| Por Marcelo Saguier |

El presente artículo reflexiona sobre la relevancia de conflictos socio-ambientales para la definición de nuevas agendas y miradas acerca de lo internacional. Para ello se centra en dos temas que articulan la relación entre conflictos socio-ambientales y agenda internacional. Por último, identifica procesos internacionales en curso que presentan espacios de oportunidad política para la incidencia de los países latinoamericanos en la definición de agendas internacionales en temas socio-ambientales.

Desarrollo e inserción internacional

Uno de los temas en los que se relacionan los conflictos socio-ambientales con la agenda internacional es la orientación y las consecuencias de las distintas estrategias de desarrollo e inserción internacional de los países. En América latina esta temática es lo que diferencia las visiones entre países orientados a la especialización productiva en base a la explotación de recursos naturales para el mercado mundial y aquellos que apuestan a la diversificación combinando la producción primaria con la industrialización. Más allá de esta diferenciación arquetípica entre orientación neoliberal y neodesarrollista, los sectores de producción primaria ligados a los recursos/bienes naturales han crecido significativamente en todos los países de la región. A su vez, la intensificación en el uso de los recursos/bienes naturales ha generado nuevas presiones y cambios en el ambiente, además del surgimiento de nuevas configuraciones socio-políticas en todos los países ligados a conflictos socio-ambientales.

Muchos de los problemas generados por la dependencia de América latina de una producción en base a recursos naturales son ya conocidos, como es su histórica condición como región periférica inserta en los flujos globales de comercio como proveedora especializada en producción primaria. La problemática sobre la inserción dependiente de América latina, y Argentina en nuestro caso, no ha sido aún superada. Por el contrario, la intensificación del uso de los recursos/bienes naturales acentúa la gravedad de esta problemática en tanto los efectos nocivos de la profundización de industrias extractivas generan problemas que comprometen condiciones en el futuro –como el agotamiento de suelos, la contaminación hídrica, la desforestación, para citar solo algunos–. Las nuevas configuraciones de poder mundial, con la emergencia de países del Sur, no resuelve automáticamente esta situación, si bien abre nuevas oportunidades para la construcción de políticas internacionales con mayor margen de autonomía de los países centrales. Es decir, el tradicional problema de la ubicación de América latina en el mundo no se agota en la propuesta de que el deterioro de los términos de intercambio comercial es la causa estructural del subdesarrollo en la periferia global. Por el contrario, a ello se suma la amenaza del deterioro de las condiciones de reproducción de la vida producto de la depredación ambiental con consecuencias ecológicas y socio-políticas negativas.

La intensificación en la explotación de los recursos/bienes naturales está ligada a la proliferación de conflictos socio-ambientales. Algunos de los casos más recientes y de mayor visibilidad incluyen el derrame de un millón de litros de agua con cianuro en un río en el proyecto Veladero de la empresa canadiense Barrick Gold en la provincia de San Juan, o la rotura de dos diques de contención de la minera Samarco en el estado brasileño de Minas Gerais que liberó en el poblado de Bento Rodrigues 62 millones de metros cúbicos de barro tóxico causando muertes, daños materiales y una devastación del ambiente que se considera la peor catástrofe ambiental de ese país. Estos casos se inscriben en una tendencia generalizada que se extiende en toda América latina y que son fuente de sostenida conflictividad social. Según los datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), actualmente hay 209 conflictos en la región en relación a la minería en los que 314 comunidades están afectadas.

Las obras de infraestructura hidroeléctrica de gran escala son asimismo fuente de conflictividad social por parte de comunidades que resisten a las megarrepresas por representar más daños que beneficios. En Argentina y Brasil comunidades en ambas márgenes del río Uruguay resisten el proyecto binacional Garabí-Panambí; un capítulo reciente de un movimiento contra las represas que tiene antecedentes en la resistencia a los proyectos Yacyretá, Itaipú y a las hidrovías. Al igual que en actividades extractivas, conflictos en torno a las megarrepresas se ubican como parte de un movimiento de alcance regional y global. En la región, con conflictos emblemáticos como el de Belo Monte en Brasil, además de otros en Colombia, Chile, Perú y Panamá.

La extensión de la agricultura industrial con el auge de los nuevos commodities agropecuarios –soja, aceite de palma pero también biocombustibles e industria forestal– introduce elementos adicionales al histórico problema de la distribución desigual de la tierra que diera origen a las luchas sociales de movimientos campesinos en muchos países de la región. La extensión de la frontera agropecuaria ha estado ligada a diversas prácticas de acaparamiento de tierras a expensas del desplazamiento de pobladores locales, generando en muchos casos situaciones de violencia, represión e incluso criminalización de las protestas. Asimismo, el cuestionamiento creciente acerca de los impactos en la salud humana causados por los efectos de pesticidas en fumigaciones aéreas introduce otra variable en la discusión sobre los vínculos entre modelos de agricultura de monocultivo intensivo, el desarrollo y la inserción internacional.

