| Por Ma. Isabel Andreoni |

“El cambio de sistema implica una larguísima marcha de construcción de otra cultura y estos, los cambios culturales, son más lentos y difíciles, pero si no cambia la cabeza no cambia nada en esencia”.
José Mujica

Trataremos de realizar una aproximación al debate político que hoy ha puesto en el Uruguay a la economía social y solidaria (ESS) en el centro del mismo: sistema económico alternativo al modelo capitalista hegemónico versus tercer sector de la economía. Desde la definición política de sistema económico alternativo trataremos de aportar elementos para comprender el proceso uruguayo. Esta nota toma como base los diferentes artículos publicados en Mate Amargo, publicación mensual del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Un planteo de desarrollo no se reduce solamente al componente de generación de puestos de trabajo, o a la matriz productiva que sustenta el funcionamiento económico. No solamente implica al mundo de la producción y de la generación de valor, sino también al mundo de la distribución, redistribución del valor generado, desconcentración del poder económico y amplificación de las oportunidades productivas y educativas.

El desafío hoy, por lo tanto, es la construcción de un modelo alternativo, un modelo que se estructure en torno al objetivo de distribuir para seguir creciendo, en oposición al modelo de estos últimos nueve años que fue crecimiento con distribución. Un planteo de desarrollo, como proceso, además debe nutrirse indefectiblemente de diferentes sectores sociales y ser sintetizado por una conducción política.

En una economía capitalista regida por reglas de mercado, las relaciones de producción y de distribución son generadoras de desigualdad; si no se interviene, el proceso económico tiende a la concentración y a la exclusión; la intervención implica la generación de mecanismos no capitalistas que sean capaces de contrarrestar los efectos del capitalismo, es apostar a otra forma de organización económica de la sociedad, y acá la ESS juega un rol central.

El Frente Amplio ha comenzado este camino desde el primero de marzo de 2005, y en cada momento esos pasos deben ser más veloces y más profundos, por lo tanto se hace necesario debatir en torno a los ejes centrales: generación del valor (proceso de producción), distribución del valor (relación capital-trabajo al interior del proceso productivo) y apropiación del valor (política tributaria y de bienes y servicios públicos). Debemos avanzar en el proceso de desprimarización de nuestra economía, en la transformación de los niveles de dependencia derivados de las relaciones centro-periferia priorizando la región, pero seguramente la transformación más importante que requiere el proceso de producción es reforzar el desarrollo de la economía social, que involucra a toda la sociedad, pero nos referiremos acá a la autogestión de los trabajadores en la producción.

Como bien lo explicita el ministro de Desarrollo Daniel Olesker, al modificar el acceso de los trabajadores a los medios de producción, les permite a los creadores de la riqueza apropiarse del valor que generan y distribuirlo de manera justa y democrática incluyendo la comunidad que integran. Al mismo tiempo modifica la desigual relación de poder en el seno de la producción. Pero también su expansión posibilitará incluir en el trabajo a las poblaciones que el mercado de trabajo y las empresas tradicionales en general (y con excepciones) discriminan (las mujeres, los jóvenes o los trabajadores que provienen de los barrios pobres que no “califican” para esas empresas).

El trabajo asalariado ha sido para el capitalismo un modo de generar acumulación de riquezas pero también ha servido para conformar una cultura, un disciplinamiento que reduce a los seres humanos en vendedores de su tiempo y su talento, y en consumidores funcionales a la reproducción del sistema. Por lo tanto las formas de organización del trabajo (modos de producción y relaciones de producción) gestan a un hombre alienado.

No consideramos a la autogestión sólo como una alternativa para recuperar empleos ni para asegurar un nivel de vida digno a un conjunto de trabajadores y sus familias, sino como un aporte al proceso de transición hacia una nueva sociedad a partir de la presente, porque modifica el acceso a los medios de producción y por ende modifica la distribución del excedente generado en el proceso productivo, porque modifica las relaciones de poder al interior de la producción, sustituyendo las relaciones verticales por relaciones horizontales y democratiza las decisiones sobre qué y cómo producir, y porque restablece el vínculo entre el esfuerzo del trabajo y su producto, superando la alienación provocada por las relaciones asalariadas.

