| Por Nicolás Iñigo Carrera |

El movimiento sindical es la parte del movimiento obrero inserta en el sistema institucional político, por lo que habitualmente se reduce su historia a la de las organizaciones, sus relaciones con los gobiernos de turno y a la legislación laboral. Esto significa reducir el movimiento orgánico de la sociedad a sus manifestaciones políticas coyunturales y dejar de lado el elemento motor de la sociedad: la confrontación social.

Este artículo está planteado en una perspectiva que, sin olvidar el aspecto institucional, y teniendo en cuenta las condiciones generales establecidas por movimientos de larga duración en la estructura económica de la sociedad, se centra en las luchas y protestas de los trabajadores, de las que las instituciones son resultado. Privilegia la observación de las dimensiones “unidad/fractura” y “alianza/aislamiento” en las huelgas generales. Esta aproximación permite mostrar hechos que suelen permanecer encubiertos. Por ejemplo, permite mostrar que enfatizar la realización de huelgas generales durante las administraciones radicales y negar o minimizar su existencia durante los gobiernos justicialistas constituye una deformación de la memoria: las 13 huelgas generales convocadas durante el gobierno del Dr. Alfonsín, 9 durante el gobierno del Dr. Menem, 8 durante el gobierno del Dr. De la Rúa y 3 durante el gobierno del Dr. Duhalde, tuvieron demandas similares (aumentos de salarios, contra el pago de la deuda externa y las políticas económicas y sociales) y casi ninguna tuvo una adhesión inferior al 50 por ciento.

La Argentina es uno de los países con alto nivel de sindicalización: en los ’90, a pesar de la persecución sufrida durante el gobierno militar y del estancamiento económico y crisis, estaban sindicalizados el 36% de los asalariados en blanco del sector privado y el 67% incluyendo a los estatales. El movimiento sindical mantiene una importante capacidad de convocatoria: las organizaciones sindicales fueron por lejos el principal convocante a las acciones de protesta en el ciclo 1993-2001 (35,9% frente a 7,3% de las organizaciones de desocupados y 7,2% de las de pequeños empresarios), y siguen ocupando el primer lugar.

Por eso han tenido la capacidad de articular en la acción a las distintas fracciones populares: casi todas las huelgas generales recibieron una adhesión efectiva de los trabajadores de más del 50% y varias de más del 75%, y cuando fueron convocadas “con movilización”, articularon en un solo momento y en todo el país protestas y luchas de distintas fracciones y capas trabajadoras y de otras clases y grupos sociales. Esta fuerza explica por qué todos los gobiernos desde 1983, excepto el del Dr. De la Rúa, tuvieron en su gabinete ministros provenientes de la CGT.

Las condiciones generales

La descripción y el análisis de la trayectoria del movimiento sindical en estos 30 años requiere tener presentes dos determinaciones generales que hacen al movimiento orgánico de la sociedad argentina, más allá de las coyunturas del ciclo económico y los paliativos aplicados por las políticas de gobierno: 1) la actual fase del capitalismo argentino, cuyos primeros atisbos aparecieron a mediados de la década de 1950, en que el desarrollo en profundidad predomina sobre el desarrollo en extensión, con la consiguiente generación de una creciente superpoblación relativa (población sobrante para el capital), a veces evidente, a veces encubierta. 2) El período contrarrevolucionario iniciado a mediados de los años ’70.

Las condiciones impuestas a la clase trabajadora entre 1976 y 2003 pueden sintetizarse en máxima jornada de trabajo con mínimo salario, despojo de condiciones laborales conquistadas históricamente, más de la mitad de los trabajadores en condiciones de “trabajo no registrado” y crecimiento evidente de la masa de población sobrante para el capital. En 1986 la desocupación y subocupación sumadas superaron la barrera nunca antes alcanzada del 12% de la población económicamente activa y su incremento fue mucho mayor a partir de 1991. Fue justamente la presión de esa masa lo que permitió mantener las condiciones impuestas a los trabajadores por la fuerza de las armas antes de 1983: la jornada laboral de los que tenían empleo se extendió, las condiciones laborales empeoraron, creció el trabajo “en negro” y los salarios disminuyeron, mientras la productividad del trabajo crecía. A partir de 2003 la nueva alianza social en el gobierno aplicó políticas dirigidas a morigerar los efectos de la repulsión de población de los espacios que ocupaba: la desocupación y la subocupación disminuyeron, lo mismo que el trabajo no registrado. Sin embargo el piso de la desocupación abierta (algo más del 7% de la PEA) hoy se encuentra por encima del máximo histórico anterior al fin de la década de 1980 (alrededor del 6%) y buena parte de la superpoblación relativa está oculta en la población subsidiada y en una parte del empleo estatal.

