| Por Ana María Vara |

La cuestión del conflicto de interés financiero en la ciencia, es decir, la posible distorsión del trabajo de investigación debida a la perspectiva de ganancias económicas, es una preocupación reciente en las instituciones, las políticas científicas y los estudios sociales de la ciencia. Quizás el indicio más claro sea que el sociólogo Robert K. Merton, en su clásica formulación del ethos de la ciencia en los cuarenta, ni siquiera lo mencione: cuando discute posibles limitaciones al carácter “desinteresado” del trabajo científico, sólo se le ocurre el interés que pueda tener un investigador por determinado resultado en relación con la teoría que apoya. En ningún momento habla del incentivo que podría representar el afán de lucro.

Cierto es que, para entonces, ya habían florecido y hecho aportes sustantivos –y obviamente, interesados– los laboratorios industriales y el desarrollo militar, de modo que el fenómeno del impacto de los intereses económicos, políticos o estratégicos en los resultados científicos podía verse: claro que fuera de la ciencia académica o, dicho de manera explícita, de esa construcción ideológica de la ciencia académica que el ethos mertoniano pretendió legitimar. En este sentido, puede ser revelador analizar la cuestión del conflicto de interés financiero en la producción de conocimiento, para ofrecer un aporte a la reflexión sobre la relación entre ciencia y poder. En este caso un personaje protagónico es Don Dinero, el “poderoso caballero” de la letrilla satírica de Quevedo, cuya participación en los entresijos de la práctica científica se ha acentuado en las últimas décadas.

Cambios en la financiación

Insistimos: nunca hubo una ciencia académica perfectamente separada de los intereses, nunca hubo una ciencia por la ciencia que solamente respondiera a la curiosidad abstracta o naïf, aunque siempre haya habido científicos que, por ignorar o negar las vinculaciones de su trabajo con redes más amplias de circulación de conocimiento, crean honestamente que así trabajan. Hecha la aclaración, sí puede hablarse de algunos sistemas de producción de conocimiento que demandaron autonomía como condición de calidad y buscaron autorregularse. Un ejemplo emblemático en el siglo XX estuvo representado por los departamentos disciplinarios de las research universities norteamericanas, que se consolidaron en la posguerra y lograron mantenerse al margen de los institutos creados en las mismas universidades para dar respuesta a las demandas del Departamento de Defensa (Department of Defense, DOD). Como muestran los trabajos de Roger L. Geiger, el DOD canalizaba gran parte de la generosa financiación federal, especialmente tras el desafío planteado por el Sputnik, que estimuló una “apoteosis de la ciencia básica”; los departamentos eran la garantía de rigurosidad; y los institutos orientaban su hacer a las demandas del DOD. Por fuera, proponiendo eventuales alianzas tácticas, quedaban los laboratorios industriales.

El delicado equilibrio entre entidades heterogéneas reguladas por normas diferentes se quebró definitivamente en los ochenta, cuando comenzó a promoverse el acercamiento entre academia e industria, como respuesta al desafío de la pérdida de competitividad de las empresas norteamericanas frente a los dos derrotados de la Segunda Guerra: Alemania y Japón. En coincidencia, avanzaba el neoliberalismo, con su dogma de que la iniciativa debe dejarse al mercado. La administración de Jimmy Carter puso en marcha la maquinaria legislativa, que comenzaría a funcionar durante el gobierno de Ronald Reagan. El año 1980 fue clave, con la sanción de dos leyes: la Stevenson-Wydler Technology Transfer Act, pensada para facilitar la cooperación entre laboratorios públicos, universidades y empresa; y la Bayh-Dole Act, una enmienda a las leyes de patentes, que otorgó a las universidades y centros de investigación la posibilidad de percibir derechos de propiedad intelectual por trabajos realizados con fondos públicos. Y ese mismo año la Corte Suprema otorgó la primera patente sobre un organismo vivo, una bacteria modificada genéticamente para degradar petróleo.

Prácticamente todo producto biológico acabó pudiendo ser patentado, desde un gen hasta un ratón: era el inicio de la industria biotecnológica. Y de la presión internacional para que todos los países pagaran royalties, en ese rubro y en muchos otros. Porque no se trata meramente de la historia del país que produce más ciencia, del que resulta modelo para los demás, sino de cómo impuso al resto del mundo su nuevo marco legal para la propiedad intelectual. En 1984, el Congreso de Estados Unidos modificó el Trade Act para que los derechos de propiedad intelectual de sus empresas fueran reconocidos en todo el mundo: esta ley sostenía que el gobierno norteamericano podía tomar medidas económicas y diplomáticas especiales contra los países que violaran las patentes. El siguiente paso se dio durante las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Ronda Uruguay. En esencia, “la convención de Marrakech básicamente transformó el sistema de patentes norteamericano en uno global”, según el investigador francés Jean-Paul Gaudillière. O, como describió el norteamericano Sheldon Krimsky: “Las patentes y la protección a la propiedad intelectual se convirtieron en la solución elegida para proteger la posición competitiva de los Estados Unidos en una economía global”. En este contexto, los científicos de la academia se vieron sometidos a un nuevo mandato: además de buscar y difundir nuevos conocimientos, ahora debían también ser capaces de “usar ese conocimiento para el desarrollo de productos comercializables”.

