Ratificación y actualización de los puntos centrales de nuestras propuestas

Hace ya más de una década se consolidó en nuestro país un proceso de cambios económicos iniciado en 1976 –salvo breves interrupciones–, con la aplicación del programa que instaló la política neoconservadora recomendada desde los centros del poder económico mundial y asumido como propio por los grupos más concentrados del poder económico local, en particular del sector financiero.

 

Sus principios establecían que el mercado es el mejor asignador de recursos y la distribución del ingreso, y que el estado debía ser solamente el garante del orden público y del ejercicio de la libertad irrestricta de las decisiones de los actores económicos. Su correlato natural fue que los gobiernos de turno sólo podían realizar políticas de apoyo a los criterios de los mercados y se debía renunciar a la posibilidad de tomar decisiones propias en el mundo global. De no seguirse este criterio, se nos amenazaba con el atraso, el desorden, el desempleo y la pobreza.

 

Comprobamos hoy que se han cumplido esos vaticinios: tenemos tanto un nivel de desempleo y pobreza sin precedentes como un inédito stock de capitales locales en el exterior y estamos endeudados al límite de la insolvencia, a pesar de las monumentales cifras transferidas a los acreedores externos. Lo contradictorio es que todo ello ha ocurrido justamente por cumplir acabadamente con aquellos principios.

 

La crisis se debe a las pésimas respuestas a la globalización: desmantelamiento del estado, paridad real sobrevaluada, apertura indiscriminada en el mercado de bienes y capitales, desnacionalización masiva, renuncia a toda iniciativa de política económica y aceptación resignada e irreversible del principio de la convertibilidad, que fue herramienta útil para lograr la estabilidad pero que hoy es una traba insalvable para el desarrollo, y que, por añadidura, nos condena a una recesión y deflación crónicas.

 

Sus resultados están a la vista: la economía argentina no puede competir en esas condiciones, el tejido industrial está destruido, la inversión se encuentra deprimida y es gigantesco el endeudamiento generado. El estado fue instrumento útil para transferir enormes rentas especulativas, desfinanciar el presupuesto, dilapidar el patrimonio argentino y empobrecer a la mayoría de nuestro pueblo.

 

El 1° de diciembre último marca un punto de inflexión al entrar abiertamente en crisis el modelo impuesto en estos años y dictarse normas que hasta hace poco habían sido repudiadas enfáticamente. Entre otras cosas, una vez fugados del país los grandes capitales a costa de las reservas, se inmoviliza el funcionamiento bancario y se hace pagar al pequeño ahorrista y a todos los agentes económicos del país, los costos de políticas que sólo beneficiaron a un minúsculo grupo.

 

Simultáneamente y aprovechando la debilidad de las instituciones de la democracia se introducen, entre las medidas financieras, canonjías tributarias en favor de los grandes grupos económicos, al posibilitar la licuación de pasivos a costa del estado –es decir, de todos nosotros–, por montos que todavía no han sido debidamente mensurados.

 

Cuando formulamos nuestras primeras propuestas, alertamos sobre la inminencia de este desenlace, conscientes de que se nos podía endilgar el estigma de ser “mensajeros del desastre”. Queda claro que la culpa no es del mensajero sino de las causas, autores y contenidos del mensaje.

 

En estas difíciles circunstancias, el Grupo Fénix ratifica los objetivos centrales de su propuesta: crecimiento con desarrollo y equidad en la distribución del ingreso.

 

Los instrumentos básicos adecuados para lograr su cumplimiento son:
1) Asegurar el papel del estado para que, tal como lo han hecho otros países en situaciones de depresión, impulse la economía, contribuyendo a incrementar la provisión de bienes públicos (justicia, salud, educación), así como alentando la iniciativa e inversión del sector privado, en especial de las Pymes.

 

2) Instalar el peso como moneda de intercambio nacional en sus tres funciones esenciales: reserva de valor, medida de valor y medio de cambio.

 

3) Renegociar la deuda pública en términos de plazos (con un período de gracia), intereses y montos, en magnitudes más decisivas que las previstas en el actual proceso.

 

4) Reformar el sistema tributario de modo de impedir la elusión y la evasión, revirtiendo su actual regresividad, derogar las exenciones que privilegian las actividades financieras y reducir progresivamente los impuestos indirectos que gravan la canasta familiar.

 

5) Aplicar políticas activas en materia de empleo y, hasta tanto se eleve la ocupación, cubrir las necesidades básicas de los sectores más vulnerables de la sociedad, mediante un seguro de desempleo y formación y asignaciones universales por hijo, revirtiendo drásticamente el retroceso distributivo actual.

 

6) Desindexar, desdolarizar y adecuar –sujetando a reglas competitivas– las tarifas de los servicios públicos.

 

7) Promover la competencia mediante adecuada regulación en los sectores cuya estructura es oligopólica o monopólica.

 

8) Inducir a las filiales de las corporaciones transnacionales a reinvertir sus ganancias y abastecerse de equipos, insumos y conocimientos dentro del país.

 

9) Normalizar el funcionamiento del sistema bancario, en el marco de políticas que aseguren los equilibrios macroeconómicos fundamentales.

 

10) Mejorar sustancialmente la competitividad de la producción nacional, con el fin de promover el crecimiento dinámico de nuestras exportaciones y la sustitución eficiente de las importaciones, fortaleciendo a la vez la participación del país en el Mercosur.

 

11) Replantear integralmente el sistema previsional reduciendo drásticamente su costo de administración y las consiguientes rentas, garantizando el acceso de toda la población a los beneficios jubilatorios y eliminando las causas de la evasión.

 

Rechazamos la dolarización de la economía no sólo por la pérdida de capacidad para desarrollar políticas económicas propias que ello supone, sino por sus enormes efectos recesivos y su regresividad respecto de la distribución del ingreso, independientemente de la baja o nula factibilidad de su implementación. La dolarización no resuelve ni el déficit fiscal, ni el estancamiento del país, ni la corrida bancaria, y cierra las puertas a modificaciones cambiarias futuras en la medida en que acontecimientos externos así lo requieran.

 

Las políticas cambiarias y monetarias deberán ser tratadas con extremo cuidado para no afectar a los sectores más vulnerables de la sociedad, teniendo en vista el objetivo final de consolidar nuestra moneda.

 

La solvencia externa es condición necesaria pero no suficiente; el crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para la recuperación del empleo y la lucha contra la pobreza; estos principios deben integrar cualquier programa de desarrollo que acuerden los actores sociales comprometidos a salir de la depresión actual hacia el crecimiento sostenido con equidad.

 

En momentos tan críticos las fuerzas políticas y sociales deben hacer un supremo esfuerzo para conciliar y acordar acciones, no de aceptación de las exigencias de los sectores más concentrados del poder económico, sino para orientar la acción hacia esos objetivos, con la seguridad de poder movilizar los enormes recursos materiales y humanos con que cuenta nuestro país.

 

Los resultados del camino recorrido no deben desanimarnos ni hacernos creer que no es posible rectificar el rumbo. Resurgiremos de las cenizas si aunamos voluntades, asumiendo el protagonismo del presente y recuperando el futuro como dimensión temporal significativa para elaborar nuestra propia estrategia de transformación.

 

Grupo Fénix
Buenos Aires, diciembre 13 de 2001