| Por Horacio A. Feinstein |

No es necesario ser un escritor de ciencia-ficción para imaginar cuáles podrían ser los escenarios de la basura y los residuos en Buenos Aires hacia mediados del presente siglo. Ello no se debe a una especial capacidad adivinatoria del autor sino al hecho de que a comienzos del siglo XXI irrumpió en la urbe porteña (CABA), casi de repente, un nuevo modelo de gestión que se consolidó con tal firmeza que seguramente el mismo será parte de los escenarios del futuro por un largo lapso.

En la actualidad coexisten dos modelos de gestión de la basura y los residuos. El primero, el ingenieril (convencional, pragmático y optimista) en todo momento tiene a mano una solución técnica y tecnológica lista para ser implementada por funcionarios y políticos de turno, siempre fascinados por los artificios de las técnicas novedosas y por su facilidad de implementación –ya que, impuestas de arriba para abajo, son casi autónomas de la disposición de la población a aceptarlas– y por las generosas compensaciones que reciben aquellos por adoptarlas, aquí y en todas partes del mundo.

Basado en una amalgamada alianza entre colegios profesionales de la ingeniería y de la consultoría, institutos específicos de universidades públicas y privadas, empresas relacionadas a los mismos, proveedores de equipamiento específico, funcionarios públicos, políticos de turno que aprovechan para hacerse de unos pesos extras, ex prestigiosos profesionales de la salud pública devenidos en mercaderes de todo tipo de “salud” y políticos de todos los colores, el modelo ingenieril de gestión de la basura y los residuos porteños está consolidado y reconocido por el establishment como la pata local de la frontera técnica internacional. Para afianzarse más aún logra el apoyo incondicional de los medios masivos de comunicación los que –casi sin excepciones– reproducen –cual propaganda paga– todo lo que las empresas y funcionarios les acercan, sin siquiera el menor asomo de repreguntar o de ensayar comentario crítico.

En este sentido y fuertemente relacionado con el estilo consumista contemporáneo, puede afirmarse que así como existen automóviles más o menos similares o idénticos en la mayoría de los países del mundo, existen grandes empresas de ingeniería sanitaria que actúan –directamente a través de filiales locales o asociadas a firmas nacionales– en buena parte del mundo, donde prestan servicios altamente tecnificados de gestión de la basura basados en ingeniería (desde la etapa de recolección hasta la disposición final), logística y transporte. La conclusión es que así como para cualquier país le es prácticamente imposible sustraerse al estilo de vida centrado en el automóvil, le es también muy difícil sustraerse al estilo ingenieril de gestión de la basura y los residuos sólidos urbanos.

Es por ello que sólo una crisis como la que vivió recientemente la sociedad argentina pudo abrir una grieta por donde se colaron enormes grupos sociales marginados por un sistema excluyente para imponer su existencia y ansia de supervivencia por fuera de los patrones establecidos. El segundo modelo de gestión de la basura y residuos de Buenos Aires, el socio-ambiental, conformado a partir del rol de un Estado que entiende como responsabilidad ineludible la protección de los grupos sociales más desposeídos y el medio ambiente (que tanto los afecta a estos) surgió con toda la potencia de los movimientos sociales y alcanzó a consolidarse jurídicamente en un corto lapso. En rigor de verdad, la normativa sobre basura y residuos establece los principios básicos a observar en la materia con una perspectiva de avanzada en cuanto a los aspectos sociales y ambientales involucrados, al tiempo que cambia el eje de la mirada, mudando el mismo desde la basura a los recursos inmersos en ella. Sin embargo, cabe señalar que dicha normativa no ha sido ni es puesta en práctica efectiva, quedando por ahora como asignatura pendiente.

Prácticamente, los dos modelos de gestión coexisten desde comienzos del presente siglo, cuando la crisis económica irrumpió como un aluvión social entre los pobladores bonaerenses más carenciados –inicialmente sin siquiera el acompañamiento del Estado– que salió a las calles de la ciudad en procura de los desechos de comercios y hogares como fuente de alimento y de ingresos, resultantes estos de la comercialización de los materiales reciclables. En ese momento fue notable la solidaridad de la clase media porteña –tradicionalmente muy individualista– que empezó a separar los reciclables de la basura, los que entregaba en mano a los cartoneros, muchas veces junto a algún plato de comida y/o un manojo de ropa. Enseguida tuvo que intervenir el Estado legalizando la actividad de los cartoneros ya que hasta ese entonces la basura pertenecía a las empresas de “higiene urbana” que obtenían su beneficio por la cantidad de basura gestionada por ellas, de manera que lo que se llevaban los recicladores dejaba de ingresar al Ceamse (empresa pública, perteneciente en partes iguales a la CABA y a la provincia de Buenos Aires, responsable de los rellenos sanitarios donde se entierran la basura y residuos sólidos de la CABA y 27 municipios del conurbano bonaerense, así como de las grandes compactadoras de basura de la CABA) y a las arcas de esta y de las contratistas de basura. A partir de ese jalón el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) intervino activamente en apoyo de los cartoneros hasta que la Legislatura sancionó una norma de avanzada socio-ambiental como es la Ley de Basura Cero. Desde entonces, a lo largo de toda la última década, el péndulo vuelve a inclinarse cada vez más hacia el modelo ingenieril de gestión.

