| Por Hugo Andrade y Joaquín Salzbergi |

A principios del siglo XXI la educación superior adquiere un papel crítico: en una economía internacional basada en el conocimiento y en la información, el nivel educativo de la población, y en particular, el acceso al ciclo postsecundario, resultan centrales para la fortaleza de los países, ya que los requisitos de calificación en el mundo del trabajo, dominado por la innovación, el uso intensivo del conocimiento y de las tecnologías, son cada vez más exigentes.

En este sentido, el problema del acceso, permanencia y graduación de sectores antes excluidos de la educación superior se instala en la agenda de la política estatal. Los esfuerzos por masificar la Tasa Bruta de Escolarización Superior –TBES– (que mide el porcentaje de estudiantes matriculados en la educación superior independientemente de su edad, expresado en porcentaje de la población del grupo en edad oficial de cursar ese nivel de enseñanza –según los parámetros de la OCDE, de 20 a 24 años–), la multiplicación de instituciones universitarias y la creación de organismos de control y acreditación son algunas de las líneas que ha seguido el accionar, aun en gran parte de los países centrales.

La presión estatal por universalizar la educación superior se conjuga con un reclamo social histórico: la igualdad de oportunidades. Constituido tradicionalmente como un espacio elitista de reproducción de los sectores dominantes, han sido muchos los movimientos políticos y sociales que realizaron intentos por democratizar la educación superior. En los últimos años, la propia dinámica internacional ha generalizado el reclamo por el acceso, al constituirse como un factor clave para la mejora de las condiciones de vida de la población.

Las respuestas a la necesidad de expansión cualitativa y cuantitativa de la educación y al reclamo por el acceso como medio de movilidad social han partido desde dos actores. Por un lado, las instituciones universitarias han ensayado distintas estrategias para ampliar la oferta y disminuir la deserción, procurando aumentar la tasa de graduación, pero con relativamente escaso éxito. Por el otro, y cada vez más, los Estados se involucran en la planificación de la educación superior, elevando estándares de calidad, ampliando las posibilidades de ingreso y buscando fortalecer las posibilidades de egreso mediante diversos contratos-programa.

Latinoamérica no es la excepción a este proceso de cambio, con una rica tradición en educación superior que data del siglo XVI, cuenta con particularidades que lo hacen único en el mundo. Como señalan los sucesivos informes del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), la región experimentó una explosión en la matrícula de educación superior durante los últimos veinte años. Esto ha sido acompañado, principalmente, por una gran expansión de las instituciones privadas, mas no por un aumento proporcional en la tasa de graduados.

En el ámbito de la Unasur estrictamente, los primeros años del siglo XXI encontraron a sus sistemas nacionales de educación superior relativamente disminuidos para hacer frente a las demandas de la sociedad, como consecuencia de la aplicación de políticas de corte neoliberal ensayadas desde mediados de los años ’70. No obstante, en la actualidad, bajo economías en crecimiento y con Estados nacionales que recuperan sus capacidades, el sistema educativo y las universidades en particular intentan impulsar estrategias de desarrollo y de inclusión, en algunos casos similares y en otros muy diferentes, siempre bajo la premisa de tender a la universalización del acceso a la educación superior.

Por otra parte, existe una fuerte diversificación en términos institucionales, y la presencia de la oferta estatal no siempre es dominante a nivel de cada país. Por caso, la Argentina cuenta con una oferta estatal que cubre más de tres cuartos de la matrícula de educación superior y más del 80% de la universitaria. Sin embargo, en los últimos años, las tasas más altas de crecimiento han sido en el sector de gestión privada. Asimismo, la Argentina ocupó históricamente el primer lugar en América latina, en cuanto a la TBES que, en base a datos del 2006, alcanzaba el 68%, actualmente superado por Venezuela que exhibe un fuerte incremento en la última década.

En otro extremo, Brasil, con un sistema de educación superior complejo y heterogéneo, tiene una amplia matrícula en el sector privado, constituyendo el sector público solamente el 11% del total según el Censo de Educación Superior de 2006. En cuanto a la educación universitaria, 52% de la matrícula es de oferta pública y el 48% restante privada, y a su vez exhibe un muy bajo porcentaje de TBES que, según datos de 2006, es cercana al 12%, si bien es de destacar que la matriculación se ha más que duplicado en la última década.

