| Por Dora Barrancos |

Muy cerca de finalizar 2005, el presidente Néstor Kirchner, en el marco de las notables transformaciones que había puesto en marcha, tomó una decisión que habría de modificar radicalmente las concepciones más acrisoladas de las instituciones de Defensa: el nombramiento de Nilda Garré como ministra del área. Su paso por la cartera representó una de las más sobresalientes intervenciones para conmover sentimientos y sensibilidades misóginas y avanzar en el camino de la equidad de género en los organismos de Defensa.

Debe decirse que el feminismo ha manifestado dificultades en admitir la participación de las mujeres en la esfera de la defensa y la seguridad, y que se constata un cierto rechazo a sostener como legítima la profesionalidad femenina en estos campos. Algunas contribuciones no son sólo intolerantes con esta perspectiva, sino que han elaborado teorías acerca de una contradicción en los términos, algo semejante a sostener que la condición femenina per se resultaría incompatible con cualquier circunstancia bélica, y no han faltado las argumentaciones acerca de las especiales cualidades de las mujeres para oponerse a las contiendas armadas. En verdad, tales razonamientos anclan en concepciones esencialistas sobre los comportamientos de las mujeres –y de los varones– que pregonan especularmente sobre su “naturaleza” conciliadora y antibeligerante. En consecuencia, sostienen que sería inherente al virtuosismo femenino la conducta pacífica, el alejamiento de los conflictos y el ánimo antiguerrero por antonomasia.

Estas ideaciones no son sólo incorrectas, sino que paradójicamente abonan la discriminación femenina. Debemos alegar que para toda la humanidad, tanto para las mujeres como para los varones, lo más trascendental es sostener comportamientos que conduzcan a evitar las guerras ya que, como señala Semprún, estas “pueden ser justas pero los ejércitos nunca son inocentes”. No podemos dudar de que las guerras son degradantes y que la mayoría de las veces lo son debido a la doble hélice, por los principios en que se basan y por los horrores que causan. Resulta innegable que el sistema patriarcal, determinante de la dominación masculina, es en gran medida el responsable de la enorme mayoría de los conflictos sangrientos de la humanidad. Tal como sostenía Virginia Woolf en su notable “Tres guineas” –publicado en 1938 y que puede ser considerado como uno de los alegatos más notables acerca de la responsabilidad que han tenido los varones en las beligerancias entre naciones–, la exclusión de las mujeres del dominio público, su completo apartamiento del proceso de sanción de leyes y su ausencia en el orden de la gobernanza, han despejado cualquier supuesto sobre su culpabilidad. Pero Woolf no afirmaba, en absoluto, que las mujeres fueran más sensatas e impolutas, sino que simplemente no podía atribuírseles las decisiones que habían correspondido a los varones debido al dominante estatuto patriarcal. De cualquier modo convendría recordar que a menudo las mujeres realizaron acciones para que las guerras llegaran a su fin, tal es el caso de grupos socialdemócratas durante la Primera Guerra –ocasión que dio por tierra con el pregonado internacionalismo–, y que el Premio Nobel de la Paz ha sido acordado en repetidas ocasiones a mujeres, más que a varones, comenzando por la notable condesa Bertha von Sutter, en 1905.

Pero más allá de las responsabilidades y de la justicia o no acerca de las guerras, de su mayor o menor justificación, no hay cómo obviar la participación femenina. No es necesario ir muy atrás en las épocas ni en las latitudes y basta observar la agencia femenina en las guerras de la Independencia, en las luchas civiles que asolaron nuestro suelo, en las batallas en que dirimieron diferencias políticas después de Caseros, en las formas de resistencia y en la acción armada del siglo pasado. Las conflagraciones no pueden reconocerse sólo como acciones masculinas, aunque tampoco puede discutirse que debido a la hegemonía conferida a los varones por el sistema patriarcal, a su exclusiva intervención normativa y gubernamental, las guerras han sido centralmente su responsabilidad.

Con el creciente reconocimiento de los derechos de las mujeres ocurrido a lo largo del siglo pasado –y muy especialmente en la segunda mitad–, no puede omitirse la participación de las mujeres de ninguna institución legítima y legal del orden social, aun bajo el fundamento de que por imperio de sus funciones pueden acarrear calamidades. Una exclusión tal representa una merma del estado de ciudadanía, una desconsideración del principio de igualdad y en todo caso sólo puede ser leída como una imposición patriarcal discriminante. Debe pensarse que la construcción social y cultural de los géneros ha implicado sensibilidades, configuraciones mentales y formas de comprensión de la realidad que entrañan puntos de vista diferentes, pero fundamentales para complejizar los análisis y las resoluciones. Ninguna institución puede democratizarse si no comienza por integrar de modo paritario a los géneros.

