor, con rediseño de las metas.

A pesar de que los efectos de los programas del FMI fueran parte de la memoria doliente de los sindicatos y organizaciones sociales y políticas que ocuparon las calles en contra de cada una de las avanzadas neoliberales, la cadena nacional en la que el expresidente Mauricio Macri anunciaba el regreso del organismo al país no tuvo una respuesta inmediata.

El aviso llegó, como suele ocurrir, en medio de una corrida cambiaria que amenazaba con licuar aún más los ingresos de las grandes mayorías, exentas del resguardo en moneda extranjera y ajenas a la ingeniería financiera que garantizaba altos rendimientos en dólares en un contexto de caída de la actividad económica.

Esa quietud inicial no puede leerse por fuera del miedo, quizá paralizante, que genera el peligro de una crisis de balanza de pagos, una escalada hiperinflacionaria y sus consecuencias inmediatas en el poder adquisitivo.

Sin embargo, durante el año que transcurrió entre la firma del Acuerdo Stand By y las elecciones que darían fin al gobierno que lo recibió, se tejieron alianzas vertebradas en la oposición a la hoja de ruta trazada por el Fondo Monetario Internacional.

En esas alianzas cumplió un papel fundamental el movimiento feminista que aportó dinamismo, protagonismo en las calles y razones novedosas para el rechazo del acuerdo y sus condicionalidades. La expansión del feminismo trajo renovación de discusiones en los sindicatos, en los partidos políticos y en todos los ámbitos en los que se debatían las consecuencias de ser el país acreedor del préstamo más grande de la historia del FMI.

Así como los movimientos de derechos humanos tuvieron la potencia para nombrar como un crimen de lesa humanidad las consecuencias de la deuda adquirida por el gobierno de facto, las luchas de finales de los años noventa que desembocaron en el movimiento piquetero alrededor del 2001 lograron instalar la relación entre crisis, ajuste estructural y la injerencia de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, podría decirse que fueron los feminismos los que aportaron nuevas narrativas y diagnósticos en el ciclo de endeudamiento abierto en 2016, y que rápidamente mostró signos de agotamiento al requerir asistencia del FMI en un contexto de fuga de capitales.

La insostenibilidad de extender las jornadas de trabajo no pago como consecuencia de los recortes en servicios públicos, la precarización de la vida asociada a los paquetes de reformas estructurales (laboral, previsional y tributaria) y la reapropiación de la agenda de los cuidados, el vínculo entre deuda externa y deuda doméstica, fueron los temas que los feminismos instalaron y vuelven con fuerza cada vez que se debate la reestructuración de la deuda. En este sentido, el discurso feminista logra correr del medio el carácter moral en torno al pago o no pago presente en los dos extremos de la discusión. Ni pago compulsivo y culposo (“toda deuda debe ser honrada”) ni declamación de cesación de pagos principista (“no al pago de la deuda externa”) sin mediación sobre sus consecuencias en el quehacer cotidiano.

Perspectiva de género regresiva

Mientras los feminismos rescatan tradiciones políticas relacionadas con distintas conquistas históricas de los movimientos de mujeres y LGBT+ y construyen desde la interseccionalidad y la intersectorialidad de las luchas, la perspectiva de género puede ser ciega en términos políticos. Es decir, puede ser contraria a las reivindicaciones de los feminismos. Es el caso de la perspectiva adoptada tanto por el Fondo Monetario Internacional como por el gobierno de Cambiemos.

Los resultados sociales de los préstamos y sus condicionalidades durante los años noventa y los años dos mil obligaron al FMI a renovar su discurso sobre la pobreza, la desigualdad y la protección social. En 2013, una nota de discusión del staff del FMI sentará las bases para el abordaje de la cuestión de género en el organismo. Allí se argumenta sobre la necesidad de aumentar la participación laboral de las mujeres como forma de lograr un mayor crecimiento económico.

Esta línea ya había sido adoptada por el gobierno de Mauricio Macri en marzo de 2018, cuatro meses antes de dar a conocer la existencia del Acuerdo Stand By. En la apertura de sesiones del Congreso de la Nación el entonces presidente Macri anunció una serie de proyectos para avanzar hacia la igualdad de género que adoptaban la retórica del FMI. Luego, en la carta de intención para solicitar el préstamo, se repetirían las mismas promesas.

