Tal como afirmáramos en anteriores ocasiones, la insistencia en la estrategia neoliberal conduciría inevitablemente al desorden del sistema económico, la insolvencia del país y el gravísimo deterioro de las condiciones sociales.

El colapso cambiario y financiero reveló la perversidad de la estrategia neoliberal. Ahora la convertibilidad ya no existe y la supuesta pertenencia al primer mundo ha pasado a engrosar el repertorio de mitos argentinos.

En nuestros documentos de septiembre pasado dijimos que el país estaba desencajado en el sistema internacional como resultado de las pésimas respuestas a la globalización: apertura indiscriminada, desprotección del mercado interno, sobrevaluación cambiaria, pérdida de competitividad, desnacionalización de los principales sectores de la economía y, consecuentemente, una grave e inaceptable distribución regresiva del ingreso. Anticipamos en esa oportunidad que se estaba desmoronando el régimen de contratos, sustento de toda sociedad organizada.

Para rectificar el rumbo, señalamos que era indispensable recuperar el manejo de los instrumentos de la política económica y ejecutar una estrategia de desarrollo fundada en reglas de juego democráticas, con estabilidad y equidad social.

Propusimos – y seguimos proponiendo- un conjunto de acciones tendientes a reducir sustancialmente la vulnerabilidad externa, mejorar la calidad del gasto público, reformar el sistema tributario para darle equidad y erradicar la evasión, ejecutar de inmediato un programa de reactivación y de redistribución equitativa del ingreso, y atacar a fondo y con la urgencia que merece el problema de la pobreza en nuestro país.

En tal sentido, planteamos un cambio estructural de la economía argentina que requiere una estrategia de mediano y largo plazo, para lo cual afirmamos que es indispensable, entre otros elementos fundamentales, recuperar el manejo de la política económica.

Se hace evidente que la esencia de la crisis no radica en el déficit fiscal ni en el costo de la política, sino en la perversidad de un modelo incompatible con el interés del país y su pueblo.

Un cambio de rumbo requerirá adoptar posiciones que refuercen el sentido nacional de las políticas de gobierno, priorizando los intereses de nuestros ciudadanos por sobre los reflejados en humillantes decisiones pasadas, que avasallaron nuestra soberanía como país. En tal sentido, observamos que cuestiones críticas identificadas en nuestros informes, como la reformulación integral de los contratos de los servicios públicos o la situación de las personas de menos recursos y de las PYMES, son también preocupación de las actuales autoridades.

El gobierno tiene la inmensa oportunidad de convocar a la sociedad argentina para poner al país de pie y recuperar grados de autonomía. Se enfrenta, sin duda, a poderosos intereses locales y externos, que no se resignarán a perder posiciones de privilegio ni los espacios de poder que las garantizan.

Se enfrenta también al gran peligro de que muchas de sus acciones resulten ambiguas e insuficientes para recuperar la capacidad de gobierno del estado y la sociedad argentina frente a intereses sectoriales, superar la situación de extrema pobreza en que vive más de un tercio de la población y encaminar el país hacia un sendero de crecimiento sustentable y equitativo.

El plan que se adopte debe tener, en primer lugar, el respaldo de los argentinos. La crisis de confianza más grave está radicada dentro del país y no fuera. Si se recupera la credibilidad interna, necesariamente mejorará nuestro posicionamiento en el sistema internacional.

Sería un error subordinar el éxito del programa al consentimiento previo del FMI y/o de los acreedores internacionales. Existen en el exterior muchas voces calificadas que comprenden nuestros problemas y comparten nuestra visión de que el país cuenta con los medios para iniciar un proceso de desarrollo sostenido.

La suspensión de los pagos de la deuda no es un motivo de celebración sino otra consecuencia ineludible y a la vez lamentable de la nefasta ortodoxia seguida en el pasado. Sobre la base de dicha suspensión, que descomprime la presión sobre el presupuesto y el balance de pagos, se debe articular un plan de emergencia a partir del cual se construya una estrategia viable que restablezca los grandes equilibrios macroeconómicos, con pleno empleo y una distribución justa de los ingresos.

La política cambiaria debería ser uno de los instrumentos que contribuya a establecer un nuevo sistema de precios relativos que fortalezca la competitividad, estimule la inversión, el empleo y el crecimiento.

Como siempre, abundarán los pronósticos apocalípticos anticipando desabastecimientos, procesos inflacionarios incontrolables, aislamiento internacional y otras calamidades, si el país se aparta de la “sabiduría” neoliberal. Nada de esto es una verdad inevitable, como no lo ha sido el pronóstico de que la moratoria de la deuda conduciría al país al abismo.

Sin dejar de reconocer nuestros múltiples frentes de vulnerabilidad, debemos confiar en el potencial de la Argentina para enfrentar el difícil desafío de compatibilizar la gobernabilidad democrática, el desarrollo sustentable y la equidad distributiva.

Para esto es condición esencial asegurar el papel del estado, para que, tal como lo han hecho otros países en situaciones de depresión, impulse la economía, contribuyendo a incrementar la provisión de bienes públicos (justicia, salud, educación), así como alentando la iniciativa e inversión del sector privado, en especial de las PYMES.

El Grupo Fénix, formado por docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de otros centros académicos, ratifica la vigencia plena de sus propuestas en todos los campos y continúa con la tarea que se propuso desde su fundación: pensar el país y el mundo en el que se inscribe, brindando a la sociedad argentina el aporte de la experiencia de sus miembros para enriquecer las visiones con las cuales cada sociedad construye su presente y su futuro.

Grupo Fénix
Buenos Aires, enero 12 de 2002