| Por Marcos Pearson |

Reflexionar en torno al cooperativismo y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) es conjugar, en un mismo movimiento, conquistas y desafíos actuales para la economía social y solidaria. Por un lado, el movimiento cooperativo que, con siglos de desarrollo y un alto grado de consolidación desde lo organizativo, amplía sus horizontes y alcances a través de un nuevo marco normativo que propicia un escenario a todas luces más favorable para su desarrollo. En este caso, en materia de comunicación. Por otra parte, una ley que es el resultado de un largo proceso de luchas y reivindicaciones, donde el sector de la economía solidaria, junto con otros actores, jugó un papel central para llegar a la necesidad de su discusión en la agenda pública. Por último, la LSCA, con todo lo que aún falta para su efectiva aplicación, es una ley que llegó para democratizar aún más la democracia, ya que reconoce a la comunicación como un derecho humano y, en ese marco, otorga un rol gravitante a las entidades sin fines de lucro para ejercer ese derecho, mientras que pone un freno a las corporaciones y monopolios que siempre vieron allí un negocio.

El presente artículo, retomando reflexiones y discusiones colectivas surgidas en el proceso de construcción de la LSCA y también desde las propias organizaciones y espacios de la economía social y solidaria en la actualidad, se propone realizar una aproximación al potente vínculo existente entre la mencionada ley y las posibilidades que esta brinda para el desenvolvimiento del movimiento cooperativo, partiendo de la siguiente premisa: uno de los mayores desafíos para el crecimiento de la economía social y solidaria es comunicacional; la economía social y solidaria es, eminentemente, el mensaje de que otro mundo es posible.

El desafío comunicacional

Las cooperativas, y más ampliamente las iniciativas de la economía social y solidaria, traen consigo, desde su mismo surgimiento, un fuerte desafío vinculado a “lo comunicacional”. Esto naturalmente es así desde el momento en que proponen una forma alternativa para organizar el trabajo, la producción, el comercio y el consumo, entre otros aspectos, que se contrapone al sentido común reinante y a los formatos que han caracterizado de forma hegemónica la sociabilidad de nuestros pueblos a nivel mundial, es decir, al modelo desarrollado por el sistema capitalista durante los últimos dos siglos.

Esta necesidad de lograr una mejor comunicación se expresa en primer lugar por el largo camino y el acumulado de desarrollo que tiene en su haber el movimiento cooperativo desde las primeras experiencias cooperativas surgidas en Europa desde el 1800 hasta la fecha y que evidencian su capacidad de generación de trabajo digno en un marco de reproducción de la vida por sobre el capital.

Por otra parte, puntualmente para la Argentina y América latina, por el poderoso y actualizado repertorio de experiencias que comenzaron a reconfigurarse y refundarse de la mano del cooperativismo y la economía social y solidaria tras el fin de los 30 años de neoliberalismo que signaron a los países de nuestra región con un aplastante avance del capital y la especulación financiera por sobre el trabajo, y de una cultura individualista y de consumo por sobre la solidaridad y el bien común.

También en el nivel de la institucionalización del cooperativismo y la economía social y solidaria se ha avanzado muchos casilleros. En Latinoamérica, son muchos los países que han sancionado leyes nacionales o que han incluido en sus reformas constitucionales recientes un reconocimiento al lugar que tiene y el aporte que realiza la economía popular, social, solidaria, del buen vivir, para el desarrollo de nuestras comunidades.

En la Argentina, a partir del año 2003, contamos también con una batería importante de políticas públicas, programas y áreas en distintos organismos, así como diversas leyes provinciales y ordenanzas municipales que dan cuenta de la existencia y buscan promover la gran cantidad de prácticas que el movimiento cooperativo y las organizaciones de la economía social y solidaria gestaron durante los últimos 20 años.

Disputa de sentidos

En este contexto, la necesidad de poner en valor este acumulado de trabajo pone de relieve hoy más que nunca un enorme desafío que es comunicacional y cultural.

