| Por Rosa Windler |

“Quien se atreva a enseñar, nunca debe dejar de aprender”.
Paulo Freire

En el presente artículo se desarrollarán algunas características de las reformas referidas al Nivel Inicial, que abarca la educación de los niños desde los 45 días hasta los 5 años de edad inclusive, siendo obligatorias las secciones de 4 y 5 años. Cabe señalar que el actual gobierno envió al Congreso, en el año 2016, un proyecto de ley proponiendo la obligatoriedad de las secciones de 3 años, que ya ha recibido media sanción de la Cámara de Diputados y continúa a la espera de ser tratado en el Senado. No obstante, muchos niños en edad de 4 años y gran parte en edad de 3 no tienen cabida en las instituciones de gestión estatal, por falta de vacantes.

En las últimas décadas se implementaron en nuestro país diversas reformas referidas a la formación docente de los distintos niveles educativos. Estas reformas implicaron cambios importantes, cuya finalidad habría de impactar tanto en la futura población docente como en el seno de nuestra sociedad en general. La formación de los docentes conlleva un valor trascendental para la mejora de los sistemas educativos. El presente sistema formador educativo es el resultado de una serie de tendencias políticas, debates, luchas y acuerdos que han influido a través del tiempo en la conformación de su estructura y organización actual.

Realizando un recorrido histórico, las primeras instituciones formadoras docentes se iniciaron durante el gobierno de Sarmiento, con la creación de la Escuela Normal Nacional de Paraná, y la escuela primaria de seis grados, organizada para recibir las prácticas educativas de los futuros docentes (1870).

La Ley de Educación 1.420, del año 1884, estableció una educación común, laica, gratuita y obligatoria, y propuso la creación de “uno o más jardines de infantes en las ciudades donde fuera posible dotarlos suficientemente”. Ambos emprendimientos impulsaron la gradual creación de Escuelas Normales en cada ciudad capital de las provincias y otorgaron carácter formal a la profesión docente. En 1937, el gobierno encomendó a la profesora Margarita Ravioli la organización de un curso de Profesorado de Kindergarten, antecedente del actual Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston”, pionero en educación infantil.

Con el fin de mejorar la calidad de la formación docente, se decidió, en el año 1969, la creación de Profesorados de Nivel Terciario en las mismas instituciones normalistas, que pasaron a llamarse Escuelas Normales Superiores, conservando esta titulación hasta la actualidad.

La organización curricular presentaba asignaturas teóricas de conocimientos generales y otros más específicos del Nivel Inicial, tiempos para la observación y prácticas y la residencia pedagógica, período de prácticas continuadas ubicado al final de la carrera. Se privilegiaron enseñanzas referidas a: las características psicológicas de los niños; la pedagogía y la didáctica del nivel; la literatura infantil; las artes plásticas y musicales; la educación física, y la prevención de la salud. No obstante, fue muy deficitaria la enseñanza de conocimientos referidos a los diferentes campos disciplinares tales como la matemática, la alfabetización inicial, las ciencias naturales y sociales, etcétera.

Paralelamente a los profesorados, en varias universidades nacionales se abrieron carreras de formación docente para los diferentes niveles educativos, autorizadas por el Ministerio de Educación de la Nación.

Durante los distintos períodos de gobierno militar, la educación tomó un cariz opresor y autoritario, producto del absoluto control ideológico ejercido sobre el sistema educativo. Gran cantidad de libros fueron prohibidos, lográndose una fuerte paralización cultural y educativa que produjo como resultado el vaciamiento de contenidos educativos socialmente significativos.

En 1989, en la ciudad de Buenos Aires, se editó un Diseño Curricular para el Nivel Inicial basado en una ideología democrática, que sostuvo el derecho a recibir una educación igualitaria en oportunidades. La propuesta presentó una organización de contenidos por campos de conocimiento, con una denominación similar a las disciplinas del nivel primario. Este cambio curricular, innovador e inédito, marcó un salto cualitativo en la educación infantil y sirvió como antecedente de los Contenidos Básicos Comunes para el Nivel Inicial, que se elaboraron posteriormente para todas las jurisdicciones del país en 1995.

Estas propuestas obligaron a modificar radicalmente la organización curricular de la formación docente, en los siguientes años.

Las reformas de las décadas de 1990-2000

En la década de 1990, se inició una reforma educativa que incluyó a todos los niveles del sistema educativo nacional. Eran evidentes los avances científicos y tecnológicos y las múltiples y rápidas transformaciones manifestadas en los diversos campos del conocimiento y del comportamiento humano. La concurrencia de bebés y niños a diversos tipos de instituciones infantiles había aumentado sensiblemente y se registraba una significativa diversidad de alumnos provenientes de diferentes comunidades y culturas.

Estos factores marcaban la necesidad de actualizar y modificar los conocimientos de la formación docente.

