| Por Jorge Gaggero y Juan Valerdi |

1. El arraigo y la significación de la fuga de capitales

Entre los países del Sur, la Argentina muestra un desarrollo temprano del fenómeno de la fuga de capitales, con su primer caso relevante –el ligado a la exportación de carnes al Reino Unido– verificado durante los años ’30 del siglo pasado. Si nos limitamos a un período más cercano (1976-2017), después de más cuatro décadas de persistente flujo de recursos hacia el exterior, las últimas estimaciones confiables de los stocks de riqueza offshore de origen argentino representan –relacionadas con la magnitud de su PIB anual– un récord en América latina, que comparte con Venezuela. Las estimaciones ubican también al país en los primeros puestos del ranking global: una magnitud de recursos cercana a un PIB se ha acumulado offshore. Alrededor de 500.000 millones de dólares salieron fuera del sistema económico (hipótesis para 2017); más de un 90% de modo ilícito. El flujo de fuga anual representa unos 5 puntos del PIB, una cuarta parte de la inversión total que se realizaba en el país en los años que precedieron al último quinquenio (y cerca de un tercio de la verificada en el 2016).

El arraigo de culturas favorables al incumplimiento fiscal y la fuga de capitales entre los residentes argentinos y las empresas que operan localmente es un dato crucial. Las tres décadas y media de restauración democrática no han logrado favorecer la limitación de estos fenómenos. En paralelo, se han agravado las circunstancias externas que los propician, tales como: la extensión de la globalización económico-financiera; el retroceso de las facultades tributarias del Estado-Nación, y, en particular, la expansión del sistema planetario de guaridas fiscales.

En el plano interno, se acentuaron algunas características dañinas de la estructura económica de la Argentina, su estructura tributaria y gestión fiscal, a las que se sumó –en los últimos dos años– una gestión económica de cuño neoliberal que ha terminado de destruir la “frontera financiera nacional” al establecer la libre circulación de capitales. Esto propicia actividades especulativas locales y la acumulación acelerada de deuda externa, que agravan el proceso de fuga de capitales y están llevando a la economía a una situación de extrema vulnerabilidad externa.

2. La cuestión tributaria

En materia tributaria, una cuestión indisolublemente asociada a la fuga de capitales, son los países más avanzados los que fijan las pautas internacionales, y las asociaciones que los comprenden las que alcanzan mayor armonización normativa, coordinación en la gestión e influencia global.

Esos países logran fijar reglas del juego internacionales que operan a favor de sus empresas, sus fiscos y/u otros intereses económico-financieros propios. En ausencia de organismos multilaterales responsables en este campo –un vacío que el tributarista Vito Tanzi propuso llenar hace décadas– son los limitados acuerdos y consensos ad hoc en el seno del G7 –últimamente extendidos al G20– y en el de la OECD los que marcan los rumbos. Estos acuerdos han resultado cada vez más insuficientes en su alcance territorial y económico-social, así como en su legitimidad, a medida que en el Sur del mundo los países emergentes ganan espacio. Además resultan estériles –cuando no contraindicados– para hacer frente a la escalada destructiva de las “fuerzas globales desatadas”: descontrolada competencia tributaria que mina los sistemas normativos; elusión y evasión rampantes que ponen en ridículo a las administraciones impositivas, y creciente fuga de capitales que erosiona severamente las economías y las sociedades de los Estados-nación (limitando su potencial económico, la cantidad y la calidad de su fuerza de trabajo y la posibilidad de alcanzar mayores niveles de equidad). Los “Jinetes del Apocalipsis” son los protagonistas destacados del mundo offshore: la banca global; las empresas multinacionales; las guaridas fiscales; las grandes firmas globales consultoras en auditoría e impuestos (con las Big Four al frente) y los grandes estudios legales especializados. Estos son los grandes facilitadores (enablers) del aprovechamiento del mundo offshore por parte de las corporaciones multinacionales y los “ricos globales”, principalmente.

3. El futuro ya arribó

Hace dos décadas Tanzi destacaba el impacto de estos fenómenos –que entonces ya se registraba– sobre las estructuras tributarias (un creciente sesgo regresivo) y advertía acerca de su empeoramiento: “Es solo cuestión de tiempo para que el nivel de la tributación comience a reflejar las fuerzas en juego”.

El mundo que Tanzi pronosticó ha llegado. Poco más de una década después de su vaticinio, la gran crisis de comienzos del milenio (2007-2008) mostró crudamente los costos del tiempo perdido. Las amenazas de “volar con dinamita” las guaridas fiscales del presidente Sarkozy de Francia (apoyado por Angela Merkel y el entonces titular del FMI Strauss Kahn) se toparon con la férrea defensa de la “hermandad anglosajona” (EE.UU. y el Reino Unido). Ese intento radical resultó, a través de la aceptación del G20, en un curso de acción mucho más moderado y mucho menos eficaz: el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting: Erosión de las Bases Tributarias y Fuga de Beneficios), cuyo diseño e implementación está a cargo del “club de los países ricos”, la OECD.

