| Por Julio C. Gambina |

I. Introducción

La Organización Mundial de Comercio, OMC, surge en 1995, como consecuencia de la nueva situación generada en el mundo ante la ruptura de la bipolaridad entre socialismo y capitalismo, que perduró entre 1945 y 1991.

Importa el tema, ya que es en 1945, al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establecen las organizaciones multilaterales del sistema capitalista mundial, con el FMI y el Banco Mundial a la cabeza del orden global. La OMC viene a completar el esquema de la institucionalidad, con la específica función de promover la liberalización de la economía mundial.

En ese marco, la Argentina es miembro desde el origen de la OMC, en coincidencia con el clima de época mundial, regional y local hacia 1995, con un gobierno en la Argentina que promovía la apertura de la economía local y la liberalización como mecanismo de funcionamiento de la sociedad contemporánea.

La Argentina tuvo visibilidad importante en la relación con la OMC por ser sede de la 11ª Conferencia Ministerial entre el 10 y el 13 de diciembre de 2017, un proceso en simultáneo con el anuncio de que la Argentina presidirá los debates del Grupo de los 20 durante 2018, cuya cumbre anual se desarrollará en el país en noviembre de este año.

De este modo, el país aparece en las agendas mundiales de discusiones, sea por su carácter de anfitrión reciente de la OMC o por la coordinación actual del G20, con cumbres mundiales en el año calendario que transcurre desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2018.

II. Crisis del 2001 y conflicto con el sistema mundial

La Argentina definió un rumbo liberalizador en sintonía con la OMC desde los ’90 del siglo pasado hasta la crisis del 2001.

Las políticas implementadas a fines de 2001 (cesación parcial de pagos) y comienzos de 2002 (pesificación asimétrica) generaron condiciones para la superación de los problemas económicos en ese momento y de conflicto con el sistema mundial y los organismos internacionales.

Por imperio de la cesación de pagos el país fue sancionado por el sistema mundial con insuficiencia de crédito, calificación de alto riesgo y, por ende, elevadísimas tasas de interés para el acceso a un escaso crédito internacional.

Es algo que continuó aun con las ofertas de negociación de la deuda en default procesadas en 2005 y 2010, exacerbadas con el accionar de los fondos de inversión (buitres) que desplegaron un accionar judicial contra el Estado argentino con la venia de la Justicia de Nueva York (juez Griesa) y otros ámbitos judiciales amparados en la prórroga de jurisdicción como norma inalterada por más de cuatro décadas en los contratos internacionales suscriptos por la Argentina.

Por la pesificación asimétrica, el país se convirtió en el Estado más demandado en tribunales internacionales, especialmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, ámbito dependiente del Banco Mundial.

Fueron demandas sustentadas en el incumplimiento de los contratos suscriptos en los ’90, en plena fiebre de privatizaciones y liberalización de la economía argentina.

Los contratos pasaron a revisión y discusión entre las partes con suerte diversa, manteniéndose la presión en el CIADI y el fuerte impacto económico por las sanciones dictadas. Aún subsisten demandas ante el organismo internacional.

Es de lamentar que la Argentina no haya acompañado la retirada del CIADI en este tiempo protagonizada por Venezuela, Bolivia y Ecuador, en el marco de un Brasil que nunca suscribió el protocolo de adhesión, vigente desde 1965, Fueron condiciones excepcionales para retirarse del CIADI, que el país no aprovechó.

Aún más, la Argentina no canceló los tratados bilaterales de inversión, generalizados en los ’90 y que establecen condiciones favorables a la liberalización y la extranjerización del país. No sólo eso, sino que se ratificó la prórroga de jurisdicción en los acuerdos internacionales suscriptos luego de la crisis del 2001.

III. Gobierno Macri y OMC

La normalización de las relaciones con los organismos internacionales se procesa desde la asunción de Mauricio Macri al gobierno de la Argentina en diciembre de 2015.

Entre otras cuestiones, el FMI ya realizó la auditoría de las cuentas económicas, las que estaban suspendidas desde 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner canceló la deuda con el organismo y suspendió esas auditorías.

Bajo el gobierno Macri se promueve la normalización de la situación con los acreedores en conflicto, aun cuando a comienzos de 2018 subsisten titulares de bonos que no aceptan las favorables condiciones ofrecidas por la gestión Macri a costa de un fuerte endeudamiento externo.

La voluntad del gobierno Macri se orienta a sustentar las sugerencias de los organismos internacionales, y en particular, durante 2016 solicitó a la OMC que la Argentina fuera país anfitrión de la 11ª Conferencia Ministerial de la organización, petición rápidamente aceptada, ante las coincidencias ideológico programáticas entre el gobierno local y los propósitos de la OMC por la liberalización de la economía mundial.

El cónclave de la OMC se realizó en Buenos Aires entre el 10 y el 13 de diciembre de 2017, con escaso éxito en los avances, según la propia información que surge desde la OMC, lo que puede leerse en el sitio de la organización internacional y relacionada con la Argentina y la reunión (https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc11_s/mc11_s.htm).