Las condiciones políticas

Los gobiernos instaurados por las armas a partir de 1976 aplicaron sobre los trabajadores una coacción extraeconómica abierta (leyes 21.261 y 21.400): prohibieron las acciones “que de cualquier manera puedan afectar la producción” y castigaron la huelga con hasta 10 años de prisión, con presencia de tropas en las fábricas; fue disuelta la CGT, intervenidos los sindicatos, apresados los dirigentes sindicales peronistas más poderosos, secuestrados y asesinados militantes de izquierda y peronistas revolucionarios o combativos. Sin embargo, desde 1976 hubo acciones de resistencia, huelgas y sabotajes duramente atacados, de lo que dan cuenta la mayoría de los desaparecidos, tanto trabajadores de fábricas y talleres (34,7%) como empleados y técnicos (32%). En el apogeo del gobierno militar (27/4/79 y 22/7/81) hubo dos huelgas generales, y otras tres durante la retirada de ese gobierno (22/9/82; 6/12/82 y 28/3/83), la última con más de 90% de adhesión. Las demandas de estas huelgas generales iban más allá de la protesta contra la política económica del gobierno para incluir también reclamos políticos, por la libertad de los presos y desaparecidos.

Durante su retirada el gobierno militar devolvió algunos sindicatos a sus anteriores dirigentes y otros fueron normalizados en 1984 en elecciones en las que triunfaron conducciones ligadas tanto al peronismo ortodoxo como al peronismo renovador. Pero el retorno al sistema electoral requirió la vuelta a mecanismos legislativos que retacearan poder a los sindicatos, para mantener las condiciones en que se desarrollaban la producción y apropiación. A la vez, como las dirigencias sindicales ocuparon un lugar preponderante en la dirección del justicialismo y en sus listas de candidatos, la derrota electoral de 1983 contribuyó a debilitar su peso político.

El enfrentamiento con el gobierno presidido por el Dr. Alfonsín comenzó ya en la campaña electoral y continuó con un proyecto de ley (“Mucci”), rechazado por la mayoría de las direcciones sindicales y finalmente derrotado en el Parlamento, que modificaba sustancialmente la organización interna de los sindicatos, dando lugar a las minorías en las comisiones directivas. El proyecto apuró la unificación de la reinstalada CGT, hasta entonces dividida. Al mismo tiempo la declaración de la “economía de guerra” en 1985 y la disminución de los salarios reales, acompañada por suspensiones y despidos implementados por algunas empresas, dio el marco para la confrontación, más o menos abierta según los momentos.

La protesta sindical

La movilización popular del fin de la dictadura enmarcó un momento ascendente de la lucha de los trabajadores organizados sindicalmente hasta 1986 (huelgas generales del 3/9/84, 23/5/85, 29/8/85 y 21/1/86). El año en que la desocupación y subocupación rompieron su techo histórico, 1986, constituyó un punto de inflexión (huelgas generales de 25/3/86, 12/6/86 y 9/10/86): algunas fracciones sociales se pronunciaron en contra de la lucha de los trabajadores y en la última huelga hubo una fractura en los cuadros sindicales, que se expresó también en una caída en el acatamiento a la medida y en el número de movilizados. Estos rasgos se acentuaron, con pocas excepciones, en los dos años siguientes (huelgas generales de 26/1/87, 4/11/87, 8-9/12/87, 14/4/88, 9/9/88 y 12/9/88), sobre todo durante el fugaz paso por el gobierno radical del dirigente sindical peronista Carlos Alderete (1987) y durante las campañas electorales de 1988 y 1989 en que los dirigentes que apoyaban la candidatura del Dr. Menem fueron reticentes a participar en las huelgas; de reunir entre 120 mil y 150 mil manifestantes en el momento ascendente, pasaron a reunir entre 15 mil y 20 mil en 1988.