La saga valorativa de la equidad

Las mujeres fueron admitidas en las fuerzas armadas del país en los denominados “cuerpos profesionales” entre 1980-1982 en el nivel de suboficiales –aunque la Fuerza Aérea fue la primera en dar el paso–. También su inclusión en el segmento más calificado de oficiales ocurrió por esos años, pero la primera en hacerlo fue la Armada, en 1982, aunque se las consideraba en cualquier caso personal “de reserva”, de modo que no tenían el mismo reconocimiento que los varones. Durante el período dictatorial, por lo tanto, las mujeres no pudieron ingresar al corazón duro de las estructuras militares, esto es a los llamados cuerpos comandos, allí donde la posibilidad de entrar de modo directo en contiendas bélicas sólo era función de varones. Con la reapertura democrática apenas se alteró el cuadro con la admisión paulatina de un mayor número de mujeres en los “cuerpos profesionales”, de modo que abogadas, médicas, bioquímicas, ingenieras, para señalar algunas de las especialidades universitarias, pudieron instalarse en el escalafón de las “oficiales”. Tal vez la más importante de las modificaciones ocurrió en 1997, cuando las puertas del Colegio Militar de la Nación se abrieron a las mujeres aunque estuvieran impedidas de hacer carreras en algunas especialidades tales como infantería, caballería, justamente por su carácter de cuerpos comandos que se consideraban impropios de la condición femenina.

Cuando Nilda Garré se hizo cargo de la cartera de Defensa tenía claro que el proceso de democratización de las Fuerzas Armadas –tras su envilecimiento como protagonistas principales del terrorismo de Estado– debía incluir una alteración de los patrones relacionales de género. Había allí una clave para la posibilidad de re-instruir a los integrantes de cada arma, revisitando las subjetividades y los dispositivos mentales puesto que uno de los objetivos centrales de la transformación de las actitudes y los comportamientos se cifraba en la posibilidad de al menos mitigar los reflejos patriarcales. “La inclusión de la transversalidad de género en el ámbito de la Defensa –manifestaba Garré en 2010– al producir las condiciones normativas y materiales para garantizar la integración igualitaria de la mujer en una institución que tradicionalmente fue pensada como un espacio social masculino, implica entonces avanzar en la consolidación de nuevos paradigmas sobre las Fuerzas Armadas”. Entre sus decisiones iniciales estuvo la propia composición del gabinete que llevó a un grupo de expertos entre las que se contaban asesoras muy esclarecidas en la perspectiva de incidir sobre la democratización de las fuerzas haciendo foco en las relaciones de género. Era notable la supervivencia de normas que también limitaban los derechos de privacidad a los propios varones. Las formas articuladas verticales de la noción de mando, prevaleciente en las instituciones militares –aunque no exclusivamente en estas–, a menudo suelen adherir a supuestos de autoridad que no son sino expresiones autoritarias, en las que funge una concepción integrista público/privado, sin solución de continuidad. Tal lo que ocurría con algunas reglas institucionales que alcanzaban de modo ignominioso la vida privada y que fueron extintas durante el ministerio Garré.

En 2007 se llevaron adelante dos propuestas convergentes para iniciar el camino de la equidad. Por una parte se creó el Observatorio de la Mujer con el objeto de identificar la situación de los planteles femeninos, sus lugares de revista, las condiciones generales del desempeño, y de este modo pudo mapearse adecuadamente lo que ocurría en cada fuerza. Se conocían algunas circunstancias de acoso, no pocas de trato humillante y de violencia familiar, pero las actuaciones eran como mínimo titubeantes y se carecía de protocolos para la intervención. El Observatorio tenía como objetivo la producción de datos estadísticos y encaró una encuesta que permitió insumos fundamentales para la toma decisiones en materia de género.

La ministra Garré, que había dispuesto conmemorar con todo su significado el Día de la Mujer en la cartera, decidió la realización de una serie de conferencias destinadas a visibilizar la participación de las mujeres en la historia y muy especialmente a focalizarlas en sus capacidades activas relacionadas con acciones bélicas y de resistencia. Quien esto escribe cooperó en el desarrollo de ese ciclo –bajo el nombre “Las mujeres y sus luchas a través de la historia argentina”– que tuvo el carácter de una revisión histórica a cargo de diversas voces de la vida académica, y fungió como cauce interpretativo en consonancia con la voluntad de invertir el relegamiento femenino. Se trataba de un empeño difícil, y no sólo por el acendrado comportamiento patriarcal de los cuadros militares, sino por las propias circunstancias del contexto social que irradiaba –e irradia– construcciones simbólicas empeñadas en la subordinación de la “naturaleza” femenina. Para la ministra y su equipo era necesario promover acciones antidiscriminatorias sobre la base de un sólido soporte interpretativo, se imponía un marco de debates y de acuerdos que pudieran proponer medidas transformadoras y fue así que se creó el Consejo de Políticas de Género para el Ámbito de la Defensa que, tal como ha narrado Masson, fue una “articulación de saberes militantes, compromisos académicos y experiencias personales”. En efecto, a partir de 2007 la integración del Consejo permitió que un cierto número de mujeres que proveníamos de diferente formación y experiencia académica –y no hay cómo soslayar el carácter plural de las procedencias–, tomáramos contactos con las representantes de las diversas fuerzas y organismos de defensa y pudiera andarse un camino inédito de reflexiones, a menudo bajo la forma de debates intensos –pero también de una intensa posibilidad de conocimiento mutuo–, que pudieron orientar medidas transformadoras. Sin duda, fue la decisión inquebrantable de la ministra Garré y de su equipo lo que inició la saga en gran medida pionera en América latina. No puede dejar de mencionarse el papel cumplido por la Dirección de Políticas de Género, dependiente de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, por las mujeres que la integraron, o estuvieron directamente vinculadas, y la convicción de su tarea: Ileana Arduino, Sabina Frederic, Malena Derdoy, Stella Segado.

