| Por Carina Borrastero |

Desarrollo y tecnología

Son muchas las teorías que abordan los problemas y condiciones del desarrollo, y entre ellas las que se ocupan de la relación tecnología-desarrollo. Pero existe un consenso generalizado en torno a ciertas especificidades de los sectores económicos de base tecnológica que explican su importancia estratégica para el desarrollo, en especial en países emergentes como el nuestro.

Conocimiento, innovación y valor agregado. La materia prima en estas industrias es el conocimiento. Y son las que albergan hoy el mayor potencial de generación de valor agregado. Esto es posible, por un lado, en virtud de la dinámica económica de la innovación técnica, sinónimo de aplicación de conocimiento científico-tecnológico a la producción. Dicho conocimiento puede generarse dentro o fuera de la industria. En cualquier caso, innovar en un sentido económico implica introducir nuevos productos, nuevos medios de producción o formas novedosas de utilizarlos, generando cambios significativos en el sistema productivo que tienden a incrementar su eficiencia, es decir, generar más riqueza con la misma o menor proporción de recursos productivos. De este modo el conocimiento agrega un valor económico adicional a los bienes y servicios producidos mediante un proceso productivo x. El conocimiento puede estar incorporado en la fuerza de trabajo o en el capital productivo, pero desde Smith, Ricardo, Marx y Keynes sabemos que el trabajo humano es la única fuente de valor genuino. En la producción tecnológica este principio se materializa de particular manera, considerando que el conocimiento es producto exclusivo del intelecto. A su vez, esta dinámica de generación de valor es posible también en función de ciertas propiedades del conocimiento considerado como recurso productivo: a) es un bien no rival: puede ser utilizado por más de un individuo simultáneamente sin que se consuma, y en este sentido su capacidad de ser usado/consumido es infinita; b) produce externalidades positivas: los beneficios que genera para la sociedad son superiores al precio que recibe su productor en el mercado; c) puede ser eventualmente no excluyente: nadie puede impedir por definición que otro lo utilice, excepto que se establezcan regulaciones o mecanismos específicos para ello. De manera que, si bien la condición de no exclusión no siempre se cumple, el conocimiento puede ser considerado como un bien público o semipúblico en virtud de las características de su producción y circulación social bajo un régimen de producción capitalista.

Relevancia industrial de los sectores de servicios intensivos en conocimiento. En especial, los sectores de servicios de base tecnológica no parecen tener límites a la vista en cuanto a surgimiento de nichos de mercado, incorporación de trabajadores formados y posibilidades de vinculación con la industria manufacturera. Su producción puede transversalizarse a otras cadenas productivas permitiendo agregar valor también allí.

Comportamiento innovativo de los capitalistas. Se supone que los requerimientos de innovación permanente en las industrias intensivas en conocimiento desincentivan el comportamiento rentístico de los empresarios (improductivo) dado que las empresas que no innovan no sobreviven o no crecen en dicho ambiente. Por lo tanto, la necesidad de innovar constituye un incentivo potente para incorporar trabajo humano calificado y así generar valor genuino mejorando los ingresos promedio de la economía. Por supuesto, ello requiere un mayor esfuerzo de los empresarios, así como condiciones macroeconómicas favorables y políticas que propicien un cambio estructural de la matriz productiva. Lo contrario: la generación de rentas derivadas directamente de la tierra, del dinero o del patrimonio, o la valorización del capital exclusivamente mediante la obtención de ventajas monopólicas, privilegios fiscales, etc., conduce al sistema productivo a un tipo de crecimiento espurio. Esto es, un crecimiento debido a ganancias de corto plazo basadas en tales ventajas y privilegios y en la reducción de los salarios reales y las cargas laborales, que no contribuye al aumento de la productividad como lo hacen las innovaciones tecnológicas y acaba teniendo un impacto regresivo en el nivel general de los ingresos y su distribución. Por supuesto esto es relativo y no significa que los empresarios innovadores no busquen obtener rentas de sus negocios: lo relevante es la dinámica productiva que se genera a partir de la necesidad de innovar, en la que en principio prevalece una propensión al esfuerzo creativo en lugar del sostenimiento de privilegios que generan rentas estáticas.

