| Por Enrique I. Groisman | La contraposición entre el modelo racional-burocrático y el gerencial puede ser objetada, toda vez que las normas jurídicas constituyen un requisito indispensable en el proceso de evaluación por resultados. El margen de libertad que las reglas confieren a los funcionarios debe estar limitado por dos tipos de controles: el de legalidad y el de razonabilidad. Bajo esta idea, la falta de precisión en los aspectos jurídicos constituye una debilidad del actual Plan de Modernización del Estado.