| Por Boris Marañón y Dania López |

La solidaridad económica en México

En el país, el impulso a la solidaridad económica proviene principalmente del cooperativismo histórico y de la Teología de la Liberación. Desde ambos, con fuentes diferentes, se plantea la construcción de otra economía basada en la cooperación y la solidaridad, y se desarrolla un importante trabajo organizativo en sectores populares. El cooperativismo recupera los principios de autogestión, cooperación y solidaridad del movimiento cooperativo internacional y plantea a partir de los noventa del siglo pasado la pertinencia de dicha modalidad organizativa, teniendo en cuenta que existen cooperativas cercanas a sus principios fundacionales que pueden impulsar la economía solidaria y la importancia del cooperativismo en la economía nacional, haciendo una revisión crítica sobre la relación clientelar y corporativa registrada con el Estado.

La vertiente eclesiástica enfatiza el compromiso preferencial con los pobres en la búsqueda de su emancipación, trabaja principalmente en zonas rurales e indígenas del país, recuperando sus prácticas de economía comunitaria y recíproca (trueque, ayuda mutua, trabajo colectivo, reciprocidad, etc.) y, en general, su idea del “nosotros” por encima del individuo. Se sostiene que la economía indígena supone que el pueblo tiene la capacidad de decidir en su casa y cuidar de la creación para la vida del propio pueblo; que en la creación el pueblo cumple el designio de Dios y la tierra es lugar teológico, y que los hombres y mujeres deben vivir en una relación comunitaria y recíproca, en una relación integral que abarca todos los aspectos de la vida del pueblo. Esta corriente solidaria tenía una fuerte concepción de economía indígena, comunitaria y recíproca hasta fines del siglo pasado; pero a partir de la articulación con redes internacionales se priorizó el uso del término economía solidaria, desde donde se apela al consumo ético, al comercio justo, a la producción bajo principios ecológicos y éticos, y en general, a la democratización de la economía expandiendo la solidaridad dentro de ella; sin embargo, consideramos que dejó de lado propuestas fundamentales: la integralidad de la vida y la naturaleza como sujeto y fuente de vida.

En 2003 se conformó el Espacio Ecosol México, que agrupa a un significativo número de redes y organizaciones de solidaridad económica; sin embargo, a pesar del generoso despliegue de esfuerzos, hay todavía un camino largo que recorrer para lograr un espacio solidario articulado en términos conceptuales, epistemológicos, estratégicos y operativos. Falta generar información precisa de la importancia cuantitativa del mundo solidario, incrementar la visibilización de sus discursos, prácticas y potencialidades, y lograr un mayor reconocimiento desde la sociedad y desde el Estado.

Hasta 2011, el Estado mexicano no distinguía la especificidad de actividades y actores orientados a la solidaridad económica, y diversas instituciones, entre ellas, el Fondo Nacional de Empresas Sociales (FONAES), destinaba importantes montos de dinero “a fondo perdido”, pero sin considerar la racionalidad de las experiencias y en muchos casos desestructurando las prácticas que eran soporte de las mismas; aunado al carácter corporativista y clientelar del Estado mexicano que ha tratado de ocupar todos los espacios de poder en la sociedad y ha impedido la autonomía de las organizaciones sociales. En 2012 se aprobó la Ley de Economía Social y Solidaria, la cual, pese a que reconoce un conjunto de actividades y actores que tienen una racionalidad diferente a la capitalista, coloca a la solidaridad económica como un sector subordinado al capitalismo y a su propuesta desarrollista-evolucionista, carece de una visión ecocéntrica de la vida social y mantiene el carácter corporativo y corporativista propio de la historia política mexicana.

El siguiente apartado trata de proponer unas ideas respecto de cuáles podrían ser los elementos que deben ser considerados para establecer políticas públicas para la solidaridad económica que fortalezcan la racionalidad y autonomía de las organizaciones solidarias en una perspectiva anticapitalista.

Consideraciones para la elaboración de políticas públicas

La participación en los procesos de definición de políticas públicas significaría impulsar, defendiendo la autonomía, no sólo reivindicaciones sobre apoyos en materia de crédito, producción, transformación, consumo, capacitación, educación, entre otras, sino la disputa respecto de las concepciones y relaciones sociales que dan sentido a la vida en sociedad. Esto significaría hacer un esfuerzo por identificar los aportes y las limitaciones de las propuestas teóricas de notables académicos y activistas, orientados a una reflexión de la solidaridad económica desde la historicidad, la totalidad social y las relaciones de poder, entendido este como dominación, explotación y conflicto.

