| Por Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia |

No estamos diciendo nada novedoso si expresamos que el fenómeno de la criminalidad de masas no surge como algo espontáneo, sino que necesita de algún tipo de discurso legitimante y de uno posterior, obturador de cualquier tipo de juzgamiento por esos crímenes. Pues bien, la idea de este artículo es mostrar sucintamente el rol que le cupo en ese sentido al multimedios conocido como La Nueva Provincia (LNP) en la zona de Bahía Blanca, sur de la provincia de Buenos Aires, y parte de las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén, durante la última dictadura cívico-militar.

No pretendemos zanjar con este artículo la discusión en torno al concepto de “discurso de odio”. Simplemente buscamos aportar a esa discusión mediante el análisis de un caso concreto ocurrido en la Argentina, que permita identificar el germen de estos procesos y generar alertas tempranas para poder evitar la repetición de hechos similares.

La Nueva Provincia fue, y aún hoy lo es, una voz que legitima el odio y justifica las matanzas masivas como estrategia de intervención política. Al analizar el discurso que desde el multimedios se propalaba encontramos una clara ideología legitimante de aquellos crímenes. Una ideología antidemocrática y partidaria del aniquilamiento.

Al hablar de La Nueva Provincia nos estaremos refiriendo al complejo periodístico integrado por su nave insignia, el diario homónimo, y también por la radio LU2 Radio Bahía Blanca (una de las dos únicas radios de frecuencia AM en la región en aquella época; la otra era Radio Nacional, intervenida durante la dictadura) y la emisora de televisión Telenueva Canal 9 (único canal de televisión en la zona por entonces). Para la época, la empresa detentaba el monopolio absoluto de la información en la ciudad de Bahía Blanca y su área de influencia, dato fáctico que cobra especial interés en el contexto en el cual se cometieron los crímenes. En ese entramado de poder absoluto, de monopolio en la construcción de sentido, LNP, o mejor dicho el grupo de personas que dirigían y administraban el complejo periodístico (Diana Julio de Massot y sus dos hijos, Federico y Vicente –entre otros–), funcionó como una verdadera usina ideológica del Estado terrorista.

Como señalamos al comienzo, la perpetración de este tipo de crímenes de masa no resulta posible sin algún tipo de preparación de la sociedad sobre la cual se pretende intervenir. Porque de otra manera esa sociedad no lo permitiría, reaccionaría. Muy por el contrario, estos crímenes se preparan, se ejecutan, se justifican y se encubren. Pretendemos mostrar aquí –brevemente– cómo este complejo periodístico tuvo un rol central en cada una de esas etapas. Y la prueba de ello, por la particularidad del “medio comisivo”, es hasta hoy, tinta sobre papel. Pasaremos entonces a mostrar una fracción muy diminuta del discurso que desde este multimedios se desplegó señalando al enemigo a destruir, justificando las matanzas y negando los crímenes.

Una aclaración previa: la exposición estará centrada sólo en los editoriales del diario, a lo cual se debe sumar para un análisis más completo las noticias cotidianas que se publicaban sobre falsos enfrentamientos entre “delincuentes subversivos y las fuerzas legales” (que en realidad eran los asesinatos de quienes previamente habían sido secuestrados y habían estado cautivos en centros clandestinos de detención), la difusión masiva de los discursos brindados por las diferentes autoridades de las FF.AA. y la particular presentación de los comunicados militares, con títulos, copetes, volantas y resaltados, ubicados siempre en lugares privilegiados del diario. Por razones de extensión, también quedará fuera de este análisis la diatriba que desde la radio y el único canal de televisión se propalaba a diario.

Protagonistas

Durante muchos años, incluso antes del golpe del 24 de marzo de 1976, LNP se dedicó sistemáticamente a construir una otredad negativa, instigando una suerte de sociología de la enemistad que partía de la atribución a determinados grupos sociales de toda circunstancia supuestamente atentatoria del orden instituido. El rol, en este caso, es indudablemente el de un medio de control social informal, de un aparato ideológico de Estado destinado a reproducir un determinado statu quo y a anatemizar cualquier sistema de creencias disidente, cuando no a convocar –a veces subliminalmente y otras de forma expresa–, a la eliminación de lo diferente. Y es aquí donde el límite entre el aparato ideológico de Estado y el aparato represivo de Estado se difumina y confunde en lo que atañe al papel de LNP. Esto es, justamente, lo que lo distingue del rol que jugaran otros medios de comunicación de ideología conservadora.

