| Por Sebastián Gil | A partir de la Ley de Administración Financiera de 1992, el sistema de control argentino está regido por dos grandes organismos: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dependiente del Poder Ejecutivo, y la Auditoría General de la Nación (AGN), del Poder Legislativo. En el marco de los análisis sobre la gestión pública, estas entidades pueden detectar indicios de corrupción. Sin embargo, carecen de estructura, herramientas o productos diseñados para el monitoreo sistemático contra este tipo de delitos. Para ello, aún falta un mayor desarrollo de normativa y de procedimientos.