Ese mismo año anunciaron que trabajaban también en la incorporación de la perspectiva de género en el ciclo presupuestario, otras de las recomendaciones de la agenda de género del organismo. En efecto, el presupuesto 2019, elaborado durante la vigencia del acuerdo, introdujo la técnica del gasto etiquetado que señala actividades con recursos destinados a reducir las brechas de género. Sin embargo, se trató de un presupuesto con consecuencias negativas en materia de equidad. La falta de una mirada macroeconómica que permita conocer el impacto de los agregados presupuestarios en los indicadores sociales vuelve estéril la supuesta perspectiva de género.

En la carta de intención, el primer documento de intercambio para la aprobación del préstamo stand by, la Argentina prometía:
• Trabajar para reformar el sistema tributario actual a fin de reducir los desincentivos para que las mujeres participen en la fuerza laboral.
• Continuar implementando proyectos e iniciativas sobre acciones para promover la igualdad salarial, un sistema más equitativo de licencia por paternidad y maternidad (ambos en la Propuesta de Ley de Equidad de Género, presentada ante Congreso).
• Continuar construyendo infraestructura para el cuidado infantil y la educación infantil.
• Exigir a las empresas cotizadas que publiquen anualmente datos sobre el equilibrio de género en su Consejo y entre sus puestos directivos.
• Continuar trabajando en nuestras iniciativas para combatir la violencia de género y doméstica y brindar redes de apoyo a las víctimas de dicha violencia (Plan Nacional de Acción para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres).

Se trata de propuestas alejadas de las demandas del movimiento feminista, por entonces preocupado por la caída de los ingresos, la precarización laboral, la desocupación y los recortes en subsidios, servicios públicos y prestaciones sociales.

La historia argentina no deja dudas sobre la insuficiencia del aumento de la tasa de actividad para reducir las brechas de género. La inserción en empleos precarios, peores pagos y sin legislación que garantice el reparto de tareas domésticas y de cuidados tiene como consecuencia el aumento de la desigualdad y en particular, la desigualdad entre mujeres de los quintiles de ingresos más bajos y más altos, cuestión por completo ignorada en la visión del FMI.

Las promesas y sus resultados

La primera de las promesas tenía que ver con modificar las exenciones del impuesto a las Ganancias por cónyuge para incentivar la participación de mujeres en el mercado de trabajo. Se trata de una medida coercitiva que consiste en reducir los ingresos de un hogar (en este caso eliminando la exención) con el objetivo de que una persona más en la casa necesite salir a buscar un trabajo remunerado. La modificación no se hizo. Sin embargo, fue el menor ingreso de los hogares y no una reforma tributaria que además hace caso omiso sobre las razones por las cuales son más los hombres que pagan este impuesto, lo que empujó a más mujeres a buscar trabajo remunerado.

Efectivamente se produjo un aumento en la cantidad total de mujeres que conforman la población económicamente activa. Sin embargo, cabe destacar que, sobre todo en el año 2019, prácticamente la totalidad de las mujeres se incorporaron en tanto desocupadas, mientras que entre 2017 y 2018 casi una de cada dos atravesó este proceso.

La tasa de desocupación entre las mujeres pasó de 9,5% en el segundo trimestre de 2017 a 11,2% en el segundo trimestre de 2019. En el mismo período, para el rango etario de 14 a 29 años, trepó del 17,7% al 23,4%. A su vez, la tasa de no registración del empleo asalariado pasó de 36,2% a 36,7%. Es decir que empeoraron todos los indicadores del mercado de trabajo.

En cuanto a la estructura impositiva, se realizaron otras modificaciones con impactos regresivos. El impuesto a las Ganancias pasó de representar el 24,8% sobre la recaudación total en 2015 al 21,8% en 2019 y el impuesto sobre los Bienes Personales pasó de 1,2% en 2015 a 0,6% en 2019. Al mismo tiempo, la participación de impuestos regresivos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto al cheque (a los débitos y créditos), por mencionar algunos de ellos, aumentaron su peso sobre el total de la recaudación. El IVA pasó de representar un 28,2% de la recaudación en 2015 al 30,5% en 2019 y el impuesto al cheque (a los débitos y créditos bancarios) pasó de 6,3% al 7,0% en ese mismo período.