La construcción de un enemigo, la preparación de una conciencia colectiva alienada de cara a una formidable tarea de contraculturación y penetración ideológica, el fortalecimiento del sistema de creencias hegemónico de buena parte de la sociedad local, la prédica amañada y tendenciosa que alentará el exterminio y lo justificará, la legitimación de la intolerancia y la violencia, el desarrollo de ingentes técnicas de neutralización y la cobertura posterior de los criminales, son algunas de las conductas que pueden señalarse como parte del desempeño del rol del multimedios en el plan criminal.

LNP participó en todas las etapas de la masacre, incluso en el último momento adicional; aquel que en criminología se denomina “técnicas de neutralización”, donde el negacionismo es uno de los elementos que, si bien no agota las excusas posibles por parte de los perpetradores para encubrir este tipo de delitos, resulta fundamental en toda ideología genocida, porque intenta hacer desaparecer a las víctimas o negar su existencia.

Desde su origen LNP se posicionó en un escenario que trascendía lo meramente periodístico para consolidarse como actor protagónico en la faz política e institucional, con objetivos muy concretos, que se identificaron con los objetivos castrenses. Sólo como ejemplo de un universo vastísimo cabe remitirse a la edición del 29 de mayo de 1969, en la cual el diario calificaba al histórico alzamiento popular conocido como el Cordobazo, como un “plan subversivo destinado a alterar el orden y la tranquilidad”. O la edición del 18 de marzo de 1973, en donde, en relación al nuevo período de gobierno peronista, expresó: “Quiera Dios darnos fortaleza. Hoy y aquí, comprometemos una vigilia permanente e incansable”. Meses más tarde, todavía en tiempos de un gobierno constitucional, el diario increpaba: “¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia sin contemplaciones ni concesiones?” (LNP, 2 de mayo de 1973). O el 1 de septiembre de 1975, cuando la directora del diario denunciaba la “acción disociadora” de los delegados Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola –obreros gráficos que luego serían secuestrados, torturados y asesinados en julio de 1976– “cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”. Heinrich y Loyola peleaban por que se cumpliera con lo establecido en un convenio laboral de los obreros gráficos vigente para entonces.

Con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, las ansias imperturbables de la familia Massot de conducir a la ciudad hacia la consagración de un centro de poder hegemónico, encontraron un espacio óptimo en la estructura orgánica y funcional que adoptó el aparato organizado del terror. LNP reivindicó plenamente el carácter de actor político que mantuvo con persistencia desde su origen, asumiendo las tareas que siempre declaró como propias: servidor del régimen dictatorial, usina ideológica y atalaya de la sujeción de aquel régimen a los principios e intereses en juego, de acuerdo con la particular visión de los dueños del multimedios.

Aquel 24 de marzo, reivindicando la idea de la refundación del poder y asumiendo un rol mediático prominente, LNP publicó: “Gobiernan las fuerzas armadas. Refundar la Patria. Si así hicieres que Dios lo premie, si no, que os lo demande”. El diario de los Massot tituló “Llegó el momento”, y entonces indicó a los ejecutores el modo en que tenían que proceder, en estos términos: “Nada de rodeos, ha llegado el momento de abandonar el profesionalismo aséptico y establecer la primera distinción fundamental en una política revolucionaria, distinguir el amigo del enemigo, y a la violencia destructora y asesina hay que responderle con una violencia ordenadora”. Para cumplir con este objetivo, el diario señaló que debía exterminarse al “aparato subversivo, al sacerdocio tercermundista, a la corrupción sindical, a los partidos políticos”. Incluso, de manera desembozada, en su editorial del 6 de julio de 1976, desde las páginas del diario los Massot pedían juicios sumarios y pena de muerte.