Superar la desigualdad y exclusión como estrategia para alcanzar un desarrollo sustentable de nuestros países es, quizás, el reto más apremiante e importante de estos tiempos. Abordar la problemática desde la perspectiva regional es altamente deseable para lograr un éxito sistémico que retroalimente virtuosamente la construcción de la integración regional.

Para aumentar los niveles de igualdad

Generar oportunidades educativas “inclusivas” requiere la transformación de las instituciones y experiencia educativa para que puedan dar una respuesta pertinente, de calidad y de condiciones equitativas respecto de las diferencias de las personas y los grupos, tomando en consideración sus diferencias no sólo de índole económica y en forma concomitante de capital cultural suficiente, sino también de género, etnia, lengua o cultura, entre otros factores que introducen desigualdades y que no son menos importantes en nuestra región.

En tal sentido, la noción de la diversidad como derecho humano individual y de grupos no ha sido reconocida en el ámbito de la educación superior, tanto como lo ha sido el talento o mérito en relación con la necesidad. No obstante, durante las últimas décadas los criterios de género y discapacidad han cobrado cierta visibilidad.

Como ya se ha señalado, la igualdad en el nivel superior no depende sencillamente de su gratuidad o de su ingreso directo, pues como señalan Bourdieu y Passeron en Los herederos. Los estudiantes y la cultura, la afinidad entre el capital cultural de una clase y las exigencias del sistema de enseñanza es lo que determina las posibilidades de éxito. Sabido es que la “igualación” de los medios económicos, a través de becas y/o créditos para desarrollar estudios superiores, no suprime las desventajas de origen, bajo un sistema que premia de manera “neutral” el mérito individual.

Ana María Ezcurra, en su libro Igualdad en la educación superior. Un desafío mundial, sostiene que, de no mediar estrategias que vayan más allá del ingreso masivo para permitir posibilidades reales de graduación, estamos ante un proceso de “inclusión excluyente”. La relación entre un ingreso masivo y una alta tasa de deserción es causal: los sectores que se incluyen en la educación superior son los que fracasan masivamente y que sólo logran graduarse en pequeñas proporciones. Es posible afirmar entonces que las universidades públicas no han logrado plantearse soluciones relativamente exitosas y si se quiere, novedosas, en materia de retención de estudiantes. Por otra parte, la deficitaria regulación del sector privado que predomina, genera un mercado de titulación de baja calidad que, lejos de fomentar la igualdad, institucionaliza la discriminación de quien no posee el capital cultural necesario para acceder al sistema público.

Cierto es que en las últimas décadas el número de personas que acceden a la educación superior se ha incrementado en todos los países de la región y a una tasa superior al crecimiento mismo de la población, lo cual evidencia un avance sin precedentes, pero la matrícula del sector privado es la de mayor tasa de crecimiento. No obstante la inclinación hacia el acceso universal, la distribución social de las oportunidades de acceso a la educación superior sigue mostrando inequidades, comparando estratos de ingresos, por ejemplo, mientras que en promedio en el quintil más alto de ingresos, el 50% de los hogares con hijos acceden a instituciones de educación superior, en el quintil más pobre ese número alcanza a menos del 20% de las familias (según datos obtenidos del libro Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe).

De esta forma, en el escenario tendencial de transición de una sociedad industrial hacia sociedades de conocimiento, la educación superior opera con una dinámica de cambio de baja cohesión social que, sumada a la insuficiencia de educación básica, media y postsecundaria y los altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión, retroalimenta adversamente condiciones de redistribución positiva del ingreso, a pesar del progreso alcanzado durante los últimos años.

Las estrategias para aumentar los niveles de igualdad deben dirigirse en consecuencia a fomentar el acceso, de la mano de la orientación y preparación en las instancias de ingreso, de la amplitud de la oferta, de la gratuidad y las becas; pero particularmente, a fortalecer la retención, de la mano de programas de articulación entre la educación media y la educación superior y, ampliamente, de estrategias para el desarrollo del “oficio del estudiante”, como identifica el trabajo de Ezcurra. En suma, acciones que conviertan en real la posibilidad de graduación de todos.