En relación a este movimiento pendular hay algunos hitos históricos que parecieran actuar de límite al alcance del péndulo en la dirección señalada. El primer hito apareció en Villa Dominico (localizada en el conurbano bonaerense), en las inmediaciones del relleno sanitario, donde la población infantil se vio gravemente afectada en su salud. La población lo relacionó con problemas derivados del relleno, lo cual fue negado por Ceamse y el establishment de la basura, hasta que gracias a la insistencia de las propias Madres de las Torres fuera luego verificado por académicos de la Universidad de La Plata. La reacción de la población de Villa Dominico cundió como un reguero de pólvora, deflagrando en las proximidades de sendos rellenos entonces activos localizados en Ensenada y González Catán. Después del cierre forzado de estos sitios de soterramiento, Ceamse no consiguió más lugares donde iniciar nuevos rellenos ya que la buena predisposición de las autoridades políticas de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires para facilitarlos fue inmediatamente revertida por la población de las mismas, las que después de lo sucedido en Villa Dominico no quieren ni oír hablar de soterrar basura en las propias vecindades. Desde entonces, a lo largo de la última década, no apareció en las cercanías de la región metropolitana bonaerense una sola posibilidad donde hacer nuevos rellenos para llevar a cabo la disposición final de la basura de la CABA y del conurbano bonaerense.

Sin duda la reacción social contra los rellenos sanitarios fue un duro revés para el modelo ingenieril. Por ello llegó a entreverse entonces que había alcanzado su punto de inflexión el predominio de aquel modelo. Agregado a esto, la constatación que la situación económico-social de los grupos sociales bonaerenses más pobres no se ha ido solucionando y, por lo tanto, los cartoneros muy difícilmente permitan un agravamiento de su actual condición de precariedad, todo lo cual parecía conformar un escenario de marcada vulnerabilidad del modelo ingenieril.

Sin embargo, cabe señalarse desde otra perspectiva que, desde que fuera aprobada en la CABA en 2002 la ley de Dignificación de Cartoneros, el rol de estos fue erosionado sin cesar hasta la actualidad en que el GCBA, con argumentos eficientistas, ha decidido contratar a una empresa privada para que gestione un gran centro (verde) de reciclables en lugar de dejarlos gestionarlo, como señalan las leyes, mediante las cooperativas de cartoneros.

La carencia de educación ambiental en la sociedad –junto a la consiguiente incomprensión de esta acerca de la importancia de la función ambiental que llevan a cabo los cartoneros en beneficio del conjunto de la sociedad, rescatando de la basura los residuos reciclables– podría facilitar que ese traspaso de gestión se empiece a concretar, lo que podría ser resistido por los cartoneros agrupados en cooperativas, ya que el cambio implicaría la sentencia a que desaparezcan como trabajadores semi-oficialmente reconocidos, o sea, un cambio más que traumático para quienes apostaron a un reconocimiento que trascienda de lo formal por parte de las autoridades.

El carácter de servicio público de prestación centralizada que se le ha impuesto a la gestión de la basura y los residuos porteños ha llevado a que pocas grandes firmas provean el servicio y que las mismas procuren asegurarse por todos los medios su continuidad en un negocio tan lucrativo. Una consecuencia nada trivial de ello es que, en una dirección opuesta, la Ley de Basura Cero (LBC) apunta a un mejoramiento continuo de la gestión de los residuos, lo cual requiere la realización de contratos por plazos cortos o contratos flexibles/renovables, de manera que los mismos puedan ir adaptándose a las mejoras en la gestión –que deberían ir dándose por la convergencia de causales de distinto origen señaladas por la LBC–. Este mejoramiento, en cualquier caso implicaría una declinación del modelo ingenieril centralizado para dar lugar a las renovadas formas de gestión –que priorizan el reaprovechamiento de los recursos y la minimización del soterramiento– preconizadas por la ley Basura Cero.

