| Por Carlos Pérez Rasetti | La creación de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), en 1993, y la sanción de la Ley de Educación Superior, en 1995, marcaron las pautas sobre el modo en que se efectiviza la jurisdicción nacional sobre las universidades. Entre las diversas tareas de los organismos definidos por la nueva normativa figuran la orientación de líneas de financiamiento y becas; la supervisión de planes académicos, de investigación científica y de extensión, como también la coordinación de los procesos de evaluación y acreditación.