En este sentido, las iniciativas a nivel países son variadas por su objetivo, por su profundidad, por el actor que las ejecuta y por la realidad de la que deben dar cuenta. En líneas generales, la política estatal se centra en la creación de instituciones y la oferta de becas, mientras que las estrategias destinadas a la retención han partido principalmente de las propias instituciones, evidenciándose la falta de un abordaje integral de esta problemática. Por otra parte, una dificultad de consideración son los exámenes de ingreso, que dejan en la puerta de la universidad pública a todos aquellos que no entran dentro de los parámetros del alumno esperado por las instituciones.

Si bien la agenda de la equidad y la inclusión en la educación superior está presente en la Unasur como uno de los principios liminares del Estatuto del Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación (COSECCTI) suscrito en el año 2010, ello aún no ha tenido expresión en estrategias y acciones compartidas concretas.

Un desafío regional

La inclusión como estrategia para reducir la desigualdad en la participación en la sociedad está vinculada a condiciones de equidad de acceso, progreso y terminación de estudios en el nivel superior. Como hemos afirmado, la generación de oportunidades sin considerar las diferentes necesidades de los grupos excluidos y condiciones de partida en términos de capital cultural, implica la no superación de las desigualdades de fondo para su avance, desarrollo integral y participación social y, lo que es peor, agudizar la repitencia, el abandono de estudios y el desaliento, con un alto costo social y económico para el Estado.

A nivel nacional, la inclusión social en la agenda de la educación superior como estrategia tiene varios componentes:
• La cobertura o distribución geográfica y alcance de la oferta educativa.
• La pertinencia de acuerdo con los objetivos de formación superior que demandan las naciones y con las necesidades sociales, personales y de los grupos y/o sectores contemplados.
• El financiamiento involucrado.

Un claro ejemplo de estrategia de inclusión es el caso argentino con la reciente creación de 9 nuevas universidades, 5 de ellas con asiento en el área metropolitana de Buenos Aires, particularmente en el tercer cordón. En materia de igualación de oportunidades, la creación de universidades nacionales en el conurbano resulta particularmente interesante pues se insertan en un medio socioeconómico muy desfavorable, ya que atienden a estudiantes de escasos recursos, tanto económicos como culturales. El objetivo de su creación se cierne sobre la creación de oportunidades para que estos jóvenes continúen sus estudios en la universidad, generando un proceso social ascendente, lo cual requiere de la profundización y visibilización de la agenda de la inclusión social que hemos señalado, tomando especialmente en consideración el deterioro de la calidad de la escuela media ocurrido durante la década de 1990 –más aguda en zonas de población vulnerable económicamente–, que reduce drásticamente las posibilidades de permanencia y éxito en la educación superior.

Venezuela ha recorrido un camino similar en los últimos años. Por otra parte, los programas nacionales de becas, surgidos en la década de 1990 con el objetivo de atender las necesidades de los sectores populares, hacen a la superación de las barreras económicas, y en línea con las consideraciones anteriormente expuestas, vienen aggiornándose de diversa forma, hacia carreras priorizadas –técnicas–, perfeccionándose en sus mecanismos de distribución territorial y de selección, reforzándose en términos de recursos, etc. Inclusive, algunos países focalizan el esfuerzo económico con medidas de acción afirmativa como política de inclusión, organizando planes de becas o de créditos para grupos o sectores desfavorecidos identificados (etnias, madres solteras, etc.).

A nivel de las instituciones, las estrategias pasan principalmente por las acciones de nivelación, de ambientación o de preparación universitaria al momento del ingreso, cuya intensidad e importancia depende de su obligatoriedad y el rango curricular que posee en cuanto a exigencias y saberes contenidos. Las tutorías y los seminarios de habilidades de estudio, entre otras estrategias que desarrollan algunas universidades (principalmente las de reciente creación), son destinadas a la retención y al desarrollo del capital cultural necesario para alcanzar el éxito académico y la posterior graduación. En el mismo sentido, la incorporación de integrantes de pueblos originarios y descendientes de etnias africanas, garantizada por un sistema de cupos, es una estrategia de inclusión que algunos países intentan (por ejemplo, Brasil).

