| Por José Luis Coraggio |

Al término “economía social” se le han dado distintos significados. Por un lado, en su uso más tradicional, se refiere a las cooperativas, asociaciones y mutuales autogestionadas por trabajadores o usuarios basadas en la reciprocidad. En su origen, este tipo de organizaciones, altamente reconocido e institucionalizado jurídicamente, fue parte del programa de los trabajadores superexplotados por el capitalismo. Sus objetivos incluían tanto gestionar directamente la producción, defenderse de los poderes del mercado (comercialización, abastecimiento, financiamiento) o atender solidariamente necesidades que el mercado y el Estado no proveían (crédito, entierros, salud, educación). Hoy subsisten y en algunas actividades su tamaño y su alcance crecen junto con el espíritu de competencia a que las empuja la lógica del mercado.

Por otro lado, y como consecuencia de la exclusión generada por tres décadas de imperio neoliberal, las unidades domésticas de la economía popular ampliaron sus estrategias de supervivencia recurriendo a formas no capitalistas y no formales de organización en las actividades más diversas, desde el emprendimiento por cuenta propia hasta la extensión de redes de ayuda mutua o de intercambio multirrecíproco con emisión de monedas sociales o la institucionalización de prácticas de recuperación de fábricas quebradas o de tierras y suelo urbano. Muchas veces fuera de los marcos legales pensados para otras realidades, el sistema clasificatorio oficial tendió a ignorarlas o a ubicarlas en el llamado sector informal, urbano o rural.

Mientras tanto, con orientación del Banco Mundial dedicado a “aliviar la pobreza”, se había instalado el modelo de políticas sociales focalizadas, dirigidas a distribuir medios elementales a los estratos de máxima pobreza mediante, por ejemplo, programas de salud, educación o vivienda “básicas”, en la expectativa de que el mercado volvería a integrarlos. Sin embargo, cuando la crisis de fin de siglo masificó la exclusión, se admitió oficialmente a nivel nacional e internacional que no se trataba de un fenómeno temporal sino que, como consecuencia de la nueva revolución tecnológica y de la globalización del mercado, las economías periféricas no iban a recuperar su capacidad para reintegrar la sociedad por medio del trabajo asalariado.

Se generalizó así una variante del modelo de política social focalizada, que se aplicó desde México hasta la Argentina y que tenía antecedentes pero no en la magnitud que se iba a verificar: las políticas de “economía social”. Consistía en promover la formación de microemprendimientos mercantiles asociativos que fueran sostenibles en base a sus propios resultados. En breve: las y los trabajadores excluidos debían asociarse en pequeños grupos para organizar y autogestionar sus capacidades de trabajo en el mercado, produciendo bienes o servicios a cambio de un ingreso, inicialmente subsidiado. Al avanzar en su implementación se va descubriendo que no alcanza con un subsidio monetario a los trabajadores sino que se requieren subsidios para la compra de máquinas y herramientas, (micro) crédito, programas de formación más sistemática, si bien raramente se otorga el acceso a tierra en zonas rurales o a suelo urbano. Se descubre también la notoria incapacidad de las burocracias estatales para asumir las funciones que esos programas requerían, ampliando la acción de organizaciones mediadoras, como las ONG u organizaciones sociales.

Se desarrollan instrumentos para facilitar la existencia y eventual desarrollo de estos emprendimientos, como las variantes del monotributo social, los sistemas de reconocimiento de marcas o el redireccionamiento de una parte de las compras públicas a la producción de este sector. Se admite y apoya el resurgimiento y/o expansión de las ferias populares, institución de la economía popular que fuera desplazada por los supermercados y las trabas municipales.

Aunque predomina el sentido mercantilista de los proyectos (producir para el mercado, que en última instancia decidiría quién es competitivo y quién no), se incorporan también formas de autoproducción de hábitat, una actividad de bajo requerimiento tecnológico dirigida a una de las necesidades más elementales.

