| Por Alejandro Rofman |

La economía solidaria tiene sólidos exponentes de su actividad transformadora en la Argentina desde hace más de un siglo. Desde fines del siglo XIX y principios del XX nacieron y se expandieron innumerables exponentes de ese espacio organizativo, que se basa en el apoyo mutuo, la cooperación, la solidaridad y la democracia asociativa. La difusión de los principios del cooperativismo, en sus muy diversas modalidades, y del mutualismo, se multiplicó con el transcurso de los años, proyectando la presencia de unidades de producción y consumo alejadas de los esquemas básicos del capitalismo, signados por el individualismo, la maximización de la ganancia, la explotación social y la total ausencia de democracia participativa en la gestión de las empresas. En las empresas de la economía solidaria juega el rol principal el ser humano que la integra y no el capital que aporta.

Esos permanentes ideales desarrollados sin concesiones en el tiempo les otorgaron a las experiencias asociativas democráticamente organizadas en torno a valores de equidad y justicia social una necesaria ratificación cuando procesos críticos desde el punto de vista económico-social obligaron a amplios contingentes de población a buscar, por su propio esfuerzo, los ingresos para subsistir. Las encomiables iniciativas contemporáneas también prendieron en el espectro de las políticas públicas orientadas a generar y consolidar empleo, en épocas de aguda falta de trabajo. El Estado nacional y los Estados locales, en los últimos años, registran muy numerosos programas de creación y fortalecimiento de emprendimientos productivos capaces de retomar el esfuerzo colectivo de construir formas solidarias de organización y gestión para superar las crisis de desempleo.

Uno de los mayores logros al respecto está constituido por la implementación de la ley nacional 26.117, sancionada por el Congreso de la Nación hace tres años con el apoyo generalizado de todas las bancadas legislativas a un proyecto de ley de la Dra. Alicia Kirchner, que instaló el microcrédito en la agenda pública como una herramienta de promoción social.

La estrategia incorporada a esta norma legal consistió en la activa promoción y consolidación de los emprendimientos atendidos, recuperando el trabajo como integrador social y desarrollo personal, la solidaridad como esfuerzo conjunto, y la distribución equitativa y el desarrollo comunitario como elementos de organización social.

Dicha ley, que creó la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), organismo responsable de su cumplimiento, afincada en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, establece como objetivo central la expansión de los microcréditos en la Argentina reconociendo que dicha fuente de recursos, acompañada de adecuada asistencia técnica y seguimiento, constituye una herramienta apropiada para fortalecer a la economía solidaria desplegada en todo el territorio del país por pequeños emprendimientos productivos asociativos.

Partiendo del principio de complementariedad y cooperación entre lo público y lo privado, se tomaron como referencia las actividades que en la temática de microcrédito venían desarrollando diversos actores de la sociedad en distintos lugares del país. Se asumió el modelo de gestión asociada como un proceso de construcción colectiva, de mirada integral del territorio, de relación multiactoral, que genera una nueva institucionalidad en la relación Estado-sociedad.

La aplicación de esta modalidad de gestión permitió la rápida expansión y promoción del microcrédito. El primer impacto fue garantizar un importante alcance territorial y las condiciones adecuadas de acceso al microcrédito para los sectores populares. En sus seis años de gestión, alrededor de 1.800 organizaciones sociales, en su gran mayoría de base comunitaria y productiva, se encuentran aplicando en forma directa y protagónica la metodología de microcrédito como un verdadero proceso revolucionario en la Argentina y América latina. Debe recordarse al respecto que antes de esta iniciativa masiva los programas de microcréditos vigentes en el último cuarto de siglo en nuestro país nunca excedieron los 6.000 créditos frente a los más de 330.000 que hasta ahora ha otorgado la Conami.

Por su parte, las Redes de Gestión Asociada se conforman con entidades afines, que a la vez son ejecutoras de microcrédito en una o más provincias donde tienen pertenencia sectorial. En general, cada una de ellas tiene antecedentes en la temática del microcrédito y cuenta con una estrategia específica de acción, diferenciándose entre sí por la elección de los destinatarios, por la rama de actividad en las que se concentran o por la localización de sus programas.

