| Por Gonzalo Vázquez |

Desde hace años que los trabajadores, ante la pérdida o la dificultad de conseguir un buen empleo asalariado, se vienen dando como estrategia alternativa la conformación de emprendimientos productivos o comerciales autogestionados. Es decir: organizar su propio emprendimiento para obtener ingresos que les permitan vivir dignamente de su trabajo. Muchos trabajadores encaran este desafío individualmente, aunque siempre apoyados por el trabajo de parientes y allegados. Y muchos otros lo hacen asociativa y solidariamente con otros trabajadores, compañeros en sus búsquedas y dificultades. En cualquier caso, el desafío es enorme: lograr que esta actividad autogestionada se convierta en “su trabajo”, con el cual satisfacer sus necesidades cotidianas.

Hablamos, en general, de emprendimientos asociativos de trabajadores autogestionados: experiencias grupales en las que el trabajo y la cooperación ocupan el lugar central; en donde las decisiones se toman de manera relativamente participativa y democrática; en las que se producen bienes o servicios destinados a su venta para generar ingresos en dinero, y cuyo fin y sentido último es la reproducción de la vida de sus integrantes y de sus familias, es decir que están orientados hacia la satisfacción de sus necesidades y no hacia la acumulación de capital. Más específicamente, hablamos de emprendimientos asociativos barriales (puede ser desde una panadería hasta una radio comunitaria), cooperativas de trabajo (un taller de confección textil, una proveedora de servicios para la construcción, etc.), fábricas y empresas recuperadas (una imprenta, una clínica, un frigorífico, un restaurante…), entre otros emprendimientos que podemos observar cada vez más frecuentemente en nuestro país.

Ahora bien, sabemos que muchos de estos emprendimientos autogestionados enfrentan variadas dificultades para sostenerse a lo largo del tiempo: falta de recursos para la producción, financiamiento inadecuado, insumos caros, dificultades en la comercialización, conflictos internos, problemas legales y contables, precariedad laboral, sobrecarga de trabajo y remuneraciones e ingresos insuficientes… sólo para mencionar los problemas más comunes y generales.

Entonces surgen, en cada caso, inevitables, las preguntas acerca de su sostenibilidad: ¿será sostenible este emprendimiento? ¿Será viable este proyecto de trabajo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué tipo de ayudas y por cuánto tiempo?

La autosostenibilidad mercantil como sentido común y criterio dominante

Las respuestas a estas preguntas no son triviales ni simples. Aunque muchas veces –desde el sentido común– se responde sencillamente: “Si las ventas permiten cubrir los costos y obtener una diferencia de dinero razonable al final del proceso, entonces el negocio es viable”; en cambio, “si no se alcanzan a cubrir todos los costos o lo que queda no alcanza, la aventura llega a su fin y no hay vuelta que darle…”.

A esta mirada la podemos caracterizar como de autosostenibilidad mercantil, y plantea que cada emprendimiento debería obtener por su cuenta en el mercado todos los ingresos que requiere para cubrir sus costos y generar un excedente para distribuir entre sus integrantes; sólo en ese caso un emprendimiento podría ser viable o sostenible. Nuestra intención es complejizar esta mirada, incorporar otras perspectivas y criterios de análisis.

De todas maneras, partimos de la base de que la respuesta que acabamos de sintetizar es la más usual entre los propios trabajadores autogestionados, que se enfrentan en la práctica con las dificultades que les presenta la realidad del mercado y no tienen demasiadas herramientas para pelear frente a ella.

También es la mirada de la mayor parte de las políticas de promoción de este tipo de emprendimientos, tanto de las estatales como de las que se impulsan desde la sociedad civil. Estas intervenciones articulan apoyos iniciales para poner en funcionamiento o impulsar experiencias recién iniciadas, pero luego esperan que –en un corto o mediano plazo– los propios emprendimientos empiecen a ser “autónomos” y dejen de necesitar subsidios o ayudas externas.