En líneas generales, las universidades públicas tienen limitadas posibilidades de desarrollo de programas de inclusión más allá de las exigencias legales de exámenes vestibulares y las garantías, inclusive constitucionales, de acceso meritocrático a la educación superior; y la eficacia y eficiencia de los Estados en la materia requiere de un esfuerzo adicional para alcanzar el éxito.

En el entendimiento de que el esfuerzo conjunto de las naciones que integran la Unasur ha de favorecer en forma sistémica la satisfacción de objetivos públicos y demandas sociales de mayor inclusión, es que creemos necesario avanzar en una agenda compartida al respecto. Como se ha dicho, la integración regional es necesaria, conveniente y urgente, por razones históricas a las que se agregan otras derivadas de la globalización, en beneficio del desarrollo económico y social de nuestras naciones.

En tal sentido, la internacionalización de la educación es una realidad ante la cual las universidades han buscado diferentes estrategias de escaso alcance y producto de iniciativas puntuales, principalmente de las mismas instituciones. Teniendo en cuenta que desde la perspectiva de la OMC, en virtud del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, la educación quedó incluida entre los servicios negociables, considerándosela como un bien de mercado más entre otros, es necesario que la región, en forma conjunta, visibilice y adopte medidas que resguarden la concepción de la educación como bien público y alienten la cooperación en las relaciones entre las instituciones educativas y entre los países, con preeminencia en la Unasur, para afianzar el objetivo ineludible de la inclusión en la agenda educativa del nivel superior.

Ello contribuirá en forma sistémica no sólo a la profundización de los procesos de integración, sino al objetivo mismo de inclusión social señalado y que es prioritario en todas nuestras naciones. Al respecto, la educación superior de la región, a pesar de los varios esfuerzos, no ha alcanzado los desarrollos en convergencia que muestran otros bloques y regiones para aprovechar sus fortalezas y superar sus debilidades, pese al auge de los convenios para intercambio académico o para desarrollar programas conjuntos y/o de doble titulación.

Hacia otro modelo de universidad y de integración regional

Hemos recorrido brevemente la caracterización de los desafíos que hoy enfrenta la educación superior en la Unasur junto con las estrategias que con mayor intensidad se han desarrollado para generar condiciones de igualdad a nivel nacional. Ante los nuevos requisitos de conocimiento, en particular en la actividad económica y el mundo del trabajo, de extensión de ciudadanía y de cooperación entre los países de la Unasur, es que la expansión y diversificación de la oferta de educación universitaria en la región, en condiciones de creciente inclusión social, continuará y dominará crecientemente la agenda de la política pública en la materia por varias décadas.

A grandes rasgos, podemos decir que la región enfrenta el desafío preponderante de la universalización de sus sistemas de educación superior, y en condiciones de excelencia; en segundo orden, aumentar las tasas de graduación y transformar los mecanismos elitistas predominantes en mecanismos efectivamente inclusivos. En síntesis, un modelo de universidad que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI implica prioritariamente dar respuesta a las demandas de inclusión de los sectores populares en la educación superior y comprometerse con la contribución al desarrollo del país y de la región, afianzando como paradigma liminar de la educación universitaria la pertinencia y responsabilidad social frente a los problemas de exclusión y desigualdad.

Para profundizar este escenario de transformación y para que las políticas de inclusión y equidad de las instituciones y los Estados tengan éxito, las iniciativas de colaboración e intercambio a nivel de Unasur pueden jugar un rol fundamental en tal sentido. Por otra parte, y sin duda, la educación universitaria de nuestros países puede contribuir a la real integración, mediante la construcción de lazos y espacios de trabajo, reflexión y agenda compartida. Cabe entonces a los Estados miembro alentar y coordinar esfuerzos, mediante la priorización compartida de los objetivos de equidad e inclusión social en las agendas educativas nacionales y regional, sosteniendo como bandera a la educación como un bien público prioritario, frente a quienes alientan su reducción a un bien de mercado transable.

Aprovechar la oportunidad histórica de conformarnos como una región unida en una misma identidad y, a la vez, en la diversidad, es nuestro mayor desafío. Sin duda, las universidades y el sistema de educación superior en general, pueden y deben ser un instrumento de integración y de inclusión.