| Por Gabriel Calvi y Elsa Cimillo |

Evolución de la desigualdad de ingresos en la Argentina

En las casi tres décadas que transcurrieron entre los años 1974 y 2002 la equidad de ingresos en la Argentina fue objeto de un persistente y profundo deterioro. Los primeros síntomas de este fracaso distributivo se remontan a la última etapa dictatorial (1976-1983), durante la cual se acentuaron en un 19% los niveles de inequidad. Los gobiernos constitucionales que se sucedieron desde la restauración de la democracia –fines de 1983 hasta el crítico año 2002– no sólo no lograron contrarrestar la tendencia heredada, sino que contribuyeron a acentuarla.

Gráfico 1. Evolución de la desigualdad de ingresos personales 1974-2012. Coeficientes de Gini de IPCF para GBA y total urbano

Fuente: Elaboración propia en base a EPH, INDEC (1974-2010).

El balance de los años de la transición democrática (1984-1989) fue claramente desfavorable, incluso si omitimos el crítico contexto desatado por los procesos hiperinflacionarios del último año del gobierno de Ricardo Alfonsín. En un escenario que combinaba el crecimiento del endeudamiento externo con el estancamiento crónico y la alta inflación, fue constante la retracción progresiva del empleo asalariado. Sólo el crecimiento del cuentapropismo, que actuó como sector refugio, logró morigerar el desempleo. Como resultado, en esta etapa la desigualdad se intensificó en más de un 21 por ciento.

El legado distributivo de las administraciones neoconservadoras de la década de 1990 fue igualmente desalentador. En esos años el Estado cumplió un papel clave en acentuar los mecanismos de mercado y la desigualdad que conllevan. Propició la flexibilización laboral, las paritarias por empresa; la política aperturista y la apreciación cambiaria desalentaron la creación de empleo, con el consecuente aumento de la desocupación y la precariedad laboral. Las políticas de transferencias hacia los hogares fueron mínimas: mermó la cobertura jubilatoria, los haberes fueron congelados y las prestaciones asistenciales resultaron exiguas. Entre 1993 y 1999 los ya elevados niveles de desigualdad se incrementaron en una proporción superior al 8 por ciento.

La interrumpida gestión de la Alianza (1999-2001), por su parte, sumió a la sociedad argentina en un proceso regresivo sin precedentes que, a diferencia de otros momentos históricos, no estuvo mediado por una fuerte devaluación, aunque sí por una profunda recesión, la agudización del desempleo y la precariedad laboral, así como por una inédita deflación de salarios encarada desde el Estado y emulada por el sector privado. En sólo dos años la inequidad había aumentado un 7,5%. La megadevaluación de enero de 2002, con que se inauguró la salida de la convertibilidad, hizo lo propio, elevando el coeficiente de Gini al valor máximo del que se tiene registro.

En contraste con lo acaecido en el último cuarto del siglo XX, desde 2003 los niveles de equidad distributiva experimentaron una considerable y persistente recomposición. Casi una década después, al segundo trimestre de 2012, el coeficiente de Gini se había reducido en más de 24% en comparación con el valor máximo alcanzado en mayo de 2002. La desigualdad de ingresos personales es, en la actualidad, equiparable a la vigente en el año 1985, momento en el que se registraron los niveles más moderados de la etapa alfonsinista. En otras palabras, en los últimos nueve años hubo una reversión sustantiva del proceso regresivo experimentado a lo largo de más de cinco lustros (1976-2002).

En esta pronunciada mejoría en los niveles de equidad intervinieron una multiplicidad de factores. El elevado dinamismo económico observado desde 2003, acompañado por una rápida recuperación del empleo, el aumento de la registración en la seguridad social y la recomposición las remuneraciones fueron, todos ellos, elementos que en un nuevo marco macroeconómico condujeron claramente a la mejoría de la desigualdad.

Pero crecimiento económico y equidad no son necesariamente sinónimos cuando sólo operan las fuerzas del mercado. El accionar del Estado, a través de la aplicación de un conjunto de políticas con impacto redistributivo, fue el elemento clave en este proceso. Algunas, como la apertura de las negociaciones salariales o la actualización periódica del salario mínimo vital y móvil, propiciaron, en el mercado laboral, mejoras en el ingreso de los trabajadores. Las transferencias estatales, por su parte, mejoraron sustancialmente los ingresos de los sectores más vulnerables de la sociedad, repercutiendo, favorablemente y de manera directa, sobre los niveles de equidad; la ampliación de la cobertura del Sistema de Seguridad Social –por moratoria previsional y Asignación Universal por Hijo– ha sido central en la explicación de las tendencias de los años más recientes.