Es que desde el multimedios existió un constante esfuerzo por instalar la ficción de la “guerra”, operación central para legitimar el exterminio. Porque la masacre, la desaparición y la tortura debían ser justificadas de alguna manera: la “guerra” era su justificación, y esa “guerra”, además, debía ser “sucia”, para que se habilitara a las FF.AA. a cometer las aberraciones que se cometieron.

El diario no sólo indicaba cómo se debía proceder, sino que también señaló a las FF.AA. sobre quiénes debían hacerlo, a quiénes se debía “aniquilar”, incluso antes del 24 de marzo. Allí tenemos el editorial del 28 de enero de 1975, en donde indicaba la necesidad de “claustros limpios por dentro y por fuera, menos en la UNS”, marcando como un enemigo a la población universitaria. No podemos dejar de mencionar que la gran mayoría de los desaparecidos en Bahía Blanca y la zona fueron estudiantes y profesores de esa universidad. El aparato del terror se desplegó sobre alumnos y profesores de la Universidad Nacional del Sur de manera feroz y el diario otorgó un respaldo absoluto a esa ofensiva. Numerosos son los editoriales donde recuerdan que la subversión era ideológica, que la “guerra” era ideológica y que la universidad era uno de los lugares de “reclutamiento” de “delincuentes subversivos”.

Pero LNP no solo apuntaba a los claustros universitarios, sino que el señalamiento era integral. En su editorial del 2 de mayo de 1976 se pude leer cómo les marca a las FF.AA. que “es condición sine qua non tener presente que la guerrilla no se agota en los montes tucumanos o en los aguantaderos urbanos; la guerrilla está en la fábrica, en los hospitales, en las Universidades, en las Academias, en los sindicatos, en las empresas, en las cooperativas, en las revistas, en los diarios, en la televisión, el cine y el teatro. La ofensiva es total y de nada vale vencer en un campo si se deja intocados los demás”.

Esa diatriba diaria la podemos encontrar durante toda la dictadura, siempre pidiendo más, machacando con el fantasma de la subversión, retando a las FF.AA. para que no dejen de realizar su faena. Instándolas, incluso, a profundizar la masacre.

Generales en la batalla

Como decíamos, este discurso lo encontramos mucho antes del 24 de marzo de 1976 y mucho después. En el editorial del 28 de enero de 1978 y con el título “Aniquilar la subversión con la eliminación del marxismo”, LNP señala que “…sería irresponsable creer que la guerrilla ha muerto…”, propiciando la eliminación del comunismo y llamando a estar alertas porque la “guerra” no había terminado. Ya no le alcanzaba con que hiciera dos años que el país fuera convertido en un gran campo de concentración; LNP seguía azuzando a las bestias que ejecutaban de propia mano el exterminio.

Ese mismo mes el diario editorializaba de la siguiente manera: “Las versiones periodísticas arrecian respecto de la próxima liberación de Jacobo Timerman, principal responsable ideológico de la subversión en la Argentina” y en los renglones siguientes calificaba al ex director de La Opinión como “delincuente”.

El multimedios se ocupó también de los sobrevivientes que desde el exterior denunciaban los secuestros, las torturas y las desapariciones. En el editorial del 31 de agosto de 1978 los señala como “mal nacidos” por realizar esas denuncias en el exterior, y a las torturas, fusilamientos, persecuciones y apropiaciones de niños denunciados los niega señalándolos como “malévolas y ridículas imputaciones”. El discurso que instala es idéntico al desplegado por las FF.AA. durante la dictadura y con posterioridad a la misma.

Por supuesto que la inspección realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979 no escapó a sus críticas. LNP se queja (en el editorial del 22 de octubre de 1978) de los “burócratas humanitarios”, calificándolos de “mirones oficiales de los derechos humanos”, indicando que esa visita era absolutamente “impertinente”, dado que era una intromisión foránea disfrazada de “derechos humanos”. De igual manera en el editorial del domingo 21 de enero de 1979 y con el título “Los Derechos Humanos según el cristal con que se miran”, continuó cumpliendo su rol criminal. Cabe mencionar en la misma línea aquel editorial de octubre de 1980 mediante el cual, bajo el título “Premio Nobel de la Paz. Gran victoria de la subversión”, critica el reconocimiento otorgado a Adolfo Pérez Esquivel.

