La prevención del delito es una parte fundamental de cualquier política de seguridad. Sólo los vecinos pueden identificar las necesidades específicas de una comunidad. Así, su participación se vuelve central al momento de desarrollar planes y propuestas adecuados a la realidad local.

| Por Agustina Baudino* |

La participación de la comunidad en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de seguridad es una de las claves del paradigma de la seguridad democrática, y también uno de sus mayores desafíos.

Hoy es posible observar diversas experiencias tanto a nivel local como nacional y regional que –con mayor o menor éxito– ponen en evidencia la importancia que tiene para el Estado el compromiso de la comunidad en el mejoramiento de la relación con la policía, el control y evaluación del servicio policial, la prevención de la violencia y el delito, la elaboración de estrategias de seguridad que contemplen las particularidades de la realidad local y la disminución de la sensación de inseguridad. Generadas tanto a partir de la propia iniciativa de la ciudadanía como a instancias del Estado, las experiencias de participación a su vez contribuyen a fortalecer los lazos comunitarios, recuperar la confianza en las instituciones y en definitiva convocan a la sociedad a involucrarse activamente, lo cual ciertamente redunda en una profundización de la práctica democrática.

Cabe señalar que las políticas públicas que involucran la participación comunitaria son muy diversas. No existen tipos ideales sino que habitualmente estas se construyen a partir de distintos modelos, para dar lugar a las experiencias más variadas. Sin embargo y aunque mucho se ha escrito al respecto, merece la pena puntualizar algunos aspectos específicamente vinculados a la prevención, que permiten comprender mejor el alcance que tiene el llamado a una comunidad activa y comprometida.

¿Cuál es el rol de la comunidad en el desarrollo de estrategias de prevención? ¿Cuáles son los alcances reales y los límites de estas iniciativas? ¿Qué desafíos hay por delante?

Dos actores que se asocian: Estado-comunidad

Ser parte de una “comunidad” implica –entre otras cosas– la convivencia en una relativa proximidad geográfica. Fundamentalmente consiste en formar parte de un colectivo a partir del cual se construyen lazos de afinidad que predisponen a los vecinos a hacer frente a los problemas comunes y velar por los intereses de ese entorno compartido. En este punto cabe aclarar que la opción por el término “comunidad” en vez de “ciudadanía” se vincula a la posibilidad de emplear un concepto más amplio e integrador de diversas realidades, dejando de lado esta vez un término cuya asociación a una definición jurídico-política limita, en cierto modo, el enfoque a una parte de la población que ostenta esa categoría.

En las últimas décadas la complejidad de los problemas vinculados a la seguridad pública y las dificultades con las que se enfrenta el Estado para dar soluciones eficientes y efectivas ha impulsado un giro hacia políticas de participación que buscan generar mayor apoyo de la sociedad, recuperar la legitimidad de las instituciones encargadas del control social formal –específicamente de la policía– y enfocar con mayor precisión los esfuerzos realizados en materia de prevención. De este modo, la seguridad democrática como paradigma tomó un fuerte impulso a partir de esta convocatoria a la participación de la comunidad en la construcción de una nueva forma de pensar y ejecutar las políticas de seguridad, donde la responsabilidad de la prevención y control del delito ya no es vista como una prerrogativa exclusiva de la institución policial. Así, la mencionada responsabilidad se amplía y compromete también a diversas agencias estatales, organizaciones sociales, políticas y comunitarias e incluso, vecinos en general. En una asociación que contempla los más variados matices, el Estado propone entonces mecanismos que implican una responsabilidad compartida en este complejo pero desafiante proceso de diseño, implementación y control de las políticas de seguridad.

Alcances de la prevención comunitaria

Prevenir el delito es intervenir antes de que este se produzca. Existen diversos recursos –más allá del sistema de justicia penal– que se pueden poner en marcha para actuar en materia preventiva, y en los cuales la comunidad juega un rol interesante. Veamos algunos de ellos.

Por empezar, una comunidad afianzada que participa y se compromete en la solución de los problemas de seguridad que la inquietan puede incidir positivamente en la disminución de oportunidades para la realización de delitos y en la disminución de la sensación de inseguridad. Dentro de esta prevención situacional-ambiental, la comunidad interviene no sólo a través del diagnóstico –por ejemplo señalando las condiciones del entorno que favorecen la comisión de delitos o que se constituyen como espacios considerados “inseguros”–, sino fundamentalmente a través de la implementación de acciones concretas en un entorno particular, que contribuyen a recuperar esos espacios y tienen un impacto directo sobre la sensación de inseguridad.