En el año 1991 se promulgó la ley de transferencia de los institutos de formación docente a las distintas jurisdicciones de nuestro país. La transferencia fue realizada de un modo abrupto e inconsulto, con el fin de reducir gastos al Estado nacional, y produjo una real desarticulación en el sistema formativo docente del país. Incluyó a instituciones de gestión estatal y privada, en un proceso de descentralización administrativa, aunque el ministerio nacional se reservó el derecho de centralizar la política educativa referida a los contenidos básicos, la evaluación y la acreditación de los profesorados.

Uno de los proyectos que se hizo eco de la necesidad de modificar el currículum de los profesorados docentes fue el Programa de Transformación de la Formación Docente, conocido por sus siglas PTFD. Este innovador programa se desarrolló, desde el Ministerio de Educación Nacional, en muchas instituciones formadoras del interior del país y propuso modificaciones en la organización institucional y curricular con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza. Su propuesta incluía la investigación educativa, el incremento de las prácticas y la didáctica de las distintas disciplinas.

Lamentablemente, parte de las innovaciones y reformas en el sistema educativo del país se han visto truncadas por los reiterados cambios en la política educativa. Este programa fue interrumpido, aunque sirvió de base para la reforma curricular de la formación docente que se realizó, años después, en la ciudad de Buenos Aires.

Continuando con la transformación del sistema educativo, en 1993 se aprobó la Ley Federal de Educación, que planteó, para el Nivel Superior, objetivos vinculados con la formación, la capacitación y la reconversión docente en los aspectos científico, metodológico, artístico y cultural. Propuso, además, la formación de investigadores y de administradores educativos, y expresó como meta formar a los docentes para su participación en el sistema democrático y el desempeño responsable en la enseñanza. Esta ley extendió a diez años la educación obligatoria, incluyendo la sección de cinco años del Nivel Inicial.

En el año 1995 se promulgó la Ley de Educación Superior vigente hasta la actualidad. Su contenido formalizó directivas para el desarrollo de la educación en el Nivel Terciario no Universitario y para el Nivel Universitario. Determinó una articulación entre ambos niveles de formación, cuya concreción se realizó gradualmente en las últimas décadas, creándose en las diferentes universidades ciclos de licenciaturas en Educación, para los egresados de la formación docente terciaria.

En 1995 se elaboraron los contenidos básicos comunes para la formación docente de los distintos niveles educativos, con el objetivo de modificar los lineamientos curriculares de los institutos formadores en cada una de las provincias.

Paralelamente a estas acciones, se creó la Red Federal Docente Continua, cuya misión era ofrecer un marco organizativo y articulador entre las provincias, promover la capacitación e implementar políticas para la evaluación y acreditación en las distintas instituciones formadoras. Estas articulaciones interprovinciales no progresaron y se registraron diversidad de planes, programas y titulaciones que variaban según su pertenencia al orden terciario o universitario, provincial o municipal, de gestión estatal o privada.

La década del 2000 se inició con fuertes dificultades económicas que afectaron a toda la población, causando una profunda crisis social.

En el año 2000 se concretó en algunas jurisdicciones la reforma de los lineamientos curriculares de la formación docente para el Nivel Inicial y Primario.

Como ejemplo, citaremos la transformación implementada en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2001, que significó una propuesta innovadora en relación con la estructura curricular anterior y sentó bases para las reformas posteriores en la propia jurisdicción y en el plano nacional.

Entre sus metas figuraba iniciar a los futuros docentes en la investigación educativa y aumentar el tiempo dedicado a las prácticas docentes. El proyecto puso especial énfasis en el desarrollo didáctico de las distintas disciplinas, así como en la inclusión de contenidos referidos al Jardín Maternal en los espacios curriculares. Propuso una organización en tres Trayectos Formativos articulados entre sí. Un primer Trayecto incluía las disciplinas de la formación general, que era compartida por los docentes de Nivel Inicial y Primario. Un segundo Trayecto abarcaba los distintos espacios de la formación específica para el Nivel Inicial, y el tercer Trayecto comprendía las actividades de la práctica docente, organizadas en distintos talleres. La práctica profesional se constituyó en objetivo y eje de la formación desde el primer año de ingreso.

Participaron en esta reforma representantes de las diferentes instituciones formadoras, en reuniones de consulta, lo que derivó en una rápida aceptación para su implementación.

A fines del año 2006 se promulgó la Ley de Educación Nacional, que determinó nuevos cambios en la organización del sistema educativo, y extendió la obligatoriedad escolar hasta finalizar la educación secundaria. Posteriormente, en el año 2014 se decretó obligatoria la sección de cuatro años del Nivel Inicial.

En relación con la formación docente, se estableció la prolongación de la carrera en cuatro años de estudio, en todas las jurisdicciones del país. Esta modificación motivó algunas resistencias en ciertos centros de estudiantes, aunque la mayor parte del profesorado y de la sociedad consideró necesario fortalecer la profesión docente ampliando y profundizando los conocimientos y las prácticas formativas.

En esa misma época se creó el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), con la misión de organizar y centralizar la planificación y ejecución de políticas de formación y capacitación docente. Era necesario, frente a la descentralización existente y la desarticulación observada entre las distintas instituciones formadoras del país, volver a fijar criterios y pautas comunes para alcanzar equidad en la validación y acreditación de los títulos docentes.

