| Por Ludmila da Silva Catela y Elizabeth Jelin |

¿Qué se tramita en un juicio? Los juicios son instancias en las que se dirimen responsabilidades de individuos a quienes se acusa de cometer delitos. El objetivo central es aportar las evidencias de lo que aconteció, para convertir esas evidencias en pruebas jurídicas que permitan llegar a un veredicto, o sea a una decisión acerca de la responsabilidad de la persona imputada por los delitos y su condena o absolución. Las causas judiciales aluden siempre a individuos concretos. Se establece en ellas una “verdad”, la verdad de lo acontecido específicamente en el caso juzgado. La historia argentina reciente agregó, además, la posibilidad de llevar adelante juicios aun cuando no se podía condenar, por la vigencia de amnistías y leyes “de impunidad”: los juicios por la verdad.

Existe, entonces, una asociación directa entre los veredictos judiciales y la “verdad”. ¿De qué verdad se trata? Una verdad fáctica específica, “más allá de toda duda”, dirá el discurso jurídico. Se plantean aquí varias cuestiones significativas.

Por un lado, el tipo de prueba jurídica y su vinculación con otros ámbitos en los que también se intenta establecer verdades a partir de pruebas. La relación y el contraste o similitud entre las pruebas jurídicas reflejadas en sentencias de jueces y las pruebas o datos que se presentan en las ciencias sociales han sido el objeto de reflexiones y debates entre juristas, historiadorxs y otrxs cientistas sociales. ¿Cómo establece la prueba el/la juez/a? ¿En qué se diferencia o acerca a las pruebas científicas de la investigación social? Carlo Ginzburg, quizá la figura más reconocida en el análisis histórico indicial basado en fuentes judiciales, retoma el tema en su libro El juez y el historiador. Consideraciones al margen del caso Sofri (Ginzburg, 1993). A Ginzburg le preocupa el caso, pero también las “intrincadas y ambiguas” relaciones entre el juez y el historiador, en el lugar de la prueba y el testimonio en uno y otro ámbito de trabajo para establecer la “verdad”. Se detiene a mostrar las maneras en que intervienen los marcos interpretativos de unx y otrx; también las maneras de incorporar el contexto en el que ocurrió la acción. En este sentido, lo citamos: “El contexto, concebido como un espacio de posibilidades históricas, ofrece al historiador la posibilidad de completar la evidencia sobre la vida de un individuo. Es obvio que nos encontramos muy lejos de una perspectiva judicial… Las tareas del historiador y el juez implican la habilidad de demostrar, de acuerdo con reglas específicas, que x hizo y, donde x puede designar al actor principal… de un acontecimiento histórico o de un acto legal, e y designa cualquier tipo de acción. Pero en ocasiones, los casos que un juez descartaría por ser jurídicamente inexistentes, se vuelven provechosos a los ojos de un historiador”.

Además, los trabajos historiográficos y antropológicos, de Ginzburg y de otrxs investigadorxs, toman los procesos judiciales, los testimonios y las sentencias como objeto de estudio y como fuente (indicio) para datos y evidencias a ser interpretados en el marco de sus investigaciones (por ejemplo, los de Sofía Tiscornia y María José Sarrabayrouse. El reverso es la pregunta sobre qué puede aportar el saber de las ciencias sociales a los procesos judiciales, en actuaciones de peritaje o testimonios de expertxs.

Por otro lado, o quizá como parte de la misma cuestión, desde la perspectiva de la dinámica social y política, se trata de indagar acerca de cómo esa verdad jurídica develada en la sentencia específica se inserta en un contexto histórico más amplio, en una interpretación y un sentido de lo ocurrido. Esta pregunta es pertinente en todos los casos, pero se convierte en un tema crucial cuando la intervención judicial se refiere a violaciones a los derechos humanos, a crímenes y juicios caracterizados jurídicamente como “crímenes de lesa humanidad”. Porque esta caracterización judicial se inserta en un marco de interpretación ético universal: se trata de delitos tan aberrantes que agravian al conjunto de la humanidad, crímenes que afectan de manera sistemática a una gran masa de individuos de una sociedad o población. Reconocer un crimen como “de lesa humanidad” tiene una carga ética fundamental; tiene también consecuencias jurídicas y sociales. Jurídicamente implica que estos crímenes no prescriben, aspecto muy importante porque pueden ser juzgados en cualquier momento posterior a su comisión (también que pueden ser juzgados en lugares que no son donde se cometieron, si la legislación del país así lo permite, o en cortes internacionales). Al respecto, el Tribunal Constitucional de España define la jurisdicción universal: “El principio según el cual cualquier Estado, por el solo hecho de formar parte de la comunidad internacional, tiene autoridad judicial suficiente para perseguir, esclarecer, castigar, reparar ante sus propios tribunales a cualquier individuo presuntamente responsable de la comisión de crímenes graves contra el derecho internacional. Incluso de aquellos cometidos fuera de su jurisdicción territorial o sin relación alguna con la nacionalidad de las víctimas o de los acusados, porque tales delitos por su atrocidad intrínseca afectan bienes jurídicos fundamentales tutelados por el derecho de gente, ofenden a la humanidad entera y desquician el orden público de la comunidad internacional”.

