“La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Esta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región”.
Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe 2008.

La Universidad pública ha sido un componente esencial en la construcción de la Argentina actual. Albergó un número creciente de alumnos, que encontraron en su ámbito la oportunidad de adquirir capacidades y contribuir así a la economía y la cultura del país.

De acuerdo a cifras del último censo demográfico, alrededor de 3,5 millones de personas han tenido la oportunidad de acceder a la educación superior; el 80% de las mismas lo ha hecho en estos 40 años de democracia. La expansión y consolidación del sistema universitario público han sido un claro ejemplo de institucionalidad y construcción democrática. Las y los estudiantes de universidades públicas pasaron así de 300.000 en 1983 a más de 2.000.000 en 2023. Hoy día, la Universidad pública representa más del 75% del alumnado universitario.

La Universidad pública comprende una parte sustancial de la investigación científica y tecnológica del país, constituyendo así un ámbito donde confluyen aprendizaje y aplicación del conocimiento.

Por otro lado, nuestra Universidad ha sido pionera en el mundo, en lo que hace a la conformación de gobiernos autónomos, con participación de los diversos estamentos que la integran.

Esta construcción demanda una continua reflexión crítica que apunte a su mejoramiento; y sin duda, existe aquí una pluralidad de pareceres, como corresponde por lo demás a cualquier institución que promueve el pensamiento.

Pero no puede haber hesitación en lo que se refiere a la continuidad de este conjunto de instituciones.

El Gobierno actual ha optado por no elaborar un Presupuesto Nacional para el año 2024, reiterando así el Presupuesto del año 2023 en términos nominales. El elevado y creciente ritmo inflacionario se traduce en menores recursos, una reducción drástica y fuera de toda lógica: aun suponiendo que el proceso inflacionario se detuviera completamente en el segundo semestre de este año, reiterar el presupuesto del año 2023 implicará una reducción en términos reales de cerca de 70%.

Esta decisión atenta frontalmente contra la continuidad de las actividades; esto es así, aun en el hipotético (y absurdo) caso en que se detuvieran nuevas admisiones. Está en gran peligro la formación de alumnos ya inscriptos, como así también las actividades de investigación en curso. Con relación a estas últimas, agreguemos que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) enfrenta un escenario igualmente comprometido, en cuanto a la disponibilidad de recursos; esto es parte de una ofensiva más general hacia el sistema científico y tecnológico de nuestro país.

Ante esta perspectiva, las autoridades de las universidades nacionales declararon el estado de emergencia económica.

La Cátedra Abierta Plan Fénix, como grupo pluralista de académicos y profesionales surgido en el ámbito de la universidad pública con el objetivo de aportar a la construcción de un país con desarrollo y equidad, acompaña esta declaración. Expresa así su rechazo a esta decisión tomada con absoluta irresponsabilidad por parte del gobierno, que ensombrece el futuro universitario, con no pocas consecuencias sobre el futuro de nuestra sociedad.

Llamamos a la reflexión tanto de las autoridades nacionales como de la sociedad toda, para evitar rupturas y conflictos, que solo pueden producir daños irreparables a la actividad universitaria y al país. Rupturas de esta naturaleza solo destruyen; y sabemos que destruir es mucho más fácil que construir. No es por esta vía que lograremos una sociedad moderna, sostenible e inclusiva.

Buenos Aires, marzo de 2024