| Por Francisco Verbic | La Constitución nacional de 1994 habilitó la tutela procesal colectiva de los derechos de incidencia colectiva. Esta posibilidad se ha vuelto una importante herramienta para poner límites a políticas públicas y empresariales abusivas. El debate ocupa un lugar preferencial en la agenda académica y política. A continuación, algunas claves para entender de qué se trata.