Los conflictos que surgen ante estas situaciones son respuestas sociales que manifiestan el riesgo al que se someten las condiciones de vida y los derechos humanos de las poblaciones afectadas –por ejemplo, cuando se afecta las fuentes de agua, el desarrollo de otras actividades productivas o el derecho a decidir de forma previa, libre e informada sobre acciones que modificarán sus comunidades–. Es decir, conflictos que emergen cuando hay diferencias entre pobladores, empresas y Estados en lo relativo a la distribución desigual de los beneficios y los costos de las actividades extractivas, y en las condiciones de participación en las decisiones al respecto. Sin embargo, los conflictos socio-ambientales transcienden su condición de problemáticas de índole local, excediendo las consideraciones sobre derechos y vulnerabilidades de comunidades y ambiente. Su significancia reside también en las posibilidades de visibilizar las contradicciones que existen entre los paradigmas dominantes del desarrollo –tanto en su expresión neoliberal como neodesarrollista–, manifiestas en las actividades extractivas con los equilibrios ecosistémicos globales que hacen posible la vida en la naturaleza. Por lo tanto, las implicancias de conflictos locales son de carácter global.

Son conflictos que se repiten y profundizan en todas partes del mundo con características específicas a cada lugar, como el suscitado por el finalmente abortado proyecto de construcción de un sistema de oleoductos para transportar petróleo desde Canadá hasta el sur de los Estados Unidos que permitió las resistencias de movimientos ambientalistas en ambos países. Este y miles de otros ejemplos de conflictos relacionados con recursos/bienes naturales se inscriben en un emergente movimiento global de justicia ambiental. Este movimiento expresa la búsqueda de nuevos lenguajes, prácticas socio-productivas y agendas que van moldeando un nuevo sentido común de una conciencia planetaria que devela el carácter sistémico y estructural de la crisis ecológica.

La traducción de estas nuevas sensibilidades en políticas e instituciones internacionales efectivas es todavía incierta en el corto plazo. Sin embargo, es indudable que la construcción de nuevos entendimientos sobre la relación entre desarrollo y naturaleza que emerge en relación a los procesos reflexivos, dinamizados por conflictos socio-ambientales y otras prácticas de intervención, genera condiciones de posibilidad para otros contextos políticos a escala global.

Cambio climático, desastres naturales y crisis humanitarias

Los conflictos socio-ambientales relacionados con los efectos del cambio climático inciden en la construcción de agendas internacionales. Los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los desastres naturales han aumentado en frecuencia e intensidad durante la última década como consecuencia de los efectos del cambio climático de la Tierra. Aproximadamente el 70% de los desastres naturales están relacionados con el clima, lo que representa el doble que hace veinte años. Cada año un promedio de 221 millones de personas se ven directamente afectadas por los desastres naturales, lo que representa cinco veces el número de víctimas de conflictos armados. Esto se traduce en un número creciente de personas afectadas en condiciones de crisis humanitarias. Cada terremoto, huracán u otro desastre natural pone en peligro la vida de millones de personas, especialmente en los países pobres, en los que las infraestructuras son menos sólidas, la densidad de población es elevada y la preparación ante situaciones de urgencia, insuficiente. Las poblaciones más vulnerables están más expuestas a ser presa de la miseria absoluta, la enfermedad, a la degradación ecológica, el hábitat precario y la inseguridad. Las lluvias torrenciales e inundaciones generadas por el fenómeno del Niño en Chile y Perú y la inédita sequía que azotó Brasil el verano pasado evidencian la intensidad de estos eventos climáticos.

Algunas investigaciones sugieren que existe una correlación entre cambios climáticos y la incidencia de conflictos que puede ser rastreada a lo largo de la historia de la humanidad. Aumentos en la temperatura y cambios en patrones de precipitación aumentan sustancialmente el riesgo de conflicto de muchos tipos, desde disputas interpersonales hasta la guerra civil hasta el colapso de sociedades. Esta es la conclusión de un estudio publicado en la revista Science en el 2013 en base a 60 estudios sobre cambios ambientales y agresión humana realizados en seis continentes cubriendo un período de más de 12.000 años. En la misma dirección, un equipo de científicos liderados por el climatólogo Colin Kelley publicó recientemente en la Proceedings of the National Academy of Sciences de los Estados Unidos un trabajo en el cual concluyen que el calentamiento global ayudó a causar una sequía en Siria contribuyendo a agravar el conflicto que posteriormente devendría en una guerra civil. La sequía que tuvo lugar entre 2007 y 2010 fue la más extrema y prolongada en la historia de ese país. Sus consecuencias directas fueron la devastación del sistema alimentario con la pérdida de todas las cosechas y el 80% del ganado pastoril. Esto llevó a que más de 1,5 millones de campesinos tuvieran que emigrar a las ciudades, donde en marzo de 2011 el malestar social se desbordó en un levantamiento civil.