Relevancia de la fuerza de trabajo. Los trabajadores constituyen el activo más valioso en este tipo de industrias dado que su “materia gris” es la fuente y el alojamiento principal del conocimiento que permite generar dinámicas innovativas. De este modo, el capital intelectual se jerarquiza respecto del capital físico, y los ingresos derivados del primero potencialmente pueden incrementarse también para los trabajadores: al requerir mayores capacidades, su trabajo adquiere un valor mayor que en principio es mejor retribuido aquí respecto de sectores menos innovadores. Cabe aclarar que por falta de espacio no consideramos en este análisis los factores sociales, políticos y culturales que inciden en la determinación de las remuneraciones al trabajo.

Empleo y distribución del ingreso. Dadas las condiciones anteriores, los sectores intensivos en conocimiento están entre los mayores yacimientos de empleo en la actualidad y albergan un alto potencial para generar puestos de calidad y bien remunerados. Constituyen entonces sectores estratégicos por las mejoras en la distribución funcional del ingreso a las que pueden contribuir. La distribución funcional del ingreso indica qué parte de la renta nacional (la riqueza producida en el país en un año) se apropia cada factor productivo: el capital (ganancia) y el trabajo (salarios), según lo que cada uno aporta a la generación de esa renta. En un sistema de producción capitalista esa distribución es estructuralmente desigual y favorable a los propietarios del capital, cuya renta global es siempre mayor que la que percibe el conjunto de los asalariados aunque generen la mayor parte del valor agregado. Dicha distribución se origina entonces en el proceso productivo mismo, antes de las intervenciones que determinan en qué cuantía los ingresos llegan a los hogares (por esa razón se denomina a aquella distribución primaria y a esta última secundaria). Es en el ámbito de la producción, entonces, donde se engendran los problemas de inequidad distributiva. Y es allí, por lo tanto, donde resulta imprescindible generar dinámicas tendientes a morigerarla. Como se ve, el crecimiento del empleo es una correa necesaria –aunque no suficiente– de distribución del ingreso. Si los sectores tecnológicos generan empleo y este es de calidad, son más propicias allí las condiciones de partida para un crecimiento con mayor equidad distributiva.

Soberanía tecnológica. En un sistema productivo globalizado como el actual las empresas transnacionales descargan en los países en desarrollo los procesos menos innovadores de su producción, colocando a su vez allí los productos tecnológicamente más avanzados. Es histórica y reconocida la efectividad de la difusión de las tecnologías diseñadas en las economías centrales como vía o refuerzo de sus estrategias de dominación global. Por lo que, convertirse en un país productor de tecnologías innovadoras y no sólo receptor o reproductor, constituye un objetivo estratégico del desarrollo nacional en función de las dinámicas económicas que venimos describiendo. Para ello es imprescindible incrementar las capacidades de aprendizaje de las empresas, que la innovación propicia. En este sentido, la soberanía tecnológica de un país en desarrollo no es únicamente un imperativo ético o una utopía nacionalista, sino un requerimiento del crecimiento económico y el desarrollo social en función de la lógica de la innovación imperante.

Como veremos en los apartados siguientes, la relevancia de la industria del sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) de Córdoba para el desarrollo socioeconómico regional y nacional se sustenta en los siguientes factores principales, estrechamente relacionados con lo dicho hasta aquí: el sector es hoy uno de los mayores generadores de empleo en la región central; su foco dinámico es un tejido de pymes con capacidades basadas en sus RR.HH., y presenta altos indicadores de innovación. No se trata, en rigor, de fenómenos estrictamente locales pero han adquirido en Córdoba algunos rasgos específicos.

Historia del crecimiento del sector de SSI de Córdoba

Córdoba es desde los inicios de la actividad industrial en la Argentina uno de los principales centros urbanos y económicos del país, y constituye hoy un polo de desarrollo tecnológico de relevancia y aún en crecimiento. Un breve recorrido por la historia de la conformación del sector de SSI local ayuda a dimensionar su importancia económica.

