| Por Juan Carlos Mena |

La declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), que se llevó a cabo en Cartagena de Indias en junio de 2008, proclamó en el primer párrafo de su declaración final una premisa fundamental que fija un estándar aspiracional y programático al cual deben subordinarse los objetivos de las políticas públicas en cada Estado miembro: “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Esta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región” (sic).

En este marco, la búsqueda de una mayor cobertura social, procurando expandir la educación superior para todos, requiere considerar como uno de los objetivos estratégicos lograr una adecuada articulación de los esfuerzos del sector público y el sector privado de modo de generar las sinergias necesarias para alcanzar lo propuesto. La propia declaración plantea que “considerando la inmensa tarea de expandir la cobertura que se presenta para los países de América Latina y el Caribe, tanto el sector público como el privado están obligados a otorgar una Educación Superior con calidad y pertinencia” (Declaración CRES 2008 – B-3). Lógicamente, y en primer lugar, es necesario entender que lo público y lo privado no se oponen ni contraponen, sino que se complementan y suman en un esfuerzo común en diversos ámbitos de la compleja trama de la vida social (economía, cultura, educación, salud, etc.). De otro modo, cualquier sugerencia de articulación resultará abstracta y sin sentido.

Este desafío de unir esfuerzos en una misma dirección resulta especialmente decisivo en nuestra región, si se tiene en cuenta que más del 50 por ciento de los estudiantes universitarios estudia en el sector privado, según lo consigna un estudio publicado por el Centro Universitario de Desarrollo (CINDA) en 2012. Por otra parte, un informe de UNESCO de 2005 indica que la mayor proporción de estudiantes en el sistema privado la registra Chile, seguido por Brasil, siendo Uruguay y la Argentina los casos con menor matrícula privada. El caso de Brasil resulta especialmente significativo por el tamaño, provocando un desplazamiento importante del indicador y marcando algunas tendencias a considerar en el proceso regional. A tenor de lo informado por la Diretora de Politicas e Programas de Graduação da Educação de Brasil, Paula Branco de Mello, en el Seminario Regional de Educación Superior de Unasur que se realizara en Rosario en octubre 2012, las políticas y estrategias desplegadas por Luiz Inácio Lula da Silva para la expansión de la educación superior en Brasil se habrían apoyado fuertemente en el financiamiento y la iniciativa privada, siendo la proporción de estudiantes en el sector privado del 75%, y del 25% en el sector público.

Foco en el caso argentino y su modelo

Desde sus comienzos el subsistema universitario privado argentino se fundó en una doble vertiente. La primera, sumarse al desafío creciente de dar mayor cobertura a la demanda de estudios superiores. La segunda, favorecer la expresión de diversos modos de pensamiento y cosmovisiones en el marco de una sociedad pluralista y democrática, sobre la base de los derechos constitucionales de enseñar y aprender y de asociarse con fines útiles (Art. 14 CN).

Dejando de lado el período eclesiástico (de 1613 a 1820) de la actual Universidad Nacional de Córdoba, o la breve experiencia de la Universidad Católica de Buenos Aires (de 1910 a 1922), puede decirse que el punto de partida histórico de la universidad privada se dio en el marco de una célebre disputa legislativa (que tuvo gran repercusión social) recordada con el rótulo de “laica y libre”, lo cual planteaba desde el inicio una falsa dicotomía pues, como se verá, el horizonte de cosmovisiones de las primeras instituciones fue amplio y plural, combinando universidades privadas confesionales con universidades privadas laicas; lo cual demuestra que el centro del debate no era la laicidad (de hecho en la actualidad sólo el 25% de las universidades privadas son confesionales y sólo el 20% son católicas).

En este marco, y bajo el gobierno de Arturo Frondizi, concluyó un largo iter de validación social y jurídica de las universidades privadas iniciado durante la primera mitad del siglo XX bajo la categoría de Universidades Libres, con la sanción de la ley 14.557 (conocida también como Ley Domingorena) promulgada el 17 de octubre de 1958, que se constituyó en el marco legal para apertura de universidades privadas. Con la condición de que obtuvieran autorización estatal, sus planes fueran aprobados por la autoridad ministerial correspondiente y no recibieran fondos públicos, se crearon las primeras universidades privadas, entre las que se cuentan la Universidad Católica Argentina (UCA), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad del Museo Social Argentino, la Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad del Salvador. A pesar de que el artículo 28 de la Ley Domingorena no lo requería (sí lo exigieron la 17.604 y la actual 24.521), las universidades privadas del modelo argentino se constituyeron en su totalidad bajo el modelo de entidades sin fines de lucro (asociaciones civiles o fundaciones) aplicando íntegramente sus recursos a las tareas sustantivas de docencia, investigación y extensión.