Y es, también, lo que piensa la gran mayoría de “la gente común”: a estos emprendimientos les tienen que “cerrar los números” sin apoyo externo… Y, en un extremo, es la mirada que habilita la visión más negativa hacia las políticas de apoyo a este tipo de experiencias: “Si no son capaces de hacer un negocio rentable, que se dediquen a otra cosa, no tenemos que seguir manteniendo vagos con la plata de todos…”.

Nuevas formas de trabajo emergentes, socialmente necesarias

Ahora bien, nos proponemos reflexionar un poco más sobre este punto: los trabajadores autogestionados (organizados en cooperativas, asociaciones, microemprendimientos, etc.), luego de sufrir exclusiones varias (educativas, laborales y materiales de todo tipo), están abriendo nuevos caminos en nuestra sociedad. Además de producir bienes y servicios que son útiles para resolver necesidades (alimenticias, de vestido, de hábitat, etc.), generalmente están produciendo otros beneficios sociales, como la inclusión laboral y social de grupos sociales relativamente excluidos o vulnerados en sus derechos (desempleados, mujeres jefas de hogar, jóvenes sin experiencia laboral previa, personas con discapacidad, etc.). Están generando experiencias prácticas de formación en una nueva cultura de trabajo asociativa y autogestionada, así como de participación, solidaridad y democracia desde abajo.

¿Es lógico, entonces, que la sostenibilidad de este tipo de emprendimientos de trabajadores autogestionados se termine jugando exclusivamente en base a criterios de éxito mercantil? ¿No son las mismas lógicas y reglas de juego del mercado las que excluyen masivamente del empleo digno y del acceso a los bienes y servicios básicos? Si el sentido último de su actividad es la satisfacción de las necesidades del conjunto de sus miembros y no la acumulación de ganancias y capital, ¿tiene sentido que compitan de igual a igual con grandes empresas capitalistas que se manejan con otra lógica y no contemplan esos beneficios sociales en su accionar? ¿La racionalidad dominante en la competencia mercantil es compatible con la que se lleva adelante un emprendimiento asociativo de trabajadores autogestionados?

En fin, es el sentido común de la época con respecto a este tema lo que creemos que debe ponerse en discusión. No se trata de una discusión estéril ni meramente teórica, sino que se trata de enriquecer la mirada con la que actuamos como sociedad en relación con las nuevas formas de trabajo que están emergiendo a raíz de la crisis del capitalismo y del trabajo asalariado, y que van a ser cada vez más frecuentes en las próximas décadas.

¿Por qué afirmamos que estamos en presencia de una nueva forma de trabajo? No es la primera vez en la historia que se desarrollan formas asociativas y autogestionadas de organizar la producción y el consumo, pero en la actualidad están emergiendo como alternativa frente a la idea y la experiencia del trabajo asalariado y dependiente, dominante en nuestra sociedad desde hace muchas décadas. ¿Cuál es, si no, la idea de “trabajo” con la que se forman los jóvenes estudiantes? ¿Y cuando los adultos afirman que “falta trabajo” a qué se refieren? Seguramente que están pensando en el empleo bajo relación de dependencia, con un jefe, un horario preestablecido, un sueldo fijo… y si fuera posible, con cierta estabilidad, obra social, aguinaldo y vacaciones pagas. No existe en la actualidad una cultura del trabajo asociativo y autogestionado extendida entre los trabajadores, que en su enorme mayoría no consideran a ese tipo de actividad como un trabajo. Más de una vez hemos escuchado de boca de miembros de emprendimientos autogestionados frases como “dejé un tiempo el emprendimiento porque conseguí trabajo”, refiriéndose a un empleo dependiente, aunque fuera por poco tiempo y por poca plata, pero en mayor sintonía con sus expectativas (y las de la enorme mayoría de los trabajadores) acerca de lo que es “tener un trabajo”.