A continuación exploraremos los principales cambios en materia de transferencias estatales a través del análisis de la evolución de los principales componentes del gasto social del Estado.

La evolución del gasto social del Estado entre 1993 y 2010

En la Argentina el gasto social del Estado en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) incluye: las erogaciones destinadas a la provisión de servicios educativos y de salud; los gastos relacionados con la dotación de infraestructura y servicios urbanos, y un conjunto de transferencias (prestaciones), predominantemente monetarias, canalizadas directamente hacia los hogares (jubilaciones, salario familiar, planes de empleo, pensiones no contributivas, entre otras). Si bien todos los componentes del gasto social tienen impacto redistributivo, sólo las prestaciones monetarias (previsión social y asignaciones familiares, de un lado, y pensiones no contributivas, programas de empleo y seguro de desempleo, por el otro) repercuten directamente en los ingresos de los hogares, contribuyendo a alterar la distribución personal del ingreso. La evolución de la incidencia del gasto social sobre el PIB en los últimos años, así como la de cada uno de sus principales componentes, pone en evidencia los cambios que potenciaron la mayor contribución estatal a la equidad en esta etapa.

Gráfico 2. Gasto público social: 1993-2010 (en porcentaje del PIB)

* Estimado en base a Gaggero y Rossignolo (2011).
Fuente: Elaboración propia en base DNAGPPS (MECON) y Gaggero y Rossignolo (2011).

Durante la vigencia de la convertibilidad (1993-2001) el gasto social del Estado se mantuvo con pocas oscilaciones en torno al 21% del PIB en promedio (Gráfico 2). El gasto en servicios sociales representaba, por esos años, un 9,3% del PIB (4,8% en salud y 4,5% en educación) y las erogaciones por infraestructura urbana, un 1,5%. Las transferencias monetarias –que contribuyen a engrosar el ingreso de los hogares– fueron, en promedio, del 10% del PIB (8,6% por jubilaciones, pensiones y salario familiar y 1,5% en concepto de asistencia social, programas de empleo y seguro de desempleo).

Con posterioridad a la devaluación de enero de 2002, la fragilidad de las cuentas fiscales en los primeros años y los elevados niveles de crecimiento económico en los años subsiguientes redujeron el peso del gasto social y de casi todos sus componentes sobre el PIB, de forma abrupta en 2002 y más atenuada luego, incluso hasta el año 2004. La única excepción fue el gasto social focalizado: en el contexto social extremadamente crítico de esos años las políticas asistenciales vieron ampliada su cobertura –fundamentalmente a partir de la implementación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y del Programa Familias por la Inclusión Social–, y el gasto en asistencia, programas de empleo y seguro de desempleo se incrementó alcanzando, en promedio entre 2002 y 2004, el 2,4% del PIB.

En los años siguientes se observa una persistente recomposición del gasto social del Estado –que ascenderá en promedio al 24,1% en esta etapa–, que se sustentará en un aumento de los recursos públicos que incluyen, como novedad desde 2002, las retenciones a las exportaciones. A partir de 2005 el mayor gasto social fue impulsado por el incremento en las erogaciones por servicios sociales (salud y educación) e infraestructura urbana, que continuarán aumentando en los años subsiguientes. Desde 2007 cobrarán creciente relevancia las transferencias monetarias por previsión social y asignaciones familiares.

Como máxima expresión de esta última etapa, en el año 2010 el gasto social superará el 29% del PIB; los servicios sociales (salud y educación) representaran el 13%, infraestructura urbana el 2,3%, y las transferencias destinadas a los hogares, fundamentalmente a los de menores ingresos, casi un 14% del PBI. El gasto en prestaciones monetarias (jubilaciones, pensiones, salario familiar, programas asistenciales y seguro de desempleo), el de mayor impacto en la distribución del ingreso, alcanza en la actualidad un nivel sustancialmente más elevado que durante la etapa neoliberal.