La ley enviada al Congreso que prometía reducir la brecha salarial no fue tratada y recibió críticas por parte de mujeres sindicalistas y organizaciones feministas durante su debate en comisiones legislativas. Entre 2016 y 2019, la brecha de ingresos de la ocupación principal entre varones y mujeres osciló entre el 25% y el 27% y la brecha de ingresos personales, entre el 27% y el 29 por ciento.

Las licencias no se modificaron y en 2018 la Argentina retrocedió por primera vez en diez años en el Índice Global de Brecha de Género publicado por el Foro Económico Mundial (que mide la brecha en cuatro áreas clave: salud, educación, economía y política).

La promesa de priorizar la construcción de infraestructura para el cuidado infantil se dio en el marco de un recorte generalizado en el sistema público educativo. El programa “Fortalecimiento edilicio de jardines” se creó durante 2016. En el segundo año se le asignó un presupuesto tres veces mayor, pero se ejecutó apenas un 33%. En 2018 volvió a repetirse ese mismo desempeño. Se presupuestaron $6.063 millones y se ejecutaron apenas $2.087 millones. Al mismo tiempo, un programa de mayor envergadura como es Infraestructura y equipamiento sufrió recortes año a año. Entre 2016 y 2019, el monto ejecutado se redujo un 44% en términos reales. En cuanto al presupuesto general del Ministerio de Educación, área clave para procurar equidad de género, entre 2017 y 2019 sufrió un recorte del 16% en términos reales.

La única promesa cumplida fue la que no involucraba asignaciones presupuestarias. La Comisión Nacional de Valores publicó en marzo de 2019 un informe sobre género en los Directorios de las Empresas del Mercado de Capitales. Sin embargo, no se desprendieron de allí acciones concretas para mejorar la participación de mujeres en las empresas cotizadas.

Lejos de la implementación de iniciativas para combatir la violencia de género y doméstica, esta agenda se vio afectada por la reducción en términos reales a partir de 2017 del presupuesto del organismo a cargo de la prevención y erradicación de la violencia (Consejo Nacional de la Mujer, luego convertido en el Instituto Nacional de Mujeres). También se desmantelaron las acciones de otros programas relevantes, como el ex Ellas Hacen, transformado en el programa Hacemos Futuro a partir del cual se abandonaron las instancias de encuentro colectivo que tenían las beneficiarias como forma de acompañamiento a mujeres en situación de violencia.

Durante el período de vigencia del Acuerdo Stand By no solo aumentó el desempleo, sino que también cayeron los ingresos y aumentó el endeudamiento de los hogares. Entre 2017 y 2019, la ANSES entregó más de siete millones de créditos a sectores de ingresos medios o bajos. Hasta 2017 eran solo para jubilades y a tasas reales negativas. Cuando el gobierno decidió expandirlos a pensionades, beneficiaries de AUH y trabajadores registrades con hijes y bajos ingresos, decidió también aplicar tasas reales positivas. Si bien las tasas eran más bajas que las de mercado, se sostuvo una política de endeudamiento creciente para sectores cuyos ingresos en algunos casos no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria. El efecto derrame de la deuda: el ajuste fiscal requerido por los acreedores repercute en los hogares que se ven obligados a endeudarse para sostener la vida cotidiana.

En las revisiones que se hicieron para aprobar cada uno de los desembolsos había un apartado llamado “Protección social y equidad de género” cuyo contenido se fue diluyendo entre la primera y la última revisión. En octubre de 2018 el FMI publicó la primera revisión a partir de la cual se aprobó el desembolso de $5,7 mil millones de dólares. En el apartado “Protección social y equidad de género”, el Directorio del organismo menciona la ampliación del gasto social volcada en el presupuesto 2019. En particular, el destinado a cuidado infantil público y asignaciones familiares. Sin embargo, no hará un seguimiento del desenvolvimiento de esas partidas en las revisiones siguientes. En la tercera revisión se menciona el aumento de la pobreza, aunque sin advertir su carácter feminizado y señalan, nuevamente, que el gobierno “trabaja para modificar las licencias de maternidad y paternidad”. Ya en la cuarta y última revisión abandonan toda pretensión de precisión sobre el seguimiento de los objetivos e informan que “el gobierno expandió el programa Primera Infancia, programas para desempleados, becas para estudiantes de familias de bajos ingresos y formuló programas para disminuir la desigualdad de género”, sin especificar cuáles son, en qué medida se expandieron y qué efectos tuvieron en la población destinataria.

