| Por Stella Maris Biocca |

En una de las últimas intervenciones en la Convocatoria Económica y Social, previa a las elecciones nacionales del 2015, Aldo Ferrer dijo: “El eje que atraviesa la votación es la soberanía”. Este clarísimo planteo me pareció una síntesis perfecta para entender que la opción no era tan solo la elección de un presidente y parcialmente algunos diputados y senadores, sino establecer si la soberanía era una meta o solo una palabra formal pero vacía.

Porque se puede afirmar que la soberanía, en su significado tradicional, tiene un aspecto formal que implica el reconocimiento de la independencia de un Estado que conforma la comunidad internacional, y un contenido que se reconoce por la plenitud de la autodeterminación y el ejercicio de dicha soberanía no solo en el territorio, sino en su decisión legislativa y jurisdiccional, así como también, plenamente, en el orden económico y financiero.

Aunque se reconozca la soberanía meramente formal de la Argentina, en cambio atraviesan su historia diversos períodos de sometimiento parcial en sus políticas legislativas, jurisdiccionales, económicas y financieras.

Es a mi juicio importante ver las causas de la soberanía incompleta y por tanto comprender el significativo alcance del planteo que dejó Aldo Ferrer.

La colonización es, desde siempre, el sometimiento de pueblos y Estados en beneficio de otro, sea este un imperio o un hegemón.

Claro está que, según vemos en la historia, lo que cambia es la metodología. De la fuerza desarrollada por ejércitos de ocupación, para el dominio político y la apropiación económica se fue pasando a mecanismos más sutiles pero igualmente eficaces.

Las teorías económicas, el establecimiento de sociedades multinacionales, las inversiones extranjeras que no admiten restricciones legales, el endeudamiento externo, la concentración de medios de comunicación, la transculturalización y finalmente el control electrónico, son herramientas apropiadas para mantener un sistema internacional en donde una potencia y cinco o seis Estados centrales sometan a diversos grados de colonización al resto de los Estados.

¿Pueden los países que nacieron en el siglo XV y XVI como una extensión y apéndice de la economía europea y cuyos procesos de independencia, en gran medida, se debieron a la fuerza expansiva del capitalismo mercantilista y a la conquista de territorios y productos para implementar un sistema de monopolio comercial, elegir el sistema de inserción al mundo?

La inserción en la economía mundial fue determinada por la naturaleza de la colonización, por lo tanto resulta diferente según fuera la colonización, de “exploración y explotación”, la típicamente efectuada en América latina, o la de “población” como fueron las del norte de Estados Unidos, Canadá y Australia.

En aquellos territorios donde se producían mercancías apropiadas para los mercados europeos interesados, se estableció un patrón que en el caso de la mayoría de las naciones consistió en latifundio, explotación agraria y minera con esclavitud (Brasil, Cuba, Haití, Jamaica, Alto Perú y el sur de Estados Unidos), con diferente característica en nuestro país, donde el tipo de producto agrario no requería de esa mano de obra, resultando suficiente la del gaucho. En toda esta región la colonización fue preponderantemente de exploración y explotación de recursos que fluían rápidamente hacia las metrópolis europeas.

Después de la declaración de la independencia política ¿se logró una independencia económica que permitiera a la par una inserción plena y autónoma en la comunidad internacional? Desde esa época devino una diferenciación a la plenitud soberana encarnada por los que ya pensaban la conveniencia de una subordinación a la política económica de los países centrales y los que intentaban superar la fragmentación interna y obtener autonomía en su comercio externo.

Si bien el comercio dirigido y la fragmentación interna continuó en la Argentina (excepto en el período 1946/55), se incrementó desde 1966, para constituirse desde 1976 y en 1990 en una verdad instalada según la cual la inserción en el mundo exigía cambios en la estructura jurídica, afirmándose que la única forma de crecimiento económico posible era a través de las inversiones externas sin condicionamiento alguno y actuar en el mercado internacional a través de las empresas transnacionales.

Los métodos operativos de las empresas multinacionales fueron facilitados por doctrinas jurídicas y económicas que se expandieron durante la década de 1960, en especial la subordinación legislativa y jurisdiccional extranjera de los contratos celebrados por las empresas públicas argentinas y la emisión de bonos o contratos de deuda por parte del Estado nacional o provincial argentino.

La política impuesta en 1976 y generalizada en 1990 se interrumpe en el período 2003/2015 aunque no se afianza totalmente, por lo que a partir de 2016, con el nuevo gobierno, se vuelve a iniciar un proceso de cambios legislativos, endeudamiento, apertura indiscriminada de las importaciones, devaluación, etc., es decir, una nueva etapa de neoliberalismo. En este período se observa similar cambio en Brasil.