¡Basta de consideraciones generales! Tomemos ahora un caso concreto, para mostrar cómo los juicios de lesa humanidad están enraizados e impactan en su contexto social, en este caso la ciudad de Córdoba.

Conocer y comprender a partir de los juicios de lesa humanidad

Las acciones jurídicas, además de generar condenas y prisiones, han construido una de las herramientas más poderosas para producir representaciones e imágenes del ejercicio ilegal de la violencia por parte de Estado. Han sentado a los imputados en los tribunales para reconstruir cada episodio de privación ilegítima de libertad (secuestro), imposición de tormentos (torturas), tentativa de homicidio, imposición de tormentos seguida de muerte (muerte por torturas), homicidio calificado (asesinatos), sustracción de menores (robo de bebés), violación, abuso deshonesto, allanamiento ilegal, usurpación, robo, etc., crímenes cometidos dentro de centros clandestinos de detención que operaban en red en cada provincia, en toda la nación y en la región. Es difícil decir cuánto impacto esto tuvo y tiene a nivel social, pero las masivas marchas contra el 2×1 a lo largo y ancho del país demostraron que la búsqueda de justicia y la condena a los culpables logró un importante consenso.

Las evidencias construidas en los juicios de lesa humanidad dieron cuenta de diferentes niveles de comprensión del pasado reciente y su violencia estatal. Por un lado la verdad jurídica, aquella plasmada en el expediente, en la letra de las sentencias, en las estadísticas del número de imputados. Los acusados sentados frente al juez adquirieron rostros, dejaron de ser solo nombres para constituirse en personas que todos podíamos ver, conocer sus gestos, sus voces, sus cuerpos. En uno de los juicios más emblemáticos de la Argentina, el megajuicio de La Perla en Córdoba, los genocidas dormían en sus sillas, se tapaban la cara cuando eran fotografiados o provocaban al público y a los jueces incorporando símbolos como la escarapela negra o ignorando lo que sucedía, leyendo un libro, conversando, levantando sus puños en señal de victoria. Mientras el juicio sucedía y se gestaban nuevos relatos sobre la violencia y sus consecuencias, el silencio fue la marca más elocuente que eligieron los genocidas para decir/no decir sus verdades.

Fotografía: Archivo Provincial de la Memoria.

Los eufemismos –esas palabras que conformaron un sistema simbólico de la violencia (traslado, operativo ventilador, sala de cirugía, el pozo, la cacha, etc.)–, usados durante el terrorismo de Estado, adquirieron otro nivel de conocimiento y dieron cuenta en los juicios de una verdad incontestable: su uso era uno de los mecanismos del accionar clandestino de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, estaba la verdad del testimonio de las víctimas, los detalles de sus padecimientos, las acciones sobre sus cuerpos en la tortura, las variadas y aberrantes situaciones de humillación, desamparo y violencia. Estas narrativas, reconstruidas en base al recuerdo doloroso de lo vivido, encontraron en el ámbito del juicio la legitimidad de una escucha atenta y reconocida por el Estado. Dejaron de ser experiencias subjetivas, para constituirse en certezas enunciadas y sentidas por los testigos como legítimamente aceptadas.

