Los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001, que acompañaron el fin del régimen de Convertibilidad, representaron el punto culminante de la crisis económica, política y social argentina resultante de la aplicación del modelo neoliberal, cuyos pilares fueron el endiosamiento de los mercados, la apertura indiscriminada de la economía, un irresponsable endeudamiento externo y el abandono del Estado de sus funciones esenciales.

En los cuatro años que siguieron a aquellos días en los que la Nación misma estuvo en riesgo, la Argentina recorrió una senda de recuperación económica y de reversión –aún muy parcial– de un muy negativo cuadro social. Esto se ha concretado, a partir del 2° cuatrimestre de 2002, sin ayuda externa, lo que muestra la capacidad de movilización de recursos humanos y materiales de nuestro país; han contribuido a estos logros la firmeza en la negociación con los organismos internacionales de crédito.

En nuestro documento de marzo de 2005 sostuvimos, con referencia a la deuda con los organismos internacionales, que debería determinarse una trayectoria futura de pagos congruente con el perfil de compromisos asumidos con los acreedores privados y, sobre todo, “con una senda sostenible de crecimiento con equidad”. Inclusive planteamos, como último recurso, la suspensión temporal de los pagos frente a exigencias que comprometieran las políticas económicas soberanas.

El gobierno ha decidido cancelar anticipadamente la deuda con el FMI, lo que constituye un hecho político importante que genera expectativas en cuanto a la apertura de espacios de mayor poder de decisión nacional. Cabe esperar que la liberación de los condicionamientos que esas deudas imponían a la acción del Estado impulse una atención más eficaz de la inmensa deuda social heredada, en el marco de un programa de desarrollo con equidad.

Se han producido también avances significativos en el campo de los derechos humanos y la justicia, ambos esenciales para asegurar el fin de la impunidad y la reconstrucción de la legalidad sobre bases firmes en la Argentina.

La actividad económica ya ha alcanzado los valores más elevados de la década pasada; esto supone, debido al crecimiento de la población, un nivel de producto per cápita todavía 8% menor al de entonces; el financiamiento neto desde el exterior ha decrecido cerca de 5 puntos del PIB en el mismo período, un resultado esencial para poder hacer frente a nuestras dificultades. La disponibilidad interna de bienes y servicios es aún menor a la alcanzada en anteriores picos históricos, lo que evidencia el duradero impacto de la crisis desencadenada en 2001, en especial el sufrido por los sectores sociales con menor capacidad de respuesta, cuyos ingresos se han reducido de modo sustancial; de hecho, sobre ellos ha recaído una parte desproporcionadamente alta del esfuerzo realizado en la recuperación. En síntesis, la economía se encuentra todavía en una etapa de recomposición, y recién a partir del próximo año la Argentina podría estar entrando en una etapa de crecimiento sostenido.

La tarea económica central es, entonces, asegurar una expansión sostenida de las actividades productivas, a un ritmo no muy inferior al de los últimos tres años, ampliando la disponibilidad de bienes y servicios, y comprometiendo para ello una acción más eficaz del Estado. Entendemos que es éste el momento oportuno para iniciar un amplio debate sobre la estrategia de desarrollo que deberá encarar la Argentina de aquí en más. Ella permitirá brindar un marco coherente a los desafíos actuales y a los que se presentarán en el futuro, que requieren, además, una concepción integral y actualizada de la política internacional.

La pasada campaña electoral ha evidenciado una visible carencia de planteos de fondo acerca de las perspectivas y el destino de la sociedad argentina. Cuestiones tales como el patrón de crecimiento económico, los modos de reincorporación de los excluidos sociales, la inserción en el escenario internacional y el rol de los bloques regionales, entre otras, se encuentran todavía pendientes de elaboración y debate. Esta circunstancia se agrava por la evidencia de que las elecciones legislativas no logran colocar al Parlamento como ámbito de discusión de ideas y de elaboración de normas acordes con los requerimientos de una sociedad acuciada por múltiples y severos problemas irresueltos. Por lo contrario, parece acentuarse un peligroso proceso de deslegitimación de la representación política y de los indispensables procesos de búsqueda de consensos básicos necesarios para superar la crisis estructural y profundizar los procesos de democratización.