Desde el INFD se explicitaron los objetivos de la nueva organización institucional, carreras y funciones de los profesorados terciarios y universitarios. Asimismo, se elaboraron lineamientos curriculares nacionales que servirían de orientación y regulación para la elaboración de los nuevos currículums en las diferentes jurisdicciones. La organización de las instancias curriculares que estos lineamientos presentaron fue similar a la de la anterior reforma, reemplazándose el término “Trayectos” por el de “Campos”.

De este modo, se estableció el Campo de la Formación General, dirigido a desarrollar una formación humanística y cultural. Se incluyeron en él materias como Pedagogía, Psicología Educacional, Filosofía y Educación, Didáctica, Sociología, Nuevas Tecnologías, entre otras.

El Campo de la Formación Específica, dirigido al estudio de las instancias curriculares que desarrollan contenidos propios del Nivel Inicial, resultó el de mayor carga horaria. Lo integraron asignaturas tales como: Literatura en la Educación Inicial, Matemática en la Educación Inicial, Prácticas del Lenguaje, Sujetos de la Educación Inicial, Artes Visuales en la Educación Inicial, entre muchas otras.

Por último, el Campo de la Formación en la Práctica Profesional se orientó a la enseñanza y aprendizaje de habilidades para la actuación docente en la institución y en las salas, con la implementación de los talleres desde el primer año de estudio.

Cabe señalar la variedad de modalidades que mostraron los espacios curriculares, cuyos contenidos fueron organizados en materias, seminarios, talleres, ateneos, trabajos de campo, pasantías, y prácticas profesionales. También se acordó cierta cantidad de horas cátedra para que las instituciones las especificaran según sus necesidades e intereses, denominándolas Espacios de Definición Institucional.

Se desprende de esta organización curricular una lógica que entiende la importancia de la interacción conjunta entre la teoría y la práctica, y del mutuo enriquecimiento de ambas. En esta dinámica, la práctica docente no es la resultante de la mera aplicación teórica, como ocurría en los planes anteriores, que la ubicaban cerca del final de la carrera.

En el marco de esta última reforma, vigente hasta la actualidad, fueron convocados los profesores de las instituciones de formación de todo el país, para participar de reuniones de instrucción e intercambio, con el objetivo de profundizar los contenidos de cada una de los espacios curriculares propuestos.

Actualmente, en todas las jurisdicciones se han modificado los diseños curriculares para la formación docente, según lo orientado en la última reforma.

También en muchas de las instituciones formadoras se han abierto postítulos docentes que apuntan a ampliar distintas temáticas referidas al Nivel Inicial, por ejemplo: Jardín Maternal, Alfabetización Inicial, Contextos de Juego, etcétera.

Resulta prioritario continuar produciendo conocimiento pedagógico desde la gestión, y trabajar en propuestas que mejoren y acompañen los desafíos y problemas de los institutos, habilitando condiciones para la socialización y el intercambio de experiencias pedagógicas que ayuden a superar la fragmentación curricular.

Al concluir el presente escrito, vale señalar algunas problemáticas que preocupan a gran parte de nuestra actual población docente.

Las autoridades ministeriales consideran demasiado numerosas las instituciones de formación docente. Paradojalmente, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires existe una importante falta de maestros y profesores para desempeñar los diferentes cargos. Las vacancias se cubren con estudiantes de los profesorados que aún no han completado su formación. La profesión docente ha perdido crédito entre los jóvenes estudiantes, que eligen otras carreras terciarias o universitarias, en virtud del marcado desprestigio social. También se percibe el bajo reconocimiento por parte de las propias autoridades, que declaran y enfatizan la importancia de la educación, sin impulsar ni concretar acciones de efectiva mejora.

Otros factores tienen que ver con la extensión de la carrera docente a cuatro años de duración y su relación con el exiguo salario ofrecido. En este año quedó sin efecto la Ley de Financiamiento Educativo que establecía una paritaria nacional y un sueldo básico para todas las jurisdicciones del país, procurando un salario docente más equitativo.

Sumado a esto, se han interrumpido postítulos ofrecidos por el Instituto Nacional de Formación Docente, con modalidad virtual, que significaron para los participantes un valioso aporte teórico y la posibilidad de reflexión sobre sus prácticas.

Sería deseable que las futuras capacitaciones para los educadores del Nivel Inicial refieran a conocimientos pedagógicos y didácticos actuales, acordes con nuestra idiosincrasia argentina, en lugar de propuestas que versan sobre corrientes teóricas tradicionales, largamente superadas.

Esperemos que las futuras acciones para la formación y capacitación, dirigidas a la población docente, procuren incluir a todos los actores del sistema educativo en una real participación, orientada a alentar la vocación de las jóvenes generaciones y a elevar la representación social del magisterio.

Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a una educación pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva, de calidad y de enriquecimiento cultural, para nuestros actuales y futuros docentes y para todos los niños y jóvenes de nuestro país.