| Por Mariana Galvani y Karina Mouzo |

La cárcel, a pesar de ser denunciada desde sus orígenes, siguió funcionando a partir de inútiles intentos de reforma que no lograron mover ni una roca de sus cimientos. Es por eso que para Foucault la cárcel tiene una funcionalidad que no es la que declaradamente expresa. La cárcel, más que tratarse de un espacio de castigo o bien de reforma de los detenidos, es un espacio donde se segrega y se reproduce la delincuencia. Del conjunto de los ilegalismos se recorta, se selecciona una parte, sobre la cual el sistema penal opera. Así se juzga, encarcela, libera y vuelve a seleccionarse a ciertos sectores de la población. Las constantes denuncias acerca de la reincidencia son un observable de la forma en que funciona el sistema penal en su conjunto: para Foucault es la cárcel la que produce la delincuencia y por ende la reincidencia. En efecto, estos ilegalismos transformados en delincuencia tienen la virtud de atraer sobre ellos la atención y de convertirse en un peligro al cual la sociedad teme. Siendo colocados en el centro de la escena se transforman en el gran peligro para la sociedad de los cuales hay que protegerse, a la vez que quedan en las sombras los grandes delitos económicos que, apoyándose en la delincuencia, se mantienen en la periferia lejos de las injerencias del sistema penal.

A pesar de estas invariantes, los discursos que sostienen la necesidad y la función de la prisión sufrieron algunas modificaciones a lo largo del tiempo. En este sentido, la “resocialización”, en tanto forma de tratamiento individualizada, fue la justificación de la cárcel para buena parte de los países occidentales.

A partir de ello nos surgen dos interrogantes: el primero, ¿cuál es el lugar que el discurso resocializador tiene en la actualidad?, y el segundo, si ¿los diagnósticos que se realizan para otros países y contextos pueden ser traspolados al caso argentino?

El declive del ideal resocializador

A partir del análisis del campo del control del delito y la justicia penal en Norteamérica e Inglaterra, David Garland sostiene que desde la década de los ’70 en adelante se opera un giro en torno a la forma en que se considera cómo debe ser tratado quien es condenado por el sistema penal. El argumento central es que la modernidad tardía trajo una serie de riesgos, inseguridades y problemas de control que han moldeado las formas de respuesta frente al delito. Es en este sentido que afirma que existe un declive del ideal “rehabilitador” y que, a la vez, este declive va de la mano de la reinvención de la prisión. Por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de que hay tasas de delito decrecientes, las tasas de encarcelamiento aumentaron en los últimos 30 años.

La prisión criticada a lo largo de toda su historia, emerge como la herramienta privilegiada del control penal. Si el fracaso de la prisión en términos correccionales alentó al principio el uso de medidas comunitarias, posteriormente el desencanto respecto de estas medidas preparó el camino para una visión distinta del encarcelamiento que destacaba su efectividad como puro medio de castigo y de incapacitación a largo plazo. Se trata entonces del paso de la “resocialización” al “control”: si la primera implica el tratamiento individualizado, es decir, se prepara al individuo para que, una vez liberado, pueda trabajar e insertarse socialmente, la segunda no apunta a la “resocialización” con vistas a la integración social, sino que apunta a controlar pero sin “integrar”. Este es el cambio cultural más significativo en el campo del control del delito desde fines del siglo XX y que continúa hasta la actualidad. No obstante, en esta reestructuración Garland señala que conviven de forma compleja nuevas y viejas racionalidades.

Otros autores como Malcolm Feeley y Jonathan Simon esbozaron algunos lineamientos de lo que denominan “Nueva Penología”. La Nueva Penología, según estos autores, comienza a configurarse a fines de los años ’60 del siglo XX y se caracteriza por unos discursos que ya no apuntan a la idea de “resocialización” ni de tratamiento individual; incluso no se basa en una caracterización moral del sujeto delincuente, sino que tienen como blanco aquellos sectores de la población que estadísticamente son considerados “peligrosos”. En esta lógica la cárcel opera como lugar de neutralización de estas poblaciones durante una determinada cantidad de tiempo. Es un modelo que apunta a la incapacitación selectiva de quienes se supone son un “riesgo” para el resto de la población.