Desde el comienzo, las universidades privadas se sumaron a la tarea de preservar, acrecentar y difundir el conocimiento en el marco de un espacio crecientemente plural con clara diversidad de origen, filosofía y formas institucionales, volcadas al servicio de una sociedad que, especialmente durante esa época, requería de espacios de libertad y respeto de ideas. A lo largo de muchos años, particularmente durante los gobiernos militares, las universidades privadas fueron espacios de preservación del pluralismo democrático, dando refugio a numerosos docentes que no tenían cabida en los claustros de las universidades estatales que (intervenidas por los gobiernos de turno) expulsaban a docentes o estudiantes que no se alineaban con las directivas del momento. De hecho, muchos de los docentes de las primeras universidades privadas provenían de las persecuciones realizadas por razones políticas o ideológicas luego del golpe de Estado de 1955, que por el artículo 32 del marco regulatorio de la Revolución Libertadora se encontraban vedados de presentarse a los concursos docentes. Esta situación, que se mantuvo durante toda la época de proscripción del peronismo, derivó incluso en la creación de algunas nuevas universidades privadas como la Universidad CAECE, creada por un grupo de docentes expulsados de la Universidad de Buenos Aires la Noche de los Bastones Largos. También ocurrió durante la última dictadura militar que las universidades privadas se constituyeron en refugio de muchos docentes perseguidos en las universidades nacionales (recuérdese la encendida defensa a los profesores de matemáticas de la Universidad de Buenos Aires que realizara el entonces rector de la Universidad del Salvador Francisco Piñón, acusados por el ministro de Educación de Videla de subversivos por enseñar matemática moderna y teoría de conjuntos).

Luego de 1966 la creación de nuevas universidades se enfrió durante el gobierno de Onganía, que focalizó su atención en la creación de nuevas universidades nacionales con el Plan Taquini. A partir de 1973 se suspende la admisión de nuevas solicitudes y para 1974 el número de universidades privadas queda consolidado hasta 1989 en un total de 23 instituciones, pero desde ese año y hasta 1995 se sumaron otras 22 nuevas universidades en un proceso de acelerada expansión.

La sanción de la ley 24.521 representó un freno a las solicitudes de autorización de nuevas universidades, merced a la intervención de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria –CONEAU–, a cuyo cargo quedó la evaluación de proyectos institucionales, para lo cual aplicó un criterio de restricción y hasta el fin de la década de los ’90 sólo se sumaron cuatro institutos universitarios privados más. A partir del 2000 se agregaron 14 universidades privadas más, totalizando a la fecha 63 instituciones.

Es interesante considerar el proceso de expansión y consolidación del subsistema de universidades privadas operado durante la última década, en la cual 28 de las 63 instituciones (casi el 45% del sistema) obtuvieron su autorización definitiva o provisoria (esta cifra trepa a 33 instituciones si contamos desde 2002, lo cual representa más de un 52 por ciento).

Se percibe en este universo un complejo sistema de diversificación institucional que incluye universidades grandes y pequeñas, laicas y confesionales de diversos orígenes religiosos, orientadas principalmente a la docencia o con fuerte peso de la investigación, con estructuras de facultades o departamentalizadas, diversificadas en una amplia gama de disciplinas o especializadas en determinadas áreas del saber, universidades de elite y otras fuertemente comprometidas con los sectores más necesitados, etcétera.

Por su parte, las universidades e institutos universitarios privados son el resultado de la iniciativa de instituciones fundadoras vinculadas a los más diversos sectores o actividades que hacen al complejo entramado social: la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, municipalidades, colectividades y expresiones culturales, el mundo científico, las Fuerzas Armadas, la medicina, el mundo empresarial, los sindicatos, organismos de derechos humanos, los artistas, el mundo del deporte, etc. Y ello ha definido un escenario en el que conviven (v. gr. y respectivamente) la UCA y las diversas católicas del país, la Universidad Adventista del Plata, la Universidad de Morón, la Universidad Maimónides, el Instituto de Ciencias Biomédicas de Córdoba, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA, nacido de la Armada Argentina), la Universidad Favaloro, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET, creada por el Sindicato SUTERyH), la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la Universidad del Cine y el Instituto Universitario River Plate.

El 11 de octubre de 1962 el grupo inicial de instituciones fundó el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) a instancias de Octavio Nicolás Derisi (primer rector de la UCA y primer presidente del Consejo). El CRUP fue incorporado como órgano de coordinación y consulta del sistema en condiciones análogas al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que reúne a los rectores de las universidades nacionales y cuyos órganos directivos integran el Consejo de Universidades.

Desde el punto de vista del encuadramiento legal de las universidades privadas, a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior 24.521 (LES) promulgada el 7 de agosto de 1995, se definió el “Sistema Universitario Nacional” como el “de las universidades nacionales, de las universidades provinciales y privadas reconocidas por el Estado nacional y de los institutos universitarios estatales o privados reconocidos…” (art. 26). La misma ley extiende la garantía constitucional de autonomía de las universidades nacionales a las universidades privadas (art. 29) y establece el marco regulatorio para el funcionamiento de las mismas, recogiendo la tradición de las décadas anteriores.