La falta de metas sociales en los programas mantiene al organismo a salvo de su propia rendición de cuentas. Es preciso exigir formas alternativas de medición del impacto de género (Elson y Rodríguez, 2021), así como de la distribución del ingreso que permitan generar evidencia sobre el efecto de las condicionalidades y las políticas recomendadas.

Somos acreedoras: algunas lecciones a futuro

“La deuda es con nosotros”, fue la consigna de los movimientos sociales que se hizo oír en febrero de 2020. Faltaba más de un mes para que la pandemia llegara a la Argentina y las calles se llenaron para demostrar que no había margen para un ajuste.

Poco tiempo después, el FMI declaró insostenible la deuda argentina. Es importante destacar que la insostenibilidad no está asociada a un número objetivo a partir del cual el equilibrio se rompe y la economía colapsa. La deuda se declaró insostenible porque no había forma de hacer frente a los vencimientos futuros sin consecuencias desoladoras para las mayorías. Son los cuerpos concretos los que expresan los límites ante la falta de un plato de comida, de un medicamento o un abrigo en el invierno, ante el exceso de horas de trabajo no reconocidas que se acrecientan por la falta de servicios públicos, vivienda y transporte de calidad. Es allí donde se manifiesta lo insostenible más allá de lo que indiquen las proyecciones sobre la disponibilidad de divisas o la caída del PBI.

En el paro internacional de marzo del 2020, el movimiento feminista extendió la consigna para reclamar al mismo tiempo soberanía económica y soberanía sobre los propios cuerpos: “La deuda es con nosotres, ni con la iglesia ni con el FMI”. A fin de año se aprobaría al fin la ley de interrupción voluntaria del embarazo y unos meses después, en febrero de 2021, una ley que obliga a que los préstamos de organismos internacionales sean aprobados por el Congreso de la Nación. Esta interseccionalidad que permite pensar la conexión entre demandas que son lejanas solo en apariencia es la que está ausente en la declamada perspectiva de género que ignora la puja distributiva y, a diferencia de lo que propone la economía feminista, prioriza el crecimiento económico por encima de la sostenibilidad de la vida.

Es difícil no preguntarse cuál habría sido el resultado de un debate público y abierto sobre la conveniencia del préstamo en 2018, tal como fue el debate por el aborto legal, seguro y gratuito. En aquella oportunidad expusieron en el Congreso miles de especialistas, activistas y referentes, a favor y en contra del proyecto. Nunca antes la población había seguido tan de cerca un debate legislativo.

¿Se habría aprobado el acuerdo si les legisladores hubieran tenido que rendir cuentas ante el electorado? Y si lo lograban, ¿habrían podido ingresar los miles de millones de dólares sin compromiso alguno con la inversión social?

En tiempos en los que están de moda los conceptos de inclusión y educación financiera, cabe preguntarse si la verdadera inclusión y educación financieras no serían aquellas que brinden herramientas para que las grandes mayorías participen en los asuntos en los que está implicada la soberanía económica.

El debate sobre la interrupción legal del embarazo fue en sí mismo una gran lección de Educación Sexual Integral para el conjunto de la población porque acercó argumentos y logró demostrar el carácter injusto de la clandestinidad y la imposibilidad de elección ante embarazos no deseados. Los feminismos desplegaron una forma novedosa del ejercicio democrático, de la construcción de consensos y de la ampliación de derechos.

Dado lo que implica el endeudamiento público en la vida cotidiana y, en particular, el peso que tiene la deuda de la Argentina con el FMI, debería exigirse un debate abierto, participativo y democrático sobre las irregularidades del préstamo stand by y las condiciones de un nuevo acuerdo. Desde estas latitudes, algunos pasos en aquella dirección podrían retomar el debate sobre la arquitectura financiera internacional desde nuevas perspectivas. Los feminismos han dado lecciones también en este sentido. Cuando las consignas cruzan fronteras se puede confiar en que las estructuras más antiguas y anquilosadas también pueden temblar.