El método operativo de las empresas transforma las relaciones jurídicas, comerciales y financieras externas en operaciones internas de las empresas. No extraña entonces que se comience a observar la traslación de los ejes del poder político de los países subdesarrollados a dichas empresas, que imponen el ritmo propio de su desarrollo a la par que los Estados retroceden tanto en el control de la propia economía cuanto en la adopción de medidas para asegurar el bienestar general.

La cuestión es decidir si en esta globalización queda un margen de autonomía nacional decisoria, o si solo queda resignarse al modelo exclusivo e invariable de economía y sociedad que propugnó el Consenso de Washington y que subsiste en el siglo XXI, tal como puede observarse con el resurgimiento del neoliberalismo en Latinoamérica.

Las políticas prescriptas por el FMI e indirectamente por los países centrales constituyen un liberalismo singular, por cuanto las fórmulas aplicadas a los países periféricos no siempre coinciden con el ideario liberal ni en cuanto a los Estados que deben adoptarlo, ni al objeto de la libre circulación, ya que mientras se acepta la eliminación de las barreras al flujo financiero, a las inversiones, a la circulación de mercaderías y servicios, no se adopta igual criterio para la circulación de los trabajadores, y además se excluyen aquellos productos que en general predominan en las exportaciones de los países subdesarrollados, por ejemplo los agrícolas. Apertura irrestricta para los países subdesarrollados y proteccionismo para los Estados desarrollados es la fórmula de este “singular liberalismo”.

Es, como se advierte, una globalización ideológica en el sentido que a la palabra le dio Manheim: ideología como sistema de creencias y valores aparentemente objetivos y científicos pero que disfrazan en realidad los intereses de grupos o de naciones poderosas cuya política refleja la visión de sus clases dominantes.

Una de esas creencias seudocientíficas es la que afirma que el Estado nación tiende a desaparecer como consecuencia de la globalización. Los países centrales son prueba de lo contrario y acaso la mayor evidencia la ofrece Estados Unidos, que posee el mayor despliegue de instrumentos de poder internacional, no solo frente a los diversos países sino también respecto de las organizaciones internacionales políticas o financieras. Esto se observa también en el ordenamiento jurídico, por cuanto no solo no ratifica los tratados o convenciones vigentes en la comunidad internacional (rechazo manifestado en nombre de su soberanía) sino que se desentiende de la legalidad internacional para aplicar su teoría preventiva, o la reserva del unilateralismo pese a integrar la OMC. Por lo tanto, parece claro que los Estados que deben reducir sus funciones y facultades son los de los países subdesarrollados y periféricos.

La imposición de creencias para lograr el consenso en equilibrio variable con la fuerza constituye el ejercicio normal de la hegemonía, siendo a veces incorporada la corrupción como elemento necesario para no usar la fuerza y obtener el consenso.

El consenso puede ser el resultado de una sugestión por creer que se puede, aceptando las propuestas sin analizar consecuencias, obtener el mismo grado de crecimiento o éxito económico de los países desarrollados (es un ejemplo la ilusión de la Argentina en la década de los ’90 con pasaje al primer mundo si aceptaba todo cuanto recomendaba el FMI, o ahora en 2016, sosteniendo que endeudándose se alcanzará un sostenido bienestar económico).

Podría afirmarse que se presta consentimiento con miras a la inserción global, pero en verdad este no es sino un consenso condicionado o impuesto.

Condicionalidad no solo para acceder al crédito internacional sino también para la colocación de los productos exportables, para las relaciones del comercio internacional, para las radicaciones de inversiones, para refinanciar la deuda externa, etc. El consentimiento del condicionado no excluye la dominación en un sistema imperial: la historia recuerda el consentimiento a Roma de las ciudades acosadas a conformar alianzas o ser dominadas por los ejércitos.

Pero aunque se observe que a esta globalización se le puede oponer una regionalización democrática, solidaria, no solo económica sino también social, cultural y política para una inserción que procure el desarrollo y el bienestar de los pueblos, es necesario optar por el tipo de integración que tenga esos fines y no encubra la consolidación de un imperio.

En América latina coexisten diversos procesos de integración, no solo en cuanto a su estructura jurídica, sus fines y sus actores, sino también respecto del propio objetivo en orden a la globalización, la que se quiere presentar como el único sistema de interrelación internacional.