¿Cómo hacer para que este potencial de trabajo y organización, que corre el foco del afán de lucro como única motivación y vuelve a poner en el centro al ser humano para la reproducción de la vida como objetivo esencial de la economía, tenga más presencia en el sentido común de nuestra población? ¿Cómo hacer para avanzar en la construcción de una ciudadanía crítica que sea capaz de reconocer el aporte diferencial que tiene el cooperativismo para la construcción de un mundo mejor?

Promover otra economía, con un fuerte anclaje en las propuestas provenientes desde el cooperativismo, implica, entre otras cosas, una disputa de sentidos en el seno de nuestras comunidades. Requiere la construcción de un discurso social que recupere lo mejor de lo humano para combatir años de una cultura individualista, donde el otro no es alguien con quien cooperar sino siempre un competidor, donde lo único que importa es el dinero y la búsqueda de acumularlo puede darse a cualquier costo.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es, en esta dirección, una gran noticia de nuestra época y una valiosa herramienta que genera un marco de posibilidades de grandes proporciones a partir de la oportunidad histórica que tiene el sector de la economía solidaria para participar de la construcción de una comunicación plural, democrática y popular.

Cómo llegamos a esta ley nos sirve también para ilustrar cuáles son sus principales aportes…

La Ley: el proceso y sus horizontes

Desde el retorno de la constitucionalidad democrática en el año ’83, hasta octubre del 2009, se presentaron más de 70 proyectos en el Congreso de la Nación para reemplazar el decreto ley de radiodifusión. Hasta ese entonces llevaba el número 22.285 y fue sancionado en el año ’80, durante la última dictadura cívico-militar. Todos los proyectos presentados durante las últimas tres décadas en el marco de los distintos gobiernos democráticos que se fueron sucediendo quedaron sin tratamiento. Esto se debió a las presiones de distintos grupos mediático-empresarios que no querían ningún cambio en las regulaciones de la comunicación. Se sumó también el gran desconocimiento del tema por amplios sectores de la sociedad, un elemento no menor que refuerza las ideas que venimos compartiendo respecto de la necesidad de abordar la problemática que representa la construcción de sentidos y/o el llamado sentido común que predomina en nuestros pueblos. Fue de este modo que la Argentina continuó durante largos años con un marco legal en materia de comunicación vinculado esencialmente a un modelo comercial.

Para que fuera posible reemplazar el decreto-ley que llevaba las firmas de Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy, tuvieron que pasar más de 25 años. Además, tuvieron que unirse y trabajar articuladamente una multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil para construir la fuerza social necesaria que instalara el tema en la agenda pública, pusiera de manifiesto la necesidad del cambio y se conjugara con una coyuntura nacional donde la voluntad política del Poder Ejecutivo tuvo también una enorme relevancia en el final del largo proceso.

Durante el mismo, las entidades de la economía social y solidaria, a través de las radios comunitarias, el movimiento cooperativo y distintos tipos de organizaciones sociales y comunitarias, y en el marco de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, jugaron un rol fundamental llevando esta discusión por todos los rincones del país y jalonando una reivindicación a la que nuestro país le debía una respuesta desde hace tantos años.

Lo que siguió es lo siguiente: el 27 de agosto de 2009, Día de la Radiofonía y además fecha en la cual cumplía cinco años de funcionamiento y trabajo colectivo la Coalición por una Radiodifusión Democrática (el 27 de agosto de este año la Coalición está cumpliendo sus 10 años), la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, enviaba para su tratamiento al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El mismo finalmente fue aprobado por amplia mayoría en la madrugada del 10 de octubre de ese mismo año y la ley llevó el número 26.522, luego de un largo e inédito proceso de participación y consulta que incluyó audiencias públicas y abiertas dentro del mismo Congreso.

