| Por Marcela B. Colombo |

“Inundaciones en Tucumán”, fue el título de numerosos artículos periodísticos en distintos medios de comunicación en los primeros días de marzo de 2015. La provincia de Tucumán posee un clima subtropical de tipo monzónico, donde los mayores volúmenes de las precipitaciones se registran durante los meses de verano; esto es, ciclos anuales que indefectiblemente se repiten, y sin embargo, casi todos los años se registran inundaciones, aunque no se recuerda en el pasado reciente tanta virulencia del fenómeno y sus consecuencias cercanas a la catástrofe social. Emergen en consecuencia los eternos interrogantes: ¿fueron realmente las lluvias fuera de lo común lo que generó estos cuadros de desolación? ¿Se pudo haber prevenido? ¿Estaba la infraestructura preparada para soportar tal volumen de agua? ¿Existe un plan de ordenamiento territorial? ¿Existe un plan de mitigación de contingencia? Y si existe, ¿se cumple? En definitiva, ¿quiénes son los responsables?

A los impactos que en 2015 dejaron las tormentas en el territorio provincial (puentes derrumbados, rutas provinciales cortadas, pueblos aislados, más de 10.000 damnificados, emergencia sanitaria, miles de hectáreas con caña de azúcar anegadas, predios hortícolas arrasados), se le debe sumar lo que según cifras oficiales demandará al erario público la reconstrucción básica, calculada en unos trescientos millones de pesos.

No faltaron advertencias ni información por ausencia de estudios de base. Numerosos trabajos de investigación realizados desde la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) cumplieron acabadamente con estos cometidos.

“Hace 10 años la UNT elaboró un plan director referido exclusivamente a la ladera oriental de la sierra de San Javier, desde Tafí Viejo hasta El Manantial. Era para preservar Yerba Buena. Se hablaba de obras que había que ir haciendo para mitigar la acción de las tormentas: lagunas de detención al oeste de la avenida Perón, retomar el viejo arroyo El Manantial para aliviar el canal Sur y varias obras menores. Los proyectos están pero nunca se hicieron”, señala en La Gaceta del 16 de marzo de 2015 Sergio Pagani, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología.

Otro yerro que saltó a la vista tras las trágicas tormentas fue el de los controles. Los profesionales consultados aseguran que un puente de dos años de vida no puede caerse y que en consecuencia estuvieron mal planificados o mal construidos. Los expertos añaden que en las cátedras de Hidráulica de la carrera de Ingeniería Civil se estudia cómo deben ser las obras y su mantenimiento en una zona con un clima como el tucumano, según la cantidad de milímetros de agua caída y el tiempo de duración del fenómeno climático.

“Tucumán estuvo en Emergencia Hídrica, por ley, desde 2007, justamente por efecto de las inundaciones. En 2012 (ley 8.652) se prorrogó esa norma por dos años. Con ella, el Poder Ejecutivo, a través de la Comisión de Emergencia Hídrica, pudo utilizar recursos públicos sin ‘engorrosos’ procesos de licitación, ni cotejo de precios ni nada. Además, debía contemplar la planificación de obras y su ejecución para evitar nuevos desastres”, indica Indalecio Francisco Sánchez en un artículo también aparecido en La Gaceta el 14 de marzo pasado.

Recursos e información fueron dos insumos que precisamente no faltaron en el caso de referencia.

En el mismo diario, pero dos días antes, José Nazarro escribió: “Los ingenieros sostienen que la planificación de obras para mitigar las crecientes debe hacerse teniendo en cuenta una variabilidad climática que llevará de situaciones de sequías a inundaciones en pocos meses. Cuando se produce un proceso de sequía, la gente se empieza a preocupar. Pero en cuanto caen las primeras lluvias, el tema parece perder interés. Algo similar ocurre con las inundaciones. Cuando estos fenómenos pasan, no siempre se sigue trabajando con las medidas necesarias para evitar que vuelvan a producirse. ¿Cuáles son esas medidas que el gobierno debería aplicar en forma permanente? Limitar los desmontes, el control de los tipos de cultivos, la generación de bosques ribereños, frenar los asentamientos urbanos en los márgenes, encauzar los ríos y los arroyos… y la lista sigue”.

La gestión ambiental (eso que hace que las cosas efectivamente sucedan), el llevar las ideas, los planes, los programas, los proyectos a la práctica concreta, implica conocimientos complejos, que asocian múltiples disciplinas que van desde lo social hasta las ciencias exactas.

Enrique Leff afirma en Saber ambiental: Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder, que la resolución de una problemática ambiental que oriente la transición hacia un desarrollo sustentable plantea la movilización de un conjunto de procesos sociales, a saber:
• La formación de una conciencia ecológica.
• La planificación transectorial de la administración pública.
• La participación de la sociedad en la gestión de los recursos ambientales.
• La reorganización interdisciplinaria del saber, tanto de la producción como en la aplicación de conocimientos.