Luego, la Ley de Educación Nacional 26.206 (LEN, conocida como Ley Filmus) ratifica en los artículos 34 a 37 la vigencia de la LES y la denominación de Universidades Privadas e Institutos Universitarios Privados. Frecuentemente se habla (de modo impropio) de universidades “de gestión privada”, pero en realidad esta denominación de la LEN se corresponde solamente con las instituciones de los artículos 62 y siguientes, que abarca “los servicios educativos de gestión privada estarán sujetos a la autorización, reconocimiento y supervisión de las autoridades educativas jurisdiccionales correspondientes”, es decir, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las instituciones “de gestión privada” se refieren a otros niveles educativos y a otras formas jurídicas (sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, empresas e incluso personas físicas) que no se corresponden necesariamente con entidades sin fines de lucro como las asociaciones civiles o fundaciones exigidas a las universidades.

Si bien la cantidad de instituciones del sistema se encuentra bastante equilibrada entre el sector público y el privado, la situación en relación con la matrícula está fuertemente inclinada al sector de las universidades nacionales. Según datos del último anuario de estadísticas universitarias (2011), sobre un total de 1.808.415 estudiantes universitarios, 1.441.845 estudian en UUNN, mientras que 366.570 lo hacen en UUPP, lo cual da algo más del 20% en este último sector. Sin embargo esta proporción se viene modificando, porque durante el último decenio la tasa promedio de crecimiento anual en el sector privado es del 6,1% anual, mientras que en las UUNN lo hace en una proporción más baja (del 1,8%). Esto se refleja de un modo más directo en los nuevos inscriptos: sobre un total de 412.916 inscriptos, 307.894 son de UUNN mientras que 105.022 lo son de UUPP, lo cual da una proporción de 74,5% y 25,5%, respectivamente. En este caso, la tasa promedio de crecimiento anual de la última década es del 0,5% para las UUNN y 6,4% para las UUPP.

Con relación a la graduación, los indicadores son más comparables todavía. Sobre un total de 109.360 graduados totales del sistema, 73.442 corresponden a las UUNN (67,1%), mientras que 35.918 corresponden a las UUPP (32,8%). Pero también aquí es interesante considerar que la tasa de crecimiento anual de graduación promedio de la última década asciende al 4,2% y al 8,2%, respectivamente.

Además de la contribución al desarrollo de la Nación a través de la formación de graduados universitarios acumulados durante más de 50 años, con el aporte de distintas vertientes de pensamiento, las universidades privadas han iniciado un proceso más directo de contribución en el mundo de la ciencia y la tecnología, especialmente desde que van imponiéndose nuevos paradigmas. Es por ello que desde la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se convocó a las universidades privadas a participar del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología en el marco de la Secretaría de Articulación Científica y Tecnológica. Desde allí se ha participado de diversos programas de financiamiento de la investigación y de la formulación del nuevo modelo de Proyectos de Desarrollo Científico y Social (PDTS), así como también los nuevos modos de evaluación del personal científico y tecnológico, participando activamente en las Comisiones de Acreditación de los PDTS.

Otro ejemplo de articulación para el desarrollo es la incorporación de las universidades privadas a diversos planes estratégicos como el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), el Plan Estratégico Industrial (PEI 2020) y el Plan Estratégico para la Formación de Ingenieros (PEFI) creado en 2012. En el marco de este último, el CRUP participa directamente integrando el Consejo Consultivo del mismo y se ha incluido a las UUPP en diversos programas como observatorios, apoyos a movilidad, articulación colegio-universidad, programa Doctorar (para incrementar el número de doctores en ingeniería) y Delta G (para apoyar la graduación de ingenieros).

Los dos párrafos anteriores expresan un dato central en la articulación de esfuerzos para el desarrollo y crecimiento del país: si la Argentina necesita investigadores o necesita ingenieros y el subsistema privado puede aportarlos, debe ser articulado y apoyado en interés del país. Por ello es alentador que en los últimos años esta idea de sumar sinérgicamente se perciba con mayor intensidad.

Finalmente, es interesante considerar que, en términos de inclusión social, la universidad privada está jugando un interesante rol, no sólo a través de aquellas instituciones que están especialmente orientadas a los sectores más necesitados a través de sus políticas de becas o favorecimiento del acceso en caso de limitaciones por discapacidad; sino también llevando la educación superior a los lugares más distantes del país, mediante la alta permeabilidad que tiene la educación virtual (o a distancia) con varias de las universidades privadas que acercan la educación superior a sitios a los cuales jamás hubiera llegado de otro modo. Ejemplo de ello es el Centro Warmi Huasi Yachana conocido como Universidad de las Nubes en la localidad de Abra Pampa, en la Puna jujeña, que ha permitido que la población colla del lugar tenga acceso a las premisas fijadas por la CRES 2008, es decir, pueda acceder a la educación superior como un bien público social y un derecho humano y universal.