El comienzo de 1989 encontró a los trabajadores en el momento de menor unidad de sus cuadros sindicales y de mayor aislamiento respecto de otras fracciones sociales. Entre septiembre de 1988 y noviembre de 1992 no hubo huelgas generales, aunque sí numerosas huelgas por rama, contra despidos y privatizaciones. Durante la debacle del Plan Primavera (1989), la hiperinflación y la revuelta (los llamados “saqueos”) la CGT no declaró ninguna huelga general, para “no contribuir al estallido social”, y la asunción del nuevo gobierno contribuyó a inhibir las huelgas generales: la mayoría del movimiento obrero organizado revistaba en esa alianza social. Pero esa ausencia se asentó también en la desarticulación de relaciones sociales que produjeron las hiperinflaciones de 1989 y 1990, que crearon las condiciones para la aplicación con toda contundencia del programa de la oligarquía financiera adelantado en 1976, incluyendo la privatización de empresas estatales, con “retiros voluntarios” y despidos.

El incremento de la desocupación, la disminución de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo no fueron evidentes en un primer momento: ese programa contó con el consenso de buena parte de la sociedad, incluyendo a muchos de los trabajadores, y los intentos de resistencia (huelgas de trabajadores ferroviarios y telefónicos, corte de ruta en Sierra Grande, por ejemplo) sufrieron el aislamiento social.

Ese consenso tuvo uno de sus pilares en buena parte de la cúpula del movimiento sindical, resultante de un proceso iniciado en los años ’30, cuando surgió un funcionariado que comenzó a constituirse como grupo profesional; una capa que reproduce su vida de una manera diferente a la de sus representados, con intereses propios, sin que esto signifique que han perdido su cualidad de dirigentes: difícilmente podrían mantenerse en sus cargos si no existiera relación con el grado de conciencia de sus bases, como lo muestran su capacidad de convocatoria y los casos en que los trabajadores los han desplazado de esa dirección. En los años ’90 se potenció el “sindicalismo empresario”: sindicatos que pasaron a participar de la propiedad de empresas donde se explota a otros trabajadores. Apoyando y apoyándose en la política de privatización de empresas estatales, sindicatos agrupados en la CGT intervinieron en los llamados “programas de propiedad participada” y recibieron acciones de empresas, incluyendo fondos de jubilaciones y seguros contra accidentes de trabajo.

Otro hecho fue el surgimiento del Congreso de Trabajadores Argentinos. En sus más de 130 años, fueron relativamente muy pocos los años en que el movimiento sindical estuvo organizado en una sola central. Sin embargo, a partir de los años ’40, aunque existieran diferentes corrientes y divisiones e incluso simultáneamente varias CGT contrapuestas, la existencia de más de una central era considerada como un hecho coyuntural. En 1991 comenzó el proceso de formación del CTA que en 1996 asumió el nombre de Central de los Trabajadores Argentinos y más tarde Central de los Trabajadores de la Argentina. Entre las innovaciones que surgen con su aparición está la posibilidad de que, además de los sindicatos, los trabajadores se afilien directamente a la central sindical, a lo que sumó la organización de trabajadores desocupados. Sin embargo, la innovación más importante la constituye la ruptura del modelo de central única, es decir, termina con la unidad institucional del movimiento sindical.

El momento descendente, que incluyó la huelga general del 9/11/92, se prolongó hasta el motín de diciembre de 1993 (el llamado “Santiagazo”). En el ciclo de rebelión 1993-2002 se realizaron 21 huelgas generales (incluyendo la de 1992): 10 tuvieron una adhesión de los trabajadores superior al 50% (2/8/94, 21/4/95, 6/9/95, 8/8/96, 26/12/96, 5/5/2000, 8/6/01, 19/7/01, 20/12/01 y 27/6/02), 6 tuvieron una adhesión superior al 75% (9/11/92, 26-27/9/96, 9/6/00, 23-24/11/00, 21/3/01, 13/12/01), y sólo en cinco (14/8/97, 6/7/99, 8/8/01, 22/5/02; 29/5/02) la adhesión fue inferior a 50 por ciento.