Allí dice: “La posible desconstrucción de la racionalidad capitalista y la construcción de una racionalidad ambiental, pasa pues por la confrontación de intereses opuestos y por la concertación de objetivos comunes de diversos actores sociales”.

La constitución de una racionalidad ambiental y la transición hacia un futuro sustentable plantean cambios que trascienden a la confrontación de dos lógicas (económica-ecológica) opuestas. Es un proceso político que moviliza la transformación de ideologías teóricas, instituciones políticas, funciones gubernamentales, normas jurídicas y valores culturales de una sociedad, que se inserta en la red de intereses de clases, grupos e individuos que movilizan los cambios históricos, transformando los principios que rigen la organización social.

La racionalidad ambiental no es pues la extensión de la lógica del mercado hacia la capitalización de la naturaleza, sino la resultante de un conjunto de significaciones, normas, valores, intereses y acciones socioculturales; es la expresión del conflicto entre el uso de la ley (del mercado) por una clase, la búsqueda del bien común con la intervención del Estado y la participación de la sociedad civil en un proceso de reapropiación de la naturaleza, orientando sus valores y potenciales hacia un desarrollo sustentable y democrático.

El camino privilegiado para alcanzar esta racionalidad ambiental es el de la educación, que en este terreno se encuentra con algunos escollos que se presentan difíciles de sortear, tales como:

• La formación reduccionista: la división infinita de la realidad en múltiples pequeñas realidades ha terminado por segmentar excesivamente la visión científica y el conocimiento de los objetos de estudio, errando en muchos casos los diagnósticos de los problemas. Las sociedades funcionan como los sistemas naturales: como todos articulados, donde el cambio o alteración de una parte afecta al todo, donde la parte no puede explicase sin el todo y el todo se debe a la interacción e interdependencia de sus partes. De allí la necesidad del holismo para aproximarse científicamente a la realidad, lo que a su vez sólo es posible materializar en la interdisciplinariedad, capaz de integrar los diferentes conocimientos.

• Ambientalización del conocimiento: el filósofo francés Edgar Morin sostiene acertadamente que “en la escuela hemos aprendido a pensar separando. Aprendimos a separar las materias: la historia, la geografía, la física, etc.”. Podríamos seguir… la biología, la química, la sociología, la política, la economía, la psicología, la antropología, la matemática, en fin, la racionalidad científica imperante en la época moderna atomizó el conocimiento, dividiéndolo en múltiples monodisciplinas, cada una separada e incluso concurrente de las otras. Esta forma fraccionada de pensar ha tenido consecuencias funestas para la preservación y reproducción sustentable de los recursos naturales y para el desarrollo de las sociedades. Se ha traducido en pérdida de biodiversidad y de diversidad cultural, ambas base fundamental del sostenimiento de la vida natural y humana. Las ciencias ambientales, al estudiar el impacto de la acción transformadora del hombre sobre los sistemas naturales, está obligada a unir las partes, a reunificar el todo, integrando las diferentes visiones.

Al respecto, Manfred Max-Neef afirma que la nueva realidad y los nuevos desafíos obligan ineludiblemente a la transdisciplinariedad. Es la cuestión de la creciente magnitud y complejidad la que determina la transformación de problemas con claros contornos disciplinarios en problemáticas generadoras de difusos entornos disciplinarios. Sólo el enfoque transdisciplinario nos permite comprender, por ejemplo, de qué manera la política, la economía y la salud han convergido hacia una encrucijada.

La fragmentación cognoscitiva también puede ser llevada al plano de la gestión de los recursos naturales.

Otra vez en La Gaceta, el 22 de marzo, Federico van Mameren nos dice: “…una burocracia cómplice que ayuda distraer responsabilidades en la vida del agua en Tucumán. Desde que ella comienza a correr, hay una mezcla de incumbencias que sólo desconciertan y lavan culpas en vez de encauzar el trabajo. Cuando el agua está circulando por un río o algún canal, el control de ese líquido es de la Dirección Provincial del Agua. En el instante en el que esa agua ingresa en un canal de riego, pasa a ser jurisdicción de la Dirección de Recursos Hídricos. Esta tiene el poder de policía sobre el agua y sobre las obras hidráulicas, y depende de otro ministerio, el de Desarrollo Productivo. Pero si el agua se destina para que sea bebida por los tucumanos, le corresponderá a la SAT, con dependencia directa al gobernador. Y si en vez de ser destinada a los caños de los hogares de los municipios principales va a las comunas, la administración del líquido queda en manos del Sepapys. Sin duda son demasiados ‘dueños’ de un mismo recurso, y si no tienen un aceitado funcionamiento es más fácil que se pierdan en la burocracia de cuatro instituciones que dependen de dos ministros y del gobernador”.