Explicitaremos los avances que se han dado hacia ese modelo alternativo desde las políticas públicas y la organización que las “empresas” autogestionadas se han dado para avanzar en este proceso de desconstrucción-construcción.

Antes debemos mencionar que, por otro lado, en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se dio el marco para la conformación de “cooperativas sociales de trabajo” que tienen como objetivo la inserción de una población que fue marginada. Las cooperativas sociales, por lo tanto, promueven proyectos colectivos de trabajo que permitan la inserción laboral. Los proyectos que se presenten deben ser sustentables y pueden ser desarrollados dentro de cualquier rama económica, son un emprendimiento de propiedad colectiva; les pertenece a sus socios-trabajadores, los cuales toman en forma autónoma sus decisiones. El socio-trabajador percibirá el laudo establecido por el consejo de salarios de la actividad a la cual se dedica la cooperativa, además de integrarse como sindicato a la rama sindical correspondiente en el PIT-CNT (central obrera única en el Uruguay). Es también una herramienta educativa y promotora de desarrollo de ciudadanía ya que se sustenta en los principios y valores propios de su identidad cooperativa. Si bien estas cooperativas sociales son parte de la ESS, porque comparten los principios mencionados, no las incluimos en nuestro análisis.

¿Qué pasos se han dado en el Uruguay desde las políticas públicas?

Haremos referencia cronológica al marco normativo, legislación, referido a la ESS. Como veremos, son pasos importantes que se han ido dando en la conformación de un marco legal para la ESS, más allá de la forma jurídica (cooperativas, sociedades anónimas, etc.) que se den estos emprendimientos. Si bien se constatan avances, aún hoy no existe una ley general de ESS; este debate ocupa un lugar importante en nuestro país en la coyuntura actual.

En el año 2008 se promulga la ley 18.407 dando el marco general (constitución, organización y funcionamiento) a las cooperativas. En el art. 4º de la mencionada ley se define que “son asociaciones autónomas de personas que se unen sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, como forma de satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada”.

En el marco de la reglamentación de esta ley se crea el INACOOP (Instituto Nacional de Cooperativas) por medio del decreto 558 del 2009. Fue creado como persona jurídica de derecho público no estatal. Este instituto está dirigido y administrado por un directorio de cinco miembros, integrados por tres delegados del Poder Ejecutivo, uno de los cuales actúa en calidad de presidente y otro en calidad de vicepresidente, y dos delegados del sector cooperativo. Los delegados representantes del sector cooperativo son designados por el Poder Ejecutivo también, de una nómina de seis personas propuesta por la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP). Tiene entre sus cometidos proponer, asesorar y ejecutar la política nacional del cooperativismo.

En septiembre de 2011 se crea el Fondo para el Desarrollo (FONDES) mediante el decreto 341/011, según lo previsto por el art. 40 de la ley 18.716 de diciembre de 2010. Este fondo se logró mediante la reforma de la Carta Orgánica del Banco de la República, y en el art. 40 otorga facultades al Poder Ejecutivo para “requerir contribuciones adicionales de hasta un 30% de sus utilidades netas anuales con destino a la creación de fondos con el objetivo de apoyar el financiamiento de proyectos productivos viables y sustentables de interés a juicio del Poder Ejecutivo”.

En el mencionado decreto reglamentario del FONDES se fija como objetivos dar asistencia y soporte financiero a proyectos productivos viables y sustentables, priorizando el apoyo a emprendimientos económicos con participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de las empresas, en particular a modelos autogestionarios, donde se conjuguen la propiedad del capital, la gestión empresarial y el trabajo en el mismo núcleo de personas, dando especial atención a la reinversión de las utilidades. En el año 2012 este fondo estuvo integrado por 40 millones de dólares y en el año 2013 se incorporaron 70 millones.

El FONDES ha sido la principal innovación socializadora del sistema financiero realizada en estos años.

¿Cómo se organiza la autogestión en el Uruguay?

La Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ANERT) nuclea al espectro de emprendimientos autogestionados en el Uruguay. Nace en el 2005 y se constituye jurídicamente en el 2007. Si bien nace en torno a las empresas “recuperadas”, está hoy mayoritariamente integrada por empresas autogestionadas, esto quiere decir que la toma de decisiones es ahora efectuada en colectivo por sus trabajadores. Siendo solamente 5 sus constituyentes en el año 2005, al 2013 eran un total de 32 empresas autogestionadas, nucleando 3.400 trabajadores de forma directa.

Cuentan con una directiva que se vota anualmente, al igual que los cargos de secretaría, vocal y tesorería, se trabaja en modalidad de asambleas permanentes integradas por cinco representantes de cada uno de los emprendimientos que la integran.

La ANERT además coordina en una mesa de trabajo integrada por la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU), el PIT-CNT y el FONDES, a través del Instituto Cuesta Duarte (asociación civil creada en 1989 por iniciativa del PIT-CNT con el objetivo global de realizar el apoyo técnico a los trabajadores organizados en materia de formación e investigación para su mejor desempeño en la acción y en la representación de sus iguales en el marco de la lucha de clases). En ella se da cuenta sobre el estado de los proyectos, en qué situación se encuentran y qué acuerdos se generan para seguir adelante desarrollando futuras inversiones. Estos proyectos han nacido de experiencias sindicales fuertes y en este sentido actualmente la mayoría de los trabajadores que nuclea la asociación están agremiados a sus sindicatos de rama, entendiéndolo como fundamental aunque la relación sindical no sea la misma.

Las formas jurídicas no son sólo cooperativas, sino también sociedades anónimas en las cuales el cien por ciento de los trabajadores adquiere el capital asociativo en forma colectiva y no cooperativa.

A modo de conclusión y de comienzo

Dejaremos planteado acá dos temas de debate, el actor social de los cambios y las vías para la construcción de otro sistema económico no capitalista.

Queremos dejar bien claro que el actor social de los cambios no puede nacer y mantenerse a través de las políticas públicas, esto está claro, pero sin un marco legal que le permita “protegerse” no puede subsistir y desarrollarse ya que está en una situación de debilidad frente al modelo hegemónico. Esto fue lo que hizo el capitalismo naciente en los siglos XVIII y XIX en los países centrales, contó con un marco legal favorable y protector de su expansión en el sentido más amplio (político-económico, social y cultural).

Se hace fundamental crear un ámbito dentro del Estado donde se articulen los diversos instrumentos existentes y los que se creen, para llevar adelante una política pública que sea potente y revalorizada en su objetivo contrahegemónico. De ahí que los gérmenes de autogestión deberán ser acompañados por capacidades de planificación de la economía que sean compatibles con los cambios que se quieren impulsar en la sociedad. En ese sentido se hace prioritario abrir espacios de interacción del Estado con la ESS para construir en conjunto las distintas políticas.

Este nuevo modelo productivo implica un cambio trascendental en el rol de los trabajadores, los emprendimientos autogestionados podrían ser un campo de experimentación para un modo de producción de carácter colectivo con fundamentos no capitalistas, pero habría que acompañarlos con equipos de apoyo, no para dirigirlos desde afuera, sino para aportarles sugerencias producto de un análisis, llamémosle científico, que los trabajadores librados a sus solos esfuerzos no pueden ejercer. Esta tarea exigiría un cambio bastante importante en el modo de pensar de los operadores políticos de izquierda. Habrá que volcar menos recursos a los procesos institucionales para vertirlos en la preparación de estos experimentos. ¿Será posible convencer de la necesidad de esa experiencia social?

Tal como lo cita Daniel Olesker a Erik Olin Wright, “en lugar de la metáfora de una hoja de ruta que nos guíe hasta un destino conocido, podríamos pensar en el proyecto del cambio social emancipador como algo más parecido a una exploración, sin un mapa que nos presente toda la ruta desde el origen hasta el destino final. Necesitamos, pues, construir lo que podríamos llamar una brújula socialista: los principios que nos digan si nos estamos moviendo en la dirección adecuada”.