| Por Luz Marina Mateo |

La presencia española en el territorio del Sahara Occidental data del siglo XIX y se consumó en 1885, cuando en la Conferencia de Berlín se procedió al “reparto” de África entre las potencias europeas. Esto marcó para el pueblo saharaui –y los pueblos africanos en general– el comienzo de la presencia del ego conquiro dusseliano como tal. Ese mismo “yo conquistador” español que se había expandido por gran parte del continente americano se haría presente (aunque con diferencias operativas respecto de América) en el Sahara Occidental, desplegando también allí su poder colonial instrumentado a través de clasificaciones y mecanismos de subalternización, instituyéndose en el centro a partir del cual, en una posición de superioridad, se relacionaría con la nueva periferia africana.

Si bien en este breve trabajo no podemos realizar un recorrido histórico exhaustivo por el contencioso, señalaremos algunos de los hechos más importantes en el seno del mismo, partiendo de que el proceso de descolonización iniciado en el continente en la segunda mitad del siglo XX (Marruecos, limítrofe con el Sahara Occidental, se independizó de Francia en 1956), dio como resultado que el territorio fuera inscripto en 1963 en la lista de Territorios No Autónomos con arreglo al Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas. Así, se reconoció al pueblo saharaui el derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia de conformidad con la Resolución de la Asamblea General 1514 del 14 de diciembre de 1960 y se estableció la responsabilidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la descolonización del Territorio.

La cuestión saharaui y los primeros pasos dados por la ONU

En 1965, las Naciones Unidas exigieron a España que cumpliera con las resoluciones relativas a abandonar los territorios ocupados. Nuevamente, en diciembre de 1968, la ONU reclamó la descolonización del Sahara Occidental. En 1970, las fuerzas colonizadoras reprimieron una de las más importantes manifestaciones de la época, conocida como el “Levantamiento de Zemla” (barrio de El Aaiún, capital del Sahara Occidental), liderado por Bassiri, intelectual y periodista que en 1967 había fundado el Movimiento para la Liberación Nacional. Sobre la manifestación del 17 de junio disparó el ejército español, dejando varios muertos y heridos y echando mano a la fuerza física en tanto instrumento de dominación sobre los seres subalternizados, la cual hasta entonces pocas veces había utilizado contra los saharauis y nunca con esa magnitud.

Tras el aplastamiento de la protesta de Zemla quedó abierto el camino para la lucha armada. Es entonces cuando se empieza a gestar el movimiento de liberación nacional que tomaría el testigo del liderado por Bassiri: el Frente Polisario (Frente Popular para la Liberación de Saguia El Hamra y Río de Oro). Esto fue el 10 de mayo de 1973 con el fin de alcanzar la independencia y desprenderse del dominio colonial español y tuvo como líder a un joven intelectual llamado El Uali Mustafá Sayed, quien cayó en combate el 9 de junio de 1976.

Paralelamente, la corona marroquí no dejaba de reclamar el territorio, por lo cual había recurrido en 1974 a la Corte Internacional de Justicia, la cual expidió su Opinión Consultiva el 16 de octubre de 1975, reconociendo a España como potencia colonizadora a partir de la proclamación del protectorado sobre el Río de Oro en 1884. En ese documento, la Corte determinó que si bien existían vínculos jurídicos entre el sultán marroquí y ciertas tribus del territorio, no existían vínculos de soberanía territorial entre Marruecos, Mauritania y el Sahara Occidental.

El avance marroquí, los Acuerdos de Madrid y la lucha armada

Hacia finales de octubre de 1975, el rey Hasan II de Marruecos inició una movilización que pasaría a la historia como la “Marcha Verde”, que implicó el traslado de más de 350 mil personas hacia la zona saharaui, para ocuparla. Esto fue acompañado con bombardeos de la aviación marroquí con fósforo blanco y napalm contra los civiles saharauis que emprendían el éxodo forzado hacia el desierto argelino. A esta Marcha Verde, del lado marroquí se la señala como el momento en que Marruecos expulsó al colonizador español de lo que considera su tierra, mientras que los saharauis la denominan “Marcha Negra”, porque significó el abandono compulsivo del territorio y dejó como saldo cientos de muertos, desaparecidos y heridos. A partir de allí, el nuevo colonizador (antes él mismo colonizado) recurriría a los mismos mecanismos que cualquier otro en pos de mantener su poder: uso de la fuerza física, explotación de los recursos naturales y, en el plano simbólico, la construcción de un “otro” inferior y subalterno que debe ser negado o silenciado y que necesita de la protección del colonizador para su supervivencia.