Políticas sociales de transferencias monetarias en la posconvertibilidad

Como quedó señalado, entre 2002 y 2004, respondiendo a la urgencia social del momento, el único componente del gasto social que se incrementó (en proporción al PIB) fue el de promoción, asistencia y programas de empleo. El masivo alcance del Plan Jefes y Jefas de Hogar y del Programa Familias (y de algunos programas alimentarios) canalizan ese incremento durante los primeros años de la posconvertibilidad, pero en los años posteriores otras iniciativas gubernamentales mantuvieron esta mayor incidencia del gasto asistencial. La más notable fue la ampliación de la cobertura de las pensiones no contributivas de carácter asistencial, así como el incremento del monto de las prestaciones (atado a la evolución de la jubilación mínima). Así, los casi 165 mil titulares que había a fines de los ’90, con una prestación mensual media de 119 pesos, se fueron incrementando paulatinamente a partir de 2004, superando los beneficios, desde 2011, al millón de ciudadanos –con predominio de discapacitados y madres de siete hijos– que reciben en 2012, en promedio, más de 1.300 pesos mensuales.

El crecimiento del gasto en transferencias monetarias de los últimos años, en particular desde 2005, fue acompañado por un cambio cualitativo en su orientación. Estuvo decididamente encaminado a reparar el deterioro de las condiciones de vida en las franjas más vulnerables de la población –los adultos mayores y los niños y adolescentes– a través de un esquema de ampliación de derechos preexistentes. El sentido fue la reparación del deterioro laboral heredado de la década neoliberal, que había vedado a buena parte de la población el acceso a estos derechos, conquistados por la clase trabajadora en etapas más favorables.

Adultos mayores

Durante la etapa neoliberal las condiciones de vida de los adultos mayores fueron empeorando como consecuencia de la reducción de la cobertura previsional y la caída de los haberes jubilatorios. La reforma previsional del año 1993 (ley 24.241), que subordinó la protección social de la población a criterios fiscalistas y a la reducción de los costos laborales, impuso requisitos más estrictos para el acceso a la jubilación, los que en el contexto de un mercado laboral deteriorado y cada vez más precarizado determinaron una merma de la cobertura. Por su parte, el cómputo que la nueva normativa estipulaba para la determinación del haber inicial llevó a que las nuevas cohortes de jubilados percibieran haberes más reducidos en comparación con las cohortes anteriores.

Como surge de los relevamientos censales entre 1991 y 2001 se registró un retroceso de la cobertura previsional del 75,1% al 70,5% en la población de 65 y más años. Evidencias aportadas por la Secretaría de Seguridad Social (Boletín de la Seguridad Social) señalan una intensificación de este fenómeno en el quinquenio siguiente –la baja de otros 140 mil beneficiarios del sistema previsional– que llevan a la cobertura, en el año 2005, a su nivel más bajo. Por otro lado, el congelamiento de los haberes durante más de una década, así como el deterioro de su poder de compra por efecto de la devaluación de 2002, impedía a una amplia franja de jubilados cubrir satisfactoriamente un nivel de subsistencia.

En ese marco, desde 2003 y en abierto contraste con lo ocurrido en la década de 1990, un conjunto de iniciativas de política pública tendió a impulsar una mejora en las condiciones de vida de los adultos mayores. El tratamiento de las necesidades de la clase pasiva fue incorporado a la agenda gubernamental a través de distintas herramientas de política pública que apuntaron básicamente a dos objetivos: la recomposición de los haberes y la ampliación de la cobertura. Entre 2003 y mediados de 2008 se realizaron actualizaciones periódicas en los ingresos de la clase pasiva que priorizaron, inicialmente, la recomposición del haber mínimo y que, desde 2006, se generalizaron a la totalidad de la clase pasiva. Durante este período el haber mínimo y medio se incrementaron un 245% y 118%, respectivamente, en términos nominales. En igual sentido, en 2008 el Congreso nacional aprobó la ley de movilidad previsional que institucionalizó un sistema de actualización bianual de los haberes (en los meses de marzo y septiembre), por el cual en sólo tres años (marzo de 2009 a marzo de 2012) acumularon un crecimiento del 144 por ciento.

