| Por Patricia Redondo | La presencia insuficiente del Estado contribuye a la cristalización de circuitos educativos excluyentes para la primera infancia. El reciente anuncio del gobierno respecto de la obligatoriedad de tres años esconde una realidad distinta, en la que la obligatoriedad de cuatro –sancionada en 2015– aún está lejos de cumplirse, y en la que las medidas económicas regresivas dificultan todavía más el acceso de los sectores populares a la educación temprana.