Un nuevo escenario comunicacional para la economía solidaria

Ya pasaron cinco años desde la sanción de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Más allá de cuánto cambió el mapa de medios hasta el momento o hasta qué punto ha sido posible su efectiva aplicación –con todos los avatares judiciales que se sucedieron desde 2009 hasta acá–, es importante reconocer lo que el proceso de construcción de esta ley y su desenlace favorable implicó e implica para el cooperativismo y la economía social y solidaria, sabiendo que este sector fue un actor protagonista en su propia gestación.

De este modo, por un lado es necesario remarcar que uno de los aspectos centrales en todo el proceso fue el debate social, la toma de conciencia y la reflexión colectiva, de la gente de a pie, que incluyó el tema en sus conversaciones más cotidianas. Este es uno de los grandes saldos que dejó este proceso, es decir, el hecho de que los más variados actores de la sociedad civil se encuentren durante varios meses hablando y pensando sobre cómo y cuál debería ser el funcionamiento de los medios de comunicación, reflexionando sobre cómo estuvieron funcionando hasta el momento y reconociendo la necesidad de que otros actores, entre ellos el sector de la economía solidaria, pudieran participar siendo adjudicatarios de licencias de radio y televisión.

Como lo explican Néstor Busso y Diego Jaimes en el libro La cocina de la ley: el proceso de incidencia en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, la esencia de la actual ley es la democratización de la comunicación. “Con la promoción de nuevos medios de comunicación populares y comunitarios”, esta ley viene a modificar el paradigma que dominó al sector de la comunicación desde el nacimiento de la radiodifusión allá por el año ’20 del siglo pasado, un modelo enfocado hacia el sector privado con intereses comerciales, vedando la posibilidad de participación de otros actores, como las ONG o las economías solidarias, en los medios de comunicación.

Es importante resaltar, en este sentido, que el Estado históricamente estuvo en deuda en materia de comunicación con las organizaciones sin fines de lucro, con el sector cooperativo y de la economía solidaria; de hecho la Ley de Medios de la dictadura no permitía la participación de estos atentando contra el pluralismo, valor esencial de la democracia, puesto que sólo podían ser licenciatarios de medios aquellas entidades que tuvieran fines de lucro.

¿Qué cambió entonces con esta ley? Plantea que la comunicación es un derecho de todos, que no puede ser entendida sólo como un negocio, y para el privilegio de unos pocos. Siguiendo también a Busso y Jaimes, “los grandes protagonistas de la comunicación entendida como un negocio fueron desde siempre los grandes grupos concentrados de la comunicación: los multimedios”.

Hasta el momento la situación que se da en el sector es la de predominio de estos poderosos grupos multimedia (propietarios de canales de TV, frecuencias de radio y prensa) que solo buscan el fin de lucro a cualquier costo, en desmedro del servicio público y de los intereses democráticos de la nación. Aunque todavía falta mucho para que este escenario cambie drásticamente, la LSCA es el mejor marco de posibilidades para avanzar en ese sentido.

Por otra parte, antes de la ley 26.522 el espectro radioeléctrico era una especie de mercado donde sus frecuencias eran “compradas” por quienes tuvieran mayor poder económico e influencias con el gobierno de turno. Con la ley actual esta nociva concepción comercial cambió. De ahí la importancia del actual registro abierto y público de licencias, para conocer en detalle a los licenciatarios de las frecuencias. Además, las licencias caducan y debe prevalecer un criterio de calidad de servicio a la hora de la adjudicación por parte del Estado. También establece, y este es un dato saliente para las cooperativas y las entidades de la economía solidaria, el 33% de participación del espectro radiofónico para cada uno de los siguientes actores: comerciales, públicos y sin fines de lucro. Tal como lo expresan Busso y Jaimes, “el hecho de definir tres tipos de prestadores a través de la ley, abre un escenario con mayores condiciones para que la comunicación pueda ejercerse con pluralismo”.