Aun la idea de regionalismo se torna equívoca, porque es preciso diferenciar si se trata de un regionalismo abierto o no. El regionalismo abierto propone la apertura de las economías nacionales y la desregulación para una mayor competitividad de la economía internacional, dejando librado al mercado el alcance de la integración si la hubiere. Es afín a los postulados de la liberalización global de la OMC y a los principios del neoliberalismo.

El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) no pretendía solo el comercio internacional, sino una relación de poder político. Este objetivo es decisivo. El camino hacia la globalización en términos de dependencia para los países periféricos de América latina no se detiene y señalo esta diferencia por cuanto el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) no fue receptado por los países europeos que no admitieron su contenido. En cambio se reproduce en los tratados que suscriben Estados Unidos o los países centrales con América latina.

En cuanto al ALCA, lo que importaba era la negociación con la potencia más poderosa en el espacio regional, que aún hoy procura organizar la globalización conforme a sus intereses. Ello es lógico en las relaciones del derecho internacional tradicional, pero no en un proceso integrativo en el que los intereses a resguardar son los regionales y no los nacionales. Esto es una clara manifestación de patrón colonial.

En todos los intentos integrativos, ALCA, Alianza del Pacífico, Tratado Transpacífico y Tratado Transatlántico, como en los tratados bilaterales, ya sea de libre comercio como los reguladores de temas puntuales, se advierte:

a) La protección exclusiva y excluyente de las inversiones extranjeras en la que se otorgan derechos a los inversores y se limita o aun se suprime la facultad de los Estados para establecer reglas que puedan proteger el bienestar público, resguardar el medio ambiente, atender el debido cumplimiento de los servicios públicos o fijar las metas para que las inversiones procuren el desarrollo del pueblo y el respeto por los derechos humanos.

b) La determinación de la jurisdicción y la definitiva sustitución de la jurisdicción judicial del Estado por la arbitral externa.

c) La amplitud de la noción de expropiación que comprende también la denominada “expropiación indirecta” o “medidas equivalentes”, por lo que se considera tal cualquier medida que adopte un gobierno y disminuya la ganancia esperada, aun cuando esta sea una medida general adoptada ante una crisis importante y grave.

d) La prohibición de toda medida de control de capital aunque esta sea necesaria para prevenir o evitar las crisis financieras internacionales.

e) La prohibición de los requisitos de desempeño, con lo que se impide la adopción de exigencias a los inversores para que la misma sea beneficiosa para el Estado receptor, otorgando a los inversores privilegios inauditos (no sujetarse al régimen de compras interno, no requerir que se exporte, etc.).

f) Beneficios en diversos temas tales como compras del sector público, propiedad intelectual, servicios, comercio electrónico, etcétera.

Para que la estrategia de la globalización se imponga, se procura mediante la firma y adhesión de “tratados tipo” bilaterales, que los países adopten jurídicamente las reglas necesarias para la misma.

La existencia de lo que llamamos el entramado jurídico facilita la concreción de los objetivos de la globalización, tanto como la conciencia cultural que se afirma a través de creencias del orden internacional adecuado e inmodificable.

Este sistema de relaciones internacionales predispuestas se vincula con la situación interna de los Estados en el orden político, económico e institucional.

Para constatarlo tomamos como ejemplo a la Argentina durante la dictadura de 1976 a 1983, durante el período 1990/2001, y el que se proyecta claramente en el futuro a partir del 2016.

a) Situación política: notoria pérdida de autonomía y poder decisorio del Estado gravemente debilitado por las distintas causas invocadas (desorden administrativo y excesivos gastos, corrupción, etc.).

b) Económica y financiera: endeudamiento agravado mediante la elección de legislación extranjera y la aceptación de jurisdicción extranjera donde se juzgará al país como una persona privada y no como un Estado soberano.

El actual gobierno propicia el endeudamiento externo como estrategia para resolver problemas que, está visto, solo se pueden resolver con otras medidas, como por ejemplo activar el mercado interno, defender los puestos de trabajo, no despedir, y preservar que los salarios permitan el desarrollo interno. El endeudamiento, muy probado en la Argentina, hace estragos, tal como se vio en el 2001 y como se ve hoy en Grecia.

La necesidad de resolver el tema judicial de los acreedores externos en default no significaba arreglar la deuda de cualquier forma sino negociar para beneficio de la Argentina y no de los fondos buitre, que son especuladores despreciados en el escenario mundial.

