| Por Monique Thiteux Altschul |

Desde hace más de una década, las organizaciones de la sociedad civil como Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Directorio Legislativo, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y Poder Ciudadano desarrollan en red campañas de incidencia y lobby para lograr que el Congreso de la Nación promulgue la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.

Mujeres en Igualdad, que percibe el acceso a la información como un derecho humano fundamental pero a la vez como una herramienta para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, acompañó el proceso desde una perspectiva de género, organizando campañas con organizaciones feministas con las que trabaja desde larga data.

Es así que en 2007 creamos la Red “Mujeres al borde de la información”, con organizaciones no gubernamentales (ONG) y periodistas de ocho regiones de la Argentina que harían pedidos de información pública a organismos nacionales, provinciales o municipales. Se hizo en el marco del proyecto Mujeres por la equidad y la transparencia financiado por la United Nations Democracy Fund (UNDEF). Los temas predominantes fueron:
• Salud sexual y reproductiva. Mortalidad materna y abortos no punibles. Anticoncepción (en cinco provincias).
• Trata de personas, consultas sobre habilitación municipal de prostíbulos (en cuatro provincias).
• Violencia contra las mujeres (en cuatro provincias).
• Implementación de programas de prevención de la violencia familiar (en cuatro provincias).
• Existencia de normas referidas al acceso a la información pública (en tres provincias).
• Estadísticas de morbi-mortalidad de mujeres (en tres provincias).

Cada ONG elevó notas, con copia del decreto nacional 1172/03 del Poder Ejecutivo Nacional y cuestionarios específicos, a los organismos públicos y en algún caso, por el tipo de información requerida, a sindicatos y partidos políticos. Durante el proceso, la Red descubrió ordenanzas municipales o leyes provinciales a menudo desconocidas por las mismas autoridades; algunas excelentes y otras insatisfactorias porque cuestionan la legitimidad del pedido de información o de quien lo hace. La difusión y concientización sobre este derecho y la normativa existente fueron utilizadas como estrategia por Chaco, Chubut y Córdoba. En la mayoría de los casos, la demora para responder superó los 10 días, o no se recibió respuesta alguna, destacándose Jujuy, en donde no se contestó a ninguno de los temas, viéndose forzadas las ONG a interponer recursos de amparo.

Cuando la información demandada existía, también era facilitada. Fue así como los organismos con sitios web indicaron a las solicitantes que acudieran a ese medio. Hubo excepciones: en Chaco, Jujuy y Córdoba, en consultas sobre violencia familiar y embarazo adolescente, el registro de la información existía, pero no fue brindada.

Todas las solicitudes se subieron a una base de datos dinámica: www.mujeranticorrupcion.org.ar/busqueda.htm. Allí constan los pedidos de información y sus resultados. La colaboración de las periodistas fue fundamental, ya que además de difundir en los medios locales las acciones de la Red, asesoraron a las ONG sobre la relevancia de los temas. Conocer la herramienta generó nuevas posibilidades investigativas con información de mayor precisión y calidad para controlar la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de las instituciones. Se señaló la ausencia de perspectiva de género en las políticas públicas, lo cual limita el tratamiento de datos clave. Se puede encontrar el informe completo en el libro Género y corrupción: las mujeres en la democracia participativa, editado en 2010 por Libros del Zorzal.

Después de acompañar numerosos intentos de advocacy en el Congreso de la Nación para la promulgación de la Ley de Acceso a la Información, MEI lanzó el 6 de noviembre 2013 una campaña nuevamente centrada en el género: “Queremos saber: el Poder Ejecutivo y la ley 26.485”. Adhirieron a nuestro pedido 33 organizaciones de la sociedad civil y 20 personalidades del feminismo de la Argentina.

La nota entregada en las mesas de entrada del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y de todos los ministerios del PEN decía: “En el marco de lo dispuesto por el Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional (Anexo VII del Decreto 1172/03), y en representación de un colectivo de ONGs y personalidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitarle:

• Información acerca de las políticas públicas, plan de gestión, programas, actividades y cantidad de habitantes destinatarios de la implementación en este momento por su Ministerio en cumplimiento de la Ley 26.485 ‘Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales’.

• Presupuesto anual adjudicado y ejecutado para 2013 y previsto para 2014”.

Aclaramos que “de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 26.485 el Estado Nacional tiene la responsabilidad ya no sólo de asistir, proteger y garantizar justicia a las mujeres víctimas de la violencia doméstica sino que, además, le incumben los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia”.

Y concluíamos: “Dada la gravedad que reviste el tema de la violencia contra las mujeres en nuestro país, y dado que el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, anunciaremos en un acto público los resultados de nuestros pedidos de información, le agradeceremos una respuesta dentro de los 10 días estipulados por el Decreto 1172/2003”.