Entendemos que una senda de desarrollo sostenido deberá asentarse sobre diversos pilares, tales como la reindustrialización, basada en sectores intensivos en ciencia y tecnología – sin desmedro de las producciones actuales – capitalizando las capacidades existentes en el país, reflejadas en éxitos conocidos, tales como los obtenidos en desarrollo satelital y energía nuclear; el crecimiento armónico del mercado interno; una eficaz inserción internacional y un acelerado proceso orientado a la plena inclusión social. El cumplimiento de tres condiciones básicas ayudaría en forma significativa a estos propósitos:

• La generación de un marco de consensos amplio, que nuclee a todos los sectores interesados, tanto en el campo socio-económico como en el político. Como ya se señaló, es deseable que tales políticas sean instrumentadas a través de un acuerdo que explicite los compromisos asumidos por las partes y asegure la viabilidad de los instrumentos y cursos de acción pertinentes.

• La tarea de reconstrucción del Estado, en cuanto herramienta central e insustituible. Al respecto, señalamos que todos los países exitosos del mundo se han apoyado sobre un aparato estatal sólido y competente. Ello permitirá mejorar sustancialmente la calidad de las decisiones en materia de diseño y ejecución de políticas, regulación eficaz y la provisión suficiente de bienes públicos imprescindibles para el desarrollo de la sociedad, como la educación, la salud, la justicia y la seguridad y, en particular, lo referido a la inversión pública, un terreno en el que la iniciativa le corresponde al Estado, concertando y complementando la inversión con el sector privado.

• La jerarquización de las instituciones de la Nación. Es necesario que la Justicia y el Parlamento recuperen independencia y credibilidad, delimitando claramente las funciones que competen a cada estamento. Corresponde una gran responsabilidad al Poder Ejecutivo, que debería extremar esfuerzos en tal sentido.

Estas pautas definen un criterio estratégico que permite asignar prioridades en las políticas de Estado y enmarcar acciones de corto plazo, algunas de las cuales se enumeran a continuación, y que proponemos como cuestiones centrales de la agenda de debate:

Encarar políticas activas para garantizar un nivel de vida digno a los excluidos del sistema. Se debería considerar tanto la cobertura de necesidades inmediatas de supervivencia como la ampliación y aceleración de la reinserción en la vida laboral en condiciones decentes; asimismo, es necesario recuperar la iniciativa en materia de ingresos salariales, a fin de asegurar la recomposición de ingresos de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Debemos comprender que para la resolución de la cuestión social no puede apostarse al “derrame” espontáneo de los frutos del crecimiento, sino que debe integrar centralmente el diseño y la marcha del proceso de desarrollo.

Diseñar e implementar políticas tendientes al desarrollo de la economía real, fomentando la inversión de las Pymes y las economías regionales y asegurando la apropiación de sus beneficios por parte del conjunto de la población.

Cerrar el capítulo de las renegociaciones pendientes con las empresas de servicios públicos, actualizando sus pautas contractuales y asegurando el cabal cumplimiento de las obligaciones emergentes de los marcos regulatorios. Se requiere para ello una evaluación adecuada de los costos genuinos de explotación (no basados sobre decisiones erradas de endeudamiento de las empresas privatizadas), al tiempo que deberán adoptarse tarifas diferenciadas para los sectores de menores recursos de la población. Esto, sin mengua del análisis de aquellos casos en que, debido al fracaso de los marcos regulatorios o de los operadores privados, corresponda su completa reformulación o su reasunción por parte del Estado, (como parece ser el caso, ineludible, de los servicios de agua potable y saneamiento). De manera general, las prestaciones de los servicios públicos responderán a los requerimientos estratégicos del desarrollo, y no a coyunturales fuerzas de mercado. Al respecto, debe alertarse acerca del deterioro y el déficit de inversiones en el sistema energético, dado su impacto estratégico sobre la calidad de vida de las familias y la competitividad de nuestra economía.

Atender la cuestión de la deuda con los restantes organismos internacionales de crédito, planteando la renegociación tanto en materia de destinos como de plazos en los términos que corresponden a un país soberano, de modo que estos organismos cumplan con su misión original de ayudar al desarrollo en el marco de un programa integral.