Con España acorralada por su propia debilidad política interna y el avance de Marruecos sobre el territorio, el 14 de noviembre de 1975 –pocos días antes de la muerte del dictador Francisco Franco– se firmaron los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los cuales España cedía la administración del Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania. Estos acuerdos son considerados ilegales desde el punto de vista del derecho internacional –dado que una potencia colonial no puede “ceder” un territorio colonizado por ella a otros Estados– y desde la perspectiva del derecho interno español, ya que no fueron publicados en el Boletín Oficial del país.

En una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU del 29 de enero de 2002, el secretario general adjunto para Asuntos Jurídicos, Hans Corell, se refería a la condición jurídica del Sahara Occidental expresando que los Acuerdos de Madrid no transfirieron la soberanía del territorio a Marruecos y Mauritania, ya que España no estaba facultada para realizar ese acto unilateralmente, por lo cual esos acuerdos no afectaron la condición internacional de Territorio No Autónomo que posee hasta hoy el Sahara Occidental.

El pueblo saharaui huyó hacia Argelia, y el 27 de febrero de 1976 el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). En ese período, Marruecos se quedó con dos terceras partes del territorio saharaui, mientras que el otro tercio (en el sur) había quedado en manos de Mauritania. En todo este proceso de retirada de España es necesario tener en cuenta el contexto mundial de Guerra Fría: Argelia había hecho su revolución expulsando a Francia y, a la vez, actuó como soporte del Frente Polisario (de allí que Marruecos sostiene que Argelia es parte en el conflicto, afirmando que el Frente Polisario es un instrumento geoestratégico y político argelino); Marruecos, por su parte, tenía el apoyo de Occidente (sobre todo de Estados Unidos y de Francia, como hasta hoy), que desconfiaba de los movimientos de liberación nacional, por considerarlos potenciales aliados del bloque soviético.

En 1979, Mauritania suscribió un acuerdo de paz con los combatientes del Frente Polisario, y desde entonces es solo Marruecos el que continúa afirmando tener soberanía sobre la zona, que incluye el área a la cual Mauritania había renunciado. Cabe señalar que una vez concluida la guerra con Mauritania, la RASD logró otros apoyos internacionales tanto en África como en América latina y el Caribe. Los grupos latinoamericano y africano impulsaron en las Naciones Unidas lo que más tarde derivaría en el actual proceso de paz de la ONU para el conflicto saharaui-marroquí.

En 1980, Marruecos comenzó a construir un muro en el desierto para impedir el avance del Frente Polisario. El mismo tiene alrededor de 2,5 metros de altura y una longitud aproximada de 2.720 kilómetros. En él instaló minas antipersonales, además de dividir en dos al pueblo saharaui, ya que una parte quedó en el territorio sobre el que Marruecos reclama soberanía y la otra se encuentra refugiada en los campamentos emplazados en territorio argelino.

Las consecuencias de la existencia del muro marroquí se hacen sentir en varios ámbitos que exceden el derecho internacional humanitario. Se denuncia que esta construcción tiene repercusiones políticas y legales porque aísla a los territorios ocupados y consolida la ocupación. A esto se agrega el impacto económico que implica el muro, ya que la separación física fomenta el desempleo de la población saharaui, el saqueo de los recursos naturales en la parte ocupada y la muerte de ganado por acción de las minas. También se denuncian las consecuencias sobre la seguridad por el minado, la destrucción de bienes culturales, el impacto psicológico y el perjuicio medioambiental por la alteración del suelo. En cuanto a las víctimas (personas muertas, heridas y/o mutiladas), se estima que al menos 2.500 de todas las edades han sido afectadas por las minas y municiones de racimo desde 1975.

El esquema de defensa estática que planteó Marruecos a partir de la construcción del muro no fue suficiente para neutralizar la acción del Frente Polisario, aunque el enorme desgaste no era sufrido solo por Marruecos, sino que también el ejército saharaui se encontraba afectado por los años de guerra. Es así como comenzó a barajarse la posibilidad de resolver la controversia por la vía pacífica.

El plan de paz

En 1979 –al retirarse Mauritania de la guerra–, la Organización para la Unidad Africana (OUA) comenzó su intento de solución del enfrentamiento.

El 27 de junio de 1981 se realizó la XVIII Conferencia en Nairobi, donde el rey de Marruecos se comprometió a la realización de un referéndum de autodeterminación, hecho que quedó plasmado en la Resolución 103 (XVIII). En 1983 se aprobó la Resolución 104 (XIX) en la Cumbre de Adís Abeba, que instó al rey de Marruecos a recordar que se había comprometido a realizar un referéndum, a la vez que fue la primera oportunidad en que la OUA emitió una resolución haciendo referencia al Frente Polisario como una parte del contencioso.