La mayoría de los ministerios pidió prórroga y no respondieron al 13/2/2014 los ministerios de Desarrollo Social, de Economía y Finanzas Públicas, de Agricultura. El Ministerio de Seguridad señaló que MEI no acreditaba de manera suficiente la representación que invocaba. Los ministerios del Interior y Transporte; de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; de Industria; de Turismo consideran no tener competencia alguna en la elaboración de políticas públicas o programas destinados a la protección de la violencia contra la mujer. Consultada al respecto la Dra. Perla Prigoshin –figura clave en la reglamentación de la ley 26.485– nos confirmó que el artículo 11 de la ley 26.485 establece acciones prioritarias para las áreas en él mencionadas pero todos los ministerios y secretarías (todo el Poder Ejecutivo Nacional) deben respetar el enfoque de género.

El Consejo Nacional de las Mujeres detalló Políticas Públicas, Plan de Gestión, Programas, Actividades, que “se fundamentan en principios de igualdad y no discriminación, respeto a la diversidad, equidad y universalidad de las políticas con justicia social”. Describen: a) Programa de Fortalecimiento Institucional (http://www.cnm.gov.ar/ProgramaFortalecimiento/ProgramaFortalecimiento.html), en las líneas: Mujer y Trabajo, Violencia de género; DD.HH. y Ciudadanía de las Mujeres; Comunicación y Difusión Estratégica. b) Construcción, refuncionalización y/o equipamiento de 18 hogares de Protección Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el país. c) Línea Telefónica Nacional y Gratuita 144 de Contención, Asesoramiento e Información a víctimas de violencia de género que funciona 24 hs., 365 días del año. Programa de Capacitaciones en áreas sensibles al género: 355 talleres con participación de 25.000 personas (2013). d) Registro único de casos: convenio CNM-Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para elaborar un instrumento de medición que permita un diagnóstico y estadísticas sobre violencia de género. e) Programa “Ellas Hacen”, para madres solas con hijos menores de 18 años a cargo, que reciben la Asignación Universal por Hijo, dando prioridad a mujeres en situación de mayor vulnerabilidad: 100.000 mujeres inscriptas (abril-julio 2013); 87 encuentros de sensibilización en género y violencia. f) Programa Escuelas Populares de Género, destinado a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, barriales. Herramientas de monitoreo y evaluación sensible al género: el CNM tiene por función la creación del Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres. g) Convenio con el Ministerio Público de la Defensa para Atención y Patrocinio Jurídico Gratuitos. h) Concientización y participación de la ciudadanía en la prevención y denuncia de violencias hacia las mujeres. i) Capacitación para fortalecer el acceso de la comunidad a las prestaciones del Plan de Reducción de la Mortalidad Materna y Promoción de la Salud de la Mujer, Ministerio de Salud; asesoramiento técnico y legal en derechos sexuales y reproductivos; participación en investigaciones (asistencia técnica a la 1ª. Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva llevada a cabo por el Indec). j) Articulación de acciones a nivel nacional y regional. k) Participación en encuentros nacionales e informes internacionales.

Presupuesto anual adjudicado y ejecutado para el 2013 y 2014: no se presentan datos desglosados. Sólo adjuntan los links: http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2013/jurent/pdf/P13J20.pdf http://www.mecon.gov.ar/onp/htmlpresutexto/proy2014/jurent/pdf/P14J20.pdf

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Informe proporcionado por la Dra. Eva Giberti, coordinadora del Programa “Las Víctimas contra Las Violencias” y por la Dra. Perla Prigoshin, coordinadora de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG).

La Dra. Giberti informa que el programa implementa acciones tendientes a restituir los derechos de las víctimas de violencias familiar y sexual, fortaleciendo y consolidando a la víctima como ciudadana activa y sujeto de derechos, desarrollando desde 2006 trabajo en terreno y realizando estrategias para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres victimizadas, desde la perspectiva de género y con dispositivos de acción para la protección, acompañamiento y asistencia a mujeres, niñas, niños y adolescentes, de manera única en América latina y el mundo.

Lo hacen a través de: a) Equipo de Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Número gratuito de atención telefónica 137 (en la CABA las 24 hs. de los 365 días del año); b) Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual; Brigada Niñ@s contra la Explotación Sexual Comercial de niñas/os y adolescentes infiltrado en viajes y turismo. El cuerpo interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar realiza informes de riesgo e interacción familiar. El programa está implementando su expansión y réplica en Chaco y Misiones así como capacitaciones varias y para el personal de Policía Federal Argentina. Se proporciona información presupuestaria detallada, incluyendo crédito inicial, crédito vigente, compromiso devengado y disponible para gastar.

La Dra. Perla Prigoshin informa que la CONSAVIG estudia desde 2013 posibles sanciones a las violencias obstétrica y mediática según la ley 26.485. Para la violencia obstétrica y el parto respetado, se creó la CONSAVO, subcomisión que convocó a figuras prestigiosas en la temática y elaboró un modelo de nota para que las víctimas de violencia obstétrica pudieran presentar la denuncia ante las autoridades de la institución de salud con copia al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Respecto de la violencia mediática, se conformó la CONSAVIMM, integrada por representantes de la Secretaría de Comunicación, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Inadi, la Defensoría del Público, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, para difundir la existencia de la violencia mediática y simbólica contra las mujeres en los mensajes transmitidos por los medios de comunicación y proyectar sanciones.

