El Gobierno argentino se encuentra actualmente abocado a una compleja negociación con el Fondo Monetario Internacional a fin de reestructurar el préstamo otorgado en 2018, por un valor cercano a los 44.000 millones de dólares, que comporta un plazo de repago inviable.

No hay dudas de que el “acuerdo” firmado en el 2018 entre nuestro país y el FMI, al igual que el endeudamiento que de éste se deriva, abunda en anomalías. Fue concebido, negociado y firmado en un tiempo record. Ambas partes ignoraron las duras y duraderas implicancias que conllevaría en materia política, económica y social, para un país que sufría las consecuencias de una crisis autoinfligida por un gobierno tan irresponsable e insostenible, como la propia deuda que estaba contrayendo.

El acuerdo con el Fondo devino de circunstancias muy particulares, e incluso pesaron sobre él sospechas (posteriormente confirmadas) de preferencia política hacia el gobierno que lo firmó. Es, por lo tanto, un acuerdo políticamente cuestionable y, en ese sentido, el Directorio del FMI que lo aprobó —con la visible presión del gobierno estadounidense de aquel entonces— es corresponsable.

El Directorio del Fondo ha contravenido, asimismo, disposiciones de su Convenio Constitutivo y de su reglamento interno al autorizar un financiamiento extraordinario que no cumplía las condiciones allí establecidas, otorgando además recursos que pudieron ser aplicados a la fuga de capitales; todo ello, pese a haber sido advertido, por su propia línea técnica, de que se trataba de un acuerdo no sostenible. Por el lado de nuestro país, se investiga actualmente si esta operación ha dado cumplimiento a las disposiciones vigentes, en particular, a las referidas a la participación del Congreso Nacional, tal como lo estipula la Constitución.

En consecuencia, se trata de una operación que implicó incurrir en prácticas legalmente cuestionables.

El cambio de contexto internacional a partir del nuevo gobierno en EE. UU. y la materialización de las consecuencias de la pandemia establecen un nuevo marco. Es menester encontrar una resolución que comprenda esta cuestión en toda su complejidad y que active una vía que resulte sostenible para la Argentina.

El propósito de un posible nuevo acuerdo, que remedie los groseros errores cometidos en el pasado por el FMI (particularmente en nuestro país), debe ser el logro de un programa que cumpla tres condiciones: no bloquear el crecimiento económico con equidad; hacer frente en forma sostenible a los compromisos externos; y conducir a la gradual disolución del problema del endeudamiento externo en el mediano-largo plazo, recuperando autonomía político-económica, sin tutelajes del Fondo.

Con el acuerdo de 2018, la Argentina pasó a ser el país de ingresos medios con mayor tiempo de vigencia de programas de asistencia del FMI. Ahora bien, esto no debe llevar a la conclusión de que estos acuerdos explican la frustración del crecimiento argentino. Por el contrario, ellos son la expresión de la incapacidad de las dirigencias para articular un patrón de crecimiento sostenible, como lo patentizan los programas de reformas estructurales de los años ochenta y noventa, aplicados casi sin resistencias e implosionados por su propia inconsistencia.

Es central que el nuevo programa que nuestro país acuerde con el FMI se asiente en un patrón viable de crecimiento que permita superar endeudamientos externos insostenibles. En otras palabras, el nuevo programa debe plantear un nuevo modelo económico en el que, como lo sostuvo en más de una oportunidad el Plan Fénix, la deuda deje de ser el palo en la rueda del desarrollo con equidad.

Es necesario, entonces, encarar dos tópicos esenciales. En primer lugar, cómo lograr niveles elevados y sostenidos de inversión (no los hubo en los dos últimos ciclos de crecimiento). En segundo lugar, cómo construir un patrón que —basado en un modelo que contemple tanto la disponibilidad de recursos primarios como el necesario desarrollo de la industria y los servicios intensivos en conocimiento— pueda administrar la restricción externa estructural con la cual el país choca una y otra vez.

Esto debería ser el centro de la negociación con el FMI. La clave no está en el endeudamiento y la negociación de la salida. Cualquier programa que sea concebido con el principal objetivo de cumplir con la deuda del FMI será ruinoso para el país. Por más que se otorguen años de gracia, mayores plazos de pago, canjes por objetivos ambientales y/o quita de punitorios y sobretasas, el problema estructural será resuelto solo parcialmente. Lo fundamental es el proyecto que la Argentina (se) plantee.

Como dijera alguna vez el recordado Aldo Ferrer, cada país tiene el FMI que se merece. Una dirigencia débil y sometida a los designios de los fondos de inversión y calificadoras de riesgo solo buscará un “certificado de buena conducta” para que el FMI imponga las restricciones que permitan asegurar posiciones hegemónicas y mantener el statu quo.

Como espejo de la actual negociación con el FMI, contamos con el acuerdo alcanzado con los acreedores privados, que se fundó en un argumento inapelable. En la lógica de las finanzas, un deudor riesgoso debe aceptar tasas elevadas por la posibilidad de un default. No debe sorprender, entonces, que deudas contraídas en esas condiciones demanden reperfilamientos y reestructuraciones, porque esas tasas elevadas tornan impagables los compromisos. La negociación llevada adelante fue exitosa no solo porque logró distender plazos y ganar grados de libertad, sino también porque supo apuntar al concepto correcto: reducir las elevadas tasas de interés a las que dicha deuda se había contraído.

Esta claridad conceptual debe reiterarse en la discusión con el FMI, exteriorizando un proyecto congruente y sostenible. La Argentina no negocia ante un acreedor convencional, sino ante una asociación integrada por los gobiernos de los países. Esta debe ser una discusión entre gobiernos, sobre un proyecto de crecimiento sostenible y con equidad.

Estas negociaciones con el FMI son, sin duda, arduas; pero podrán tener la virtud de consolidar el liderazgo estatal, un requisito central para avanzar en un proyecto que ordene intereses y prioridades, en articulación con los sectores y los actores sociales necesarios para concretarlo.

La resolución, en los términos recién expuestos, de esta compleja negociación podrá sentar las bases para un futuro en el que la Argentina deje de recaer en crisis que nos sumergen en coyunturas tan adversas como las que actualmente intentamos superar. Se trata, por lo tanto, de construir un proyecto sostenible de país dinámico e inclusivo; tarea que consideramos tan esencial como pendiente.

Cátedra Abierta Plan Fénix
Septiembre de 2021