Sin lugar a dudas en la actualidad –a pesar de todas las convulsiones sociales del final y comienzo de siglo– el modelo de gestión predominante (por no decir casi exclusivo) es el ingenieril, que ha ido imponiendo su poderío económico por sobre el imperio de las leyes. Al respecto resulta notable la rapidez –en menos de diez años– con que el establishment ha logrado revertir en la práctica el paquete normativo que instituyó el modelo socio-ambiental al punto que ya no sólo se habla de la conveniencia de la incineración sino que, apuntando a ese objetivo de negocio, el GCBA organiza viajes de legisladores y miembros del Consejo de Planeamiento Estratégico de la CABA para que “vayan a París a conocer lo bien que funciona la planta incineradora localizada en las proximidades de la Torre Eiffel”. Sin duda, la contundencia con que se impuso este modelo de gestión es un indicador del poderío del lobby ingenieril que, a semejanza de lo sucedido respecto del avance especulativo inmobiliario, ha conseguido limar diferencias y marcadas asperezas entre los principales partidos políticos para llegar a aunar las voluntades políticas del gobierno con las de la primera oposición, mientras entre todos juntos les dan la espalda a las correspondientes leyes sobre el ambiente, basura, residuos y cartoneros.

En materia normativa, el conjunto de leyes existentes en la CABA (sumadas a las nacionales y a las de la PBA) conforma un marco jurídico bien adecuado para encuadrar una gestión apropiada de basura y residuos. Los aspectos básicos están suficientemente contemplados por dicha legislación, quedando para un futuro mediato la extensión del área estrictamente urbana (CABA) hacia el conurbano bonaerense, sin considerar a este como sumidero o “patio trasero” sino como la prolongación natural (que es) de lo que fuera la capital de la república. Con el conurbano la CABA tiene un profuso intercambio de flujos cotidianos de población, energía, alimentos y servicios de todo tipo. Y así como la CABA necesita del conurbano bonaerense, este requiere de actividades (principalmente, provisión de fuentes de trabajo y de servicios) de la CABA. De la misma manera que no se puede pensar apropiadamente, por ejemplo, el sistema de transporte del área si no es en la dimensión metropolitana, la gestión de basura y residuos debería enmarcarse en esa misma dimensión espacial, prestando mucho cuidado a que la redefinición territorial se haga de una manera equitativa y solidaria que no implique dependencia o sumisión sino, antes bien, reconociendo las ventajas de la mutua interdependencia y complementariedades entre jurisdicciones políticas, que son mucho más que contiguas.

La innovadora Constitución de la CABA del año 1996 instituyó desde su Art. 1º la democracia participativa en la ciudad. A su vez, la Ley de Comunas delineó los amplios alcances de la participación ciudadana a través de la nueva organización político-administrativa basada en 15 unidades territoriales, denominadas comunas. Sin embargo, existen fuertes resistencias del GCBA a aceptar la participación ciudadana y poner en marcha efectiva, con descentralización presupuestaria, a las comunas.

De acuerdo con la Constitución y la Ley de Comunas, estas no tienen incumbencia ni competencia expresa sobre la gestión de basura y residuos. No obstante ello, a efectos de una más apropiada gestión integral de residuos, cabe imaginar en un futuro más o menos próximo a la organización comunal ocupándose de buena parte de dicha gestión ya que el espíritu y la letra de la Constitución incitan a la participación ciudadana mientras la Ley de Comunas propicia la descentralización política y administrativa; siendo a través de las comunas la manera más apropiada de efectivizar el doble objetivo de descentralización y participación.

A su vez, la LBC instituye la participación ciudadana como condición necesaria para el cumplimiento de la norma y prioriza la participación de los recuperadores urbanos así como de las pequeñas y medianas empresas para la recolección y transporte de los residuos.

Por demás, tal como puede verse por todo el mundo, para la gestión integral de la basura y los residuos no hay una solución técnico-organizativa única aplicable a cualquier sociedad (de cualquier tamaño y/o en cualquier geografía, por ejemplo) sino que existe un abanico de posibles soluciones adoptables en los más diferentes escenarios y, al respecto, sería deseable fomentar que cada comuna decida qué está dispuesta a hacer por la gestión de sus propios residuos. Por ejemplo: ¿qué nivel de participación en la gestión de los mismos está dispuesta/podría tener? ¿O preferirá que el GCBA se ocupe de ella total o parcialmente (p.ej., tal vez decida comprometerse, exclusivamente, a ocuparse de una actividad: la recolección diferenciada y realizar en función de ello una amplia y progresiva campaña de educación ambiental que redunde en una creciente separación en origen)?