La tarea de la OUA fue acogida por Naciones Unidas, y en 1985 su secretario general inició una misión de buenos oficios que fueron el preludio de las propuestas de arreglo que el 30 agosto de 1988 aceptarían Marruecos y el Frente Polisario.

Ya con la caída del Muro de Berlín se propuso ese plan en el marco del Capítulo VI de la Carta –relativo a la solución pacífica de controversias con el consenso de las partes en conflicto– en donde se determinó que todo lo referido a la organización del referéndum de autodeterminación estaría a cargo del representante especial del secretario general, con quien colaboraría la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), a la vez que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se encargaría de repatriar a los votantes en el exilio. En ese período transicional se procedería al alto el fuego hasta que estuvieran disponibles los resultados del referéndum que, según el plan de arreglo, debería haberse celebrado en enero de 1992, pero no fue posible seguir el calendario original porque no había acuerdo sobre quiénes participarían con su voto.

En 1997, el secretario general de la ONU Kofi Annan designó a James Baker como enviado especial para el Sahara Occidental, quien abrió un período de negociaciones directas entre las partes, con Argelia y Mauritania como observadores. Al no llegar a un acuerdo sobre el número de votantes en el referéndum, el proceso de estancó. Con el fallecimiento de Hassan II en 1999 y la sucesión de su hijo, Mohamed VI, Baker presentó un proyecto de autonomía para el Sahara Occidental bajo soberanía marroquí. El Consejo de Seguridad rechazó esa iniciativa e instó al enviado especial a continuar las negociaciones.

Así, se presentó en 2003 el conocido como “Plan Baker II”, que determinaba un lapso de cuatro o cinco años en los que el Sahara Occidental gozaría de autonomía dentro de la soberanía marroquí, para luego realizarse el referéndum de autodeterminación. Esto fue rechazado por Marruecos ante la posibilidad de que, tras esos años de autonomía y gobierno del Frente Polisario, no arrojara un resultado conforme a sus intereses.

En abril de 2007, Marruecos presentó al nuevo secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la “Iniciativa Marroquí para la Negociación de un Estatuto de Autonomía para el Sahara”. Paralelamente, el Frente Polisario presentó a la ONU su alternativa de solución del contencioso denominada “Propuesta del Frente Polisario para una Solución Política Mutuamente Aceptable que Asegure la Autodeterminación del Pueblo del Sahara Occidental”, cuyo contenido era sustancialmente distinto al de la posición marroquí: incluía el derecho a la autodeterminación completa mediante un referéndum que contemplara la opción de independencia.

A partir de allí comenzaron rondas de negociaciones entre ambas partes bajo los auspicios del secretario general de la ONU, quien designó como enviado especial para el Sahara Occidental a Peter Van Walsum. En el marco de las mismas, se produjo en 2009 la renuncia de Van Walsum, quien fue reemplazado por Christopher Ross, quien hasta hoy cumple esa función. Cabe destacar que mientras Van Walsum fue rechazado por el Frente Polisario por sospechar que favorecía a Marruecos, Ross recibió una acusación similar por parte de la monarquía marroquí, que llegó a “quitarle la confianza” durante algunos meses en 2012, para luego volver a recibirlo en territorio de Marruecos pero sin permitirle visitar el Sahara Occidental.

En marzo de 2016, Ban Ki-moon realizó una gira por la región que incluyó los territorios liberados de la RASD, los campamentos de refugiados de Tinduf, la capital argelina y la capital mauritana, sin haber ido a Rabat ya que el rey de Marruecos manifestó no estar disponible para recibirlo. En su periplo, Ban Ki-moon hizo referencia a la “ocupación” del territorio del Sahara Occidental –una ocupación a la cual hacen mención las resoluciones del Consejo de Seguridad Nº 377 (22/10/75), 379 (2/11/75) y 380 (6/11/75) y las resoluciones de la Asamblea General Nº 34/37 (1979) y 35/19 (1980)–, lo cual desencadenó en que Marruecos expulsara al componente civil de la MINURSO asentado en El Aaiún. Seguidamente, el Consejo de Seguridad instó en abril de 2016 a Marruecos a restablecer plenamente al personal de la misión y las competencias que esta tiene. Recordemos que si bien una de ellas es supervisar el cumplimiento del alto el fuego, su principal objetivo debe ser la organización del referéndum de autodeterminación. Finalmente, parte de ese componente civil (25 de 73 personas) regresó a El Aaiún, según informó el Consejo de Seguridad en su reunión del pasado 26 de julio.

