| Por Andrés Ruggeri |

Las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) suelen ser entendidas como uno más de los novedosos movimientos sociales que emergieron al calor de la debacle de la economía argentina en diciembre de 2001. Uno más pero especialmente significativo, por sus características de desarrollo en el centro mismo de las relaciones sociales capitalistas, es decir, de la propiedad privada de los medios de producción. Se podía pensar que este proceso mostraba la renovada posibilidad de una sociedad y una economía sin patrones, gestionada por los trabajadores. En otros términos, las ERT eran un caso de autogestión en sentido restringido, económico, que daba pie no sólo a replantearse la problemática de la autogestión en este sentido, sino a pensar en la autogestión generalizada, a niveles más amplios. Esa relación posible atrajo a intelectuales y militantes sociales y políticos de todo el mundo, muchos de los cuales vieron en este fenómeno una alternativa contra el proceso mundial de globalización neoliberal. Desde este punto de vista, las ERT y sus trabajadores se convirtieron en depositarios de una esperanza de cambio social inimaginable en la génesis de su lucha.

Sin embargo, pasó ya más de una década desde aquella eclosión de tomas y ocupaciones de fábricas y de atención mundial hacia las empresas recuperadas. El proceso se desaceleró y las ocupaciones y tomas que lograron trascender mediáticamente se convirtieron en casos excepcionales. Pero si observamos con más detalle, el desconocimiento mediático no significa ni que las empresas recuperadas que iniciaron su proceso en los meses siguientes a la crisis de 2001 no hayan continuado funcionando, ni que no hubiera un goteo constante de nuevos casos. Y, por el contrario, los últimos años han visto la reaparición de sonados casos de recuperación de empresas por los trabajadores, incluso en ramos no industriales, como la cadena de restaurantes de la ciudad de Buenos Aires que fue ocupada a principios de 2013.

De acuerdo con los datos del último relevamiento del Programa Facultad Abierta de la UBA, entre 2010 y 2013 se recuperaron 63 fábricas y empresas de todo tipo en el territorio nacional. La mayor parte, 41 casos, en 2012 y 2013. Esta nueva etapa, en que las ocupaciones se aceleraron con respecto a los años de reflujo entre 2004 y 2009, ha llevado a que a fines de 2013 podamos contar unas 310 ERT en la Argentina. La diferencia con la primera época es que los conflictos, al no desarrollarse en el contexto de una situación de crisis de enormes proporciones, se dan en mayor aislamiento, quizá con un grado de intensidad menor al haber mecanismos institucionales y organizativos más regularizados, mayores redes de contención y organización y menos masividad del apoyo social. Mientras, la realidad del resto de las ERT, aquellas con ya una década o más años de funcionamiento bajo autogestión, ha desplazado su centro de gravedad de los procesos y los esfuerzos de los trabajadores desde esos fuertes conflictos hacia una lucha cotidiana con otros desafíos, menos espectaculares pero más profundos y de mayor alcance y significación para el conjunto de los trabajadores.

Esa lucha silenciosa y cotidiana les da a estos procesos de autogestión obrera una condición de centralidad en relación con las potencialidades de esta nueva forma de gestión de unidades económicas en el marco de la crisis global que alcanza, esta vez, a los países del capitalismo central. Las empresas recuperadas han hecho palpable la capacidad de los trabajadores para poner en funcionamiento establecimientos considerados como no viables por los capitalistas y la tecnocracia económica y, con ello, abrieron una luz para la propia posibilidad de pensar una economía montada sobre otras bases. Al mismo tiempo, sus complejos procesos de desarrollo, en la Argentina y otros países de América latina, demuestran también la importancia de examinar su viabilidad y alcances, pero también sus limitaciones y problemas para erigirse en empresas de nuevo tipo, con una lógica económica alternativa a la del capital.

¿Qué es una empresa recuperada?