El arreglo, por lo tanto, tenía que darse dentro del marco de las condiciones de los bonos reestructurados y, en especial, no pagar lo no debido, como las costas de incidencias ganadas (caso de la Fragata Libertad), o los honorarios totales.

En rigor no hubo arreglo, sino rendición y aceptación de imposiciones que agravian la mínima soberanía, se exigió la derogación de leyes, la 26.017 y 26.984. Así como también se le impuso a la Argentina un breve plazo para derogar las leyes y efectuar el pago total al contado, para cuyo cumplimiento debía obtener un crédito externo.

La razonable posición de la Argentina al respecto, respaldada por la Asamblea de Naciones Unidas, fue descartada por el gobierno nacional, que entre sus primeros actos rindió al país.

c) Institucional: por cuanto los poderes del Estado carecen de facultades decisorias reales, actuando como simples organismos gerenciales.

d) Jurídica: porque la trama legislativa interna determinada por reglas internacionales impide, más allá de lo declamatorio, atender el interés nacional y regional.

La privatización del derecho internacional puso en crisis el ejercicio de los atributos del Estado (administración, legislación y jurisdicción), artilugio que permite universalizar la privatización del poder económico.

Desde otro punto de vista, la insistencia en la Justicia Privatizada internacional puede neutralizar y paralizar el proceso integrativo no hegemónico, integral y no solo comercial.

El tema es la secuela lógica de la privatización del derecho internacional y desde luego es la función acorde con la preponderancia de las sociedades multinacionales o transnacionales, actores cuasi exclusivos del proceso de integración cuyo fin último es la globalización, entendida la comunidad internacional como un mercado, con solo unos pocos Estados desarrollados dirigiendo a países mas o menos inviables.

Por fin, no solo el mercado es erigido en sustitución del Estado en los países periféricos, sino que también existen mercados globales que actúan abiertamente contra la ley de los Estados.

La política internacional indica el mayor o menor ejercicio de la soberanía. Hay decisiones en esta área que van más allá de intentos de relaciones económicas. Cuando los Estados de Latinoamérica que compartían ciertos principios comunes para asegurar la autonomía política frente a relaciones dispares con Estados centrales confluyeron en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), procuraron modificar el patrón colonial que, como dijimos, subsiste en la inserción en la comunidad internacional.

Pero esta unión no consolidada totalmente fue de inmediato resistida por sectores internos y externos afines con los principios del neoliberalismo.

Por ello reaparece en el 2011 la denominada Alianza para el Pacífico (México, Colombia. Perú y Chile). Si bien esta se presenta como una integración que coexiste con otros sistemas, no queda limitada a cuestiones comerciales sino que intenta sumarse a la red de tratados de libre comercio, con lo que fractura los objetivos políticos y sociales de Unasur.

La Alianza para el Pacífico no es solo un simple acuerdo comercial, sino una adopción de total alineamiento, como un acuerdo que sustituyó al ALCA y que es fundamentalmente una estrategia de Estados Unidos con relación a las políticas internas y externas de los Estados sudamericanos.

A diferencia de otros procesos integrativos, a la Alianza del Pacífico no le interesa el concepto de autonomía política económica y desarrollo de sus integrantes, sino el de competitividad, pues sus principios rectores son la desregulación, apertura y liberalización económica. El Estado no juega un papel relevante en las relaciones económicas ni laborales. Prima la idea de “libre mercado” y se asienta en la función preponderante de las empresas transnacionales y la movilidad internacional de los capitales extranjeros.

No se establece restricción para que los capitales que ingresen no lo hagan exclusivamente con finalidad especulativa ni se los diferencia de los que tienen por objeto incrementar la actividad productiva. Como se observa, todos principios similares a los adoptados por el nuevo gobierno argentino.

No se trata de una oposición a la Alianza del Pacífico sino de enfoques diferentes respecto de la integración, y ello por tener visiones distintas respecto de la inserción política internacional de nuestro país, en función de sus intereses y no para unirse a socios estratégicos como Estados Unidos, siguiendo las iniciativas que este propone en función de su estrategia geopolítica.

Es decir, el sistema neoliberal y la integración propuesta nuevamente nos conducen a una inserción colonial, no soberana.

Por último debemos señalar que el paso dado por el Poder Ejecutivo, con el sigilo exigido en estos acuerdos internacionales, es el primer paso para incluir a la Argentina como miembro pleno, es decir, constituirse como Estado parte de esta Alianza, que es, a su turno, el paso previo –según lo reconoció el propio secretario de Comercio Miguel Braun ante el Atlantic Council en Washington en mayo pasado– a integrar el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TTP), dando así por finalizada la etapa de la integración latinoamericana que tenía como objetivo el desarrollo con justicia social.