Entretanto, se produjo el fallecimiento del presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz, el 31 de mayo, por lo que el Frente Polisario realizó su Congreso Extraordinario (entre el 8 y el 9 de julio último) para elegir sucesión. Resultó electo Brahim Ghali, uno de los fundadores del Frente Polisario, que encabezó el primer enfrentamiento armado contra España el 20 de mayo de 1973. En el campo diplomático, integró la comisión negociadora para la descolonización en 1975 y formó parte del grupo de negociación con Hasan II y con su sucesor, Mohamed VI. En su discurso de posesión del cargo, Ghali no descartó la vuelta a las armas, lo que lleva a recordar que el Frente Polisario, en tanto movimiento de liberación nacional, podría volver a recurrir al uso de la fuerza.

El contexto africano

La RASD formó parte de la OUA desde 1984 –Marruecos se retiró por esa razón del bloque continental– y más tarde fue miembro fundador de la organización sucesora, la actual UA (Unión Africana). Sin embargo, Marruecos continuó manteniendo relaciones con el continente. En el seno de la UA, a partir de 2013 el tema saharaui parece haberse revitalizado tras un período de escaso tratamiento. El 26 de mayo de ese año la UA emitió –coincidiendo con la celebración de su 50º aniversario– una Declaración Final de su XXI Sesión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, en la que se expresa la necesidad de culminar el proceso de descolonización y proteger el derecho de autodeterminación de los pueblos africanos aún bajo dominio colonial.

El reclamo de la UA se reiteró en la Cumbre de Malabo de 2014, con la particularidad del nombramiento de un representante especial para el Sahara Occidental, cargo que recayó en el ex presidente mozambiqueño Joaquim Chissano, un experimentado dirigente del Frente de Liberación de Mozambique que desarrolló un rol clave en la lucha por la independencia de su país.

Una vez conocida la designación de Chissano, rápidamente el Ministerio de Relaciones Exteriores marroquí salió al cruce de la decisión calificándola de unilateral y acusando a la organización africana de alinearse ciegamente con la otra parte y de carecer de base jurídica, política o de legitimidad moral para intervenir.

Como última novedad, podemos señalar que en la XXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA, llevada a cabo en Kigali (Ruanda) el 17 y 18 de julio de 2016, trascendió la voluntad de Marruecos de incorporarse a la UA, manifestada a través de una carta del rey enviada a la presidencia del organismo. Sin embargo, la Comisión de la UA negó haber recibido una solicitud de admisión, al tiempo que emitió un comunicado en el que recuerda que la UA no contempla la expulsión de un Estado (sí la suspensión, en el caso de interrupción constitucional), haciendo tácita referencia a una posible intención de solicitud de expulsión de la RASD, que no solo es miembro fundador del bloque sino que, además, ha contado con el difunto Mohamed Abdelaziz como vicepresidente y que actualmente la representante saharaui ocupa la vicepresidencia del Parlamento Panafricano.

Algunas reflexiones

La historia de este conflicto inconcluso permite ver de qué manera la realpolitik aplicada desde los centros de poder mundial obstaculiza un proceso de descolonización. El pueblo saharaui lleva cuarenta años dividido entre los territorios anexionados por Marruecos, los campamentos de refugiados y la diáspora, sin que se haya podido realizar aún el referéndum de autodeterminación no solo por causa de no haberse arribado a un acuerdo entre las partes, sino también por el rol que históricamente ha jugado la comunidad internacional en este tema (de ignorancia o silencio) y, en especial, las potencias que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –sobre todo Francia–, junto con España, en su calidad de potencia administradora de iure hasta hoy.

Así, las Naciones Unidas proclaman, por un lado, el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y, por otro, mantienen el contencioso en el marco del Capítulo VI de la Carta en busca de una solución mutuamente aceptable por las partes, aun cuando una de ellas se ha manifestado públicamente sobre el tema negando la posibilidad de una autodeterminación que contemple la opción de independencia, hecho que ameritaría que el Consejo de Seguridad arbitre otros mecanismos que obliguen a la realización de un referéndum con arreglo a ese derecho internacional que las propias potencias elaboraron y declaman y que debería ser cumplido por quienes ellas mismas determinaron como sujetos de ese derecho.

Subalternizado en su poder, su saber y su ser, el pueblo saharaui lucha no solo por sus reivindicaciones políticas y económicas sino también por sus derechos culturales y su posibilidad de toma de la palabra, para que su situación no quede invisibilizada en los desvanes de las agencias mediáticas permaneciendo oculta a la opinión pública internacional.

Fuente: Sogaps, 2016.