El negacionismo

En este acotado muestreo del discurso de LNP queremos referirnos a dos editoriales de finales de la dictadura, en tanto los mismos muestran la negación de la masacre, pasando así a la última de las etapas: el negacionismo, que permitiera el encubrimiento y la impunidad de los perpetradores. Titula LNP el editorial del 6 abril de 1981: “Los ‘desaparecidos’ reaparecen otra vez”. Ya en el título con el entrecomillado a la palabra “desaparecidos” se evidencia la negación de aquella realidad. Comienza diciendo ese editorial: “Hemos insistido, buen número de veces, en que el gobierno militar registra un único éxito absoluto: la derrota de la guerrilla. Y que la misma ha suscitado, correlativamente, un gravísimo problema político que será decisivo en los próximos años: el de los desaparecidos”. Es decir que, en las postrimerías de la dictadura militar, el diario calificaba al tenebroso dispositivo de aniquilación como un “problema político”. Y allí mismo, en el colmo del cinismo criminal, se preguntaba: “¿Cuántas ‘baladas del desaparecido’ se entonarán en la próxima década? ¿Cuántos rocks lentos que aludan a secuestros en la madrugada? ¿Cuántos libros titulados ‘Hablan las madres’ o ‘Hablan los hijos’ no proclamarán el genocidio y solicitarán un Nuremberg?”. Como se advierte, el proceso de exterminio y sus consecuencias estaban bien claros para los directivos de LNP.

Ese mismo mes, bajo el título “Viola y las Madres de los ‘Desaparecidos’”, editorializaba el diario: “Un reciente anuncio, efectuado por la Presidencia, hizo saber que el Gral. Roberto Viola estaba dispuesto a recibir a una agrupación de características un tanto insólitas que se denomina ‘Madres de Plaza de Mayo’. Su actividad más evidente es la de recorrer puntualmente, todos los jueves a las 15, la céntrica plaza porteña que enmarca a la Casa de Gobierno. Obviamente sus hijos son muchachas y muchachos desparecidos, en circunstancias hasta ahora no aclaradas, en el curso de operativos antisubversivos (…) hemos de aclarar que la subversión acostumbra ablandar, en el período inmediatamente anterior a su ataque o posterior retirada, al organismo político, mediante la llamada ‘guerra psicológica’, que, ampliada en extensión y profundidad, da la ‘guerra cultural’ (…) Los abusos de que se agravian las ‘Madres de Plaza de Mayo’, aún si existiesen, no son sino el resultado de una guerra en la que los desaparecidos –así llamados por razones de propaganda– tomaron las armas o bien sirvieron de alguna forma a la subversión”.

La representación es clara: “abusos” en medio de una “guerra sucia”. Los desaparecidos son sólo propaganda. Y nuevamente la ficción de la guerra que viene a encubrir la propia participación en el plan criminal.

Al decir de Acdel Vilas (aquel que en 1975 fue quien condujo el Operativo Independencia y luego fue trasladado para realizar su “labor” en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército), LNP fue un “…valioso auxiliar de la conducción…”.

Y eso que fue tal la entidad e importancia asignadas a la acción sicológica por parte de las FF.AA., que la misma fue regulada específicamente en sus reglamentos. En lo que respecta a la Armada, a través del Manual de Instrucción en Inteligencia, contrainteligencia y acción psicológica, en tanto que en el Ejército por medio del Reglamento RC-5-1. Este último establece específicamente –en lo que respecta al rol desempañado por LNP– los Procedimientos de la Acción Sicológica, en donde establece que podrán ser: “1) Propaganda; 2) Conducción; 3) Instrucción; 4) Educación y 5) Relaciones Públicas…”. Nos encontramos en el mismo RC-5-1 con el sugestivo concepto de “comunicador llave”, es decir, aquel por medio del cual se llegaba a la mayor parte de la población aprovechando su credibilidad. Si a esto le agregamos que dicho reglamento en palabras del propio Vilas (y del texto mismo) es un reglamento de combate, podemos afirmar sin lugar a dudas que La Nueva Provincia participó activamente –y de manera valiosa e imprescindible– en el “combate” contra la subversión.