Vale mencionar que, en paralelo a la ministerial de la OMC, la pretensión de la Argentina era favorecer un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, coherente con la nueva situación en el Mercosur luego de los golpes de Estado parlamentarios en Paraguay y Brasil, que con el gobierno Macri, propiciaron la salida de Venezuela del acuerdo regional.

Hay que recordar que Venezuela se incorporó al Mercosur luego del “No al ALCA” que sostuvieron los gobiernos del Mercosur y la nación caribeña en la Cumbre de Presidentes de las Américas de 2005. Bush no pudo reinsertar la agenda ALCA en la cumbre hemisférica por los acuerdos y rumbo político de los países del Mercosur + Venezuela, lo que se vio facilitado por la posición radical del gobierno bolivariano, que se sumó con fuerza al acuerdo regional.

El camino de la liberalización y subordinación al libre comercio, en este caso con Europa, estaba allanado. Pese a las cuantiosas concesiones realizadas por los gobiernos de la región, la Unión Europea declinó la suscripción del acuerdo hasta nuevo aviso, cuando reclamará más concesiones de los países integrantes del Mercosur.

La ministerial de la OMC culminó sin anuncios importantes y con algunos escándalos ante el accionar del gobierno argentino. Desde antes de iniciar la reunión, la OMC debió informar a personalidades y organizaciones de varios países que la Argentina les había rechazado la inscripción a participar de los debates y sin argumentación, salvo razones de seguridad presidencial.

Nunca había ocurrido esto con antelación en reuniones de la OMC. La situación se vio agravada con el impedimento para ingresar al país de dos ciudadanos extranjeros, de Suecia y de Ecuador. El primero vinculado a la red mundial ATTAC y el segundo a la agencia de información latinoamericana ALAI. La presión local y mundial interviniente hizo modificar la situación y permitió el tardío ingreso al país de los mencionados.

En rigor, la ministerial tuvo su contracumbre, organizada por más de un centenar de organizaciones populares que se congregaron en la coalición Argentina Mejor sin TLC desde mediados de 2016 y promovieron la Confluencia Fuera OMC, organizadora de los actos en paralelo a la reunión oficial, también entre el 10 y el 13 de diciembre de 2017, con actividades callejeras, festivales, ferias, debates en talleres y seminarios, confluencias de redes y campañas continentales y globales contra la OMC y el libre comercio.

Esas actividades culminaron con una gran movilización que recorrió las calles céntricas de la ciudad de Buenos Aires, presidida por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Norita Cortiñas.

Al finalizar la ordenada y pacífica movilización, las fuerzas de seguridad reprimieron ante algunos disturbios menores y marginales respecto del objetivo central de la protesta social.

IV. La Argentina en la liberalización

La liberalización de la economía local, proceso que tiene antecedentes en la política implementada desde la dictadura genocida (1976-1983) generó una creciente extranjerización de la economía en la Argentina.

Se puede seguir la Encuesta Nacional de Grandes Empresas, ENGE, difundida por el INDEC, para verificar el fenómeno de la dominación actual del capital externo entre las principales 500 grandes empresas que actúan en la Argentina.

Entre ellas, son 2/3 las extranjeras, y eso que se excluyen a las agrarias y financieras en la encuesta. Es sabido que en estos dos sectores la dominación es del capital externo. En el agro, las transnacionales de los alimentos y la biotecnología, y en las finanzas, la banca extranjera.

Hay que destacar que el proceso de extranjerización y desindustrialización se agravó con la llegada del gobierno Macri a fines de 2015 y es evidente en el carácter aperturista que se asume en la política económica de esta gestión de gobierno.

Los efectos son claros en perjuicio de la industria nacional con procesos de apertura importadora y sus efectos en el cierre de empresas, suspensiones y cesantías de trabajadores y trabajadoras.

Es la propia estadística oficial, del Ministerio de Trabajo o del INDEC, la que señala que el crecimiento del empleo excluye especialmente al sector industrial. Es un tema que afecta particularmente a las economías regionales y a las provincias de asiento de la industria nacional, principalmente la microempresa, la pequeña y la mediana.

Producto de la apertura importadora, el 2017 reconoce un déficit comercial cercano a los 8.500 millones de dólares y un pronóstico en ascenso para 2018, del orden de los 10.000 millones de dólares.

La liberalización de la economía supone también un gran aliento al turismo internacional con un déficit en 2017 del orden de los 10.000 millones de dólares.

Sea por apertura importadora, turismo al extranjero, remesas de utilidades al exterior y cancelaciones de los intereses de la deuda, la fuga de capitales es sostenida y agravada en la actualidad. Todo ello se compensa con un crecimiento del endeudamiento externo, principalmente el público, que se descarga sobre el conjunto de la sociedad.

El endeudamiento nacional supera los 300.000 millones de dólares a fines de 2017 y constituye una hipoteca al conjunto de la sociedad, sin perjuicio de inducir el recurrente ajuste fiscal contra el gasto social. Según el propio ministro de Finanzas, el ciclo de creciente endeudamiento seguirá por lo menos hasta 2021.