Algunas de estas iniciativas sufren las deformaciones usuales en presencia del mercado y de la cultura utilitarista. El microcrédito tiende a convertirse en negocio de organizaciones que se presentan como cumpliendo una función social, el trabajo subsidiado se utiliza para cumplir funciones que corresponden a trabajadores públicos o para bajar los costos salariales de las empresas, la asignación de los planes es una tentación para el clientelismo. Como contrapartida se desarrollan formas realmente comunitarias de crédito solidario o de autoconstrucción, para insistir en esos ejemplos. Del mismo modo, ante las consecuencias de la vulnerabilidad y difícil sostenibilidad de los emprendimientos en base a los criterios del mercado, surgen redes de comercialización, de abastecimiento conjunto, de articulación entre nodos de cadenas productivas simples. Se desarrollan relaciones en redes internacionales de comercio justo. La organización del intercambio multirrecíproco y la emisión de monedas sociales reaparece pero sin alcanzar la magnitud de fines del siglo. Se fortalecen las empresas recuperadas que muestran una notable resiliencia. Las políticas públicas de economía social se difunden e institucionalizan: provincias y municipalidades desarrollan programas en esa línea, claro que focalizadas en los pobres. Las universidades comienzan a incorporar a sus programas de “extensión” o de servicios a la comunidad el apoyo a estas formas de producción, fundamentalmente en términos de capacitación o del diseño de tecnologías sociales. Algunos programas públicos tienen a asumir esta línea de acción como una política de larga duración, complejizando sus intervenciones al introducir la participación, particularmente con los productores de la agricultura familiar.

Posteriormente, también impulsada por el Banco Mundial, la prioridad dada a las transferencias monetarias a las familias marca un giro comprensible en la ubicación que el Estado da en su agenda a esta “economía social”. Si el problema es el acceso a un consumo elemental, la transferencia tiene un efecto directo, es menos costosa en términos de gestión y por su masividad dinamiza la economía.

Sin embargo, junto con la relativa autonomía de algunos de sus actores colectivos y el desarrollo teórico-práctico correspondiente, el concepto de economía social se va complejizando desde el momento que se asume que de lo que se trata no es sólo de ganar dinero-ingreso sino de resolver necesidades propias y de otros. Y las necesidades (no limitadas a las demandas monetarias) incluyen, por ejemplo, la comunicación social o la participación en la creación artística, que comienzan a reconocerse como parte de una economía social no sólo de pobres y para pobres, sino como capacidad de formar y fortalecer comunidades, sociedades. En la misma dirección, se va diferenciando la economía popular, particularmente la solidaria, de la categoría “sector informal” y se avanza en su legalización, por ejemplo, reconociendo derechos sociales al trabajo de reproducción.

Así, la economía social da un giro en su contenido: ya no se limita a proveer posibilidades de integrar los individuos y sus microemprendimientos al mismo mercado que los excluye, sino que se trata de producir bases materiales para crear otra calidad de los vínculos sociales, afirmando identidades nuevas o tradicionales, generando lazos sociales comunitarios, avanzando hacia formas más participativas de gestión de las políticas públicas o articulando el sistema educativo con la economía popular. Ya no se trata de un don filantrópico o asistencialista, sino de un don-contradon, donde, por ejemplo, la universidad aprende y forma otros profesionales en contacto con una economía popular solidaria en proceso de construcción como sector de la economía mixta.

Una de las consecuencias de este fenómeno es que la economía social, las formas de solidaridad, las nuevas identidades y formas de integración social de la economía, las relaciones entre economía, sociedad y territorio, la eficacia de los programas públicos y muchos otros temas se convierten en un objeto científico de investigación y formación y se multiplican las carreras de pregrado, grado y posgrado orientadas a la economía social y solidaria. Siempre hubo programas de formación pensados para las tradicionales cooperativas, o incluso para el llamado tercer sector, de organizaciones sin fines de lucro, pero ahora se pretende dar cuenta de este mundo de iniciativas que van encontrando límites y buscando formas de superación transformándose sobre la marcha. El compromiso de los investigadores con estos procesos da prioridad a la investigación-acción participante, al encuentro con los actores de esa economía y al reconocimiento de sus saberes.

La incorporación al campo del pensamiento sistemático permite potenciar la crítica al programa político neoconservador y su doctrina económica llamada neoliberalismo, mirando hacia adentro de la realidad actual, descubriendo que más que de utopía se trata de heterotopía, de hacer visible una diversidad de formas concretas ya existentes que permiten prefigurar otra economía, otros valores, otras instituciones. Se culmina planteando una pregunta filosófica: ¿qué es la economía? A partir de ello se retoman corrientes críticas de la economía ortodoxa y su variedad de modelos heterodoxos que comparten la (esta sí) utopía de una economía de mercado “perfecto”.

Se multiplican experiencias de co-construcción de las políticas públicas, y lentamente se comienzan a tensionar los estilos paternalistas de gestión de los programas. Sin embargo, esta línea de intervención y búsqueda de otra relación entre lo público y lo social, formalmente más democrática, no necesariamente es contestataria, puede prolongarse y reproducirse en el seno de un sistema excluyente, que apenas ve como problema la pobreza extrema como situación a aliviar porque ya no se puede retornar al desarrollismo, al mercado interno y la burguesía nacional, al Estado keynesiano. Surge la cuestión de qué es lo político y qué significa ser progresista o izquierdista en este nuevo siglo.

