| Por Arnaud Iribarne |

Quienes estudian la historia económica y social coinciden en que los años dorados del Estado de Bienestar fueron los 30 o 35 años desde el fin de la Segunda Guerra. Fue una etapa regulatoria que promovía el pleno empleo y altos beneficios sociales que algunos denominan “el contrato social de posguerra”. Influía, seguramente, el temor a que el Partido Comunista obtuviera demasiados escaños en los parlamentos europeos.

Tuve la ocasión de hacer estudios de posgrado durante esos años en Francia y conocí un capitalismo con alto niveles de ocupación y con un seguro de desempleo que sostenía a la persona hasta dos años mientras encontraba otra ocupación. En esa época se podían reinsertar en un plazo mucho más breve porque existía mucha oferta de puestos de trabajo.

Todos los transportes y el correo eran administrados por el Estado. La fábrica Renault y Dassault (que fabricaba los aviones Mirage) eran empresas mixtas con participación estatal.

Existía una muy buena salud y educación pública que se complementaba con un sistema jubilatorio que permitían una vida digna a los beneficiarios.

Los agricultores producían dentro de las regulaciones de la Política Agrícola Común (PAC) con fuertes subsidios para mantener a la población rural asentada en pequeños pueblos y evitando que migraran a las grandes ciudades, además de aspectos paisajísticos y de cuidado del medio ambiente. En este Estado de Bienestar no existían los “chalecos amarillos” ni sectores precarizados que se expresaran en movimientos de indignados.

Ese gasto público se sostenía con altos impuestos. También eran significativas las cargas sociales tanto para el empleador como para el empleado. Se trataba de un acuerdo o un pacto social de mantener altos niveles de tributación. En mi estadía se desarrollaron las elecciones que llevarían a la presidencia a François Mitterrand y en los debates entre candidatos no era un tema de discusión ya que ambos partidos mayoritarios coincidían en mantener este sistema de altos impuestos y buenas prestaciones sociales.

La Escuela Austríaca

En los mismos años fue creciendo la influencia de las ideas de Friedrich von Hayek que repercutirán en el capitalismo sajón con Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago; Arthur Laffer, asesor de Ronald Reagan, y con la fuerte presencia de Margaret Thatcher, quien introdujo el concepto de que “la sociedad no existe, lo que existen son los individuos”.

El concepto de no society significa que el Estado se desentiende de políticas públicas que atiendan a los sectores menos favorecidos. En este nuevo contexto histórico se planteó una fuerte disminución de los impuestos que conllevó a una baja sustantiva de las prestaciones estatales.

Dentro del Partido Republicano surgió un grupo fundamentalista denominado Tea Party que sostenía que cada ciudadano debía ser responsable de su destino individual. Debía ser previsor y contratar un buen seguro de salud y cuando nace un hijo comenzar a ahorrar para poder pagar sus estudios. Si no ha sido suficientemente previsor será responsable de las consecuencias ya que el Estado no tiene por qué ocuparse de su irresponsabilidad. Se asumía que cada individuo era artífice de su destino futuro. Este mismo criterio se aplica reemplazando el sistema jubilatorio solidario por un sistema de ahorro individual.

De esa manera se pueden disminuir los impuestos sin incurrir en déficit.

Los países nórdicos

Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, hoy en día, tienen un Estado presente “desde la cuna hasta la tumba”, como suelen decir. Una inversión muy alta en educación y en ciencia y tecnología que se mantiene a lo largo de las décadas. Una salud pública con la mayoría de medicamentos gratuitos o fuertemente subsidiados.

Los nórdicos son países de poco más de 5 millones de habitantes, por lo que ello obliga a pagar impuestos altos. Un trabajador medio tiene un descuento de cargas sociales del 40% en su recibo y llega pronto al 50% con sueldos más altos. Los jubilados también sufren una detracción del 40 por ciento.

Tengo especial contacto con Dinamarca y cuando pregunto si la gente se queja de la alta tributación, se sorprenden contestando “siempre fue así”. En su mayoría no están dispuestos a renunciar a su Estado de Bienestar. En Copenhague no se ve gente pidiendo limosna ni revisando los tachos de basura ni gente en situación de calle. Existen delitos pero el gasto en seguridad es bajo. No se ven policías ni patrulleros porque no existe el delito menor o el arrebato.

Reforma tributaria

Georges Clemenceau sostenía que “la guerra es algo demasiado importante para dejarla en manos de los militares”. Podríamos decir lo mismo respecto de la cuestión tributaria.

Se requiere previamente un debate profundo sobre qué tipo de sociedad queremos construir: una parecida a la noruega o la que propone el Tea Party.

Quienes proponen una fuerte reducción de la presión fiscal suelen utilizar la frase “hay que reducir el gasto público” sin profundizar nada ni detallar el alcance de este ajuste.

Quien alguna vez intentó reducir el gasto doméstico hizo un detalle de los egresos mensuales y llenó una página con la lista de los ahorros posibles. Cuando los sumó se llevó la sorpresa, de la cruda realidad, de que no superaban el 3 o el 4 por ciento de los gastos totales.

Si lo experimentamos en una pyme o en un estudio profesional eliminando suscripciones, refrigerios, etc., tampoco llegamos al 5 por ciento. Lo mismo pasa con el gasto público, donde una rebaja significativa solo puede lograrse con un ajuste drástico de prestaciones. Una decisión de este tipo no pueden tomarla los técnicos ya que cambia la vida de las personas. Requiere de un pacto o contrato social.

Proyección del gasto público

En la Universidad de Los Andes (Colombia) hicieron una investigación bajo el lema de que para hablar seriamente del gasto hay que presupuestarlo para los próximos cuarenta años.