Antes de ello y a efectos de contar con la información apropiada, el GCBA debería informar con transparencia sobre los gastos (e inversiones) por todo concepto (a nivel de toda la ciudad y desagregado por comunas) que implica la gestión de basura y residuos para saber cuánto (dinero) cuesta actualmente la “higiene urbana” para tener como una referencia. En realidad, para saber a ciencia cierta a cuánto asciende el costo (social) total de la gestión actual, a los costos monetarios involucrados habrá que sumarles los costos no-monetarios directos generados por la inapropiada gestión actual debidos a, como ser, la contaminación de terrenos, la contaminación de acuíferos, la contaminación del aire resultante del transporte de la basura, el consumo de combustibles para el transporte, la pérdida de recursos naturales (existentes en los restos de comida) que son recuperables en forma de materia orgánica (compost) apta para mejorar suelos de plazas, parques o para hacer huertas comunitarias. Del mismo lado de la balanza –en el plato de los beneficios y de los costos evitados por una gestión de los residuos realizada de acuerdo con los principios de la LBC– habrá que sopesar la reducción de enfermedades generadas por los rellenos, una menor suciedad de calles y veredas, la reducción del suelo ocupado por rellenos sanitarios, la menor contaminación proveniente de estos, la mayor masa salarial generada por el valor agregado a los residuos reciclados y reutilizados, la energía ahorrada en la transformación de metales gracias a la reutilización de los mismos cuando son reciclados, etcétera.

De esta manera puede entreverse que con el tiempo la gestión integral de los residuos y la basura de la ciudad pueda llegar a constituir un mosaico heterogéneo (y variable en el tiempo) de dispositivos territoriales debido a las decisiones dispares entre comunas, adoptadas de acuerdo con la diversidad de usos y costumbres de cada comuna, con la relativa disposición de espacios públicos donde ocuparse de ello así como de la relativa capacidad y voluntad (de ocuparse o no) que tengan los ciudadanos de las respectivas comunas. Siempre con la mira puesta en disminuir la incorporación desde fuera de la (ciudad o) comuna de productos, materiales y energía en procura de la maximización de los flujos al interior de la (ciudad o) comuna; contribuyendo de esa manera a empezar a efectivizar la transición de una economía de flujos lineales a otra de flujos circulares, en la cual se minimicen las entradas (recursos) y salidas (desechos) del sistema, aportando asimismo a la mitigación del cambio climático.

En esta dirección puede imaginarse la alianza solidaria entre comunas territorialmente cercanas para la realización de algunas (en principio, pocas) actividades que requieran cierta escala mínima no alcanzable por cualquier comuna por sí misma, por ejemplo, debido a que involucren la adquisición de equipamiento costoso y que de lo contrario –de hacerlo una sola comuna– el mismo resultaría demasiado oneroso y quedaría parcialmente ocioso.

De manera suplementaria y complementaria a la gestión de residuos podría concebirse vincular como una forma concreta, productiva y de puesta en práctica de educación ambiental –inmensa asignatura pendiente sin la cual muy difícilmente pueda avanzarse en la gestión integral de los residuos urbanos– la recuperación de residuos orgánicos de la basura (en forma de compost) con la producción de alimentos sanos (libres de agrotóxicos) a través de la realización de huertas comunales de verduras y hortalizas –que aprovecharían la producción local de compost a escala experimental–, una actividad que no requiere de economías de escala para su organización pero que sí se beneficiaría grandemente de una articulación entre varias comunas en lo que respecta a la planificación de la educación ambiental involucrada.

En esta dirección se estaría contribuyendo a la circularidad de los flujos al interior de las comunas por dos vías:

a) disminuyendo
• los residuos a enviar a relleno sanitario o a otra forma de disposición final fuera de la comuna y
• los flujos energéticos (incorporados en el transporte de los residuos).

Y por el otro lado,
b) reduciendo la entrada desde fuera de la comuna de
• productos (hortalizas, verduras, fertilizantes) y de
• flujos energéticos (incorporados en el transporte de los productos).

Ciertamente, sería una manera concreta de efectivizar la participación ciudadana a través de la institución comunal, ejercitando el derecho a la descentralización, apelando a la imaginación y creatividad (individual y colectiva) y asumiendo la responsabilidad por las decisiones acerca del modo particular de gestión adoptado por cada comuna.

En definitiva, el devenir de la lucha de los cartoneros por la defensa de sus derechos y la participación ciudadana en sus más diversas modalidades a través de las comunas serán las vías por las cuales en los próximos años y las próximas décadas el modelo socio-ambiental de gestión de residuos podrá ofrecer resistencia al modelo ingenieril, encaminando a la CABA hacia modelos de gestión de la basura y de los residuos más sostenibles, social y ambientalmente, que redundarán en: mayor inclusión social, menos enfermedades, más participación ciudadana e iniciativas comunales, empezar a concebir proyectos intercomunales, poner en marcha la educación ambiental, disminuir la dependencia de recursos extraterritoriales, contribuir a mitigar el cambio climático, etcétera.