Ello no es lo mismo a sostener que si no hubiese habido una sequía de tales características no habría ocurrido el conflicto en Siria. En todo caso, las condiciones climáticas extremas contribuyeron negativamente a la paz social y por lo tanto son parte de la dinámica del conflicto. Sin embargo, el punto aquí es que la dimensión climática del conflicto en Siria no suele estar presente en la caracterización de las causas y posibles soluciones para ese conflicto como otros. Una implicancia de ello es que la forma en que pensamos esta crisis legitima la prevalencia de supuestas soluciones militares mediante el uso de la fuerza. Estas miradas hegemónicas de la agenda internacional obturan la posibilidad de pensar las crisis y sus soluciones desde concepciones integrales que entiendan la inseparabilidad de las relaciones entre Estado, sociedad y naturaleza. Es decir, una dimensión climática del conflicto supondría considerar también otros elementos como pueden ser las políticas para la gestión de sistemas hídricos y agropecuarios en un contexto de cambio climático.

La relación entre cambio climático, desastres naturales y conflictos humanitarios plantea en la agenda internacional la necesidad de que organismos humanitarios cuenten con mecanismos para anticipar y responder a este tipo de evento para asistir a las víctimas en tareas humanitarias, generalmente ligadas a la asistencia, migraciones, atención médica y psicológica e infraestructura, fondos de contingencia, entre otras. Asimismo, sistemas de alerta temprana en lo relativo a cambios climáticos significativos que puedan generar y/o profundizar crisis humanitarias.

Cooperación internacional en múltiples escalas: una oportunidad para América latina

Una serie de procesos internacionales actualmente en curso son oportunidades para la construcción de agendas y políticas de cooperación para comenzar a abordar algunos de los desafíos planteados por los conflictos socio-ambientales. La articulación y complementariedad de procesos políticos a nivel regional y global es indispensable para este cometido.

En primer lugar, es importante continuar trabajando en la búsqueda de convergencia política a nivel regional en la agenda de cambio climático. Los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) están comprometidos a la identificación de una posible posición regional común para poder incidir como bloque en el proceso de negociaciones de un acuerdo sobre cambio climático que se lleva a cabo en marco de las Conferencia de los Estados Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático-COP 21 (CMNUCC).

Por su parte, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) también ha adoptado la temática socio-ambiental como parte de sus esfuerzos de coordinación política. Esto resulta indispensable considerando que los países sudamericanos cuentan con el 30% de las fuentes de agua dulce del mundo, 40% de la biodiversidad del planeta y una inmensa variedad de ecosistemas. El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, propuso crear un frente común del Sur entre los países sudamericanos y africanos para exigir mayores compromisos vinculantes por parte de China y los Estados Unidos, países que no han cumplido con sus obligaciones internacionales de reducir los gases que están calentando el planeta. Entre las distintas propuestas nacionales en el marco de la COP-21 se destaca la del gobierno de Ecuador. El presidente Rafael Correa propuso la creación de una Corte Internacional de Justicia Ambiental para sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales.

En segundo lugar, 19 países latinoamericanos y caribeños actualmente negocian un acuerdo regional vinculante sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esta iniciativa da seguimiento al proceso iniciado en Río+20 con la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este acuerdo regional permitiría prevenir conflictos y reparar daños que actualmente están relacionados con la imposibilidad de acceder a una verdadera justicia ambiental. La concreción de este acuerdo representaría un valioso aporte de los países de la región a la discusión global en lo referido a derechos de acceso en asuntos ambientales.

En tercer lugar, la cooperación para la gestión de aguas transfronterizas es una oportunidad para incidir en la agenda internacional del desarrollo sustentable y la gestión de aguas. América latina posee las cuencas de unos 60 ríos y lagos que son compartidas por dos o más países. Solo en América del Sur se encuentran tres de las cuencas de ríos más grandes del planeta –el Amazonas, Orinoco y el Plata– y uno de los acuíferos más importantes del mundo, el Guaraní, que es compartido por la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En América Central casi 40% del territorio está localizado al interior de cuencas internacionales. Los impactos del cambio climático han ejercido importantes presiones sobre estos recursos, además de una creciente competencia entre la agricultura y la minería, entre la ciudad y el campo y entre distintos países. El Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales en el marco de la ONU proporciona una plataforma intergubernamental para la cooperación transfronteriza, y para que países latinoamericanos puedan aportar a la construcción de un marco jurídico que contribuya a la gestión de las aguas transfronterizas. Asimismo, la experiencia en materia de gestión de cuencas transfronterizas en la región puede articularse con otros procesos internacionales de relevancia para las cuencas, como es el proceso RAMSAR en lo referido a la cooperación para la protección y gestión de ecosistemas de humedales.