Por su parte, una clara lectura de la evolución de la cobertura previsional llevó al gobierno a impulsar, en enero de 2005, la sanción de la ley 25.994, que con la creación de dos nuevas modalidades de acceso a los beneficios previsionales abrió las puertas del régimen contributivo a los trabajadores que tenían aportes jubilatorios pero no la edad para el retiro y a los trabajadores que alcanzaron la edad de jubilarse pero tenían aportes incompletos. La ley franqueó el acceso a la cobertura previsional a más de 1,7 millones de adultos mayores que, por su trayectoria laboral precaria, estaban inhabilitados de hacerlo. Al expirar esta ley quedó abierto otro canal legal (ley 24.476) para que los trabajadores precarios al llegar a la edad de retiro pudieran acceder, a través de una moratoria, a una jubilación en el régimen contributivo. Se estima que entre 2008 y 2011 otro millón de personas se incorporó a través de este instrumento legal.

Las políticas de inclusión previsional implementadas desde el 2005 no sólo tuvieron un contundente impacto sobre la cobertura jubilatoria, sino que además le imprimieron un sesgo redistributivo claramente progresivo. Desde entonces la protección social a los mayores avanzó en todos los estratos de ingreso, pero fue más reparadora para los sectores más desposeídos. Entre 2005 y 2009 la cobertura previsional experimentó un salto notable (del 61,4% a un 82,4%), pero creció más aceleradamente en el primer quintil (del 29,3% al 66,2%) que en otras escalas de ingreso, contribuyendo a estrechar la exagerada brecha en la cobertura jubilatoria (de 41,2 a 10 puntos porcentuales) entre el quintil más rico y el más pobre.

Hacia fines de 2008 la reestatización del sistema de capitalización individual –instaurado por la reforma de 1993– fue un hito en la consolidación del sistema previsional. La ley 26.425 dispuso la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un esquema solidario de reparto, que incorpora a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización, a los que garantiza idéntica cobertura y tratamiento que los brindados por el régimen previsional público.

Como resultado de estas políticas, la cobertura previsional (medida con datos censales) experimentó un salto notable: entre 2001 y 2010 la proporción de adultos de 65 años y más titulares de jubilaciones o pensiones del sistema previsional contributivo se incrementó en 15 puntos porcentuales, pasando del 70,5% al 86,5%. Si se suma a los adultos mayores que son beneficiarios de alguna pensión no contributiva (4,6%) la cobertura de la clase pasiva se eleva al 90,2 por ciento.

Niños y adolescentes

Las transferencias estatales orientadas a los menores de edad tienen una larga tradición en la Argentina. En 1969 la ley 18.017 estableció la universalización de un régimen de asignaciones familiares de carácter contributivo para los trabajadores dependientes del sector privado con hijos menores a cargo, absorbiendo así los sistemas corporativos preexistentes, y en 1973 sus beneficios serían extendidos a los jubilados y pensionados.

Hacia 1996 el régimen de asignaciones familiares, que en los inicios de la década había pasado a depender directamente de la ANSeS, fue objeto de sustanciales modificaciones. El contenido de la ley 24.714 estaba claramente orientado a reducir el gasto público social: a) restringió el universo del sistema contributivo a los asalariados con remuneraciones inferiores a un tope máximo; b) estableció tres escalas salariales para los trabajadores beneficiarios, con prestaciones diferenciales que disminuían a medida que se ascendía en el tramo salarial, y c) redujo el número de las prestaciones periódicas preexistentes. En el sistema contributivo, de estas, sólo se conservó la asignación mensual por hijo menor de 18 años, hijo discapacitado sin límite de edad, prenatal y la asignación por ayuda escolar anual. En el caso de los beneficiarios del régimen previsional las prestaciones cubrían también al cónyuge.

Desde su universalización (1969) hasta avanzada la década de 1970, el régimen de asignaciones familiares se caracterizó por una cobertura relativamente elevada. A esto contribuían las condiciones del mercado de trabajo de la época: bajos niveles de desocupación abierta, una relativamente elevada tasa de asalarización y baja incidencia de la precariedad laboral (trabajo “en negro”), generalmente focalizada en las inserciones laborales más tempranas. Este conjunto de condiciones extendía el régimen de asignaciones familiares entre los hogares con jefe o cónyuge asalariado, cubriendo en 1974 al 68,4% de los menores.