La integración que propone el TTP es hegemónica y supone la aceptación para los Estados parte de un rol secundario, marginal, sin tener la plena soberanía sobre los recursos naturales y cediendo las facultades regulatorias y jurisdiccionales propias y esenciales de un país independiente.

Por último, la forma de mantener la colonización de América latina es empleando los métodos comunicacionales. En la Argentina se produjo al mismo tiempo, a fines del siglo XX, una concentración y una extranjerización de los multimedios.

Hayek decía en Los fundamentos de la libertad que la democracia es por encima de todo un proceso de formación de opinión. Luego los formadores de opinión han alcanzado un protagonismo sin precedentes, han desarrollado un modelo que enfatiza la imagen, la sensibilidad a las proyecciones del yo y a las identificaciones artificiales, aplicando técnicas de manipulación transferidas del ámbito del marketing al espacio de la política.

El éxito en la conformación de la opinión pública desarrollado por el neoliberalismo en América latina tiene que ver con el uso de las estrategias comunicacionales, seleccionar temas que sensibilizan a la opinión pública, instalar nociones falsas o irreales y utilizarlas en su propio interés. Imponer candidaturas y descalificar a líderes políticos que no sigan sus dictados.

El centro de esas estrategias es el quiebre del consenso sobre el papel del Estado y la desvalorización de lo público a favor del interés privado, redefinir el rol del Estado como mero administrador de funciones muy limitadas, ausente de las cuestiones que tienen que ver con la equidad, la integración social y el bien común, relacionar los problemas de cada individuo con las falencias del sistema estatal. Así, por ejemplo, la corrupción se soluciona privatizando y desregulando.

Se sustituye la política por el marketing y por tanto se transforma al ciudadano en consumidor. Es para ello fundamental “despolitizar” a la sociedad.

Este régimen profundamente desarrollado en la Argentina explica la resistencia de los medios de comunicación a la ley de medios audiovisuales, que luego de cuatro años de sancionada recién pudo aplicarse tras una enconada batalla judicial en distintos frentes (medidas cautelares en distintas provincias, pedidos de inconstitucionalidad, etc.) que tardíamente fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente, la ley fue modificada mediante decreto por el actual gobierno. Este acto de dudosa legalidad, realizado apenas asumido el nuevo gobierno, aseguró a las nuevas autoridades nacionales la mayor impunidad y el ocultamiento de sus actos antijurídicos.

Los medios cada vez más direccionan la cultura, a la que consideran un negocio y no la herramienta de construcción de la sociedad. Establecen pautas y valores ajenos sin atender a la riqueza de la diversidad cultural propia. Se desintegra la noción de servicio público y se promueve un constante descreimiento de lo propio a fin de que cada vez más la sociedad sienta su propia desvalorización, que justifica aceptar la superioridad de los Estados dominantes.

A esta unidad globalizadora se suma el actual espionaje tecnológico que encuentra su validación en la existencia real o virtual del terrorismo. Luego, por razones de seguridad, debe aceptarse ser invadido por el espionaje de los Estados centrales que así garantizan la “libertad” de los Estados periféricos.

Como se ve, no es fácil alcanzar la plena independencia, en parte porque cuesta mucho modificar los esquemas culturales impuestos. Sin embargo, Latinoamérica conoce día a día las mentiras en el orden nacional e internacional que los grandes medios difunden, y esto es el inicio para resistir. La lucha será larga, pues se ha logrado que el pensamiento banal sustituya el análisis crítico.

El conocimiento que se obtenga venciendo la liviandad a que algunos medios nos llevan, permitirá también encontrar el camino para superar la dominación económica. Para lograrlo, América latina necesita mantener y profundizar la integración regional con objetivos de democracia real y desarrollo integral con preservación plena de los derechos humanos.

En el escenario regional y global actual, la Argentina se desliza hacia los bordes deshaciendo su soberanía para convertirse en un Estado marginal, se impone un mercado que le marca sus políticas y sus leyes sociales, económicas y financieras, sugestionándonos para hacernos creer en un futuro que no comprende sino a las minorías y excluye a las mayorías. Ese es el retorno a una situación colonial total en materia de tierras, recursos naturales, tecnología, laboral, educativa, de salud, y de relaciones políticas con la comunidad internacional.

Por eso se planteaban dos proyectos de país en las elecciones nacionales del 2015 y la soberanía era el eje que las atravesaba.