En los años ’80 aparecieron pequeñas empresas proveedoras de servicios de soporte informático a firmas industriales y comerciales. En los ’90 la convertibilidad cambiaria incentivó la importación masiva de equipamiento informático para el sector de telecomunicaciones. Ello generó una demanda mayor de software y servicios, a partir de la cual la incipiente industria informática de Córdoba experimentó un crecimiento moderado durante algunos años basado en actividades de baja complejidad tecnológica (como venta de licencias y servicios de soporte).

A partir de 2001 el sector adoptó una nueva configuración con la llegada de la multinacional Motorola, y comenzó a crecer notoriamente y sobre nuevas bases hacia mediados de los 2000 en coincidencia con la promulgación de la Ley Nacional de Software y diversas iniciativas locales.

En 2001 el gobierno provincial (GP), bajo la gestión de José Manuel De la Sota, concretó un acuerdo con Motorola para la radicación de un Centro de Desarrollo de Software (CDS) en la ciudad. El acuerdo fue sancionado con fuerza de ley en la Legislatura Unicameral de la provincia en la que el oficialismo tenía y conserva la mayoría. Involucró desembolsos millonarios provenientes de créditos de organismos internacionales, destinados principalmente al costeo parcial de los costos laborales durante nueve años, alquiler de oficinas de alto rango hasta concretarse la entrega de un edificio nuevo, gastos de infraestructura y servicios, y también importantes exenciones impositivas. Las facilidades para la radicación se negociaron a cambio de la generación de 500 puestos de trabajo a materializarse en los ocho años posteriores. Los puestos que finalmente se crearon en Motorola fueron unos 250, hasta el año 2012 en que la empresa cerró el CDS por cambios globales en la estructura de la firma.

El GP cumplió con la totalidad de las obligaciones asumidas a excepción de la entrega del edificio (incumplimiento por el cual pagó una abultada multa a la firma, previamente acordada en el convenio). En torno a la radicación de esta empresa transnacional (ET) tuvo lugar un proceso interesante de consultas y negociaciones entre distintos actores del medio local, como las universidades públicas. Pero los resultados finales no fueron los esperados en cuanto a impacto en el empleo y cooperación tecnológica y comercial con el empresariado pequeño y mediano de la región. De todos modos, el GP definió como pilar de su política tecnológica dar continuidad a los incentivos a las ET de software. Frente al desembarco de Motorola y la política del GP en aquellos años, empresarios locales constituyeron el Cluster Córdoba Technology con el objeto de fortalecer a las pymes del sector. Con el tiempo la institución se consolidó transformándose en uno de los interlocutores principales del GP. A partir de esos primeros movimientos, diversas intervenciones estatales y acciones empresarias marcaron la expansión del sector.

La política sectorial del Estado nacional se sistematizó a partir de 2003 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, caracterizándose por su orientación al desarrollo de pymes. Ese año la Nación declaró a la producción de software como actividad industrial, lo que valió inicialmente para extender al sector los beneficios de la Ley de Promoción Industrial (principalmente exenciones fiscales). En 2004, luego de un intenso proceso de consulta con los actores públicos y privados del sector, se diseñó un Plan Estratégico de SSI con lineamientos y acciones previstas hasta 2014. También se aprobó en el Parlamento bajo propuesta del Ejecutivo nacional la Ley Nacional de Promoción de la Industria del Software, que entre otros instrumentos contempla importantes exenciones impositivas, ventajas para la importación de hardware y preferencia en la adjudicación de financiamiento público. Junto a la sanción de esta ley se creó el FONSOFT, que subsidia y otorga créditos blandos a las firmas del sector para la realización de proyectos innovadores, y se revalorizó el FONTAR, que abarca a la totalidad de la industria pero desde aquellos años se orientó parcialmente al sector de SSI con financiamiento de mayor envergadura para proyectos de mayor complejidad tecnológica. Los resultados de estas políticas a nivel nacional y local comenzaron a observarse con claridad durante el primer período presidencial de Cristina Fernández. De manera que la Nación dio continuidad a distintas políticas de fortalecimiento sectorial, como la definición de la producción de software como núcleo estratégico del Plan Industrial 2020 presentado en 2011 o la ampliación de los beneficios de la Ley de Software y su extensión hasta 2019 (refrendada por el Parlamento en 2012).