Luis Razeto y José Luis Coraggio han realizado invalorables aportaciones a la teorización sobre las prácticas económicas solidarias en América latina. A consecuencia de la destrucción del Estado de Bienestar y de los derechos políticos, sociales y económicos por la sangrienta dictadura militar de Pinochet, Razeto identifica la emergencia de Organizaciones Económicas Populares, las cuales se caracterizan por [a] ser heterogéneas, pero todas ellas están integradas por grupos de personas o familias que buscan en conjunto encarar un problema económico inmediato a través de la cooperación solidaria y la reciprocidad; [b] tener conciencia de solidaridad, identidad de grupo y una estructura comunitaria; [c] poseer una racionalidad económica que busca enfrentar colectivamente un conjunto de necesidades humanas individuales y sociales; [d] no ser sólo organizaciones económicas, pues buscan estrategias de vida y no de subsistencia, que establezcan un vínculo estrecho entre producción, distribución y consumo. Por su parte, José Luis Coraggio trata de precisar el ámbito de la economía popular, sosteniendo que ella se basa esencialmente en unidades domésticas que tienen como recurso fundamental el trabajo familiar y tienen una racionalidad no capitalista, pues su finalidad es la producción y reproducción de las condiciones materiales y simbólicas; no obstante, advierte que las mismas pueden ser contrapartida funcional del capitalismo al contribuir a la precarización laboral y consumir sus mercancías. A partir de la articulación de las heterogéneas expresiones de la economía popular realmente existente, que conforman un todo caótico, el autor sugiere pensar en una economía del trabajo como un sector o subsistema dentro del sistema de economía mixta actualmente existente, con una lógica de la reproducción ampliada de la vida de todos, donde las relaciones sociales no estén objetivadas y primen relaciones de solidaridad; esto requiere una lucha contra el sistema cultural capitalista y disputar el sentido de criterios, prácticas y propuestas, así como un regreso a lo macro económico y macro social, impulsando políticas socioeconómicas (crediticias, fiscal, educativa, etc.) y sistemas legales y de justicia favorables al desarrollo del sector, desde un Estado democrático y participativo.

Las contribuciones de los autores mencionados permiten tener una idea respecto de lo que son y deberían ser dichas experiencias. No obstante, la visión de Razeto resulta muy economicista, en tanto que la propuesta de Coraggio, desde nuestra perspectiva, tiene la limitante de apelar a la democratización de los Estados latinoamericanos, sin otorgarles un mayor peso a las tendencias recientes del capital y su impacto en la reconfiguración de esos Estados; además, en su esquema de la economía mixta no se explicitan las diferencias y las relaciones de poder que existen entre los distintos sectores que la componen. Consideramos que ambos autores no ubican en su real dimensión las relaciones de poder, como eje estructurador de las relaciones sociales, entre ellas las económicas, y su perspectiva de conocimiento no permite imaginar, teorizar e impulsar las prácticas de solidaridad económica como parte de una propuesta que supere el imaginario desarrollista de la colonialidad-modernidad capitalista y de sus instituciones básicas: mercado, Estado, democracia representativa, trabajo asalariado.

Inspirados en la propuesta teórica de la (Des)Colonialidad del Poder de Aníbal Quijano, los autores que aquí escriben han insistido en la necesidad de analizar las experiencias de solidaridad económica: [a] desde la totalidad social y no desde el reduccionismo económico, [b] tratando de teorizar sobre las mismas como parte de un proyecto societal, y no limitarse a describirlas (empirismo), y [c] considerando el contexto histórico estructural en el que surgen. Significa estudiar dichas experiencias incorporando el problema de poder, asumiendo una postura ética comprometida con los sectores populares dominados y explotados, reconocer y legitimar sus prácticas, sus conocimientos, sus visiones de mundo, y proponer formas alternativas de organización societal. Se apela a reconocer la racionalidad que opera en esas prácticas, que se aleja de la racionalidad instrumental del lucro y el beneficio individual, así como las relaciones sociales que se tejen entre sus integrantes y en qué medida se alejan de las relaciones de dominación/explotación propias del capitalismo; en ese sentido, se plantea considerar las relaciones de reciprocidad, de igualdad social, de comunidad y de sustentabilidad ambiental en un sentido fuerte; considerando tensiones permanentes entre patrones de reciprocidad y mercado.