La nueva obligación, sin embargo, no llegaba sin recompensa: entre los principales accionistas de las nuevas empresas estaban los propios investigadores. Herbert Boyer, creador de la técnica Cohen-Boyer de ADN recombinante, fue el fundador de la empresa Genentech en 1976, que luego sería comprada en gran parte por la multinacional Roche, un destino común para las start-ups exitosas. Como accionista de Genentech, en apenas cinco años las acciones en poder de Boyer valían 40 millones de dólares, mientras que su salario anual en la University of California era de 50.000 dólares. Un ejemplo más impresionante: la empresa Celera, dedicada a secuenciar el genoma humano, fundada por el norteamericano Craig Venter tras dejar su puesto en los National Institutes of Health (NIH). Cuando quedó claro que el método shot-gun de Venter era más veloz que el que estaba usando el proyecto público y que Celera podría quedarse con patentes sobre gran parte del genoma humano, las acciones subieron de 7,34 dólares en junio de 1999 a 247 dólares el 6 de marzo de 2000: 35 veces en 9 meses. Después llegó el anuncio conjunto de los dos proyectos –que hicieron Bill Clinton y Tony Blair en 2000– y la burbuja se pinchó: en junio de 2005 las acciones de Celera costaban 10 dólares. Muchos inversores quedaron en el camino, pero Celera acumuló capital para trabajar durante cinco años.

Teorizar la transformación

La nueva ciencia surgida de estos cambios fue objeto de distintas teorizaciones. Una muy elocuente en función de las normas mertonianas se publicó en el año 1994: Prometheus Bound. Science in a dynamic steady state, del físico británico John Ziman, también gestor de la ciencia –fue funcionario de Margaret Thatcher–. “Todo el sistema de financiación está en un estado de cambio”, sostenía Ziman, quien habló de un “nuevo régimen” para la ciencia, “más de acuerdo con la creencia actual en el poder de la competencia por el mercado para asegurar la eficiencia y la excelencia”.

Las normas mertonianas, asociadas con una carrera de reputación, pueden resumirse en el acrónimo inglés CUDOS: comunalismo, universalismo, desinterés, originalidad y escepticismo. En el análisis de Ziman, el acrónimo PLACE resume el nuevo marco, en el que la actividad científica adquiere carácter propietario, local, autoritario, por encargo (commissioned) y experto.

El primer punto de tensión entre las normas CUDOS y PLACE es la propiedad intelectual: el carácter “propietario” de la ciencia industrial –como el carácter secreto de la ciencia militar– demora, restringe y en algunos casos hasta impide la difusión de los nuevos conocimientos generados. El carácter “local” complementa y, en cierta medida, potencia el carácter propietario, al excluir a algunos actores: los pares dejan de ser pares. Es obvio que la investigación financiada por agencias de defensa no incluirá científicos de otras naciones –a no ser en aspectos puntuales, que no pueden articularse de manera obvia–, y que la financiación industrial excluye a los que no participan de la empresa o del contrato. Finalmente, el carácter “autoritario” se articula con los caracteres “por encargo” y “experto”: el trabajo está orientado a resultados, de manera que los científicos deben encolumnarse en función de ciertos objetivos.

Estas nuevas normas también nos introducen de manera ineludible en la era de los conflictos de interés financieros. Vamos a concentrarnos en el análisis de un área, la investigación biomédica, por dos razones: porque en la misma, la financiación privada está hoy enormemente extendida, y porque, debido a su impacto en las políticas públicas y la salud, ha sido sometida a escrutinio de manera temprana y sistemática, por lo cual resulta muy ilustrativa del impacto que los conflictos de interés financieros pueden tener en la producción de conocimiento.