Avanzar en esa dirección requiere cambiar esquemas mentales sobre lo económico. Una visión sustantiva de la economía, como la de Polanyi, lleva incorporado el principio ético de la responsabilidad por la reproducción de la vida y la necesidad de transformar y no sólo de compensar un sistema con hegemonía del capital, basado en el principio de la propiedad privada irrestricta con efectos destructivos para sociedad y naturaleza. En ese marco, de ser vista como un sector de sobrevivencia de los sectores populares, la economía social y solidaria pasa a ser considerada como un punto de partida de una alternativa sistémica que abarca toda la economía mixta, cuya viabilidad puede ser construida por otra política y que requiere de otro Estado, de otros sujetos, de movimientos sociales con programas de transformación y no sólo reivindicatorios de demandas particulares.

A la vez, es posible aprender de experiencias significativas. No sólo en la Argentina, a partir de la acción masiva de movimientos y movilizaciones sociales surgen gobiernos con proyectos nacional-populares, en algún caso autodenominados “revoluciones en democracia”, cuyos nuevos mandatos constitucionales afirman la necesidad de reconocer y potenciar las formas de economía solidaria, popular, comunitarias, cooperativas, asociativa, las pretéritas y las que emergen en la crisis. Esa movilización de las sociedades involucra tanto la protesta masiva frente a la sociedad política como articulaciones de los movimientos reivindicativos sectoriales y la emergencia de nuevos movimientos antisistémicos cuyas miras se dirigen al núcleo del sistema-mundo actual.

Los pueblos originarios y su crítica al colonialismo con su proyecto civilizatorio de modernidad, uniformizante y destructora de la diversidad, nos plantean el Buen Vivir o el Vivir Bien como paradigmas alternativos al del Bienestar material. El feminismo y su crítica al patriarcado, previo al capitalismo y al colonialismo mismo, propone otros sistemas de producción de significados, otras dimensiones de la economía (como la economía del cuidado), otras relaciones con el lugar. El campesinado, crítico de la tecnología destructora de la tierra y de la vida, el que nos plantea no sólo una propuesta agroecológica sino la soberanía alimentaria, el valorar la economía de la casa, siempre presente en las estrategias de la economía popular, y que retoma la consigna de “la tierra para el que la trabaja”. El sindicalismo y el cooperativismo y la izquierda tradicional misma son tensionados por estos nuevos sujetos sociales y políticos que cuestionan el sistema que los viene cobijando con grandes contradicciones. Estos actores colectivos devenidos sujetos no se presentan como sujetos históricos predeterminados ni basan sus estrategias en la convicción de que hay leyes históricas inexorables que llevan a una sociedad ideal. Son parte de un mundo contingente, donde no hay camino ni jerarquías preestablecidas y por ello la centralidad de una política con otro concepto de poder y con otra lógica de legitimación de la autoridad.

El programa de una economía social y solidaria alcanza así una dimensión política y un alcance societal. En el contexto de la globalización del capital, del predominio del mercado liberado, la propuesta de construir Otra Economía Social y Solidaria implica necesariamente una lucha contrahegemónica, cultural, por otro sentido común que ya no legitime y acepte como un dato inamovible el mandato del capital financiero y los Estados que lo sostienen.

Si industrializar la periferia llevó 30 años, y otro tanto le llevó devastarla al proyecto político neoconservador con sus dictaduras y sus organismos financieros, construir otra economía, otra sociedad, otro Estado, tampoco será inmediato ni fácil. Tampoco tendrá modelos llave en mano, sino que implicará aprender reflexivamente a partir de una diversidad de experiencias y visiones de la buena vida que se puedan desarrollar en un ámbito de respeto a la pluralidad y de búsqueda de la justicia. Todo lo cual requiere compartir una estrategia política de largo período, actuando consecuentemente desde la coyuntura y las emergencias. El análisis crítico de las mismas experiencias, el aprendizaje y la superación continuos, son condiciones de un programa abierto, plural, de transición necesariamente democrática, en el contexto incierto de un sistema cuya reproducción bajo la égida del capital financiero genera crisis insoportables para las sociedades.

Esta colección de trabajos muestra una parte de ese diálogo entre experiencias, contextos experienciales y puntos de vista, si es que no de proyectos de economía social.