Desde esta vertiente nuestra propuesta sostiene que la construcción de políticas públicas orientadas a la reproducción y consolidación de la solidaridad económica debe concebirse como un proceso que abarque una mirada al mismo tiempo mundial, nacional y local, para aprehender los principales rasgos de la actual etapa histórica del capitalismo y de una crisis que atraviesa todas las dimensiones de la existencia social (el trabajo, la naturaleza, el conocimiento, la autoridad pública y el sexo-género) que tiene sus mayores evidencias en la acelerada destrucción de la naturaleza, en el crecimiento del desempleo y subempleo estructurales, en el debilitamiento profundo del Estado-nación y en el vaciamiento de la democracia representativa. Asistimos, al mismo tiempo, a la emergencia de prácticas sociales que, ante la falta de trabajo asalariado como medio de vida y de reconocimiento social, y como formas de resistencia al despojo de tierras y territorios por parte de los Estados y las empresas transnacionales, se van caracterizando por el trabajo colectivo basado en la territorialidad, la reciprocidad, el respeto a la naturaleza, el autogobierno y la búsqueda de la desmercantilización de la vida y del trabajo. Estas prácticas van configurando una propuesta no sólo productiva pues abarcan a la vida en su integralidad y tienen su expresión en el Buen Vivir, planteamiento procedente de América del Sur que cuestiona al capitalismo y al Desarrollo, y se orienta a establecer relaciones sociales de reciprocidad y complementariedad entre las personas y con la naturaleza. La lucha por la definición de las políticas públicas es, por lo tanto, una lucha que tiene como telón de fondo un proyecto de vida alternativo al capitalismo.

En este sentido, la disputa por lo que se entiende por economía(s) es crucial. El pensamiento liberal, eurocéntrico, sostiene que el ser humano es individualista, egoísta y ávido de acumular ganancias y poder y que toda conducta que se aleje de esta orientación es irracional; en ese sentido, las causas de la pobreza se atribuyen precisamente a la falta de una conducta racional, pues se atribuye a las personas pobres actitudes (ocio, gasto excesivo, resistencia al trabajo disciplinado) y capacidades (bajo nivel de educación) no adecuadas. Desde nuestra perspectiva, se trata de rebatir tales ideas: [a] sosteniendo que la pobreza responde a relaciones de poder entre capital y trabajo favorables al primero, que significan para el segundo una creciente marginalización, una dificultad cada vez mayor para vivir de modo digno del trabajo asalariado, y [b] sugiriendo que la vida social para segmentos de los sectores sociales dominados y explotados del país y del mundo tiene como fundamento el respeto entre seres humanos y de estos con la naturaleza, el Buen Vivir, esta visión que se está enriqueciendo desde la última década con el aporte de los pueblos indígenas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la acción teórica, política y práctica estaría encaminada a discutir los fundamentos epistemológicos que cobijan el diseño de las políticas públicas, y erradicar el imaginario eurocéntrico del Desarrollo que las sustenta (salario, mercado, ganancia, explotación de la naturaleza, relaciones sociales sujeto-objeto). Las políticas deberían ser pensadas, diseñadas, ejecutadas y evaluadas como un momento de la lucha social que debe tener como horizonte histórico la institución de la solidaridad económica, de la economía de los trabajadores, con sus rasgos propios. Lo económico solidario tiene que ser impulsado de manera que en cada fase y en cada operación económica una mayor parte del excedente económico sea apropiado por las organizaciones y destinado a una reproducción ampliada de la solidaridad económica, lo que no es posible si de manera paralela no existe un poder político que apoye la solidaridad-reciprocidad.

Las políticas públicas deben ser diseñadas teniendo en cuenta las especificidades de las experiencias económicas solidarias, y no imponer la visión del Desarrollo, pues se trata de organizaciones y sujetos que producen y reproducen su existencia social a partir de una racionalidad solidaria y liberadora, anclada en prácticas que buscan el bienestar colectivo entre las personas y con la naturaleza. Por lo tanto, deben orientarse a fortalecer su racionalidad y sus características no capitalistas, en lugar de forzarlas a perseguir la eficiencia y la ganancia propias de las empresas capitalistas.

Es indispensable además que tales políticas sean diseñadas y aplicadas dejando de lado prácticas corporativas y clientelares que acompañan de manera evidente al Estado mexicano, de manera que respeten la autonomía política y organizativa de las experiencias. Se debe considerar pues el tipo de hegemonía social que las clases dominantes han impuesto al conjunto de la sociedad a través del Estado.

Así, el impulso de políticas públicas orientadas a la solidaridad económica debe ser discutido en un contexto amplio, considerando si es viable y deseable que las relaciones económicas solidarias se potencien como parte del capitalismo y del Desarrollo; o por el contrario, si tales relaciones deben articularse a un proyecto de sociedad alternativo como el Buen Vivir, basado en la reciprocidad, en la comunidad y en la naturaleza como sujeto. Esto es, en una propuesta que implica un nuevo sentido de la vida basada en una racionalidad solidaria y liberadora, y prácticas sociales que van hacia la desmercantilización del trabajo, de la vida y la naturaleza.

Es evidente que estas propuestas no tendrán una respuesta favorable por parte del Estado, pues van contra la racionalidad y las relaciones sociales que este sostiene, por lo que es necesario el impulso de un amplio movimiento social desde el cual se interpele al Estado y se dispute la orientación y aplicación de las políticas públicas para la solidaridad económica.