Ni la propuesta de Tanzi ni la opción más moderada –como construcción institucional– que los países en desarrollo presentaron en Addis Abeba (Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, julio de 2015) logró ser aprobada. Ella apuntaba a mejorar y potenciar el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de la ONU. Los países ricos, en especial la “hermandad anglosajona”, se opusieron. Para peor, el pasado mes de junio la OECD dio a conocer una lista vacía de paraísos fiscales. Vale decir, para este organismo todas las jurisdicciones del globo serían “colaboradoras” en materia de información tributaria. En otras palabras, la OECD acaba de renovar las “patentes de corso” de las guaridas fiscales del mundo con un doble efecto: la continuidad de la piratería económica global (favoreciendo a grandes bancos y corporaciones multinacionales) y la promoción de la vida “carnavalesca” de los ricos globales.
¿Qué se puede hacer entonces?

4. La agenda supranacional y global

Los mayores problemas son los planteados por el sistema financiero global. En apretada síntesis: la sustancial desregulación que los beneficia, su comportamiento oligopólico y el acelerado proceso de concentración (los tres obviamente vinculados). Una muy valiosa investigación reciente de François Morin ha puesto el foco en esta “hidra mundial” –“L’Hydre Mondiale. L’Oligopole Bancaire”, de 2015– cuyos 28 bancos miembros resultan claramente protegidos por los principales Estados del mundo desarrollado. En este contexto, no es una paradoja que muchos de estos Estados estén resultando “capturados” como consecuencia de sus deudas con el oligopolio.

Una medida fundamental es establecer controles sobre los movimientos internacionales de capital que permitan moderar la volatilidad de sus flujos. Esto contribuiría a la estabilidad financiera y a cumplir con decisiones adoptadas por el G20 en el año 2009 –luego olvidadas– respecto de terminar con la perversa dinámica resultante de la acción conjunta de “jurisdicciones del secreto” (guaridas fiscales) y el secreto bancario que estimulan la fuga ilícita de capitales.

En relación con el problema de las guaridas fiscales, el tiempo de discursos cínicos, sin sustancia, debe terminar. En primer lugar, la transparencia y la accesibilidad a la información resultan cruciales; como paso preliminar, los gobiernos deben ser obligados a asegurar un fácil y generalizado acceso a los datos acerca de los flujos financieros no registrados. Las guaridas fiscales concentran una creciente porción del “negocio” opaco global en los territorios de países desarrollados y sus dependencias, cada vez más ligado a las operaciones offshore del oligopolio bancario global. Esta cuestión debe ser incluida, sin demoras adicionales, en la agenda del cambio estructural global.

En un contexto en el que los organismos multilaterales muestran cada vez con mayor claridad sus sesgos y limitaciones, resulta imperioso adoptar acciones regionales de los países del Sur para hacer frente a los desafíos señalados. Lamentablemente, en muchas zonas del mundo en desarrollo, como es el caso de América latina, las acciones regionales “defensivas” son hoy marginales.

5. La Argentina en los últimos años: retrocesos en el control y vocación de entrar al club de guaridas fiscales

La difusión de los papeles de Panamá y sus secuelas podría haber sido aprovechada en todo el mundo para impulsar una discusión profunda acerca del grave daño que las guaridas fiscales ocasionan a nuestras economías y el modo más serio de terminar con ellas. Sin embargo, esto no ha sido así y de nada ha servido poner el acento, como se ha hecho, en los “ricos y famosos” de la Argentina y del resto del mundo que caen esta vez en “la volteada”. Estos documentos revelaron información que “complica” al Presidente de la Argentina, a miembros de su gabinete, al secretario de un presidente de la pasada década y al jugador de fútbol más famoso de la Argentina. Sin embargo, la Justicia argentina, fuertemente presionada por el poder político y económico, congeló las causas iniciadas con los datos obtenidos de esas filtraciones, las desestimó o sobreseyó a sus protagonistas.