La política sectorial del gobierno provincial entre 2001 y 2006 se orientó principalmente a la radicación de distintas ET, lo que implicó una inversión muy significativa de recursos financieros e institucionales. En 2006 se radicó Intel, en 2007 Electronic Data Systems (hoy parte del grupo HP) y la productora de videojuegos Gameloft, y en 2008 Indra Company. Dichos convenios eran similares al firmado con Motorola aunque algo menos leoninos para las arcas del Estado y con plazos más reducidos. Desde 2007 hasta hoy se priorizaron los vínculos con los actores locales aunque sin descuidar los acuerdos con las ET. Ese año el GP, todavía en manos del PJ pero ahora bajo la gobernación de Juan Schiaretti, firmó un convenio con las instituciones representativas del software y la electrónica para extender los beneficios fiscales a las pymes y convocó a constituir una Mesa Sectorial conformada por los actores públicos y privados del sector (un espacio consultivo para la identificación de políticas y demandas sectoriales). En 2008 se acordó otorgar subsidios y créditos estatales a las pymes que se radicasen en un Parque Empresarial de propiedad privada a construir en las afueras de la ciudad, que se inauguró al año siguiente. Se crearon también programas de capacitación de RR.HH. en software. En 2011 el GP convocó a la Mesa a elaborar un Plan Estratégico de Software a 10 años que fue sancionado con fuerza de ley en 2012 en la Legislatura Unicameral. La nueva ley regional para el sector contemplaba principalmente la financiación compartida de las políticas sectoriales, la formación de los RR.HH. faltantes y la creación de la Fundación Córdoba TIC (entidad mixta, ya no consultiva sino directiva, destinada a centralizar las políticas sectoriales). La Fundación no llegó a cumplir sus funciones debido a que, luego de un nuevo cambio de gobernación a la que regresó De la Sota, el GP retiró el apoyo económico e institucional comprometido.

Ya en 2013, el GP convocó nuevamente a la constitución de una Mesa de iguales características que la primera, en la cual el sector privado participa a través de representantes del Cluster pero menos activamente, al igual que las universidades.

La acción empresaria en el sector local se caracterizó, del lado de las ET, por las negociaciones individuales para acceder a beneficios fiscales y financieros que permitieran rebajar los costos laborales y absorber los RR.HH. más calificados para proyectos tecnológicos destinados casi en un 100% a la exportación o el comercio intrafirma. Por el lado de las pymes, el Cluster es la organización que ha motorizado la mayoría de las iniciativas más importantes del sector privado local, entre las que se destacan las orientadas al desarrollo del mercado exportador, la capacitación de RR.HH. y la gestión de beneficios fiscales y económicos.

Para caracterizar al sector y su desempeño actual contamos, entre otras fuentes, con datos de una encuesta sectorial para el período 2008-2010 (en adelante, ESSI). Sin contar la producción que se genera por fuera del circuito mercantil, que es grande, variada y tecnológicamente relevante (como por ejemplo la vinculada al software libre). Dicha producción y sus impactos son difíciles de medir por un conjunto de razones, pero se da fuertemente en Córdoba y hemos captado su relevancia a partir de indagaciones cualitativas.

Incidencia de las políticas públicas y entorno de negocios

Según la ESSI, más de un tercio de las firmas cordobesas recibió subsidios del FONSOFT, el 14% del FONTAR y un tercio está inscripto en la Ley Nacional de Software. Casi la totalidad de las empresas valora muy positivamente el aporte de los subsidios y créditos para mejorar la calidad de los productos o servicios, aumentar el personal dedicado a innovación, generar innovaciones y aumentar las exportaciones. El aspecto cuestionado es el de los plazos burocráticos de los desembolsos. Es significativo que casi la mitad de las firmas está inscripta en alguno de los tres programas, contando para su desempeño con los estímulos financieros correspondientes. Respecto de los factores del entorno que las firmas perciben como favorables al desarrollo de su actividad, los empresarios destacaron la existencia de la Ley Nacional de Software, el rol del gobierno local y el rol del gobierno nacional. Entre los factores del entorno percibidos como negativos, los más citados fueron la relativamente escasa cantidad de RR.HH. especializados disponibles en el país, las carencias de la infraestructura IT y el tipo de cambio.