En los comienzos del nuevo momento ascendente se inscriben la Marcha Federal (7/94) y dos huelgas generales (2/8/94; 21/4/95) convocadas por la CTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos y la Corriente Clasista y Combativa, con apoyo de organizaciones de pequeños y medianos empresarios y partidos de la oposición oficial y de izquierda; se sumó como convocante la CGT en las huelgas de 6/9/95, 8/8/96 y 26-27/9/96. Esta última fue masiva, movilizó más de 70.000 personas en la Plaza de Mayo constituyéndose en el segundo mayor acto de protesta contra el gobierno del Dr. Menem. Este fue el momento de mayor unidad en la acción y menor aislamiento del movimiento obrero en la década, y la amenaza de la CGT de declarar una huelga general por tiempo indeterminado obligó al gobierno a detener los cambios en la legislación laboral y negociar con una parte de los dirigentes, por lo que las siguientes huelgas (26/12/96, 14/8/97 y 6/7/99) tuvieron menos repercusión. Pero en diciembre de 1999 se retomó el momento ascendente: las huelgas generales en 2000 y 2001, en el gobierno del Dr. De la Rúa, fueron continuidad de las realizadas durante la administración anterior, así como la política socioeconómica del nuevo gobierno fue continuidad de la anterior. Pero, además, el gobierno intentó aprovechar la legitimidad de su reciente elección para avanzar en la flexibilización laboral exigida por el poder económico y detenida desde 1996 por la resistencia de los trabajadores; su pírrica victoria, con la aprobación de la ley en medio de acusaciones de sobornos, constituyó uno de los primeros signos de su pérdida de legitimidad. Ese fue el contexto específico de las huelgas generales del nuevo siglo (5/5/00; 9/6/00; 23-24/11/00) con un mayor grado de unidad –aunque con diferentes modalidades: sin movilización la CGT-Daer, con movilización y choques callejeros la CGT-Moyano, la CTA y la CCC–, un menor aislamiento y con un creciente grado de adhesión de los trabajadores. En 2001 culminó el ciclo ascendente de la rebelión iniciado en 1993 y hubo seis huelgas generales –tres de ellas (19/7, 13/12 y 20/12) declaradas por las tres centrales existentes (CGT-Daer, CGT-Moyano y CTA) y dos (21/3; 8/6) por la CGT-Moyano y la CTA, con adhesión de algunas regionales de la CGT-Daer–. Estas últimas tuvieron importante adhesión y alto grado de acompañamiento por parte de otras fracciones sociales y organizaciones sociales y políticas, en particular de trabajadores desocupados. Aunque hubo una huelga general de escasa repercusión (8/8) convocada en soledad por la CTA, el momento ascendente continuó y las tres centrales convocaron a la huelga general del 13/12/01, que dio comienzo a las movilizaciones callejeras y saqueos que culminaron el 20 de diciembre. Ese día la huelga general –declarada por la CTA y las dos CGT– pasó desapercibida y quedó subordinada al hecho insurreccional que culminó con el enfrentamiento en Plaza de Mayo y la renuncia del gobierno.

Entre 2002 y 2013 fueron convocadas 14 huelgas generales. En el final del ciclo iniciado en 1993 las huelgas generales (22/5/02, 29/5/02 y 27/6/02) mostraron mayor fractura y aislamiento del movimiento obrero organizado sindicalmente que en 2000 y 2001 y menor adhesión al paro. Entre el anuncio de elecciones (2002) y abril de 2009 hubo un largo momento de alta unidad de los cuadros sindicales, paradójicamente expresado en la ausencia de huelgas generales contra el gobierno nacional; el movimiento social que se manifestaba por fuera o en contra del sistema institucional perdió visibilidad y la acción sindical se canalizó dentro del sistema, formando mayoritariamente parte de una alianza social y política en cuya conducción no tuvo un lugar relevante; las únicas dos huelgas generales de esos años, dirigida una contra la visita del presidente de Estados Unidos (4/11/2005) y la otra contra el gobierno provincial de Neuquén (9/4/2007), tuvieron la simpatía del gobierno nacional.

La huelga general volvió a ser un claro indicador de un momento descendente a partir de 2009, con la creciente fractura entre los cuadros sindicales que culminó en la existencia de tres CGT y dos CTA. No hubo mayor aislamiento respecto de otras fracciones sociales pero sí menor adhesión al paro: aunque convocadas como huelgas generales (22/4/09; 27/5/09; 21/10/10; 8/6/11; 8/6/12; 27/6/12; 10/10/12 y 20/11/12), fue la movilización callejera la que alcanzó mayor repercusión dándoles las características de “jornadas de lucha” más que de huelgas generales. Un rasgo novedoso de este momento es la constitución de listas de izquierda con capacidad de ganar la conducción de organizaciones sindicales de base en varios sindicatos importantes.

En síntesis, aun en condiciones objetivas desfavorables, el movimiento sindical ha logrado mantenerse como un protagonista central de estos treinta años.