Los escándalos destapados ofrecen una oportunidad inmejorable de analizar las razones que sitúan al país como “caso crítico” de cara a las “guaridas”, pues cobran estado público vínculos non sanctos de una fructífera sociedad de negocios para pocos y muy poderosos argentinos, para propiciar y concretar reformas legislativas basales que las abroguen. Pero lo que es más importante aún, las redes de guaridas fiscales deben ser entendidas como un engranaje clave de las finanzas internacionales y del modo de hacer negocios de las más grandes y poderosas corporaciones del mundo. Por ello, las regulaciones que permiten la existencia y funcionamiento de estas redes no sólo se mantienen dentro de una “legalidad” internacional supuestamente consensuada, sino que además presionan y amenazan a las autoridades de los países que tratan de oponerse a cambios que permitan los “lavados de cara” de las guaridas y obtienen el apoyo incondicional de los gobernantes que son usuarios directos o representan los intereses de los usuarios. Esto explica por qué, actualmente, la legislación vigente en la Argentina es absolutamente permisiva y, por ende, cómplice. Peor aún, los principales funcionarios de las áreas responsables y sensibles en esta cuestión han sido claramente seleccionados entre los usuarios de las Redes de Guaridas Fiscales o sus asesores y facilitadores. Desde el inicio de la gestión del actual gobierno de Argentina la Unidad Antilavado (UIF) fue puesta en manos de abogados vinculados a bancos con causas por lavado en la Argentina y el mundo (HSBC) y con el FMI, organismo que es funcional a este sistema en sus medidas y documentos difundidos. Y a fin del mes de marzo de 2018 cambió la conducción de la AFIP –el otro organismo clave en la lucha contra el lavado y central en el combate de la evasión y elusión–: de un funcionario con antecedentes y seriedad en la administración tributaria que, evidentemente, ponía límites a los desmanejos planteados desde la cúspide del gobierno de Cambiemos, a manos de un funcionario sin antecedentes en este tema, excepto en la relacionado con administración de fondos en el exterior y en la Red de Guaridas Fiscales, es decir, con experiencia “del otro lado del mostrador” y cuyo aparente mayor mérito es que “juega en equipo”, eufemismo que usa este gobierno cuando quiere decir que acepta órdenes sin cuestionarlas o ponerles límites.

Así y todo, el retroceso en la lucha contra la red de guaridas fiscales no es “mérito” solo de este gobierno neoliberal, sino que comenzó en 2013, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Hagamos un poco de historia para entender cómo ocurrió esto: en el año 2000, al definirse el texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias mediante el decreto 1037/2000, se creó una lista taxativa “negativa” de 88 “guaridas fiscales” (piadosamente denominadas “jurisdicciones de baja tributación”). El listado “negativo” en la Ley de Impuesto a las Ganancias habilitaba medidas especiales de control y exigencia de documentación de las operaciones en la AFIP, el Banco Central y el sistema financiero, que posibilitaban controlar actividades de evasión y elusión fiscal, manipulación de precios de transferencia con que las multinacionales registraban sus operaciones, fuga de capitales, lavado de dinero y financiación del terrorismo.

En mayo de 2013, con Cristina Kirchner como presidenta y Ricardo Echegaray como titular de la AFIP, se eliminó la lista “negativa” –mediante el decreto 589/2013– y se la reemplazó por un listado “positivo” que incluye las llamadas “jurisdicciones cooperantes”. La condición fijada para que un país-guarida sea definido como “cooperante” es que haya firmado un convenio de intercambio de información con la AFIP o que, a criterio de la AFIP, hubiera “iniciado con el gobierno las negociaciones necesarias a los fines de suscribir un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria”. Panamá, por ejemplo, se encuentra en el listado “positivo” de “Países Cooperadores” de la Argentina desde el inicio de su emisión por decreto 589/2013 y, sin embargo, nunca ha tenido un acuerdo de intercambio de información con la Argentina, solo “coopera” por haber estado “negociando” dicho acuerdo desde el año 2009.

Hoy en día, y sobre la base de una lista de países “cooperantes” de la Argentina, que incluye a más de la mitad de los que estuvieron en el listado de “guaridas fiscales”, las normas vigentes de resguardo antievasión –así como las de lucha contra lavado de activos y financiación del terrorismo, en relación con las actividades económicas de personas físicas y jurídicas que operan en la Argentina y tienen como contraparte a otras domiciliadas en países como Panamá, Bahamas, Suiza, Jersey, Seychelles, Luxemburgo, Islas Caimán, Bermudas, Isla de Man, Islas Vírgenes y otras reconocidas guaridas fiscales– tienen un tratamiento similar al que se da con países desarrollados con un nivel de tributación razonable y sin opacidad bancaria y societaria.

Si a esto sumamos: 1) el blanqueo y la moratoria que Argentina implementó en 2016, con extrema generosidad y prácticamente nulo control –incluyendo decretos presidenciales para habilitar el ingreso de fondos de familiares de los funcionarios políticos, permitiendo asimismo el blanqueo de fondos que se dejaran en el exterior y eliminando controles de origen de fondos en los bancos mediante normas simultaneas de la AFIP y la UIF–, además de, 2) permitir la creación de “empresas exprés” en 24 horas y, 3) ofrecer tasas de interés en dólares exorbitantes con un tipo de cambio “planchado” y libre ingreso/egreso de dólares, y 4) finalmente, el nombramiento en los organismos clave antilavado, antievasión y antielusión de funcionarios del “riñón” de los facilitadores de las Redes de Guaridas Fiscales, entonces claramente podemos observar que nuestro país está haciendo sus mejores esfuerzos por convertirse en una guarida fiscal, al menos para el uso de los usuarios locales en una porción de sus activos, porque para atraer usuarios de otros países le falta un requisito básico demandado en estos servicios, estabilidad política, la que difícilmente pueda ser conseguida en el corto o mediano plazo, dadas las condiciones sociopolíticas reinantes.