Por todo esto, consideramos que es necesario el desarrollo de una nueva idea y cultura del trabajo que incluya a las prácticas asociativas y autogestionadas como posibilidad y que se apoye en los conocimientos y saberes adecuados para llevarlas adelante con eficacia. Pero va a llevar tiempo para que esta nueva cultura se desarrolle… y no depende de lo que pueda hacer cada emprendimiento o grupo de trabajadores en particular, sino de lo que se haga a nivel de toda la sociedad, desde lo educativo, lo económico y lo político. Se trata de una cultura que se irá construyendo a partir de la práctica y la reflexión colectiva, y es un proceso que necesita ser apoyado desde el Estado y las políticas públicas.

Experiencias que necesitan del apoyo y la protección estatal para sostenerse y consolidarse

Si consideramos –conceptual y políticamente– que los emprendimientos asociativos de trabajadores autogestionados son organizaciones socialmente necesarias en el camino para que toda la población trabajadora tenga la posibilidad de acceder al trabajo y a la satisfacción de sus necesidades, entonces deben contemplarse otros criterios de sostenibilidad más amplios que el de la autosostenibilidad mercantil. Fundamentalmente, se debe considerar un claro papel promotor y protector por parte del Estado para con este tipo de organizaciones, y que se complementen los recursos que estos emprendimientos obtienen en el mercado, con otros recursos públicos, provenientes de una redistribución progresiva del ingreso y la riqueza.

Existen en la Argentina, desde hace algunos años, políticas estatales de promoción de este tipo de emprendimientos que subsidian el inicio del proyecto autogestionado aportando maquinarias e insumos para arrancar con la producción. Se ha discutido bastante si este subsidio es conveniente, necesario o legítimo. Estamos seguros de que sí lo es, pero también de que es insuficiente.

Son muchísimas las necesidades de estos emprendimientos que no pueden ser cubiertas con esos pequeños subsidios: empezando por los costos que implica sostener un espacio e instalaciones adecuadas en donde desarrollar las actividades productivas y/o comerciales, los medios de transporte para el traslado de las materias primas y de los productos terminados desde y hacia los mercados, los conocimientos y medios tecnológicos que les permitan producir con mayor calidad y capacidad de competir, los costos vinculados a la publicidad y comercialización de sus productos… sólo para nombrar algunas de las necesidades más comunes que los trabajadores autogestionados deben hacer frente para llevar adelante sus emprendimientos. Además del principal costo que no se contemplaba generalmente en los subsidios públicos: el de la remuneración al trabajo, que queda condicionado a la obtención de suficientes ingresos por ventas en los mercados, en los que ya dijimos que estos emprendimientos tienen muchas dificultades para competir con las empresas capitalistas que se manejan con otras escalas, otros medios tecnológicos, y también con muchos subsidios estatales.

Desde nuestra perspectiva, los subsidios a los emprendimientos asociativos de trabajadores autogestionados deberían ser muy amplios en su cobertura y sostenidos en el tiempo, y apoyamos y alentamos todo movimiento de las políticas públicas en este sentido (Argentina Trabaja, AUH, Progresar y otras, más allá de las críticas que podemos hacer sobre cada una de estas políticas). ¿Por qué? Porque es toda la sociedad a través del Estado la que debe hacerse cargo de la búsqueda que encarnan estas experiencias emergentes, así como de garantizar el derecho al trabajo y la satisfacción de las necesidades básicas de todos los trabajadores. Y porque estos emprendimientos no funcionan con una lógica de acumulación privada, sino que cumplen –como ya dijimos– un importante rol social, al integrar a trabajadores excluidos del empleo asalariado, y al sentar las bases para el impulso de otras formas de trabajo, de otra economía en la que todos puedan vivir dignamente.

¿Qué cuestiones deberían contemplarse para establecer los instrumentos y el nivel de la promoción y la protección estatal redistributiva destinada a estos emprendimientos? En principio creemos que el Estado debe garantizar, por un lado, el acceso a los bienes y servicios públicos necesarios para la reproducción de la vida de sus trabajadores (educación, salud, vivienda, seguridad social, etc.), y por otra parte el acceso a recursos públicos para el desarrollo específico de estas nuevas organizaciones de trabajo asociativo y autogestionado: el conocimiento científico-tecnológico para producir de la mejor manera posible, un marco legal propicio para desarrollar sus actividades sin los obstáculos que les imponen las normas vigentes favorables a las empresas capitalistas, la orientación prioritaria del poder de compra del Estado hacia sus productos, un financiamiento amplio y adecuado para sus diversas necesidades, etcétera.