La Dirección de la Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto promueve la igualdad de género entre varones y mujeres a través de la capacitación de funcionarios/as, en la normativa internacional, regional y nacional, en violencia contra las mujeres, en trata de personas. Realiza cursos de actualización consular: inclusión del género para detección y abordaje de situaciones de violencia de género y trata. Creó un instructivo para que los cónsules sepan cómo actuar en sus jurisdicciones, arbitrando medidas para contener y asesorar a víctimas repatriadas. Participa en reuniones internacionales y elabora informes nacionales coordinando los datos remitidos por áreas del Estado sobre la implementación de políticas públicas de género.

El informe del Ministerio de Salud menciona las políticas presupuestarias y programas que promueven la salud sexual y la procreación responsable, que disminuyen la morbilidad materno-infantil, y garantizan a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones relevantes en materia de salud sexual y procreación responsable. Menciona el Programa Integral de Embarazo Adolescente; el que promueve el acceso al parto humanizado o la salud materno-infantil y del adolescente y actividades vinculadas al Seguro Universal de Maternidad e Infancia (Plan Nacer/Sumar). El Plan Nacional de Salud Mental permite la inclusión de poblaciones en vulnerabilidad. Adjuntan el presupuesto adjudicado y ejecutado en 2013 (listado de créditos y ejecución) y el previsto para 2014. El informe no hace referencia a la violencia de género o al apoyo a la ley 26.485.

El Ministerio de Defensa detalla las áreas de trabajo en materia de género: a) Consejo de Políticas de Género para la Defensa, espacio generador de prácticas transformadoras que acompañó el cumplimiento del matrimonio igualitario y la construcción de una paternidad responsable, ampliando a 10 días la licencia por paternidad y alentó el acceso de las mujeres a las armas de Caballería e Infantería del Ejército. b) Plan Nacional de Jardines Maternales y Paternidad Responsable, que favorece la conciliación entre vida profesional y familiar: 18 jardines maternales en funcionamiento y 3 próximos a ser inaugurados. c) El programa Género y Operaciones de Paz acompaña al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Plan para la aplicación de la Resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que incrementa la participación de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz. d) 17 Oficinas de Género reciben consultas para contener la discriminación o maltrato de género; e) el Plan de Protección y Atención de la Violencia Intrafamiliar en las Fuerzas Armadas capacita y desarrolla políticas sanitarias con perspectiva de género, acordes con los compromisos internacionales y la legislación nacional, a través de 10 equipos multidisciplinarios en distintos ámbitos militares. Adjuntan la Planilla de Políticas de género, detalladas por provincia, con breve descripción, estado de ejecución, conformación de los equipos y alguna información presupuestaria. Adjuntan un CD con las publicaciones Género y Defensa.

El Ministerio de Educación centró su informe en el Programa de Educación Sexual Integral, que articula contenidos curriculares desde la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos. Los planes de formación docente incluyen la detección precoz de la violencia contra las mujeres e incorpora la temática en las currículas terciarias y universitarias a la vez que elimina estereotipos de género en los libros de texto. El programa capacitó a 60.000 docentes. Desde 2012 implementan el Plan “Educación Sexual Integral, es parte de la vida, es parte de la Escuela”. En 2012/13 hicieron jornadas en 14 provincias. Detallan el presupuesto anual adjudicado/ejecutado 2013 y la proyección presupuestaria 2014.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva advierte que, si bien la ley no los menciona explícitamente, participan de conferencias internacionales (“XII Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Montevideo, mayo 2013, preparatoria; discusión del documento “Mujeres en la Economía Digital”; “XII Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe”, CEPAL, Sto. Domingo, octubre 2013). El proyecto Encuesta Nacional de Género en Ciencia y Tecnología (ENGECyT) detecta asimetrías en la inserción de mujeres y varones en la investigación y docencia y obstáculos para el desarrollo de la carrera científica. El Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social representa al Ministerio en el Consejo Nacional de las Mujeres en los “Encuentros de Articulación del Estado Nacional por la Igualdad de Género”; colaboran en una diplomatura en violencia de género en articulación con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Como resultado de nuestras campañas y su difusión digital, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) Magreb nos invitó en noviembre 2013 a coordinar en Rabat, Marruecos, el taller “Utilización del derecho del acceso a la información para la promoción de los derechos de las mujeres y de la igualdad entre los géneros”, para concientizar a las mujeres del movimiento feminista de la importancia de plegarse al trabajo iniciado por la Red Marroquí por el Acceso a la Información (REMDI). Este intercambio podría marcar el nacimiento de una nueva red de género “Sur-Sur”.

Nuestro desafío sigue siendo lograr que se promulgue una Ley de Acceso a la Información que abarque a los tres poderes de la Nación, y que nos permita pedir rendición de cuentas a nuestros gobernantes sobre la base de datos fehacientes.