V. Asimetrías en el proceso de liberalización

Pese a la coincidencia de objetivos entre la OMC y el gobierno de la Argentina, los conflictos por la liberalización se mantienen, poniendo en evidencia el papel desigual de los países en el sistema mundial.

En el 2013 Europa denunció y suspendió las importaciones de biodiésel provenientes desde la Argentina ante la OMC, que cuatro años más tarde, en 2017, le otorga la razón al país ante la inconsistencia de la demanda por los derechos antidumping de impuestos establecidos por la Argentina.

Así se perdieron sumas millonarias de dólares de una exportación anual de 2.500 millones de dólares, con el país como principal abastecedor de Europa en el momento de las restricciones. La Argentina tenía razón, pero Europa interpuso su poder proteccionista en beneficio propio.

El tema resulta de interés, ya que inmediatamente que se conocía el fallo de la OMC favorable al país por el cierre de importaciones de biodiésel desde Europa, Estados Unidos interpuso elevados aranceles como obstáculo a la importación de biodiésel desde la Argentina, una actividad estimada en 1.200 millones de dólares anuales. Estados Unidos era entonces el principal destino externo del biodiésel producido en la Argentina.

Las trabas estadounidenses serán presentadas como demandas ante la OMC y en un futuro la Argentina recibirá la razón, como en el caso europeo, pero en el camino se perdieron cuantiosas posibilidades de exportación por el poder monopólico imperialista de Europa o Estados Unidos, líderes de la economía mundial, lo que pone en evidencia la asimetría entre unos y otros Estados nacionales, aun teniendo la razón según las regulaciones internacionales gestionadas desde la OMC.

Pese al levantamiento de las trabas europeas, no será sencillo recuperar ese mercado, como tampoco será rápido el retorno de las exportaciones hacia Estados Unidos. Es un tema estructural que afecta a un sector económico en el cual el país tiene ventajas competitivas y ocupa a cerca de 2.000 trabajadores, según fuentes del sector productivo y exportador.

Resulta curioso que, siendo el tema de la competitividad una cuestión esencial en estos tiempos de liberalización, un país de inserción mundial dependiente no pueda ejercer su ventaja comparativa, quizá transitoria, en materia de producción de combustibles en el marco del agro-energía-negocio.

Desde los ’90, la Argentina desarrolló un modelo agrario de exportación, especialmente asociado a la producción y exportación de soja y derivados con amplias ventajas en el sistema mundial. Como dijimos, la dominación de ese modelo productivo y de desarrollo se asienta en el capital monopólico de carácter transnacional.

Pese a estar sostenido, el modelo productivo, en el aporte del capital externo y la subordinación a las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, los capitales externos que actúan en Europa y Estados Unidos interponen su poder económico y político relativo para frenar cualquier desarrollo competitivo en el sistema mundial que afecte sus intereses en territorios de origen de su poder de concentración.

Es una demostración de los obstáculos al desarrollo nacional del capitalismo en momentos de transnacionalización de la economía mundial.

Para pensar en términos alternativos

Queda claro que la Argentina sufrió cambios estructurales estratégicos desde el proceso 1975-76, de inserción subordinada en la economía mundial capitalista y que, junto a la región latinoamericana y caribeña, protagonizó un intento de nuevas relaciones internacionales en la primera década del siglo XXI, con iniciativas institucionales que fueron referencia mundial en las relaciones internacionales.

Es el caso de la renovación del propio Mercosur en el marco del desarrollo de la Unasur, la CELAC e incluso del ALBA-TCP (aun cuando la Argentina no lo integró).

En la actualidad, se pretende retrotraer las relaciones internacionales de la Argentina a la agenda imperante antes de la crisis del 2001. Es una política articulada con la ofensiva del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad, subordinando el modelo productivo y de desarrollo a la lógica de la ganancia, la acumulación de capitales y la dominación de las transnacionales del capitalismo contemporáneo.

La posición de la Argentina con la OMC debe colocarse en relación con los reacomodamientos que ocurren en el sistema mundial, evidentes con la emergencia de procesos que parecen imprevisibles pero que hacen a la anarquía de la producción capitalista en tiempos de crisis global.

Por caso, puede entenderse en este relato el triunfo de Trump en Estados Unidos y su discurso crítico a la globalización encarada con fuerza desde la restauración conservadora de Thatcher y Reagan desde los ’80. En el mismo plano se puede explicar el Brexit y cierta tendencia a la emergencia de gobiernos de derecha en todo el planeta.

En ese sentido, vale pensar también el papel creciente de China en la disputa del orden mundial y la creciente defensa de la globalización realizada desde Beijing.

La Argentina sostiene crecientes negocios con China y despliega una amistad estratégica con Estados Unidos, lo que explica la confirmación de la dependencia con el sistema mundial y la tríada del poder sustentado por las transnacionales, los principales Estados del capitalismo mundial y los organismos internacionales, entre ellos, la OMC.

No es el único posicionamiento posible y resulta necesario alentar otras condiciones de posibilidad para la autonomía y la independencia, lo que requiere ampliar la defensa de la soberanía, en articulación con otros procesos sociopolíticos que en la región latinoamericana y caribeña y en el mundo pretendan un modelo productivo y de desarrollo para la emancipación social.