Desempeño económico de las empresas

Los datos disponibles de demografía empresaria muestran con contundencia la expansión del sector en los últimos años. En 2001 había unas 30 empresas operando en Córdoba (Informe de ADEC, marzo de 2002). En 2011 el sector contaba con 140 empresas sólo entre las reunidas en el Cluster, a lo que debe sumarse un número indeterminado de microempresas no pertenecientes a la asociación pero con un impacto significativo en la generación de empleo (este último se estima en unos 1.100 profesionales según datos del Cluster). A su vez, la actividad tiene una alta tasa de creación de nuevos emprendimientos: más del 60% de las empresas surgió durante el período de posconvertibilidad. Si se toma en cuenta el tamaño de las empresas según la cantidad de empleados se observa que si bien se encuestaron tres firmas multinacionales y dos nacionales de gran tamaño, en general tienden a ser pymes: más del 70% tiene menos de 40 empleados.

Con respecto al total de puestos de trabajo en el sector, el crecimiento durante la última década es considerable: en 2001 los sectores de informática y electrónica sumados empleaban a unas 800 personas, cifra que ascendió a 10.000 para 2008 atendiendo únicamente al total de puestos en empresas de software (revista Mercado, mayo de 2008). Como punto de comparación, el mismo informe señala que el sector automotriz había generado hasta ese año unos 6.000 puestos de trabajo. En cuanto al empleo de RR.HH. calificados, la cantidad de técnicos e ingenieros sólo en las empresas del Cluster creció de 180 en 2001 a 3.600 en 2010, a los que deben sumarse otros 10.000 puestos entre directivos, administrativos y demás tareas de soporte (Plan Estratégico de Software de la provincia). Hacia fines de ese año se estimaba que el sector presentaba una tasa de desocupación 0% y que se necesitaría incorporar unos 2.500 profesionales técnicos más para funcionar a pleno potencial. Según la ESSI, un 40% de las empresas de la muestra aumentó más del 50% su personal entre 2008 y 2010, y entre ellas el 50% lo duplicó o más que duplicó. En promedio, la tasa de crecimiento del empleo entre 2008 y 2010 fue del 8% anual. Por su parte, las empresas multinacionales habían empleado hasta 2010 a 1.500 personas según datos del Plan Estratégico de Software provincial, sin incrementar significativamente su personal en los años posteriores o incluso reduciéndolo en algunos casos. En efecto, Gameloft cerró durante ese año su planta de Córdoba incumpliendo con la cláusula de permanencia del convenio firmado con la provincia (5 años), despidiendo a la mayoría de los empleados y reubicando a algunos otros (sumado al cierre de Motorola en 2012 ya mencionado).

Estos indicadores convierten al sector de las pymes de SSI en uno de los mayores generadores de empleo en la provincia. A su vez, el desempeño y las capacidades de las empresas están fuertemente relacionados con el nivel de calificación y capacitación de los trabajadores, por encima de prácticamente cualquier otro sector productivo: según la ESSI, aproximadamente el 60% de los empleados tienen, como mínimo, estudios universitarios completos y otro tercio los cursa, un 80% de las firmas realizó capacitaciones orientadas a la innovación y más de la mitad afirmó que es frecuente que los trabajadores se capaciten también por su cuenta.

Las exportaciones muestran asimismo un buen desempeño: según la ESSI, el 62% de las empresas exportó parte de su producción en el año 2010 y en un tercio de esos casos lo exportado representó más de la mitad de la facturación de las firmas. Como proporción del Producto Bruto Geográfico de la provincia, la participación del sector SSI se ha mantenido en torno al 0,2% durante la década de los 2000 (PBG provincial a dos dígitos y Cuenta de Inversión de la Provincia, disponibles en www.cba.gov.ar).

