| Por Abraham Leonardo Gak |

Cuando hablamos de pueblos originarios en la Argentina, nos referimos a los descendientes directos de aquellos/as pobladores/as que habitaron históricamente el territorio.

Esta afirmación legitima la lucha por la recuperación de derechos y tierras por parte de las comunidades originarias que fueron despojadas a través de los siglos por fuerzas militares, eclesiásticas y grupos económicos interesados.

La reforma constitucional de 1994 abrió la posibilidad de encaminar la recuperación de derechos. No obstante, pese a la legitimidad de sus reclamos, aún estamos muy lejos de poder afirmar que los pueblos indígenas habitan nuestro país en igualdad de oportunidades, y en reconocimiento de su derecho a la diferencia.

La lucha indígena ha intentado avanzar de diversas maneras en cuanto a la recuperación de territorios y el reconocimiento social de sus culturas. Frente a esta reemergencia ha surgido una reacción conservadora y de grupos de interés que, en muchos casos, permea el accionar de los agentes estatales. Ciertos conflictos fueron invisibilizados durante mucho tiempo, otros son dados a conocer a la opinión pública a través de visiones estereotipadas y sesgadas. En algunos casos, como veremos en este número, es la propia institución judicial la que dificulta el pleno ejercicio de los derechos.

En su reclamo por la tierra, los pueblos originarios se enfrentan a grandes intereses económicos ligados al extractivismo y a la explotación de los recursos naturales, muchas veces con rentas extraordinarias. Estos sectores avasallan a las comunidades con la complicidad de las elites políticas y las instancias judiciales, destruyendo no solo derechos patrimoniales sino también culturales.

Dentro de este panorama desfavorable, los y las representantes indígenas se han ido fortaleciendo en su lucha, y en esa tarea nos interpelan. Como sociedad y, en este caso particular, como científicos. Así lo demuestra la actividad constante de investigadores, con sus trabajos de campo, sus producciones y una sensibilidad especial para pensar –pero también para pensarse– críticamente. Los artículos que componen este número son una buena prueba de ello.

Los y las militantes de las comunidades plantean diversas herramientas para consolidar su resistencia, incluso teniendo que rechazar ciertas valoraciones negativas hacia los pueblos originarios que distorsionan sus reclamos. ¿Cuál debe ser nuestro rol? ¿Cómo ayudar en la deconstrucción de esta hegemonía histórica que, en muchos casos, nos ha consagrado en el papel de los “ganadores” y ha condenado a tantos pueblos a la segregación?

Uno de los dilemas a resolver es cómo hacemos para lograr, por un lado, la asunción de una identidad colectiva de país por parte de todos/as sus habitantes y, por el otro, los derechos colectivos de los pueblos originarios a vivir en libertad su cultura, su cosmovisión, sus prácticas y –aspecto fundamental para todo lo anterior– su tierra.

Es el propio Estado el responsable de ampliar y garantizar esta integración con justicia y equidad.