El Estado Nacional ha presentado una propuesta de reestructuración de la deuda pública en situación de suspensión de pagos, basada en una quita significativa y reducción de tasas de interés, y en la prórroga de los plazos de vencimiento; adicionalmente, está previendo establecer un prolongado periodo de gracia. La misma ha suscitado reacciones de apoyo o rechazo, aquí y en el exterior.

Desde el Plan Fénix, hemos señalado que la reestructuración de la deuda es un paso indispensable para avanzar en una senda de crecimiento con equidad, dejando atrás así el nefasto patrón económico que imperó en la Argentina en el último cuarto de siglo.

Al respecto, deseamos hacer llegar a la opinión pública nuestra postura favorable a los lineamientos generales de la propuesta de renegociación que, en sus términos principales, se aproxima a las ideas del Plan Fénix en la materia. Es hora de estrechar filas, a fin de brindar un sólido sustento interno, para que esta negociación, que seguramente será prolongada y dura, llegue a buen puerto.

El default argentino es consecuencia del modelo instaurado en la década de los ’90; diversos actores –en el país y en el exterior– medraron asimismo con un endeudamiento a muy elevadas tasas de interés, en el que la especulación fue un componente central. Este episodio, que contó con la connivencia de los organismos multilaterales de crédito (principalmente el Fondo Monetario Internacional) y del sistema financiero, acabó perjudicando tanto a acreedores mal asesorados como a la gran mayoría del pueblo argentino. Su superación ha requerido y requerirá sacrificios que deberían recaer sobre los sectores que más se han beneficiado en la última década.

Nuestra postura dista, por lo tanto, de la de quienes –luego de un apoyo irrestricto al modelo económico de la década pasada– han asumido en el país el papel de voceros de los acreedores, bajo el disfraz de una preocupación frente a la pérdida del crédito externo; mejor harían tales voceros en llamarse a silencio.

Debemos destacar sin embargo que este paso constituye una condición indispensable, pero no la única, para que la actual reactivación de la economía apuntale un camino de crecimiento con equidad. Por lo pronto, deben implementarse adecuadas políticas macroeconómicas, sobre todo en materia cambiaria y monetaria, que aseguren un tipo de cambio competitivo y el incremento del crédito y de las reservas internacionales (recurriendo a un consistente control de cambios), para que la acción pública rinda los frutos indispensables para salir de la crisis.

Pero el accionar del Gobierno no debe limitarse a la coyuntura. Tal como dijéramos en agosto de este año, “es necesario contar con una visión de largo plazo que enmarque las acciones que pueden ser determinantes y condicionantes decisivas para el futuro curso económico y social… para avanzar hacia un plan integrado de crecimiento con equidad.” Esta visión debe plasmarse en un plan o estrategia, que profundice el camino elegido, y que constituya una política de Estado, acordada a nivel nacional y provincial. La etapa actual, para pasar de la recuperación al crecimiento, requiere de políticas activas del Estado para apoyar un proceso de reindustrialización y transformación de la economía.

Aun sin contar con un plan de esa naturaleza, deseamos destacar dos ámbitos en los que una acción profunda y resuelta parece no admitir demoras. Nos referimos a la necesidad de políticas más activas del Estado en el campo social y en el fiscal.

Esa crisis ha castigado duramente a más de la mitad de la población argentina, que se encuentra hoy en niveles inadmisibles de indigencia, pobreza, desempleo, bajos salarios y precariedad laboral. En este campo, es prioritario por lo pronto restaurar los servicios públicos de salud, educación y seguridad. De ahí la necesidad de emprender acciones directas para enfrentar esta auténtica deuda social, y ésta es una responsabilidad central e indelegable del Estado.

A su vez, la generación de empleo tampoco puede librarse al ritmo de la recuperación de la producción. También aquí cabe al Estado la función de emprender obras que generen empleo genuino y al mismo tiempo sirvan para satisfacer necesidades en el campo de la vivienda, la infraestructura urbana y vial, y la provisión de otros bienes públicos.

La reestructuración de la deuda, en plazos, tasas y montos, tal como sostuvimos en septiembre de 2001, debe permitir que el Estado haga frente a estas demandas que la sociedad plantea como prioritarias y que exigen un esfuerzo sostenido a lo largo de varios años.

Se impone asimismo un esfuerzo nacional de ahorro y financiamiento, sustentado sobre una profunda reforma tributaria, que oriente la recaudación hacia los sectores que acumularon ingresos y riquezas a lo largo de los últimos lustros y que, en general, fueron además beneficiarios de las fuertes transferencias originadas en el derrumbe de la convertibilidad y la posterior devaluación. No puede desconocerse que ha habido perdedores y ganadores: el cambio en los precios relativos implicó una fuerte caída de los salarios reales y un salto más en la tan regresiva redistribución del ingreso que impusieron las políticas neoliberales.

De ahí que los principios rectores de la reforma tributaria deben ser, a nuestro juicio: a) el combate más efectivo posible a la gran evasión y elusión ampliamente conocidas; b) la reasignación de la carga tributaria, en función de la capacidad contributiva. Esto implica apuntar a una reducción de la imposición al consumo, compensándola con mayores impuestos a la renta y la riqueza.

En este contexto, el superávit fiscal primario comprometido con el FMI –por naturaleza deflacionista- supone un severo sacrificio en materia de gasto público para destinarlo al pago de servicios por la deuda “excluida de la renegociación”. Esto tiene por consecuencia reducir la capacidad del Estado y de la economía en general pues, como dijéramos en nuestro comunicado de agosto, “conspira contra la atención de urgentes necesidades sociales, la puesta en marcha del nuevo proyecto nacional, y aun la solvencia externa sustentable de la Nación.”

Por último, es indispensable que estas medidas se encuadren en un marco orientador general, evitando iniciativas aisladas, y aun improvisadas. A tal fin, deseamos reiterar nuestro compromiso con la sociedad, como integrantes de la Universidad Pública, a fin de contribuir con nuestro trabajo a la meta de un crecimiento elevado y socialmente inclusivo.

PLAN FÉNIX
Noviembre de 2003