Sólo una vez cumplido este papel del Estado garantizando el acceso de los trabajadores autogestionados a estos recursos públicos es que podría considerarse la sostenibilidad de sus emprendimientos a partir de los resultados de sus actividades mercantiles.

Un párrafo aparte merece el análisis de la capacidad de compra del Estado y la necesidad de que se oriente hacia este tipo de organizaciones. En las últimas décadas, ciertos actores de poder y sus ideologías vienen ejerciendo presión sobre los gastos e inversiones que realiza el Estado cotidianamente y han logrado instalar la idea de que el principal problema del gasto público es su “falta de transparencia y racionalidad económica”. En base a ello, se ha instalado el criterio de que “el Estado debe comprarle al proveedor que ofrezca el precio más bajo mediante licitación pública”, sesgando absolutamente la selección de los proveedores hacia las grandes empresas y dejando fuera de juego a las empresas pequeñas o autogestionadas por sus trabajadores. Consideramos que es necesario revisar la exclusividad de este criterio: el poder de compra del Estado debería orientarse hacia los proveedores que –además de los bienes o servicios requeridos– aportan otros beneficios a la sociedad y no sólo acumulan en beneficio propio. En particular, las compras estatales (pensemos en las compras de alimentos, de insumos para escuelas, mantenimiento de edificios y espacios públicos, etc.) deberían priorizar –siempre que fuera factible– a los emprendimientos de trabajadores autogestionados.

Otra idea del sentido común que puede y debe ser discutida es la que plantea que “lo económicamente racional es únicamente lo más eficiente”, es decir, lo que implica el menor costo para conseguir un determinado producto. Ello implica que si una empresa produce con un costo promedio más alto que alguna de sus competidoras, debería dejar de hacerlo. Ahora bien, las consecuencias de la desaparición o imposibilidad de funcionamiento de las empresas con niveles de productividad menores a las líderes en cada mercado se refleja en mayor desempleo, pobreza y exclusión. ¿No es necesario replantear que una actividad económica que genera productos que sirven para satisfacer necesidades puede ser racional aunque no sea la más eficiente? Si un emprendimiento es capaz de integrar trabajadores excluidos del empleo asalariado y al mismo tiempo producir bienes útiles para quienes los consumen, ¿no es económicamente racional que sea protegido para poder seguir existiendo, aunque no sea una producción totalmente eficiente y competitiva?

Desde nuestro punto de vista, claramente sí es económicamente racional desarrollar una planificación estatal de mercados solidarios de productos de emprendimientos autogestionados protegidos frente a la competencia de las grandes empresas capitalistas. Estas organizaciones económicas asociativas y autogestionadas pueden no ser individualmente “rentables” pero sí son “racionales”, porque generan trabajo, integración social y satisfacen necesidades para la vida.

Hacia la construcción política de la sostenibilidad colectiva para este sector

Para concluir con estas reflexiones, consideramos que la sostenibilidad de los emprendimientos asociativos de trabajadores autogestionados no puede seguir siendo planteada como autosostenibilidad mercantil. En cambio, proponemos una perspectiva de sostenibilidad plural y colectiva que se traduce en la práctica en tanto conjunto complejo de políticas, instituciones y recursos que colaboran para la reproducción de estas organizaciones y de los trabajadores que las integran.

No negamos la necesidad de desarrollar las capacidades emprendedoras de estas organizaciones, ni de mejorar su capacidad de producir con mayor calidad y eficiencia, pero creemos que su sostenibilidad se juega en mayor medida en la capacidad política y cultural para construir alianzas y relaciones de fuerza favorables para impulsar políticas de promoción y protección que permitan la sostenibilidad colectiva de todo el sector emergente de trabajo asociativo y autogestionado en el marco de un proyecto de transformación social de la economía orientada hacia el buen vivir para todos y todas.