Los análisis de Garland y el de Feeley y Simon son análisis del sistema penal fundamentalmente norteamericano, a la vez que son discursos que ponen en circulación un debate acerca de la relevancia de la “resocialización” como justificación de la pena privativa de la libertad en la actualidad. Pero Garland es cuidadoso en este aspecto, y por eso advierte que hay un declive y no la lisa y llana desaparición de este discurso. Para este autor, pensar en una nueva racionalidad como la “nueva penología” que estaría reemplazando totalmente los viejos postulados del sistema penal y del control del delito, es un tanto exagerado e insostenible.

Por su parte, para Feeley y Simon el discurso de la resocialización quedará subsumido en lo que denominan la lógica managerial, es decir, una lógica de gestión de “riesgos” basada en principios economicistas de eficacia y eficiencia, e indican que la resocialización pierde sentido en la medida en que los valores sociales no se encuentran en la actualidad unificados, por lo cual la referencia a la “norma” y la idea de normalización carecen de sentido.

El abordaje de Garland se orienta también a estudiar cómo este cambio de escenario respecto de la rehabilitación afecta el lugar que ocupan los funcionarios de las prisiones. En Norteamérica el personal experto (asistentes sociales, criminólogos, psicólogos, etc.) tuvo un peso importante en la configuración de lo que el autor denomina welfarismo penal. Garland define al welfarismo penal como la política de control del delito que se puso en funcionamiento luego de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos que se basaba en los siguientes axiomas: a) la reforma social y económica reduciría el delito; b) el Estado debe asistir, castigar y controlar a los delincuentes; c) el Estado debe ser agente de reforma como de represión. En definitiva, se trata de una estructura híbrida que combina el legalismo liberal del proceso y su castigo proporcional con un compromiso correccionalista basado en la rehabilitación, el welfare y el conocimiento criminológico.

En el complejo penal-welfare, el ideal de la rehabilitación no era sólo un elemento entre otros. Era más bien el principio organizador hegemónico, el marco intelectual y el sistema de valores que mantenía unida toda la estructura y la hacía inteligible para sus operadores.

Según Garland, hay que tener en cuenta que en los ’70 los reformadores correccionalistas eran el establishment. En este sentido, los altos funcionarios políticos eran asesorados por estos expertos: psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales, quienes alejados de las expectativas del público dominaban la política criminal y promovían a la resocialización como el pilar de la política penal. De todas formas, este investigador señala que los valores y opiniones de estos expertos no eran compartidos por gran parte del público, así como tampoco por los funcionarios policiales, penitenciarios y fiscales.

Este es el escenario que tenemos respecto de la política penal y del campo de los funcionarios expertos en la “resocialización” en Estados Unidos e Inglaterra, pero poco sabemos de este campo en nuestro país.

El caso argentino

Hablar de un declive del ideal resocializador en nuestro país nos presenta un problema insoslayable. No hay estudios sistemáticos en la Argentina que aborden qué mutaciones existieron –si es que existieron– en materia de tratamiento de los detenidos a lo largo del siglo XX. Es decir, que aborden la racionalidad política y las tecnologías de gobierno puestas en juego alrededor de este objeto. No sabemos si fue representativo ni importante en el pasado el trabajo de criminólogos, psicólogos y del resto de profesionales que se dan a la tarea de “resocializar” a los presos. Los análisis que toman al campo penitenciario argentino como objeto focalizan en los últimos años del siglo XIX y en los comienzos del siglo XX con la irrupción del pensamiento positivista como clave de intervención sobre los sectores etiquetados como peligrosos.