Palabras finales

Lo que hemos visto hasta aquí es una muestra mínima de los editoriales que LNP publicó día tras días desde mucho antes del 24 de marzo de 1976 y que continuó publicando ya bien entrada la democracia. Pero inclusive con este exiguo muestreo podemos apreciar el discurso que enarboló el multimedios.

Mediante estos ejemplos hemos buscado esbozar de qué modo el derecho a la libertad de expresión en su faz social –entendido como el derecho a la información de la ciudadanía– fue brutalmente vulnerado por el diario LNP en la época de los hechos y posteriormente, al instalar un discurso relativizante, justificador y negacionista acerca del genocidio perpetrado.

La postura asumida por el grupo empresario LNP en la década de 1970, en evidente maridaje con las FF.AA., se traducía en proveer a las necesidades “operacionales psicológicas” que requerían las Fuerzas Armadas para legitimar socialmente el plan criminal. La sola lectura de los editoriales permite ver con claridad (y hoy, en perspectiva) el esfuerzo permanente por instalar la ficción de una “guerra”. Esa ficción era fundamental para el plan criminal, necesitaban de esa legitimación discursiva para perpetrar el exterminio. Sin esa legitimación eran –son– vulgares criminales.

Para ser más claros: la actividad delictiva desplegada por La Nueva Provincia se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística.

Tal como lo señalaron los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava al dictar sentencia en el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción del Bahía Blanca, “la expresión de la verdad (…) fue seriamente afectada por una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.

Existen solo dos antecedentes a nivel mundial en donde se juzgó y condenó por este tipo de conductas (la utilización de la propaganda y del medio de difusión como elemento que evidencia una concreta participación en delitos de lesa humanidad). El primero lo encontramos en los juicios de Nuremberg. Allí se juzgó y condenó por la labor de propaganda del régimen genocida nazi al dueño del periódico Der Sturmer (“El atacante”), Julius Streicher. El segundo antecedente es el caso que juzgó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en ocasión de analizar la conducta criminal del propietario de Kangura, un periódico cuyo dueño era Hassa Ngeze.

Para finalizar, y dada la temática del presente número, queremos terminar este artículo con lo que entendemos es la confesión del propio medio y del único imputado vivo, respecto del rol cardinal que, como empresa periodística, les cupo en la masacre planificada. El 19 de noviembre de 1977 el propio diario lo explicaba de la siguiente manera: “Más que hablar de la guerra, hay que hacer la guerra. De entre todas las profesiones le cabe al periodismo un puesto de avanzada en las trincheras de la Patria. Contiguo al de los soldados que, día a día, se lanzan a la cotidiana aventura de defender las raíces fundacionales de la Nación, anejo al de los esforzados agentes de policía, siempre dispuestos a dar su vida en defensa del país, nuestro puesto está cavado en las entrañas ideológicas de la realidad”.

Estas palabras se complementan con las expresadas por Vicente Massot en un seminario de periodismo dictado en la propia Universidad Nacional del Sur en 1979, cuando sostuvo que “el periodismo es un poder, un poder inconmensurable como jamás se les hubiese ocurrido pensar a quienes, alguna vez, acuñaron el término de cuarto poder”.

Queda claro entonces que no estamos hablando aquí de libertad de expresión, ni de discurso protegido. Estamos hablando de conducta criminal. Sucede que el eje de la cuestión jurídica ha sido planteado siempre –deliberadamente– a partir de los alcances del derecho de la libertad de expresión y su protección constitucional. Pero desde la imputación penal que se ha realizado a los responsables del multimedios, el centro de gravedad se ha corrido desde el supuesto desempeño de la actividad periodística amparada en la Constitución nacional a la efectiva participación criminal en los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos.