| Por Fernando Barri |

El modelo sojero de desarrollo

Una de las consecuencias mas negativas que ha dejado el neoliberalismo en la Argentina durante la década de los ’90, aunque tal vez una de las menos mencionadas, fue la dramática transformación del modelo productivo para el sector agrario. Si bien históricamente el campo argentino se caracterizó por presentar una matriz oligárquica (basta recordar el reparto de grandes extensiones de tierras entre los terratenientes de la Sociedad Rural luego de la “conquista del desierto”), no fue hasta mediados de los años ’60 del siglo pasado, de la mano de la llamada “revolución verde”, que comienza el proceso de mutación de las relaciones productivas del campo, cuya consecuencia más directa fue el deterioro de las condiciones de vida del campesinado. Sin embargo, en este proceso de avance tecnológico y crecimiento de la agroindustria, todavía el peso relativo de los pequeños y medianos productores era importante, y las economías regionales, aunque en crisis, mantenían su relativa importancia dentro del modelo económico, conteniendo a la población rural, aunque de manera desigual, dentro de este esquema productivo. No fue hasta la llegada de soja transgénica de Monsanto a principios de los años ’90, aprobada en tiempo récord y sin estudios previos, que se produjeron profundas y complejas modificaciones en el sistema agroalimentario nacional, cuyas consecuencias sociales y ambientales aún no han sido consideradas en toda su magnitud.

El llamado “modelo sojero de desarrollo” se instaló con tanta fuerza en la Argentina que entre 1996 y 2008 la superficie sembrada de soja transgénica pasó de menos de 7 millones a más de 19 millones de hectáreas (el 55% de la superficie cultivada en el país) (Figura 1), incrementándose su producción de 15 millones a más de 50 millones de toneladas. Si bien hubo un intento por parte del Estado nacional de frenar la “sojización” en 2008 a partir de un incremento de las retenciones a la exportación de soja, la crisis política generada por las oligarquías terratenientes y sus aliados (entre ellos gran parte de los partidos políticos opositores y los medios de comunicación) logró torcer el brazo del gobierno y afianzar el poder de los sectores capitalizados del sector rural y los agronegocios. A partir de ese momento la producción intensiva y masiva de soja transgénica dejó de ser una discusión, al punto que se impulsó aún más su desarrollo en el país, llegando a plantearse estrategias para incrementar la superficie cultivada de este grano en un 27% en el territorio del país (Programa Estratégico Agropecuario 2010-2016).

Figura 1. Superficie sembrada de soja transgénica en 2013-2014 en la República Argentina

Destrucción del campesinado y pérdida de soberanía alimentaria

Una de las particularidades del neoliberalismo es la irrupción del capitalismo global en los sectores agrarios mediante lo que ha sido señalado como el “proceso neocolonial de acumulación por expoliación”. Así, la aplicación de las políticas neoliberales en los países del llamado Tercer Mundo tuvo como resultado directo la masiva expropiación de la tierra y los recursos naturales, hecho que afectó profundamente las bases materiales de la reproducción social. En la Argentina este proceso fue establecido a partir de la racionalidad científico-tecnológica, que implicó que la agricultura industrial virara hacia una creciente artificialización de los procesos biológicos implicados en el manejo de los recursos, la mecanización y agroquimización del trabajo. La consecuencia más directa de esta nueva ideología productivista es la desaparición de la “agricultura como forma de vida”, siendo sustituida bajo los esquemas racionalizadores que impone el mercado por una “agricultura como negocio”, donde los agricultores dejaron de participar en la toma de decisiones sobre las formas de producción.

Así, de la mano de la llegada de la soja transgénica al país, se comienza a aplicar en la década de los ’90 una serie de “medidas complementarias” que a la postre lograrían acabar con el campesinado argentino. Por ejemplo, inspirado en las políticas enunciadas en el Consenso de Washington, el decreto nacional 2284/91 de “desregulación de la actividad agropecuaria” implicó un giro radical que desarmó todo el andamiaje institucional que había sostenido el modelo de desarrollo agropecuario desde las décadas de los ’30 y los ’40, librando a las reglas del mercado la regulación de la actividad comercial, financiera y productiva del sistema agropecuario. Estas recetas neoliberales aplicadas al sector agrario provocaron el endeudamiento y posterior remate de campos de los pequeños productores, quienes tomaron créditos usurarios que luego no pudieron afrontar. En efecto, al realizarse el Censo Nacional Agropecuario del año 2002 la cifra de los pequeños y medianos productores (poseedores de entre 0,5 y 50 ha y entre 51 y 500 ha, respectivamente) había disminuido en 82.854 con respecto al censo de 1988.

A su vez, el modelo sojero de desarrollo implica claramente la pérdida de soberanía alimentaria en nuestro país. Un informe de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires muestra que el incremento en el precio interno de los alimentos registrado entre 2006 y 2012 se explica en gran medida por el alza internacional de las cotizaciones de los granos y oleaginosas de exportación. Por su parte, el Programa Estratégico Agropecuario 2010-2016 afectará directamente a las economías regionales del interior del país, dejando en condiciones muy desfavorables a los 240.000 pequeños productores (con superficies menores a las 50 ha) dedicados a cultivos diversificados de la agricultura familiar, quienes aportan el 50% de lo que se consume en el país en frutas, legumbres, hortalizas, té, yerba mate, etcétera.

Más dramáticas han sido aún las consecuencias para las comunidades campesinas e indígenas, acosadas por el avance indiscriminado de la frontera agropecuaria. La Red Agroforestal del Chaco relevó que entre las 6 provincias que representan la región chaqueña, hay 153 casos de conflictos por la tierra, con 97.995 personas afectadas y un total de 1.720.158 hectáreas involucradas. Este despojo de las tierras ha sido acompañado además de una escalada de violencia que se ha cobrado desde 2009 la muerte de decenas de campesinos e indígenas del interior profundo de nuestro país.

Destrucción de los recursos naturales

El cambio de uso de la tierra es uno de los principales factores que afectan a la conservación de la biodiversidad, llevando a la inexorable pérdida de recursos naturales. A la vez, la deforestación produce una importante fuente de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera incrementando el cambio climático global. Actualmente la FAO señala a la pérdida de bosques nativos como una de las principales problemáticas ambientales que atraviesa el planeta. Ello se debe en parte a que la pérdida de bosques nativos está íntimamente vinculada con la disminución de la calidad de vida de millones de personas en el mundo, y a que muchos de los servicios ecosistémicos esenciales de los que se proveen las sociedades actuales provienen de sistemas boscosos.

Los bosques nativos representan además la mayor biomasa vegetal acumulada del país, poseen una amplia diversidad de recursos naturales de valor comercial, y mantienen funciones clave para el desarrollo de la sociedad. A pesar de esa increíble riqueza de recursos naturales que representan los bosques nativos en la Argentina, de las aproximadamente 160 millones de hectáreas de cobertura boscosa con que contaba su superficie original, para 2007 sólo quedaban 28 millones de hectáreas. Los bosques brindan además servicios ambientales esenciales, entre ellos su contribución a la regulación de los ciclos climáticos, del agua, de los nutrientes y la formación de suelos. Si bien no se poseen datos precisos sobre el total de la biodiversidad existente en los bosques nativos de la Argentina, se estima que en conjunto los mismos albergan más del 70% de su biodiversidad.

A pesar de lo importante que es para el futuro de nuestra sociedad la preservación de los bosques nativos, la implantación del modelo sojero de desarrollo en la Argentina trajo como consecuencia directa una deforestación masiva de los bosques de la región chaqueña, producto del avance de la frontera agropecuaria impulsada por el neoliberalismo. La búsqueda de nuevas tierras para el cultivo de esta oleaginosa a partir de mediados de los años ’90 (que pasó de 38.000 ha cultivadas en 1970 a 16 millones en 2006) ha ido en desmedro de los bosques nativos. Esta masiva deforestación, si bien ha incrementado la producción de granos para exportación, al haberse realizado en regiones no aptas para la agricultura intensiva, ha provocado impactos severos sobre la salud de los suelos, aumentado la pérdida de nutrientes y desertificación de extensas áreas del país. Ni siquiera las nuevas leyes de protección de bosques nativos han logrado frenar esta sangría ambiental. Un informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación da cuenta de que la tasa de deforestación no se redujo significativamente, siendo las provincias de la región chaqueña las mas afectadas (Tabla 1).

Tabla 1. Superficies de hectáreas deforestadas en las principales provincias
del Norte argentino en el período 2006-2011.Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

Efectos en la salud de las poblaciones

Una de las características centrales del modelo sojero de desarrollo es la dependencia para la producción de este monocultivo del “paquete tecnológico” impuesto por los monopolios del agronegocio. Este paquete tecnológico, que casi no es cuestionado por los organismos del Estado vinculados a la producción agropecuaria, posee una característica central: consiste en el uso de semillas transgénicas, maquinarias con poca mano de obra (un trabajador cada 100 hectáreas contra los 10 por hectárea que demanda la agricultura familiar), y la aplicación de grandes cantidades de agroquímicos y fertilizantes; generando una dependencia tal que pareciera que no hubiera otra forma posible de producir alimentos.

Pero el gran negocio de los grupos monopólicos del agronegocio no es la venta de las semillas transgénicas, sino de los agroquímicos que se utilizan para su producción. En efecto, el cultivo transgénico en realidad es diseñado no tanto para aumentar la productividad como para obligar a los productores a que compren y apliquen el agroquímico asociado. Ello explica el crecimiento exponencial del uso de agroquímicos en la Argentina en las últimas décadas. Actualmente se utilizan 300 millones de litros por año de agroquímicos para la producción de granos en nuestro país, de los cuales unos 200 millones son de glifosato. Ahora bien, este aspecto del paquete tecnológico ha comenzado a mostrar su cara más oscura, la contaminación del ambiente y los consecuentes efectos en la salud de las poblaciones.

En este contexto, las conclusiones del primer encuentro nacional de médicos de pueblos fumigados (2010) indican que en la última década se ha incrementado el número de casos de enfermedades graves vinculadas al uso indiscriminado de agroquímicos. Por ejemplo, las afecciones en vías respiratorias y problemas renales crecieron cerca de un 400%, en tanto que se triplicó el número de bebés nacidos con malformaciones y los casos de cánceres en niños menores de diez años. Sólo para el caso del glifosato, el agroquímico más utilizado en el país, asociado a la soja transgénica de Monsanto, se han probado distintos efectos sobre la salud tales como: 1) inducir divisiones y mutaciones en células de mamíferos; 2) ser un potente disruptor hormonal e incluso puede ser letal para células placentarias; 3) generar alteraciones en el desarrollo embrionario de vertebrados; 4) inducir necrosis celular, y 5) provocar la aparición de procesos neoplásicos como cánceres, y malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas.

La contaminación por el uso indiscriminado de agroquímicos ha comenzado a demostrarse en poblaciones puntuales del interior del país, que representan simplemente la punta de un iceberg cuyas consecuencias sanitarias todavía son minimizadas. El primer caso que obtuvo resonancia nacional es el de Barrio Ituzaingo Anexo, en la periferia de la ciudad de Córdoba. En esta población lindante a campos cultivados con soja transgénica se detectó, a partir de diversos relevamientos epidemiológicos, la presencia de una tasa de patologías oncológicas muy superior a la media nacional, con una tendencia creciente de morbilidad y mortalidad en los años que la población sufrió fumigaciones, y la presencia de plaguicidas en sangre en más del 80% de los niños estudiados. Por su parte, otro reciente relevamiento epidemiológico multidisciplinario encarado por la Universidad Nacional de Córdoba en Monte Maíz, una pequeña ciudad del núcleo de producción sojera del país, reveló tasas de cáncer que quintuplican la media nacional. Es tan clara la relación entre el uso de agroquímicos y la incidencia de esta grave enfermedad, que los registros de cáncer oficiales de las provincias de Córdoba y Santa Fe muestran que la mayor incidencia se registra en los departamentos que concentran la mayor parte de la producción de soja transgénica del país (Figura 2).

Figura 2. Registros de cáncer por departamento para las provincias de Córdoba y Santa Fe
Fuente: diario La Voz del Interior, 2014

Debates pendientes en torno al actual modelo de desarrollo en Argentina

Dentro del esquema capitalista neoliberal, vastas regiones de los países subalternos, como los “territorios del sur”, cobraron un valor geoestratégico para el crecimiento del mercado financiero internacional, a partir de la posibilidad de explotación sin restricciones de los recursos naturales (agua, tierra, hidrocarburos, minerales, biodiversidad) de sus ricos ecosistemas. Una de las estrategias principales que se utilizaron para llevarlo a cabo fue la denominada “segunda revolución verde” que, a diferencia de la primera, ya no sólo fue impulsada por los Estados nacionales, sino por las multinacionales del agronegocio, cuya herramienta principal es la “biotecnología y el cientificismo-tecnológico”, con la cual desarrollan una guerra silenciosa contra los pequeños campesinos y economías tradicionales. Este tipo de modelos de desarrollo en definitiva lo que logran es incrementar la colonización de los pueblos, que se convierten en rehenes de los monopolios del agro, no sólo perdiendo sus tierras y soberanía alimentaria, sino también sufriendo la degradación de su ambiente y viendo afectada la salud de sus poblaciones.

En tal sentido el actual gobierno nacional ha mostrado algunos intentos de cortar con esta dependencia neocolonial que se impuso en el campo argentino, como el enfrentamiento con los históricos grupos terratenientes en 2008 y la actual generación de un proyecto de ley para la agricultura familiar, pero a la vez muestra profundas contradicciones al ceder a las presiones del agronegocio para tratar nuevas leyes de semillas y del uso de agroquímicos, así como sostener la instalación de Monsanto en la provincia de Córdoba, a pesar de la resistencia de su pueblo. Esto nos demuestra que, si bien las extraordinarias ganancias que ha generado el monocultivo de soja transgénica en la Argentina ha permitido motorizar la economía del país, el debate sobre las consecuencias del actual modelo sojero de desarrollo no sólo está pendiente sino que es urgente y necesario. Sólo así, resolviendo las profundas contradicciones existentes, podremos aspirar a una verdadera soberanía como pueblo y alcanzar un real desarrollo sustentable.