Normas relevantes para la equidad de género

Entre las resoluciones que cambiaron de modo notable el ámbito de la Defensa en materia de relaciones de género, se encuentran:

a) En 2006 se dispuso que no podían excluirse a las alumnas embarazadas, lactantes, y en general a quienes eran madres, del Colegio Militar de la Nación ni de la Escuela de Aviación. Piénsese que hasta ese momento la situación de embarazada determinaba la exclusión de estos establecimientos. En 2009 se extendieron las regulaciones relacionadas a embarazadas en todos los ciclos formativos.

b) En 2007 se limitaron determinadas actividades a las embarazadas y lactantes –antes de cumplimiento inexorable–. Se trata de acciones de tiro, combate, orden cerrado, que pueden significar riesgo para las protagonistas.

c) Se restringió (2007/2008) el uso de armas –imposibilidad de portarlas y transportarlas– al personal denunciado por violencia familiar o interpersonal.

Durante el año 2008 hubo una serie intensa de disposiciones, entre las que se destacan:

d) La inclusión de las mujeres en las correspondientes Juntas de Calificación del Personal Superior y Subalterno. Esta disposición fue ampliada con extensión cabal por el decreto presidencial 1173/2010.

e) La creación de las Oficinas de Género en las diferentes fuerzas armadas. Este paso ha significado, entre otras cosas, la posibilidad de recibir denuncias sobre violencia y actuar con protocolos adecuados.

f) Se formuló el plan relativo a Jardines de Infancia y Paternidad Responsable en los organismos militares. La medida tendió a resolver ingentes demandas de muy diversas unidades.

g) El ministerio creó un grupo de análisis destinado a incorporar la perspectiva de género en las operaciones internacionales de mantenimiento de protocolos de paz e hizo sucesivas acciones para sustentar este punto de vista.

Otras reformas de fuste han sido:

h) En 2009 se determinó que las mujeres pudieran integrar las agregadurías militares en el exterior. Hasta ese momento, sólo los varones militares podían ser designados en esos cargos de representación.

i) En 2011 se amplió la licencia por paternidad, un reconocimiento singular acerca de la corresponsabilidad de los cuidados.

j) También en 2011 el ministerio hizo un reconocimiento explícito a las mujeres combatientes durante la denominada Guerra de Malvinas.

Modificaciones sustanciales vinculadas a las relaciones de género, y que han significado extender derechos constitucionales a los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, pueden así enumerarse:

1) En octubre de 2006 se eliminó la disposición, por completo enfrentada con las normas constitucionales, de prohibir a los militares el reconocimiento de hijos “irregulares”. Se trataba sin duda de una norma basada en un arquetipo patriarcal moral supérstite del siglo XIX, y que denegaba el derecho a la identidad de la descendencia.

2) En el transcurso de 2008 se extinguió del Reglamento de la Armada la facultad de sancionar disciplinariamente a los/las integrantes que exhibieran concubinato, hijos extramatrimoniales, embarazos en situación de soltera.

3) También en ese año se eliminó la normativa existente en las tres fuerzas armadas por las que resultaba incompatible el matrimonio entre personas de diferente jerarquía.

4) Se abolió, nuevamente en 2008, la norma que implicaba un proceso de preadmisibilidad de los proyectos matrimoniales, ya que para contraer matrimonio debía mediar la venia del superior.

5) Otra medida de ese notable año de cambios fue extinguir de los estatutos reglamentarios de las tres armas la norma que también atribuía facultades para auscultar y sancionar aspectos estrictamente privados de sus integrantes.

¿Qué hesitación cabe sobre las conquistas de derechos civiles en las Fuerzas Armadas en este decenio? A partir de 2011, las mujeres ampliaron su participación debido a la admisibilidad en los denominados “cuerpos comando”, tal es el caso de la infantería y caballería. El incremento de los contingentes femeninos es flagrante en la matrícula de las tres escuelas de formación de suboficiales del presente año (promedio cercano a 40 por ciento). Como parte de la política hacia la conquista de la equidad de género, la Fuerza Aérea sostiene una diplomatura relativa a Género que es única en la experiencia del área de Defensa en América latina. El ímpetu para consagrar la equidad de género como fórmula inmanente para la constitución más democrática de las fuerzas armadas y de seguridad que imprimió el ministerio de Nilda Garré ha tenido consecución en el actual encargado de la cartera, Agustín Rossi. No cabe duda de que las transformaciones producidas en esta década en el seno de las Fuerzas Armadas son instituyentes –en el sentido de giro radical que confiriera al término Castoriadis–. Se trata de una “revolución silenciosa”, sin duda todavía incompleta, pero que se proyecta como una de las más importantes políticas públicas en el camino de la conquista de la equidad de género en nuestro país.