Desagregaron de la ley de presupuesto de Colombia las distintas partidas y con un Excel programaron los cuarenta años futuros.

¿Cómo medir un gasto del año 2038 y otro del 2053? Partieron de la premisa de que la curva de crecimiento sería similar a los presupuestos desde 1980 hasta 2020.

Observaron que en la salud pública hay una curva ininterrumpida y creciente del gasto: c. Crecimiento vegetativo, incremento de los mayores de 60 años, mayor expectativa de vida. En 1980 los habitantes sanos se hacían muy pocos controles de rutina, hoy estos estudios son corrientes y costosos.

Con respecto a la energía eléctrica, en 1980 en cada habitación de una casa había dos enchufes. Hoy hay muchos más aparatos electrodomésticos y los enchufes se reemplazaron por “zapatillas”.

Hay un incremento del parque automotor con aumento de carreteras, combustibles, etc. En jubilaciones el aumento en la expectativa de vida y la reducción de empleados en relación de dependencia originan un gasto creciente. Los trabajadores aportantes se han reducido. En 1980 gran parte del alumnado finalizaba sus estudios con el secundario. Hoy la demanda de vacantes universitarias crece cada año Los cursos de posgrado son numerosos. La conclusión de la investigación fue que en cada una de las partidas la curva es creciente y la explicación resulta razonable. La pregunta relevante siguiente es cómo se sostiene ese gasto.

Una reforma en la Argentina

Si hay que promover un debate para que la sociedad decida debemos aclarar algunos conceptos teniendo presente si realmente están dadas las condiciones político-sociales e institucionales para que este debate sea posible.

En cualquier reunión de cualquier cámara empresaria, si alguien dice en tono enfático que en ningún país la presión tributaria es tan alta como en la Argentina, la mayoría de los asistentes aprobará esa afirmación.

No es casual, porque han escuchado esa frase cientos de veces en programas televisivos, leído en editoriales, etc., hasta que la hicieron propia. Una información errónea repetida hasta el hartazgo pasa a ser entendida por la opinión pública como válida. Teniendo en cuenta las limitaciones de la utilidad del concepto de presión fiscal y su comparación internacional observamos que en realidad la presión fiscal argentina (recaudación tributaria como porcentaje del PBI) es del 30,3%, un poco inferior a la de Brasil, 32,3, y Uruguay, 30,9.

Muy diferente es en Europa donde Francia tiene el 46,2 Todos los países nórdicos más del 40, Italia el 42,4, Alemania el 37,5, España y Reino Unido 33,5.

Lo primero, necesario e indispensable, es debatir con datos fidedignos y un mínimo de buena fe.

Un argumento recurrente es que el sistema tributario tiene que ser competitivo para atraer inversiones.

La observación empírica nos muestra que Ronald Reagan, asesorado por Arthur Laffer, bajó 9 puntos el impuesto a la renta sin lograr un aumento de inversiones en Estados Unidos.

Recientemente en la Argentina, en el período de gobierno de 2015 a 2019, se encaró una reforma con rebajas de las contribuciones patronales, del Impuesto a las Ganancias del 35% al 30% y con proyección de reducir al 25% a los dos años y una disminución del Impuesto sobre los Bienes Personales hasta dejarlo en casi inexistente al 0,25% sobre la base imponible. Contra lo esperado, la inversión en lugar de aumentar disminuyó a causa de baja demanda y de capacidad instalada ociosa que no justificaba invertir cuando no había mercado que adquiriera la mayor producción.

Lo segundo es analizar la comparación con países vecinos que tienen menor presión fiscal pero menores prestaciones estatales como los de la costa del Pacífico.

Cada país tiene una historia particular de presencia y legitimación del Estado.

En la costa del Pacífico observamos sociedades duales con una aceptación pacífica de diferencias sociales hasta hace pocos años. En los últimos tiempos se produjeron en Chile, Colombia y Perú movimientos de indignación y resultados electorales impensados una década atrás, que permiten concluir que esta situación ha entrado en crisis.

La sociedad argentina tiene un concepto profundamente instalado de que el Estado debe responder en las emergencias. A todos les pareció lógica la compra de 120 millones de vacunas y su aplicación gratuita a toda la población. Que estas vacunas se fueran a buscar en avión. También que el Estado se hiciera cargo de una parte del salario de las empresas privadas durante la pandemia.

Ante los incendios forestales se reclama que el Estado tenga disponibles varios aviones hidrantes en perfectas condiciones de funcionamiento. Ante un accidente se reclama que la demora de una ambulancia o servicio de emergencia sea mínimo.

¿Nuestra sociedad aceptaría una reducción significativa de prestaciones sociales? El 90% de la población universitaria asiste desde 1949 a universidades no aranceladas, cosa que no ocurre en los países de la costa del Pacífico. En Chile un matrimonio con tres hijos debe decidir cuáles de ellos podrán ser universitarios porque le es imposible pagar los aranceles de todos.

Cuando, un par de décadas atrás, un ministro de Economía intentó reducir un 13% el presupuesto universitario se vio obligado a renunciar a los 14 días de asumir.

La comunidad también es muy sensible al trato que se les dispensa a los jubilados y a sus medicamentos. Se sobreentiende que la educación, la salud y la jubilación son derechos adquiridos desde hace décadas.

La sociedad tiene que decidir cómo quiere vivir en base a números claros y no tendenciosos y en una clarificación de cuáles servicios prestará el Estado y cuáles dejará de prestar.

Más allá de del tamaño del Estado, es relevante la eficacia del gasto público y la necesidad de una burocracia eficiente.

La reforma tributaria es urgente y necesaria, pero una transformación realmente profunda es muy difícil llevar a cabo si no se cuenta previamente con dos elementos clave: poder político y consenso social.