“Todo el tiempo del juicio estuve tirada para atrás. Me costó la cotidiana del presente. No estuve deprimida pero sí abstraída. Cualquier otro me costaba pensarlo. Estaba como enajenada. En lo personal me llevaba al dolor, al llanto y fue importante poder llorar, porque yo he pasado muchos años en los que me ponía rígida para no llorar. Esta vez tuve la sensación de que tenía más espaldas. No porque antes no las tuviera, sino porque socialmente no estaba legitimado. Tenía, incluso, miedo de dañar a los compañeros o hacerles cargar una responsabilidad tan alta. En esos días me reencontré con algo perdido. Cuando yo salí de la cárcel, escribí e hice unos dibujitos con las cosas de La Perla para no olvidarme. A quiénes había visto, cómo los había visto, etc. Un día me di cuenta de que lo había perdido. En los días previos, como además estaba con poca capacidad de trabajo intelectual y mi casa estaba en remodelación, sacaba cajones y acomodaba. En eso saqué una caja de cosas viejas y ahí encontré los cuadernitos… antes de la declaración. No lo podía creer. Los abría, los cerraba… y me di cuenta de que no los podía leer sola, porque iba a ser muy doloroso” (Ana Mohaded, Diario de la Memoria. Primer Juicio de Lesa en Córdoba/2008).

Los juicios también les pusieron rostro a los desaparecidos. Quienes asistieron a los juicios pudieron conocer sus cortas trayectorias de vida. Se enunciaron sus nombres y en muchos casos los sobrevivientes/testigos pudieron relatar con detalles su paso y presencia en los centros clandestinos de detención, aportando así algunas certezas en medio de la incertidumbre de la desaparición de sus compañeros de militancia. Circularon sus fotos, se escucharon las historias de sus vidas, sus hijos conocieron a esos compañeros y en muchos casos pequeñas historias pasaron a conformar miradas diferentes en torno a estas personas.

“No puedo dejar de evocar al ‘Bonyi’ Di Toffino, sin pensar en un tablero de ajedrez… Fue originariamente nuestra manera de comunicarnos y para ello, ni la venda fue un impedimento… Él en su colchoneta, con su tablero de papel dibujado a mano y sus piezas de miga de pan cuyo autor ignoré siempre, y yo en la mía, con idénticos utensilios… Con los tableros separados por apenas 3 o 4 metros, pero en total silencio (estaba prohibido hablar en esos primeros tiempos), nuestras manos dibujaban códigos inventados sobre la marcha que solamente él y yo (y a veces ninguno) entendíamos… Peón 4 Rey de las blancas. Peón 4 Rey de las negras. Caballo 3 Alfil… ¿Será una apertura Ruy López? ¿Una defensa rusa? Daba lo mismo… Lo realmente importante era nuestra comunicación y ese vuelo extraordinario que emprendíamos surcando las distancias y los tiempos” (Testimonio de Héctor Kunzmann, sobreviviente de La Perla. Desde el año 2014, se lleva adelante –en el Espacio para la Memoria La Perla, junto con la Asociación Ajedrecear y las federaciones cordobesa y argentina de Ajedrez– el Torneo de Ajedrez “Tomás Di Toffino”).

Finalmente, el espacio de la justicia constituyó verdades nacidas de las pruebas documentales y el rol de los archivos. Este espacio de construcción de certezas pocas veces es ligado a los juicios de lesa humanidad. Desde el juicio a las juntas, pasando por los juicios de la verdad y finalmente los juicios de lesa humanidad, la búsqueda documental, el descubrimiento de archivos de las fuerzas represivas, la creación del Archivo Nacional de la Memoria y de sus pares en las provincias han generado pruebas, nuevas líneas de investigación, imputaciones a sectores de las fuerzas policiales y militares poco conocidos. Permitieron abrir causas a civiles y empresas, y han puesto a disposición pública estos acervos documentales para la producción de otras verdades, periodísticas, históricas, visuales, etc.

Transmisión de memoria y rituales de duelo colectivo

Si dentro del recinto la Justicia impartía acciones morales en búsqueda de la verdad, en el afuera, otros modos de reparación simbólica acompañaban, visibilizaban y apoyaban el desarrollo de los juicios. Los juicios de lesa humanidad tejieron muchos hilos más allá de la justicia en sentido estricto del término. Movilizaron periodistas, gestaron proyectos de investigación, promovieron programas de televisión, películas, documentales, concursos fotográficos y muestras en sitios de memoria, museos y centros culturales de todo el país. Extendieron sus significados hacia el afuera del recinto e impactaron de diferentes maneras en “otros” que miraban de costado o no se interesaban por participar. Dos acciones pueden ser vistas, entre muchas otras, como espacios de sentidos de justicia en la sociedad: la visita a los juicios de jóvenes estudiantes secundarios –“La escuela va a los juicios”– y la acción urbana desarrollada por el Archivo Provincial de la Memoria, “Los árboles de la vida”.