Con datos de 2003-2004 de Estados Unidos, que es el país donde se encuentra el 70 por ciento de las drogas en desarrollo, el dinero de la industria representa el 57 por ciento de la financiación a la investigación biomédica, con 54.100 millones de dólares. Los siguientes financiadores, sin embargo, no son despreciables, y ponen en evidencia una situación compleja en términos de la relación entre academia e industria: los NIH representan el 28 por ciento, con 26.400 millones de dólares. Con respecto a las otras oficinas de gobierno, siguen desde muy lejos el Department of Defense con 1.200 millones, el Department of Agriculture con 500 millones, la Nacional Science Foundation, con 500 millones, y el Department of Energy, con 400 millones. En esta escala, representa una presencia sustancial una fundación privada como la de Bill y Melinda Gates, que en 2003 entregó 243 millones.

Las cifras totales se duplicaron en el período 1994 a 2003: a valores ajustados por la inflación, la inversión pasó de 47.800 millones de dólares a 94.300 millones, con un 102 por ciento de aumento en la inversión de la industria, participación que hoy parece ineludible. Dos preguntas quedan por hacerse: cuáles son las consecuencias de estos cambios en los modos hacer ciencia, y qué hacer al respecto.

Con respecto a la primera, y por concentrarnos únicamente en la calidad de los resultados científicos, es importante tener en cuenta que el impacto de los conflictos de interés en, por ejemplo, los ensayos clínicos, verdadero gold standard de la investigación biomédica, está abundantemente comprobado. Estos ensayos constituyen la etapa final antes de la aprobación de un medicamento o procedimiento médico y su lanzamiento al mercado, y dado que la industria farmacéutica obtiene sus ganancias fundamentalmente de las innovaciones durante los años de vigencia de la patente, la presión sobre estos estudios es enorme. Tanta, que de hecho puede considerarse que los ensayos clínicos de fase III y IV –justo antes y después de la aprobación– forman parte de las propias estrategias de marketing de los laboratorios.

Controles y cómo eludirlos

Más allá de las tempranas voces de alerta que hicieron sonar los investigadores del área de los estudios sociales de la ciencia, los propios journals fueron reconociendo el problema de los intereses económicos en la investigación biomédica. Uno de los modos privilegiados como se intentó controlarlo fueron las políticas de disclosure, es decir, solicitando se declaren los posibles conflictos de interés involucrados en una investigación. El primero que lo hizo fue el New England Journal of Medicine (NEJM) en 1984.

Como ejemplo, sin embargo, tomaremos los cambios de política del Journal of the American Medical Association (JAMA), ya que por su carácter gradual son reveladores de cómo la dinámica de interacción respondió a una suerte de carrera armamentista entre los autores interesados y sus sponsors, y los editores que debían controlarlos. La primera medida fue tomada en 1985, y consistió en solicitar a los autores que firmaran una declaración dando a conocer los “conflictos financieros que pensaban que podrían haber influido en la escritura de su artículo”. Cuatro años después, este pedido se convirtió en un requisito, es decir, dejó de ser voluntario. En el período intermedio, la revista tomó decisiones en relación con los revisores, solicitando que dieran a conocer a los editores “cualquier potencial conflicto de interés, financiero o de otro tipo, que pudiera relacionarse con el manuscrito en consideración”. En 1999, un nuevo cambio de política en relación con los autores involucró la exigencia de informar acerca de “cualquier papel que el sponsor financiero hubiera jugado en el estudio o en el artículo resultante”.

Apenas dos años después, la revista tomó otras dos medidas. En julio lanzó nuevos requisitos de disclosure, solicitando a los autores que proveyeran “información detallada acerca de todas las fuentes de apoyo financiero y material para la investigación y el trabajo, tales como subsidios, fuentes de financiamiento, y la provisión de equipos e insumos”, tratando de controlar el impacto de los apoyos en especies. También ajustó nuevamente los términos de la declaración, para hacerla más explícita. Y en septiembre de ese año, el JAMA se unió a otras once revistas médicas publicando un editorial conjunto sobre esta problemática.

Ese editorial definía los conflictos de interés como aquellos derivados de la situación en que “un autor (o la institución de un autor), revisor o editor tienen relaciones financieras o personales con otras personas que influencian de manera inapropiada sus acciones”. Para controlar el selective reporting, es decir, la no publicación de resultados desfavorables al sponsor, estos journals advertían que no publicarían artículos realizados “en condiciones que hacen del sponsor el único que controla los datos y que le permiten renunciar a la publicación”.

El JAMA hizo una nueva referencia al tema en un editorial en 2005, agregando una aclaración: que los autores que no tuvieran conflicto de interés lo manifestaran explícitamente. E incluyó en sus políticas una nueva medida: que los estudios fueran sometidos a un “análisis estadístico independiente”. Pero todavía debió anunciar nuevas políticas en 2006, derivadas de la evidencia de que varios autores publicados no habían realizado una completa disclosure, lo que había llevado a la revista a tener que publicar correcciones. Aun así, ese mismo año, un nuevo editorial comentó tres casos de nondisclosure que involucraban a investigadores de la Harvard Medical School.