Mantener un elevado nivel de reservas, tanto para encarar esta negociación, como para avanzar en la consolidación de un patrón de inserción internacional sustentable y competitivo, que permita un margen importante de maniobra al gobierno (de hecho, este aspecto fue crucial para la salida de la crisis de 2002). Deben descartarse propuestas revaluacionistas, que argumentan que la solvencia obtenida frente a los acreedores, a través de un tipo de cambio real más bajo, sería redituable en términos de entrada de nuevos capitales. Como una y otra vez ha mostrado la experiencia, este curso de acción nos precipitaría hacia un nuevo círculo vicioso de déficit externo, endeudamiento y nuevo colapso.

Encarar con decisión la mejora del sistema tributario. Deben mantenerse en el corto y mediano plazos los impuestos que aseguran una mayor equidad en la tributación (además de la indispensable sustentabilidad fiscal), como es el caso de las retenciones sobre las exportaciones de aquellos bienes en los que la Argentina tiene ventajas comparativas. La reforma tributaria estructural con los lineamientos propuestos por el Plan Fénix, en particular la reinstauración de la tributación a la renta financiera, es un instrumento imprescindible para alcanzar una mayor eficacia productiva, equidad y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

Implementar estrategias activas para la inserción internacional hacia nuevos horizontes comerciales y de negocios, que apunten a abrir un campo para los sectores de alta tecnología que deberían integrar el patrón productivo a desarrollar. Es necesario consolidar el bloque regional del Mercosur frente a otras iniciativas multilaterales, reformulando su concepción de manera de apuntar a una alianza estratégica que abarque no sólo los aspectos económicos sino también los políticos, culturales y sociales.

Enfrentar las actuales presiones inflacionarias con medidas que no afecten el ritmo productivo sostenible ni la capacidad de consumo de los sectores más vulnerables. La inflación no es consecuencia de fenómenos monetarios o fiscales, sino que refleja determinantes estructurales. Por lo tanto, debe evitarse recurrir al conocido recetario ortodoxo de astringencia monetaria, que si fuera “eficaz” podría generar una deflación con consecuencias nefastas sobre el crecimiento. Antes bien, a partir del conocimiento pormenorizado de la conformación de las cadenas productivas por parte del Estado es necesario comprometer a los sectores formadores de precios –de gran importancia en la economía, debido a su elevado nivel de oligopolización– con el actual proceso de expansión; ello evitará remarcaciones de precios generadoras de perturbaciones que, de no ser contenidas, tendrán efectos negativos sobre la distribución y el crecimiento. Asiste razón a esta postura: ningún sector productivo puede alegar hoy falta de rentabilidad; por otra parte, el gobierno dispone ya de sustento político suficiente para arbitrar con eficacia en su comportamiento y para sancionar e implementar normas tendientes a llenar los vacíos existentes en las actuales disposiciones antimonopólicas y concertar acciones que aseguren la adecuada coordinación de las diversas áreas de gestión que deben ser involucradas en esta política, jugando un rol activo en la defensa de los derechos de los consumidores.

Hemos señalado que en esta etapa resulta central el debate acerca de nuestro futuro.

Superada una crisis que parecía terminal, no hemos resuelto problemas estructurales que nos afectan. La sociedad parece haber comprendido las lecciones que nos ha dejado la convertibilidad y su traumático final, que han culminado 30 largos años de estancamiento y deterioro. Es hora, entonces, de que el pensamiento y la acción se orienten a la construcción de un país en crecimiento con equidad, para lo que la Argentina cuenta con sobrados recursos materiales e intelectuales.

La Universidad pública pone su potencialidad al servicio de un proyecto nacional aportando los saberes y el trabajo de investigadores, pensadores y profesionales en estrecho vínculo con los restantes sectores de la sociedad, de manera de avanzar en conjunto hacia la construcción de los consensos necesarios para dar respuesta a los desafíos planteados.

En vísperas del Segundo Centenario de nuestro nacimiento como nación el Plan Fénix convoca a la sociedad a encontrarnos en un camino común para la discusión de un proyecto nacional de desarrollo con equidad por un futuro mejor para todos los argentinos.

Plan Fénix
Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, diciembre 2005