| Por María Elena Barbagelata |

El inicio del siglo XXI concitó el interés y la esperanza de la comunidad internacional por lograr mayores niveles de igualdad y equidad de género, dejando atrás un siglo que se caracterizó por obtener muchos avances en esta materia, aunque persisten serias violaciones a los derechos humanos de las mujeres y lentos avances en la realidad social que desdibujan los logros alcanzados en materia legislativa.

Así, en el año 2000 se anunciaron varios objetivos para el comienzo del milenio, que nuestro país asumió comprometiéndose a implementar políticas definidas como claves para el desarrollo humano para el año 2015. Estamos muy cerca de esa fecha y aún muy lejos de los objetivos propuestos: promover una mayor equidad de género mediante una mejor participación económica de la mujer, reducir la brecha salarial entre varones y mujeres (meta 8) y mejorar la salud materna reduciendo en 2/3 la tasa de mortalidad materna y en un 20% la desigualdad que dicha tasa experimente entre las provincias (meta 6).

Estas metas siguen constituyendo un desafío silenciado y ausente en la agenda pública.

En materia de salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres constituyen una clara demanda insatisfecha no sólo a nivel nacional sino provincial, extremo que deviene por demás importante por cuanto la salud es una competencia de nivel provincial y ello genera mucha disparidad entre regiones, cuyos índices se asemejan más a los del continente africano que al de los países más adelantados en materia de salud de la propia América latina (como Uruguay, Cuba o Chile). La mortalidad materna está estancada alrededor de 44 x 100.000 n.v., es decir que 331 mujeres por año pierden su vida. El Objetivo del Milenio compromete a llegar a una tasa de 2/3 inferior, pero a este ritmo la RMM para el año 2015 llegará a un nivel de 42,9 x 100.000 n.v., cercano a 3,3 veces superior a la comprometida por nuestro país. El aborto es la primera causa de mortalidad materna y también la primera causa de egreso de las maternidades luego del parto. Se estima que se practican 500.000 abortos por año.

Por otra parte, el embarazo adolescente registra tasas similares a las más altas de América latina. Las leyes de salud reproductiva se cumplen en forma irregular y deficitaria y muchas provincias directamente no implementan las leyes de educación sexual.

Se han registrado avances importantes en el ámbito judicial, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un histórico fallo del año 2012 (Caso F.AL 13.3.2012), se pronunció sobre la no punibilidad de la mujer violada que decide interrumpir su embarazo, exigiendo la elaboración de un protocolo médico o guía de actuación que asegure el ejercicio de este derecho. No obstante, la mitad de las provincias no tiene aún dictado el protocolo para que los servicios de salud garanticen la realización de las prácticas correspondientes.

El reciente anteproyecto de reforma del Código Penal presentado al Poder Ejecutivo nacional el 13 de febrero de 2014, no incluyó el tema del delito de aborto, aunque contradictoriamente incorporó dos nuevas figuras que penan el aborto culposo y la lesión al feto dolosa y culposa. Como miembro de la comisión he manifestado mi total desacuerdo a incorporar mayor punición en estos temas, y por el contrario, he acompañado una propuesta que amplía las causas de aborto no punible, posibilitando a la mujer decidir sobre la continuidad o interrupción de su embarazo en las primeras semanas de gestación sin que ello configure delito ni pueda ser penada.

El otro campo que deseo señalar por su importancia e impacto en la calidad de vida de las mujeres es el laboral. Las mujeres siguen siendo el colectivo que ocupa mayoritariamente los sectores informales con más baja remuneración y calificación. Son pocas las que ocupan altos cargos de responsabilidad empresaria. La brecha salarial no ha disminuido. Entre los desocupados las mujeres revisten los más altos índices y en las crisis son las primeras afectadas. Según datos recientes del Indec, las mujeres ganan $ 3.501 por mes mientras los varones ganan $ 4.699. ¡Una brecha del 34%! Trabajan 31,45 horas frente a 42,29 de los varones.

Excede el marco de esta publicación el análisis exhaustivo de todas estas variables de desigualdad, pero quiero señalar por su gravedad que en los relevamientos recientes (Observatorio Deuda Social, UCA) se ha puesto de manifiesto que en 2012 la tasa de desocupación de los jóvenes entre 18 y 24 años fue de 21,9, la cual triplicó la de la población de 25 años y más, que fue del 7,3. Para ambos grupos de edad, la desocupación registró gran disparidad según el sexo, siempre en contra de las mujeres. Para las mujeres entre 18 y 24 años la tasa de desocupación fue de 31,6 mientras que para los varones fue del 16,3. Para los mayores de 24 años la diferencia fue de 10,6 para mujeres y 4,8 para varones.

Se necesitan activas políticas de empleo con perspectiva de género y que capaciten y empoderen a las mujeres para ocupar puestos no tradicionales. No hay políticas en este sentido y, por el contrario, los planes de empleo muchas veces refuerzan el rol estereotipado que se les asigna a las mujeres, ligado a las tareas de cuidado, que además no son adecuadamente valoradas.

Se requieren, por tanto, proyectos que tengan una mirada más amplia y que abarquen la modificación cultural de los roles tradicionales para que mujeres y varones puedan compartir las responsabilidades de cuidado familiares; sin ello tampoco será viable insertar a las mujeres en el mercado laboral en igualdad de condiciones con los varones, por más que tengan amplias credenciales educativas.

Debemos tomar conciencia de que estamos muy lejos de cumplir las metas del milenio, aun en estos objetivos esenciales para un desarrollo humano en igualdad. El silencio que se guarda al respecto constituye una afrenta a los derechos civiles, económicos, culturales y políticos, consolidando la desigualdad estructural y la discriminación en razón de género.