| Por Cátedra Abierta Plan Fénix |

La propuesta de desarrollo con equidad del Plan Fénix demanda del Estado un papel activo y central, constituyéndose en un instrumento con capacidad de vertebrar una estrategia eficaz.

Este plan de desarrollo integral se financiará principalmente con recursos que deben provenir de los propios ciudadanos, como corresponde a un país de desarrollo medio-alto. A tal efecto, se demanda una política tributaria consistente y equitativa.

El objetivo no es lograr un resultado fiscal obligatoriamente equilibrado o superavitario, sino dotar al Estado de autonomía y capacidad de acción; y una condición para ello es que este no dependa del humor de los mercados de deuda. Las grandes crisis recientes (1989-90, 2001-2, 2018) fueron gatilladas por problemas de solvencia fiscal, a raíz de la súbita contracción del financiamiento voluntario.

Los programas recomendados por la ortodoxia, que apuntan a la reducción del gasto y por consiguiente del nivel de actividad económica (asumiendo que ella se encuentra sobreexpandida por obra del déficit) se traducen una y otra vez en un agravamiento de la posición fiscal, por pérdida de recaudación, generando espirales descendentes.

No cabe duda entonces de que una gestión pública acertada demanda construir una fiscalidad sólida.

La revalorización del conjunto de bienes públicos que el Estado debe proveer –en particular, los asociados a la salud, la educación, la protección laboral y la previsión social– y más allá de ellos, la de las transferencias adicionales indispensables para alcanzar mayor equidad socioeconómica, plantean demandas especialmente exigentes al sistema fiscal. Pero la propia instrumentación tributaria es también una política fiscal, por sus efectos tanto en la distribución como en el desarrollo de las actividades productivas.

El imperativo de reequilibrar la distribución de los ingresos y la demanda de gasto consolidado en el futuro apuntan, necesariamente, en la misma dirección en materia de ingresos públicos: deberá fortalecerse la imposición sobre las rentas personales y los patrimonios y, por el contrario, atenuarse la carga sobre los consumos de carácter masivo (los suntuarios serían gravados en mayor medida). Esta normativa será adecuadamente complementada por la imposición sobre herencias y la transmisión gratuita de bienes, una herramienta clave para prevenir la concentración de la propiedad.

Deberán integrarse las rentas de cualquier origen en cabeza de las personas físicas, con el objeto de que los impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital de las personas recaigan sobre todas ellas (sin excepciones relevantes). Un proceso de este tipo demanda el previo “cierre” de los canales de elusión y evasión hoy existentes, que son usados por los sectores de mayores ingresos para no hacer frente a sus obligaciones tributarias, muchos de los cuales descansan en las debilidades de la Administración Fiscal. Adicionalmente, deben desarrollarse efectivos mecanismos de control sobre maniobras de lavado de dinero, muchas veces ocasionadas precisamente por la evasión fiscal.

La presión tributaria de nuestro país es más baja que la de los países europeos desarrollados y similar a la de Brasil y Estados Unidos. Pero si se observa su estructura se percibe que la participación de los impuestos indirectos y regresivos alcanza al 70% del total.

Dicho en otras palabras, si la distribución primaria del ingreso no responde a parámetros compatibles ya no con el bienestar, sino con la alimentación de los sectores de menores recursos y si el sistema tributario favorece al sector de la población con mayores recursos, la solución razonable es modificarlo, para lograr una redistribución del ingreso hacia los sectores más humildes de la población.

En este esquema también tenemos que analizar las cuestiones vinculadas con la evasión tributaria y las consecuencias de países no cooperantes o de nula o baja tributación hacia los cuales se dirigen los capitales evadidos. Las guaridas tributarias también se encuentran localizadas en territorios de países centrales, que juegan un rol central en su vinculación con los principales sistemas financieros. Nos referimos a EE.UU. (estados de Delaware y Nevada), Reino Unido (incluyendo también sus dominios, como British Virgin Island, demás islas del Caribe y Jersey), España (Andorra), Francia (Mónaco), Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Singapur, Suiza, etcétera.

Por otro lado, las reformas fiscales resultan ineludibles para darle mayor competitividad a la economía. En lo tributario, se debe apuntar a una reducción sustancial de la evasión y la elusión que permita –a la vez– terminar con un proceso histórico de “selección perversa” de agentes económicos basado en una alta “brecha de deslealtad empresaria” y reducir alícuotas de la imposición indirecta, integrando asimismo el IVA (nacional) y el impuesto sobre los ingresos brutos (provincial). La recaudación perdida por la integración de impuestos indirectos será sustituida con impuestos que graven en forma directa y personal el consumo de los sectores de mayores ingresos.

Complementariamente, la eliminación de las exenciones que hoy benefician a las actividades financieras y especulativas y a determinadas profesiones, y el aumento de la presión sobre las personas con alta capacidad contributiva permitirán terminar con una asimetría que hoy daña a las empresas (en especial a las pequeñas) y a las actividades productivas.

En definitiva, la reforma tributaria deberá laudar la tensión existente entre los impactos del sistema tributario sobre la equidad y la eficiencia económica, para que se redistribuya el ingreso hacia los sectores de menores ingresos sin empujar a los inversores nacionales y extranjeros a optar por desarrollarse fuera del territorio nacional.

Para que reformas tributarias de este tipo puedan practicarse en la Argentina se plantean, en principio, dos requisitos insoslayables y estrechamente vinculados entre sí: legitimar la imposición a través de una mayor eficacia y transparencia del gasto público, y afirmar gradualmente la “ciudadanía fiscal”, tan débil en la Argentina.