Las crecientes medidas de control obedecían a las reiteradas evidencias sobre los modos como los sponsors lograban dejar su marca en los ensayos clínicos. Se comprobó que es clave el diseño del ensayo, tanto en la selección de la población, como en la droga de comparación y su dosis, como en la definición de los resultados. Los criterios para determinar la autoría son también importantes, ya que pueden tener que ver con “quién participó en el diseño del estudio, quién enroló más pacientes, y quién tiene un nombre prominente en el campo”, como describió el investigador norteamericano Thomas Bodehnheimer en un review publicado en 2000 en el NEJM, en el que llegó a hablar del “síndrome del autor-no autor”. En otro review, Richard Smith –editor del British Medical Journal– sumó a este listado otros dos modos de controlar la publicación: republicar los datos positivos y “sepultar” los negativos en “alguna oscura revista”, y “dejar saber a las revistas que van a comprar reprints por 1 millón de libras si hacen una revisión favorable de su producto”. Porque, ciertamente, las distintas revistas tienen estándares diferentes, y no están a salvo ellas mismas del conflicto de interés.

Ahora bien, más allá del impacto de estos hallazgos en la salud –finalmente, es a partir de estos ensayos clínicos que los nuevos medicamentos llegan al mercado en todo el mundo, incluida la Argentina– nuestro foco en el área biomédica obedeció a un propósito ilustrativo: como dijimos, se trata del área donde los conflictos de interés financieros fueron mejor investigados y respondidos. En este sentido, puede esperarse que, de realizar análisis igualmente exhaustivos en otras áreas, nos encontraríamos con situaciones similares o peores.

Como epílogo, nos gustaría referirnos a una disciplina que está en el centro de la preocupación pública: la economía. La crisis de los países centrales iniciada en 2008 resultó un estímulo a la posibilidad de establecer normas para controlar el conflicto de interés financiero, alternativa que fue evaluada como positiva incluso por la ultra-neoliberal revista The Economist. En un artículo de 2010 sobre el debate ético en las ciencias económicas, la dismal science de Thomas Carlyle, esta revista admite la problemática y aboga por políticas de disclosure:

“Por supuesto, esos conflictos de interés existen en muchas profesiones. Pero son particularmente comunes en la ciencia funesta. Los economistas analizan cuestiones que afectan a ciertas industrias, lo que hace más factible que esas compañías les pidan que integren sus boards o los contraten como consultores, y que los gobiernos les pidan que se involucren en áreas de políticas públicas. Este tipo de trabajo no debería dejar de hacerse: refuerza la comprensión de los economistas acerca de lo que ocurre realmente en las industrias que estudian. Pero pedirles que den a conocer sus afiliaciones parece completamente justo”.

Y una última reflexión, tomada del libro ¡Acabemos ya con esta crisis!, del Premio Nobel de Economía Paul Krugman. Cuando discute las razones que llevaron a la crisis y las pobres respuestas, que descuidaron los aportes del keynesianismo, sugeridas por los economistas del mainstream, desliza al pasar, implícitamente admitiendo la obviedad de la observación:

“Un tema aún más espinoso es hasta qué punto los intereses creados del 1 por 100 (o mejor aún, del 0,1 por 100) han coloreado los estudios de los economistas académicos. Pero no cabe duda de que esa influencia ha debido de tener su peso: aunque no fuera más, las preferencias de quienes hacen donaciones a las universidades, la disponibilidad de jugosas becas de investigación y lucrativos contratos de asesoría, etc., sin duda impulsaron a la profesión no sólo a alejarse de las ideas keynesianas, sino a olvidar mucho de lo que se había aprendido en los años treinta y cuarenta”.

No hace falta extendernos sobre que estas sugerencias se aplican también a los economistas argentinos, que tienen la costumbre de opinar en medios periodísticos sin aclarar cómo se financia la fundación a la que pertenecen, a qué empresas asesoran, ni qué administraciones integraron. Sin dudas, se trata de una problemática que veremos discutida cada vez con mayor intensidad en distintas áreas de la actividad científica –lo mismo podría decirse del periodismo, aunque el análisis de esta actividad requiere un tratamiento específico–. En este sentido, es significativo que el conflicto de interés resulte uno de los argumentos que esgrimen los movimientos sociales que en nuestro país cuestionan determinadas tecnologías o instalaciones –desde los transgénicos hasta la tecnología nuclear, pasando por la minería a cielo abierto o las pasteras– cada vez que se enfrentan a estudios financiados por los promotores de los proyectos: importa cuál es el origen de la fondos, con qué objetivo se hizo la investigación y cómo se controlan los resultados.