Los análisis que toman al campo penitenciario argentino se remontan al año 1907, cuando se creó el primer Instituto de Criminología dirigido por José Ingenieros dentro de la Penitenciaría Nacional, cuyo director era por aquel entonces Antonio Ballvé. Fue entonces cuando la penitenciaría modelo se transformó en un gran laboratorio humano –o al menos un gran laboratorio de las clases bajas, dado que quienes la poblaban pertenecían a este sector–. Precisamente, una evidencia de esta articulación entre criminología y prisión es que en nuestro país, a diferencia de otros, la criminología fue integrada al diseño institucional de la administración de castigos. Ahora bien, como ya indicamos, son pocas las investigaciones que se preocuparon por ver qué continuidades e interrupciones se dieron a lo largo de la historia en lo que al discurso resocializador respecta. Así como también, cómo se vincularon dos discursos distintos como el del “penitenciarismo”, que sin apoyarse en saberes científicos que lo avalaran, veía en el trabajo y la religión herramientas de transformación válidas para todos los hombres, y el positivismo criminológico, que desde el saber científico postulaba que no todos los hombres eran pasibles de ser corregidos. Asimismo, si bien para los positivistas argentinos el trabajo era una herramienta (entre otras) de transformación, la religión no ocupaba un lugar de referencia.

A partir de aquí, sólo contamos con algunos elementos que nos brinda Lila Caimari respecto del campo penitenciario durante el primer peronismo. Según la historiadora, un hito en el derrotero del sistema penitenciario de nuestro país viene de la mano de Roberto Pettinato, quien fue jefe del Servicio Penitenciario Nacional durante el primer mandato de Juan Domingo Perón.

Según Caimari, la gestión de Pettinato llevó a cabo una serie de reformas decididas y sostenidas desde una voluntad política sin precedentes en esta materia. Y si bien los pilares del sistema penal no fueron modificados, se dio un giro en la forma de presentar al delincuente.

En efecto, se transmutó al preso en víctima, y a la sociedad preperonista (con sus jerarquías y desigualdades) en victimaria al dejar a una parte de sus miembros desamparados y desesperados al punto de tener que transgredir la ley para poder sobrevivir. En ese sentido, los derechos de los presos pasaron a ocupar un lugar central en la administración del castigo. Símbolo de ello fue en 1947 el desmantelamiento por decreto del penal de Ushuaia.

No obstante estos avances, insistimos en la falta de análisis sistemáticos que nos permitan, así como Garland lo hace para el campo del control del delito y la justicia penal en Estados Unidos e Inglaterra, indicar confluencias, superposiciones entre distintas racionalidades políticas y tecnologías de gobierno en esta área. Poco sabemos de cómo influyeron las sucesivas dictaduras militares en el campo penitenciario, cómo se desempeñaron los profesionales de la resocialización durante los sucesivos gobiernos de facto, y si hubo o no cambios en materia de tratamiento penitenciario con el advenimiento de la democracia en el año 1983.

A modo de conclusión

Consideramos que se debe problematizar la emergencia, las continuidades y rupturas del ideal “resocializador” en la Argentina. El concepto de “problematización”, tal como propone Foucault, refiere a la manera en que se conforma cierta experiencia como objeto de reflexión y pensamiento, es por eso necesario realizar en futuras investigaciones la genealogía de la emergencia de esta experiencia en nuestro país.

Es por ello que pensamos que no se puede afirmar ni la persistencia ni el declive de la idea de “resocialización”, puesto que no hay investigaciones que nos muestren cuál fue su impacto en el pasado reciente. En tal caso será necesario analizar los distintos sentidos que el significante “resocialización” tuvo a lo largo del tiempo y cuáles fueron sus puntos de apoyo.

Poder abonar al conocimiento de estas prácticas de intervención implica conocer nuestro pasado reciente y ubicarnos respecto de ciertas discusiones que se dan en materia de tratamiento carcelario y posicionarnos de forma fundada respecto de los debates que en el área se suscitan.