Otra comunicación para otra economía

Como hemos visto, la LSCA constituye una valiosa herramienta que generó un marco de posibilidades inédito a partir de la oportunidad histórica que tiene el sector cooperativo y de la economía solidaria para participar de la construcción de una comunicación plural, democrática y popular y poder llegar con su mensaje y sus propuestas a toda la población con nuevos instrumentos.

Ya lo hemos señalado, la construcción de una economía social y solidaria requiere estrategias y herramientas de comunicación y los enfoques de la comunicación comunitaria, popular y alternativa puestos en valor a través de la LSCA, sin duda serán los adecuados para aportar en este sentido. El movimiento cooperativo y la economía social y solidaria proponen un cambio que también es cultural y necesita disputar sentidos en el seno de las comunidades, territorios y sujetos populares. Para esto es de vital importancia hacer visibles las prácticas ya existentes, acumuladas durante años, sistematizarlas y dar cuenta de ellas. Es necesario dimensionarlas con todo su recorrido, sus aciertos y desafíos. Pero también hacerlo en diálogo con un movimiento más amplio, que va más allá de lo micro, más allá de la experiencia, más allá de cada localidad, y deberá hacerse parte y ponerse en diálogo con la búsqueda histórica de organización de las/os trabajadoras/es y su lucha por la reproducción de la vida más allá de los márgenes que busca imponer la sociabilidad capitalista.

Fortalecer al sector cooperativo de la economía solidaria y sus sujetos protagonistas es, ineludiblemente también, una tarea comunicacional que se pone en juego en aunar un mensaje común, en visualizar sus propuestas y mensajes –en disputa y tensión frente a otros–, y establecer criterios desde la comunicación para avanzar sabiendo de qué se está hablando, por qué, para qué y junto a quiénes.

La LSCA llegó para poner en jaque a quienes ejercieron durante años la comunicación como un negocio. Si la comunicación es un negocio, las noticias son mercancías que se compran y venden en el mercado. La economía social y solidaria pone en discusión a través de sus prácticas el funcionamiento mismo de ese mercado. Y recuperando el vínculo entre el sector cooperativo, la economía social y solidaria, la comunicación y las noticias, resulta urgente, entonces, poder destacar que el trabajo que desde hace años vienen llevando adelante las cooperativas y el sector sin fines de lucro es una gran noticia. En este sentido, formarnos y compartir herramientas desde la comunicación para que esa noticia trascienda hacia otras agendas y espacios es el gran desafío, sobre todo en estos tiempos donde celebramos la emergencia del debate sobre la comunicación en nuestro país luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la creciente toma de conciencia social respecto de la necesidad de contar con medios de comunicación comunitarios y populares que les den voz a los temas y problemas que preocupan a nuestro pueblo.

Finalmente, una última reflexión en torno a las potencialidades que tiene la LSCA: en el trabajo cotidiano por el desarrollo del cooperativismo y la economía social y solidaria nos encontramos constantemente con que no alcanza con el acompañamiento técnico y profesional, o con mejorar la calidad de las producciones y servicios, o con reforzar el trabajo organizativo, o fortalecer los procesos administrativos y de gestión, si no abordamos con decisión la problemática que representa para las/os trabajadores/as de la ESS su marginalidad en el mercado, su invisibilización y el desconocimiento por parte de la sociedad respecto de lo diferencial que contienen sus prácticas y sus productos. Hace falta entonces –además de todo lo anterior– continuar trabajando en la construcción comunicacional de la economía social y solidaria. Como hemos dicho, la buena nueva es que para ello el sector cuenta, desde hace cinco años, con un marco normativo que lo reconoce y le otorga un espacio específico dentro del espectro radioeléctrico para que no falten micrófonos ni pantallas a donde llevar esta noticia: otra economía es posible y crece desde el pueblo.

De este modo, la necesidad de profundizar los esfuerzos que se vienen haciendo desde las organizaciones de la economía social y solidaria en torno al mencionado desafío comunicacional se manifiesta en la actualidad con una gran nitidez por diversas razones.