Pero desde principios de la década de 1980 la proporción de asalariados socialmente protegidos experimentó un paulatino retroceso, tendencia que se prolongó en la década siguiente. Así, entre 1981 y 2002 la proporción de trabajadores “en blanco” se redujo en más de 20 puntos porcentuales, pasando de 81% a un 56% de los asalariados. Consecuentemente, la cobertura del régimen de asignaciones familiares entre los menores de 18 años retrocedió significativamente –del 56% al 31% entre esos años–, en particular en la década de los ’90, como consecuencia del fuerte avance de la desocupación y la precariedad laboral entre los jefes de hogar. Acompañando esta tendencia, la caída de la cobertura del salario familiar por hijo tendió a cobrar mayor intensidad entre los hogares de menores ingresos, más afectados por el deterioro del mercado laboral. Así, paradójicamente, a medida que el contexto socioeconómico se hacía más hostil a los hogares más pobres, los menores de estos hogares se veían más privados del subsidio: en 2002 sólo el 10% de los menores del primer quintil era beneficiario del sistema de asignaciones familiares.

Con la recuperación económica posterior a la crisis de 2002, que impulsó la creación de empleo y, particularmente, de empleo asalariado registrado, este panorama comenzó a mejorar. No obstante, al año 2006 la cobertura de las asignaciones familiares era aún baja (39,6%) –similar al promedio de la segunda mitad de la década de 1990– y el subsidio sólo alcanzaba al 20% de los menores de los hogares más pobres. A pesar de la recuperación del empleo, todavía persistían en el mercado laboral niveles elevados de precariedad que dificultaban a una amplia mayoría de los niños y adolescentes más pobres el acceso a estos beneficios. Los sucesivos aumentos, dispuestos desde 2004, en los montos de las prestaciones y topes salariales para su percepción en nada mejoraban la situación de la población excluida de un régimen de carácter predominantemente contributivo.

La exclusión del sistema de asignaciones familiares estaba acompañada por otras carencias –tales como situaciones de insuficiencia alimentaria, el acceso diferencial a los servicios educativos, ingreso más precoz de estos adolescentes al mercado de trabajo– que indicaban de manera irrefutable que los menores de edad sin cobertura de asignaciones familiares eran, precisamente, quienes más necesidad tenían de acceder a este tipo de subsidios. Era un reclamo revertir la paradójica situación de un sistema de subsidio que, nacido originalmente para atender a los hogares con mayores cargas familiares, parecía profundizar las inequidades.

En octubre de 2009, por medio del decreto 1602, el gobierno nacional dispuso la extensión de la prestación por hijo del Régimen de Asignaciones Familiares (ley 24.714) a menores a cargo de trabajadores informales –asalariados y trabajadores cuenta propia no registrados en la seguridad social– y desocupados no perceptores del seguro de desempleo. Tal y como fuera implementada, la norma supuso la creación de un tercer componente (universal) del régimen de salario familiar vigente desde 1996, que se sumaría a los dos preexistentes (componentes contributivo y no contributivo). Los beneficiarios recibirían la prestación de mayor monto del régimen y la permanencia en el mismo estaba condicionada a la realización de controles de salud y vacunación para los menores de hasta cuatro años y a la certificación de asistencia escolar para niños y adolescentes de hasta 17 años.

Con esta nueva iniciativa se sumaron más de 3,5 millones de menores al régimen de asignaciones familiares, con derecho a la prestación más alta del régimen. Los menores cubiertos por el nuevo beneficio se concentran mayormente en los hogares de ingresos más bajos –el 67% en el 20% de hogares más pobre– dando cuenta de la orientación claramente progresiva de la transferencia.

En marzo de 2011 el beneficio fue extendido a las mujeres embarazadas que no disponen de cobertura, y un año más tarde eran 64 mil las mujeres embarazadas beneficiarias de la Asignación por embarazo para Protección Social.

La iniciativa que dio origen a la AUH ha coronado el proceso de recomposición del Sistema de Seguridad Social iniciado hacia mediados de 2005 con la ampliación –a través del mecanismo de moratorias– de la cobertura previsional, y que fuera secundado en 2008 con la ley de movilidad jubilatoria y la ulterior reestatización de las AFJP que llevó a la creación del SIPA al final de ese año.