Asimismo, es posible generar instancias de integración comunitaria que contribuyen a recuperar el tejido social actuando entonces sobre la prevención social de la violencia y el delito, uno de los núcleos centrales de la política pública de seguridad. A través de este eje se busca incidir sobre aquellos procesos de desintegración social, económica y cultural que se encuentran en la raíz de los problemas de la criminalidad. Hay diversas experiencias que dan cuenta del esfuerzo realizado en el diseño de iniciativas concretas para el trabajo con grupos vulnerables (es decir, aquellos con mayor exposición a altos niveles de violencia y delito) desde una perspectiva integral, favoreciendo la articulación interinstitucional y multiactoral, dado que son diversas agencias gubernamentales y actores sociales quienes deben contribuir en este sentido. La comunidad participante también debe tener la capacidad de actuar a través del desarrollo de planes y propuestas adecuados a la realidad local. Es justamente esta adecuación a las necesidades específicas lo que da a la mirada comunitaria un valor particular.

Finalmente resulta oportuno mencionar la importancia de la mirada comunitaria en la elaboración de diagnósticos. La posibilidad de identificar problemáticas específicas que quedan fuera de las estadísticas delictivas porque no implican la comisión de delitos pero que son parte de una conflictividad que debe ser gestionada por el Estado, le da a la comunidad un rol preponderante. Por otra parte, los diagnósticos participativos permiten dar cuenta de situaciones de violencia o delitos que no llegan a ser denunciados.

Esta mirada resulta complementaria de aquella basada solo en información policial, lo cual permite fortalecer o focalizar las estrategias vinculadas a la prevención del delito a partir de la información que proporciona la misma comunidad.

Dificultades, límites y desafíos

Ninguna experiencia de participación comunitaria está exenta de ciertas dificultades, límites y –por supuesto– de numerosos desafíos.

En primer lugar, la factibilidad política es una variable fundamental a considerar. Si bien la participación comunitaria implica un trabajo de responsabilidades compartidas entre el Estado y la comunidad, la decisión juega en última instancia un papel central: se necesita voluntad política para ejecutar las iniciativas que la comunidad propone.

Por otra parte, estos procesos requieren de una paciente y perseverante construcción de lazos de confianza entre los distintos actores: entre vecinos, entre organizaciones, y entre vecinos, organizaciones y la policía. Esto muchas veces es una dificultad –aunque no insoslayable– debido a que la sociedad demanda respuestas visibles, concretas y muchas veces urgentes a la policía, eficiencia e inmediatez que no siempre es posible garantizar. Y esto es clave para consolidar y ampliar la delicada base de confianza que permite a la comunidad seguir apostando por los procesos de participación. A los ojos de una comunidad que se ha puesto de pie y se ha involucrado en el problema de la seguridad pública, la falta de respuestas por parte del Estado puede ser leída como desinterés, con el riesgo de que se termine asumiendo que la participación comunitaria es simplemente una práctica impulsada desde el discurso político que no tiene fuerte traducción en la práctica.

La necesidad de un compromiso de largo plazo es un desafío a tener en cuenta, en primera instancia por parte del Estado pero también en lo que a las organizaciones y vecinos participantes se refiere. Si la participación no es continua, difícilmente los procesos puedan sostenerse en el tiempo. Por lo tanto, para que estos mecanismos puedan desplegar toda su potencialidad, es preciso contar con un compromiso duradero, que se mantenga y se profundice con el correr del tiempo, más allá de los cambios de gestión.

De más está decir que también se requiere de una cierta acción coordinada y de la colaboración entre los diversos organismos estatales, las fuerzas de seguridad y las organizaciones de la comunidad, de modo que las respuestas y los resultados en el corto plazo estén garantizados.

Merece la pena destacar que la asociación con la policía es un desafío central. Si bien uno de los propósitos de estas experiencias es fortalecer el vínculo con la institución policial, recuperar la confianza en la misma y contribuir con su tarea preventiva, resulta prudente tener ciertos recaudos. La excesiva cercanía comunidad-policía puede terminar incentivando situaciones de connivencia, de modo tal que el control comunitario de la policía podría atentar contra sí mismo.

Finalmente, cualquier iniciativa de abordaje del problema de la seguridad requiere de la decisión política de gestar cambios estructurales en la sociedad que se traduzcan en políticas concretas de inclusión social, esfuerzos sostenidos para disminuir la desigualdad económica, políticas de Estado para la lucha contra el narcotráfico, abordajes específicos para el problema de las adicciones, entre otros. También se necesita del perseverante interés de los ciudadanos por construir comunidad, apropiándose del espacio público en el que se desenvuelve su vida cotidiana y evitando dejar vacantes espacios de poder que pueden ser ocupados por la ilegalidad. Sólo entonces el compromiso de la comunidad será puesto en valor y su potencialidad se desplegará en todas sus posibilidades. De lo contrario, la participación comunitaria corre el riesgo de quedar en una experiencia simplemente interesante para el transitar de nuestras jóvenes democracias.

* Lic. en Ciencia Política de la Universidad Católica de La Plata (UCALP). Consultora externa del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).