En cumplimiento de la responsabilidad que tiene la universidad pública de reflexionar acerca de los problemas centrales de la sociedad y formular propuestas para su superación, integrantes de distintas universidades nacionales hacemos un llamado a adherir a esta Declaración Conjunta:

La deuda externa afecta a la totalidad de los argentinos, por cuanto ha sido consustancial con un patrón económico centrado sobre lo financiero, que ha sumido a nuestro país en un estancamiento económico secular y una polarización social sin precedentes. La crisis de 2001 es a la vez la crisis de la deuda y de un modelo.

Desde las ideas centrales del PLAN FÉNIX hacemos un llamado a desarrollar una visión de esta temática basada sobre una estrategia de desarrollo nacional con equidad, que asegure la continuidad de la gobernabilidad democrática. Para esto se proponen las siguientes pautas:

1) Los acuerdos que se logren no deben vulnerar la autonomía nacional en lo que hace a la fijación, en cualquier ámbito, de políticas gubernamentales.

2) Es necesario rechazar la injerencia indebida de los organismos multilaterales de crédito en el proceso de renegociación de la deuda privada, por ser la Argentina miembro de estos organismos y ser, a su vez, ellos mismos –hasta el momento– acreedores privilegiados, en detrimento del resto de los tenedores de deuda soberana argentina.
Sólo es dable aceptar su mediación en el caso que concurrieran a solventar parte de la quita, habida cuenta de su corresponsabilidad en el proceso de endeudamiento.

3) Los agentes colocadores de los títulos, también corresponsables de este proceso de endeudamiento, deberían contribuir a morigerar el impacto de la quita sobre los tenedores de bonos.

4) Dadas las circunstancias y condiciones en que fue contraída la deuda externa argentina y sus efectos sobre la economía y la sociedad, correspondería requerir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídico-institucionales de esa deuda a la luz de los principios generales del derecho y de los derechos humanos, así como de las teorías de la “deuda odiosa” y de la responsabilidad de los prestamistas de mala fe. A tal fin sería menester que el gobierno nacional realizara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas las gestiones necesarias para habilitar la intervención de esa Corte.

5) Se requiere asegurar que el mayor peso del pago de los compromisos originados en la deuda reestructurada recaiga en los sectores sociales de mayor ingreso y riqueza, en particular de aquellos que se han beneficiado como consecuencia del proceso de concentración económica verificado durante la última década, incluyendo a los residentes argentinos con activos transferidos al exterior.

6) El financiamiento a las políticas sociales requeridas en esta crítica situación debe independizarse de los eventuales efectos ocasionados por la renegociación de la deuda; para esto es necesaria su desvinculación del financiamiento multilateral.

7) En caso de que el Fondo Monetario Internacional persista en exigir condicionalidades referidas a la renegociación de la deuda privada o, en general, un esfuerzo mayor al que la sociedad argentina puede tolerar sin afectar el cumplimiento de sus objetivos, deberá abandonarse el acuerdo suscripto, cancelando las obligaciones asumidas y replanteando, en consecuencia, las propuestas referidas a los acreedores privados.

8) Por último, señalamos que deben respetarse las disposiciones constitucionales en el sentido de que es al Parlamento a quien corresponde decidir sobre todas las cuestiones vinculadas con la deuda externa.

Si bien el gobierno argentino ha encarado la negociación sobre la base de una quita ineludible de los montos adeudados, lo ha hecho también según premisas que se apartan de los lineamientos anteriormente mencionados. En particular, ha resuelto descartar el reclamo por ilegitimidad total o parcial; otorgar el carácter de acreedor privilegiado a los organismos multilaterales de crédito; no avanzar en la determinación de las responsabilidades compartidas entre el gobierno argentino, el FMI y la banca privada en la colocación de los bonos en default y, por último, aceptar el compromiso de generar un superávit primario todos los años, que entendemos afecta las perspectivas del desarrollo argentino.

Entendemos que la negociación deberá asentarse sobre una postura más firme, para lo que deberá integrarse una coalición amplia. El gobierno nacional tendrá el apoyo de la sociedad en la medida que sus propuestas contemplen prioritariamente el crecimiento con equidad que el país requiere.

Convocamos a todos aquellos dispuestos a asumir una postura activa de defensa de los intereses colectivos, para que la Argentina logre un acuerdo digno de reestructuración de su deuda, que viabilice una senda sustentable de desarrollo para el conjunto de la población -–afianzando y profundizando de este modo su democracia– y para que nunca más se adopten patrones económico-sociales que comprometan el bienestar de sus habitantes.

PLAN FÉNIX
Buenos Aires, julio de 2004