Los límites tanto de la sociedad como de la naturaleza no son unidireccionales. El reconocimiento de los límites de la naturaleza implica límites sobre la sociedad y las nociones de que no son necesarios los límites en la sociedad implican el quiebre de límites en la naturaleza. O los límites de la naturaleza son respetados y la actividad humana se limita dentro de umbrales ecológicos, o los límites de la naturaleza son desatendidos y violados para explotar a la naturaleza para la codicia y el consumo ilimitados de la sociedad. El “desarrollo” de los recursos naturales ha implicado básicamente una ruptura de los límites de la naturaleza con el fin de satisfacer las ilimitadas demandas de un mercado que ve la expansión ilimitada como esencial para el lucro.

En la economía de mercado, el principio organizador para la relación con la naturaleza es la maximización de las ganancias y la acumulación de capital. Las necesidades de la naturaleza y las necesidades humanas son manejadas mediante mecanismos de mercado.

El principio organizador del desarrollo económico basado en la acumulación del capital y el crecimiento económico desvaloriza todas las propiedades y procesos, de la naturaleza y de la sociedad, que no tiene precio en el mercado y no son insumos para la producción de mercancías. Esta premisa genera muy frecuentemente programas de desarrollo económico que apartan o destruyen la base de la naturaleza y de la gente para la supervivencia, tal el caso que nos ocupa.

A modo de síntesis sobre el estado del arte que de acuerdo a un grupo de especialistas, pusieron en jaque a una de las provincias más importantes del norte argentino, se puede listar, siguiendo lo aparecido en el artículo “Los seis problemas que pusieron en jaque a Tucumán por las lluvias”, aparecido en La Gaceta del día 15 de marzo de 2015:

1) Falta de obras y de mantenimiento de los sistemas de desagües y en los cauces de ríos.
En esto coincidieron todos los consultados. Según dijeron, Tucumán bajó la guardia: no invirtió en poner a punto los canales y tampoco se preocupó por bajar los cauces de los ríos, que estaban muy altos a raíz de los años de sequía que vienen caracterizando la provincia. Debajo de los puentes había muy poco espacio para que pase el agua y por eso muchas de estas estructuras colapsaron.

2) Falta de controles de las leyes y reglamentación vigente.
No hay controles sobre los sitios de la provincia en los que se puede desmontar (Ley de Bosques), en cuáles construir y en cuáles no porque son áreas de riesgo ni en qué partes de los ríos se pueden extraer áridos sin afectar su cauce normal. Tampoco hay controles sobre los asentamientos cercanos a los canales y sobre la peligrosísima práctica de arrojar basura en estos desagües. Y no hay más exigencias en las construcciones que se hacen en zonas de riesgo, dijeron los especialistas.

3) Deforestación.
Los desmontes son responsables en un 70% de las inundaciones en Tucumán, según el titular de la Dirección Provincial del Agua. El desmonte duplicó, según los especialistas, la cantidad de líquido caída desde los cerros. Además, los ríos sufrieron la alteración de su entorno geomorfológico por la deforestación salvaje, dijeron geólogos. También la extracción de áridos aportó al desastre.

4) La falta de un sistema de alerta para estas situaciones.
Es necesario monitorear la actividad de cada una de las cuencas y hacer un seguimiento sostenido del clima y las lluvias. Esta situación debería haber estado prevista, sostuvo un experto. Se necesita un relevamiento catastral topográfico y programas informáticos que permitan saber cómo se comportaría nuestro sistema de desagüe ante sucesos climáticos inesperados.

5) Desorden territorial.
Todas las ciudades y pueblos crecen a pasos agigantados sin planificación alguna. Se construye y urbaniza en lugares inundables, en cauces o llanuras impactadas por los ríos, se impermeabilizan los suelos y esto genera que muchas áreas se conviertan en verdaderas trampas de escurrimiento del agua en ocasiones de tormenta.

6) La sucesión de lluvias intensas.
Desde diciembre de 2014 hasta marzo de 2015, el agua caída en muchas partes de la provincia superó los promedios esperados. Los suelos quedaron saturados de agua y no soportaron la sucesión de lluvias intensas que cayeron en el período referenciado.

Sin embargo, el factor principal sobre el que se debería concentrar los esfuerzos para lograr que esta tragedia no vuelva a suceder sería acordar, en el marco de los preceptos de la racionalidad ambiental, entre los distintos sectores de la comunidad, qué desarrollo queremos, necesitamos y nos merecemos, en función de los nuevos paradigmas y usos tecnológicos para lograr una comunidad más equitativa.