Comentarios finales

Con ulterioridad a la distribución primaria del ingreso –que dirime la distribución de la nueva riqueza generada entre el trabajo y el capital– y a la salida del excedente al exterior –pagos netos de intereses y remisión de utilidades–, la intervención del Estado redefine, a través de las transferencias monetarias que recibe y otorga, el ingreso disponible de la población. Este accionar del Estado, que se denomina redistribución secundaria del ingreso, constituye una significativa fuente de equidad distributiva.

La contribución a la equidad de las transferencias monetarias que el Estado destina a los hogares no ha sido constante durante los últimos veinte años. En los primeros años de la convertibilidad monetaria (1993-1997), por ejemplo, estas transferencias reducían la desigualdad en un 12,7% del coeficiente de Gini de ingreso per cápita familiar, en promedio. Pero en los años posteriores (1998-2001), que estuvieron signados por el paulatino agravamiento del desempleo y la precariedad laboral, el alcance de las transferencias de base contributiva (jubilaciones y salario familiar) se resintió. En la medida en que cada vez menos trabajadores estaban en condiciones de acceder a los beneficios proporcionados por el Sistema de Seguridad Social, y dada la escasa envergadura del gasto público asistencial, el impacto equiparador de las transferencias monetarias estatales se retrajo al 10,9% hacia la segunda mitad del año 2000.

Esta situación se revirtió esporádicamente durante 2002. En el contexto extremadamente crítico de ese año, la masificación de la ayuda estatal a través de programas asistenciales de amplio alcance, como el Plan Jefes y Jefas o el Programa Familias, determinó un notable salto en el efecto igualador de las transferencias monetarias. En octubre de ese año los ingresos hogareños por transferencias del Estado reducían la inequidad personal en un 13,7% del Gini. Esta mayor progresividad de las transferencias estatales estaba, sin embargo, destinada a erosionarse en el corto plazo. El monto fijo de las prestaciones de los nuevos programas y la paulatina reducción de sus beneficiarios a medida que se reactivaba el mercado laboral vis a vis la recomposición de los ingresos de los trabajadores ocupados (en un contexto con inflación moderada), hacían cada vez más estéril el aporte de esas transferencias a la equidad. Más aún, dado que la precariedad contractual siguió (y sigue) siendo una de las principales patologías del mercado laboral, las transferencias de base contributiva (jubilaciones y salario familiar) continuaron su camino declinante en términos de cobertura, limitando aún más el efecto progresivo de las transferencias. Así, entre los años 2003 y 2006 la igualación asociada a estas modalidades de intervención estatal promedió el 11,1% del Gini de ingresos familiares, muy por debajo de lo observado en 2002.

Desde 2007 y hasta la actualidad asistimos a una nueva etapa en lo que refiere al impacto distributivo, de índole progresivo, de las transferencias estatales. El hecho más significativo fue la masiva incorporación de beneficios previsionales (jubilaciones) por moratoria o retiro anticipado. Este fenómeno fue el puntapié inicial de un eslabonamiento de iniciativas gubernamentales orientadas a la revitalización del Sistema de Seguridad Social.

Las moratorias previsionales, los retiros anticipados, la movilidad jubilatoria y la extensión de la cobertura del salario familiar a los hijos de los trabajadores informales fueron, todos ellos, factores que impulsaron en forma sustancial el impacto igualador de las transferencias monetarias que el Estado canaliza hacia los hogares; en virtud de ello en el segundo semestre de 2011 la desigualdad de los ingresos familiares, medida por el coeficiente de Gini, se redujo un 14,6%. La etapa abierta desde 2007 se sustenta en un esquema –difícilmente reversible, por cierto– de recuperación de los derechos conquistados por la clase trabajadora en otras etapas históricas, que resultaron erosionados durante veinticinco años (1976-2001) consecutivos de políticas de ajuste y reformas neoliberales.

El crecimiento del gasto en transferencias monetarias de los últimos años, en particular desde 2005, fue acompañado por un cambio cualitativo en su orientación. Estuvo decididamente encaminado a reparar el deterioro de las condiciones de vida en las franjas más vulnerables de la población –los adultos mayores y los niños y adolescentes– a través de un esquema de ampliación de derechos preexistentes. El sentido fue la reparación del deterioro laboral heredado de la década neoliberal, que había vedado a buena parte de la población el acceso a estos derechos, conquistados por la clase trabajadora en etapas más favorables.