Desempeño innovador

Puede afirmarse que se trata de un sector innovador, sobre todo respecto de las industrias manufactureras tradicionales. Uno de los datos más significativos surgidos de la ESSI es que la totalidad de las empresas hace algún tipo de esfuerzo orientado a la introducción de innovaciones. Los más frecuentes son: diseño de nuevos productos o procesos, actividades de I+D internas, programas de mejora continua y capacitaciones orientadas a innovación. El 98% de las empresas introdujo alguna innovación de producto, servicio y/o proceso entre 2008 y 2010, y resulta aún más llamativo que el 41% introdujo productos o servicios novedosos para el mercado mundial. El panorama es también alentador en relación con los impactos para las firmas de las innovaciones introducidas: en el 39% de los casos, estas les permitieron crecer internacionalmente, un 50% logró crecer a nivel local y un 11% declaró que las innovaciones introducidas les permitieron únicamente subsistir frente a la competencia.

Reflexiones finales

Nos interesa destacar en primer lugar la relevancia de las intervenciones estatales en el sector.

En el caso de la Nación se trata de intervenciones directas favorables al desarrollo de las pymes e intervenciones indirectas generadoras de condiciones macroeconómicas para el desarrollo industrial del país sin las cuales no habría sido posible el crecimiento sectorial.

En el caso del Estado provincial las intervenciones dirigidas a las pymes fueron tardías y de menor envergadura en relación con las orientadas a las ET, si bien en términos generales sirvieron para reforzar el crecimiento del sector en su conjunto. Si observamos la participación estable del sector en el PBG, vemos que la composición del sistema productivo de Córdoba no ha cambiado sustancialmente. Y si atendemos al potencial económico e innovador del sector consideramos que existe una ventana de oportunidad para que esa composición cambie, que debiera ser aprovechada para generar condiciones más favorables al desarrollo socioeconómico de la región. En términos globales la política económica de la provincia no se ha caracterizado precisamente por su orientación a la desconcentración del capital o a la mayor participación de los asalariados en el ingreso, sino más bien al fortalecimiento de la cúpula empresaria regional que constituye una base significativa de su poder político. Sin embargo, entendemos que la dinámica propia del sector de SSI que describimos y la tracción del entorno macroeconómico nacional han posibilitado que en algunos espacios del Estado prevalezca cierta racionalidad de la política industrial favorable al crecimiento de un sector con potencial de desarrollo genuino. Ello indica la importancia de considerar al Estado como un actor y un terreno relativamente heterogéneo, no monolítico, en el que existen resquicios donde incidir para promover un desarrollo socioeconómico con bases sólidas.

Hay, por supuesto, cuentas pendientes de las políticas públicas sectoriales en todos sus niveles, relacionadas principalmente con la orientación a la transversalidad de la producción tecnológica, el estímulo financiero a los emprendedores para crear empresas o desarrollar proyectos de mayor complejidad tecnológica y riesgo económico, y la adecuación de los instrumentos de financiación a los tiempos reales de producción. Por otro lado, la calificación de la mano de obra es alta y las exigencias son cada vez mayores. Ello resulta ampliamente provechoso para el desarrollo tecnológico actual de la industria pero puede contradecirse en un futuro no muy lejano con el objetivo estatal de la inclusión social si paralelamente no se impulsan iniciativas tendientes a la formación e inclusión profesional de la población en estas áreas, el acceso a la educación superior, la promoción de las vocaciones científico-tecnológicas, en fin, políticas claramente orientadas a la apropiación social del conocimiento. Existen y son adecuadas muchas acciones en este sentido pero urge multiplicarlas, sistematizarlas y difundirlas.

Con todo, es de destacar que el sector de SSI a nivel local y nacional constituye hasta hoy una industria no monopólica y no extranjerizada que debe ser fortalecida y transversalizada en los términos propuestos. Ello disminuiría además los riesgos de reprimarización de la producción en un país como la Argentina, rico en recursos naturales, en lo que Córdoba es también protagonista. La viabilidad de estos objetivos dependerá del juego de intereses diversos y contrapuestos que se ponen en tensión en procesos de desarrollo como el nuestro. Y sus resultados dependerán de la inteligencia crítica de las fuerzas políticas y sociales puestas o no al servicio del desarrollo nacional.