En los días 19 y 20 de diciembre de 2001, eclosionó la más grave crisis social y política de toda la posguerra en la Argentina.

La crisis institucional se evidenció en el repudio de buena parte de la sociedad a la clase política; “que se vayan todos” fue la consigna más escuchada por esos días. Ello llevó a la renuncia de un presidente votado por el pueblo, y a la elección por la vía excepcional del Congreso de la Nación (Artículo 88 de la Constitución Nacional) de dos presidentes, uno de ellos de duración efímera.

Esta crisis materializó la caída más pronunciada de la actividad económica que haya vivido la Argentina en su historia moderna. Y, por sobre todas las cosas, se cobró un saldo de 39 muertes; fue el episodio político más luctuoso desde el retorno de la democracia en 1983.

No es necesario apelar al derrumbe de la Convertibilidad en los aciagos días de diciembre de 2001, para condenar a las reformas neoliberales de los años ’90. Fue durante su vigencia donde más se vieron sus efectos destructivos. Las reformas no cumplieron su promesa de generar inversiones masivas, de la mano de un sector privado libre de supuestas ataduras. La tasa de inversión sobre el Producto Interno Bruto fue decepcionante. Se profundizó la desindustrialización. Se desnacionalizó la economía. Se multiplicó la deuda externa. Se destruyó un elevado número de empleos, sobre todo formales. El esquema cambiario y monetario adoptado fue procíclico, y solamente podía mantenerse sobre la base de una entrada ininterrumpida y creciente de capitales externos. Como resultado, se instaló la idea de que la Argentina es un país irremediablemente dual en su estructura social; esto, de la mano de un elevado desempleo, que superó el 10% durante largos años.

Las víctimas de las reformas y la Convertibilidad no se limitan entonces a quiénes padecieron en forma directa con el derrumbe de 2001; fue el conjunto de la sociedad –en especial, los sectores medios y bajos– la que sufrió durante más de diez años los impactos de políticas desarticuladoras.

Este ciclo y su trágico final no son solo obra de factores externos a la Argentina; son ante todo el producto de una dirigencia que se arrojó a los brazos de reformas económicas asentadas en la supuesta magia de los mercados y en el régimen de Convertibilidad, luego de la hiperinflación de 1989-90.

Las dos décadas transcurridas desde 2001 han mostrado la necesidad y posibilidad de definir la senda de un crecimiento inclusivo; pero estamos lejos todavía de haberlo logrado. La toma irresponsable de deuda por parte del gobierno anterior, acompañada esta vez por el propio Fondo Monetario Internacional, nos ha puesto nuevamente en una situación de alta vulnerabilidad para emprender este camino de crecimiento con inclusión. La agenda que enfrentamos es ardua, y no existe claridad en muchos actores acerca de la necesidad de cohesión; lo ocurrido recientemente con la Ley de Presupuesto para 2022 es una evidencia más que preocupante.

En momentos de negociaciones cruciales con el FMI, lo ocurrido hace 20 años debe servir de enseñanza. Se requiere unidad del campo popular y un pueblo movilizado para defender nuestros intereses como Nación; solo políticas de crecimiento e inclusión social garantizan equilibrios económicos y nos permiten evitar las crisis.

Desde el Plan Fénix –cuya existencia se inició precisamente poco antes del derrumbe de la Convertibilidad– convocamos a la reflexión. Como sostuviéramos una y otra vez, la Argentina tiene recursos para pararse sobre sus propios pies, y lograr un crecimiento sostenible y digno para todos. No podemos equivocarnos otra vez, porque las consecuencias serán muy graves.

A 20 años, Nunca Más, a políticas de ajuste inviables que solo conducen como en 2001 no solo a un default financiero sino a los peores defaults, el productivo y el social.

Cátedra Abierta Plan Fénix
Diciembre de 2021