Por un lado, el programa “La escuela va a los juicios” –que, en cada provincia, gestó relaciones entre diversos actores– tuvo un objetivo central: articular contenidos formales escolares con dimensiones emocionales, a partir de la presencia de jóvenes desde los 15 años en las audiencias. De manera inédita, los jóvenes presenciaron, opinaron y se formaron en torno a los hechos del pasado reciente fuera de la currícula escolar; por otro lado, se solidarizaron y generaron lazos de empatía, rechazo o indiferencia en relación a los testigos, los genocidas, jueces y defensores. De Catamarca a Buenos Aires, de Córdoba al NOA, cientos de estudiantes junto a sus docentes vivieron la experiencia de conocer y construir conocimiento en y desde lo que sucedía en los tribunales. Una manera diversa de diálogo y transmisión de memorias intergeneracional.

Así como la escuela se tornó un buen lugar para la reflexión sobre los juicios y el recinto judicial un espacio pedagógico donde comprender desde otras aristas la historia, la calle fue un territorio de conquista para difundir y comunicar lo que pasaba dentro de los tribunales.

En Córdoba, en el año 2012 comenzó uno de los juicios más emblemáticos del país, la megacausa La Perla, donde se juzgaban hechos cometidos en los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Córdoba: La Perla, Campo de la Ribera y el D2. Este juicio tuvo 350 audiencias, 45 imputados, 716 víctimas y 28 represores acusados. Desde el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba se gestó una idea simple y poderosa a la vez, “Los árboles de la vida”. Este proyecto de intervención urbana pretendía “censar” la ciudad para realizar un mapa de los lugares de secuestro de los 254 hombres y mujeres desaparecidos, cuyas historias eran juzgadas en la megacausa. Una vez delimitado este territorio de represión, la intervención consistió en plantar un árbol para homenajear a las víctimas, generar un ritual colectivo de duelo y difundir el juicio. Cada viernes, durante dos años, se convocó a familiares, amigos y vecinos a plantar un árbol. Cada árbol era acompañado de un chapón con los datos de la persona desaparecida, su foto y la frase: “Asistir al juicio es un derecho”.

“El desafío era crear una huella en la ciudad, interpelar a los vecinos de cada barrio sobre la desaparición de personas durante el terrorismo de Estado, demostrar territorialmente la extensión de la represión en la provincia de Córdoba. La propuesta apuntaba a recordar a cada una de las víctimas, difundir el juicio y generar una marca en la ciudad, visible y propositiva. Los árboles de la vida fue una intervención urbana de difusión de los juicios y recuerdo a las víctimas del terrorismo de Estado en Córdoba”
(http://www.apm.gov.ar/apm/%C3%A0rboles-de-la-vida).

Esos árboles fueron pequeños destellos en la ciudad que orientaron, avisaron, y provocaron otras maneras de comunicación de la información y los afectos sobre el pasado reciente. Movieron energías y recursos institucionales, generaron encuentros, movilizaron a familiares, a quienes en muchos casos nadie les había propuesto un homenaje a sus parientes desaparecidos. Crearon nuevos espacios de memoria en los barrios, de los cuales nació la solidaridad para regar cada árbol o el odio y el resentimiento para romperlos y desterrarlos de su tierra. Todavía hoy, muchos señalan en las veredas y plazas de la ciudad que en Córdoba hubo un juicio, que en ese barrio desaparecieron una, dos, diez personas… que la memoria nunca está asegurada, pero que la verdad sobre lo que nos pasó como sociedad no debe dejar de ser una búsqueda.

Fotografías: “Los árboles de la vida”. Archivo Provincial de la Memoria. Córdoba

Un párrafo final

Aunque en cada juicio se trata a personas y acontecimientos específicos, la calificación “crimen de lesa humanidad” implica un sentido de “verdad” más abarcador que ese acontecimiento específico. Lo ubica en una serie, en un espacio y un tiempo, en un contexto político, histórico y social de alcance mucho mayor. Y carga en sí mismo una interpretación que encaja en una narrativa histórica de los conflictos y las violencias ocurridos. Es así como las decisiones judiciales, en teoría “neutras” y que están más allá de las disputas políticas, son al mismo tiempo material y narración del pasado conflictivo. En suma, el campo jurídico específico y la interpretación histórica y política no pueden disociarse.