Una tercera modalidad de gestión asociada la constituye la experiencia del Banco Popular de la Buena Fe (los “banquitos” en el conocimiento popular) que conforman un entramado asociativo existente con antelación a la sanción de la ley y que con su desarrollo pionero abrieron en muchas localidades la experiencia del crédito solidario y con asesoramiento técnico que luego la Conami adoptó y expandió singularmente. De alcance nacional, la red de Bancos Populares nuclea a un importante número de emprendedores, promotores y organizaciones de base.

A seis años de implementación de la ley se han entregado algo más de 900 millones de pesos a las organizaciones ejecutoras de microcrédito, a través de los Consorcios y Redes de Gestión Asociada. A principios de este año están vigentes créditos a cerca de 150.000 microproductores. Ello supone que esta iniciativa ha distribuido fondos a microproductores rurales y urbanos de todo el país por una cantidad no menor a doce veces la que, en su totalidad, programas afines habían entregado bajo muy diferentes modalidades desde 1983.

Para garantizar una llegada masiva, se subsidió la tasa de interés de los microcréditos de modo que no fuera más del 6% anual. Para cumplimentar esta actividad se firmaron convenios de financiamiento y asistencia con las autoridades provinciales en 22 de los 24 distritos del país. Sólo se han negado a firmar, hasta el momento, la provincia de San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De todos modos, pequeños productores localizados en tales jurisdicciones han obtenido créditos a pesar de la negativa de quienes en ellas gobiernan a conformar una alianza interprovincial de apoyo que nuclee a las 24 provincias del país. Un consejo asesor, compuesto por los ministros provinciales responsables del área de políticas sociales de 22 unidades político-administrativas ya adheridas, funciona como organismo de definición de estrategias y de control de las decisiones adoptadas.

Un eslabón estratégico para el buen funcionamiento de un programa de microcrédito son los Promotores y los Asesores de Crédito. Su importancia radica principalmente en su rol: seleccionar el destinatario del microcrédito, para lo cual es necesaria una evaluación de variables personales, sociales y económico-productivas, al mismo tiempo que realiza el seguimiento de los créditos otorgados.

En las 1.800 organizaciones de base, que incluyen organismos públicos locales, que son el contacto directo con los receptores de los créditos, trabajan activamente, en su función de promoción y asesoramiento a tales receptores, casi 5.000 técnicos. Estos son lo que, en permanente contacto con los prestatarios, orientan y monitorean la actividad. El porcentaje de cumplimiento de los receptores de los plazos para retornar los créditos es muy elevado, rondando más del 95%. Los montos otorgados tienen como destino capital de trabajo y equipamiento y alcanzan a un promedio en torno a los 15.000 pesos por crédito ofrecido.

Esta experiencia, que se pretende alcance a 500.000 microemprendedores a finales del año 2015, es un magnifico e inédito ejemplo de gestión asociada entre organizaciones sociales esparcidas por todo el país, el Estado nacional y local como promotores directos de la experiencia, y la activa y entusiasta participación de decenas de miles de pequeños emprendimientos asociativos. Estos se comprometen de palabra y en forma solidaria (se arman grupos receptores de 5 integrantes en donde todos responden por los demás en caso de incumplimiento) a devolver los créditos, no estableciéndose garantía real alguna, sino confiando en la fuerte adhesión colectiva a una idea que constituye un ejemplo renovado de la cooperación horizontal y de la democracia económica. La iniciativa comentada se inscribe en la política económica y social del Estado argentino luego del año 2003 y se constituye en una pieza esencial del modelo productivista con inclusión social que desde entonces está en marcha.

Para una expansión permanentemente renovada de la política descripta es preciso avanzar en programas de evaluación que permitan reconocer las falencias y resaltar los logros para ajustar esta política a mediano y largo plazo, que es imprescindible continuar más allá de la renovación futura de autoridades electivas a nivel nacional.