El término “empresa recuperada” no existía antes de 2001, ni en la Argentina ni en ningún otro país del mundo. Se trata de un término surgido al calor de la lucha y desde los propios trabajadores, que pretendieron con esa denominación resaltar el hecho de la recuperación de una fuente de trabajo perdida de no mediar su lucha. Esa recuperación es, además, una recuperación para la golpeada economía del país, más allá de los puestos de trabajo propios. Se sitúan así en una tradición que no es necesariamente la de la lucha obrera anticapitalista, sino la del sindicalismo argentino histórico, estructurado mayoritariamente, desde mediados del siglo XX, alrededor del movimiento peronista. Pero, dentro de esta pertenencia histórica y de clase, numerosas rupturas acompañan a algunas continuidades, rupturas que muestran ese potencial de superación de la lógica capitalista que hace que las ERT no sean meros procesos de lucha gremial de los trabajadores.

Pero que no existiera el rótulo “empresa recuperada” no significa en lo más mínimo que las empresas recuperadas hayan surgido por primera vez en diciembre de 2001. Existen ERT que reconocen orígenes en los primeros años noventa o antes todavía, e incluso hubo muchos intentos de aquellos años y antes que no pudieron prosperar, pero que obedecen a las mismas causas y avanzaron en procesos similares a las ERT que lograron sobrevivir y trascender. Y, de acuerdo a la definición que adoptemos, vamos a encontrar similitudes enormes entre las actuales ERT e innumerables casos en etapas anteriores, incluso desde los comienzos del capitalismo industrial en Europa, especialmente en la formación de las primeras cooperativas obreras en la Inglaterra de la Revolución Industrial.

La particularidad argentina no es solamente la denominación, que le terminó dando a estos casos, que provisoriamente podemos definir como unidades económicas que pasan de una gestión capitalista a la gestión colectiva de los trabajadores, una identidad particular y precisa, sino la relativa masividad del fenómeno, que conformó no sólo un proceso individual particularizado, sino un movimiento con organización y perfil propio y autónomo. Mientras en muchos otros países donde podemos encontrar ERT estas no sólo no constituyen un movimiento social específico y diferenciado, sino que por lo general se pierden dentro de las organizaciones del cooperativismo tradicional, la denominación que los trabajadores argentinos les dieron a sus propios casos permite distinguir estos procesos de otros en los que la formación de una cooperativa es un objetivo definido desde el principio.

Tratando de avanzar en la definición, podemos considerar a las empresas recuperadas como un proceso social y económico que presupone la existencia de una empresa anterior, que funcionaba bajo el molde de una empresa capitalista tradicional (inclusive, en algunos casos, bajo formas legales cooperativas) y cuyo proceso de quiebra, vaciamiento o inviabilidad llevó a sus trabajadores a una lucha por su puesta en marcha bajo formas autogestionarias. Es importante enfatizar la noción de “proceso” en cada uno de los casos de recuperación, pensando en una dinámica antes que una condición dada por determinadas características, por lo que las empresas recuperadas no son solamente las que están produciendo, o las que están expropiadas, o las que son cooperativas de trabajo, o cualquier otro criterio que reduzca el caso a un aspecto del proceso sin contemplar su totalidad, sino una unidad productiva que atraviesa un largo y complejo camino que la lleva a la gestión colectiva de los trabajadores.

Algunas características

En la actualidad, las más de 300 empresas autogestionadas en el país ocupan a unos 13.500 trabajadores. En los últimos tres años, contrastando una vez más con la imagen de la desaparición o mera supervivencia de las ERT, los nuevos puestos de trabajo autogestionados suman casi 6.000, entre los nuevos casos y las incorporaciones de las más antiguas.

El 42% de las ERT pertenece a industrias metalúrgicas u otras manufacturas industriales, un 19% al ramo de la alimentación y un 22% a servicios no productivos, como salud, educación y hotelería. Agrupan además una mayoría de empresas categorizadas como pymes según el número de trabajadores, con un promedio de algo más de 30 miembros. Estas características permiten tipificar un perfil de trabajador en gran medida especializado, pero de poca capacidad de reinserción fuera de la industria en que desarrolló su vida laboral.

Por otra parte, las ERT se encuentran diseminadas en todo el país, y su distribución no es aleatoria, sino que tiene estrecha relación con la estructura económica de la Argentina y con los sectores más golpeados por la ofensiva neoliberal de los ’90. Esto se refleja en que casi un 50% de las ERT se agrupan en el área metropolitana de Buenos Aires, y la mayoría de las del interior en el área industrial de la provincia de Santa Fe. En la ciudad de Buenos Aires se ha pasado de 22 casos en 2004 a 39 en 2010 y 56 en 2013. Además del área metropolitana de Buenos Aires, hay casos en el resto de la provincia de Buenos Aires, y en Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa y Tierra del Fuego.

Sin embargo, hay ciertas características comunes que facilitan o perjudican el tipo de empresas que se convierten en recuperadas. Es difícil encontrar grandes establecimientos, tratándose en su mayoría de pequeñas y medianas empresas, con un promedio de entre 20 y 50 trabajadores. Las razones son bastante transparentes. Residen no sólo en la mayor dificultad de poner en marcha sin capital de trabajo grandes fábricas, cuyas necesidades de insumos, mantenimiento, distribución, comercialización y logística requieren sumas importantes de capital para arrancar la producción una vez que esta se ha paralizado, sino que además son negocios que los capitalistas y sus guardianes judiciales y políticos no dejan escapar tan fácilmente. En todo caso, la defensa de la propiedad privada se vuelve más laxa frente a empresas menores que en circunstancias de la lógica “normal” del mercado cerrarían o serían adquiridas a precio de chatarra por otros empresarios, pero se torna un campo de batalla decisivo si afecta a las grandes propiedades y grandes negocios. Se fue elaborando así un camino de procedimientos ad hoc que los trabajadores fueron conquistando a partir del ensayo y el error, hasta constituirse en la forma “regular” de formar una ERT. La precariedad jurídica sigue vigente, pero estas acciones han logrado constituir una suerte de corpus legal que asegura una relativa protección y, aunque no para todos –como pueden atestiguar los trabajadores del Hotel B.A.U.E.N.−, la tranquilidad necesaria para poder desarrollar la producción o la provisión de servicios.

Esto incluye la adopción de la forma de cooperativa de trabajo, la única que permite el desarrollo de prácticas verdaderamente colectivas, por lo menos en el marco de la legislación argentina. A pesar de que muchas veces la cooperativa de trabajo ha servido para amplias maniobras de fraude laboral, es la que se adapta mejor a la gestión colectiva, desde el momento en que su fundamental principio normativo es que solamente son asociados los trabajadores y no se permite que desempeñe rol laboral alguno quien no sea socio. Salvo excepciones muy puntuales, que generalmente son motivadas por normativas o condiciones muy particulares que las llevan a adoptar alguna otra forma jurídica (más que nada otro tipo de cooperativa) las ERT se han constituido de esta manera.

Uno de los problemas que ronda esta situación es el papel del Estado, que podría ser un factor de fundamental importancia para que estos problemas no se conviertan en obstáculos que pueden llevar al fracaso a la experiencia. Además de un sistema judicial hostil y un legislativo muy vulnerable a los cambios de humor de la “opinión pública”, el Poder Ejecutivo en sus distintos niveles no ha desarrollado hasta el momento más que instrumentos de ayuda parcial y de efectividad variable. Algunos subsidios llegan a las ERT y representan un apoyo importante, aunque no decisivo (a pesar de la opinión contraria que suelen tener los funcionarios que otorgan estos beneficios). Pero hasta el momento no hay una política pública definida ni consecuente con una concepción que fortalezca la autogestión de los trabajadores. Existe, en cambio, una carencia de marco jurídico que, por una parte, deja demasiadas cosas libradas a la interpretación de los jueces y, por la otra, coloca a las ERT en una situación de ilegalidad o precariedad. Coherentemente con esta situación, no hay programas de desarrollo ni de formación para los trabajadores que, partiendo de su realidad, les facilite herramientas para la gestión colectiva.

Aunque este panorama se muestra como bastante negativo, mucho peor fue el punto de inicio: empresas cerradas, trabajadores sin ingresos con los que alimentar a sus familias, instalaciones ruinosas, ausencia de capital, prescindencia del Estado, fraudes empresarios y otros elementos que condicionaron el comienzo de estas empresas. A pesar de todo esto, en los últimos cinco años, las ERT aumentaron su número y generaron más puestos de trabajo, emprendieron iniciativas solidarias, culturales y educativas y dieron trabajo y dignidad a sus integrantes. Las empresas recuperadas, entonces, existen, se desarrollan y se expanden, aunque no se las vea.