Herramientas para el desarrollo. La preservación del medio ambiente, el impulso de programas de capacitación de trabajadores y el necesario balance en los esfuerzos innovativos.

| Por Gustavo Eduardo Lugones* |

Entre los especialistas y los interesados en los problemas del desarrollo –casi sin excepción– la innovación, entendida como la introducción al mercado de cambios tecnológicos u organizacionales, es vista como una herramienta estratégica de crucial importancia.

Es una unanimidad, por cierto, poco frecuente en el campo de los estudios económicos y sociales. Aun coincidiendo, en lo general, con esta apreciación, puede ser de interés y utilidad bucear en las causas de tal unanimidad y, también, indagar sobre las distintas formas que puede asumir la innovación y respecto de las distintas implicancias que se esperarían de cada una de ellas, en términos de impactos en los procesos de desarrollo.

Independientemente del atractivo intelectual o de la relevancia académica que pueda tener el ensayar respuestas a estos dos interrogantes, podría esperarse de ello consecuencias de orden práctico, si esas respuestas resultaran un auxilio u orientación para la formulación de políticas específicas para aprovechar al máximo las potencialidades de esta herramienta.

Innovación y competitividad

Hay distintos caminos o fuentes para mejorar la competitividad. Desde un punto de vista social, integral, esto es, desde la perspectiva del desarrollo, y también desde el plano individual o particular de una empresa u organización cualquiera, algunos de esos caminos resultan ser preferibles o mejores que otros.

A mediano o largo plazo, ofrece perspectivas más favorables la búsqueda de ventajas competitivas que requieren de esfuerzos innovativos. Conceptualmente, esto es adjudicable al mayor impacto estructural y sistémico de este tipo de mejoras, por sobre las que son fruto de políticas o circunstancias coyunturales –con su inherente volatilidad y fragilidad– o de acciones “defensivas” de las firmas que actúan negativamente sobre sus perspectivas a futuro (escasa o nula atención a la gestión ambiental, achatamiento de los salarios, reducción de esfuerzos en capacitación del personal y/o en mantenimiento y adquisición de nuevo equipamiento, etcétera).

Desde que a lo largo y ancho del globo comenzaron a medirse empíricamente los esfuerzos y los resultados innovativos encarados por las firmas, se han ido acumulando evidencias que permiten sostener que, a largo plazo, las empresas innovadoras tienden a defender mejor los espacios donde compiten y a lograr mejores resultados en la búsqueda de nuevos mercados incluyendo, desde luego, los mercados externos. Las notables diferencias en la evolución de la productividad entre uno y otro conjunto de empresas (innovadoras y no innovadoras) y en el logro de otras ventajas competitivas asociadas a las características y las prestaciones de los productos, llevan a una paulatina desaparición o a la reducción de la participación relativa de las empresas que realizan menores esfuerzos innovativos. Adicionalmente, una presencia creciente de firmas innovadoras en el aparato productivo tiene efectos positivos en la evolución de los términos de intercambio, por el incremento resultante en el contenido de conocimiento de los bienes producidos localmente.

Sabemos también que las innovadoras abonan salarios relativamente superiores (asociado a la mayor calificación de los trabajadores reclutados) y que presentan tasas más altas de retención de sus empleados.

Estos aspectos trascienden en sus consecuencias al marco de acción de la empresa individual y proyectan su incidencia al conjunto porque aparecen implicancias en términos de cuentas externas más sólidas, mayor estabilidad macroeconómica y mejoras en bienestar social.

Lo dicho indicaría la conveniencia indiscutible de apoyar con políticas públicas los esfuerzos innovativos de los agentes económicos, entendiendo que estos no sólo redundarán en beneficios individuales sino también para la economía y la sociedad en su conjunto. Desde este punto de vista, los recursos fiscales que se destinen a apoyar a las actividades de innovación podrían tener un “retorno” positivo, toda vez que incidirían en incrementos en la productividad y otros factores de competitividad, los niveles salariales, la cantidad y calidad de las exportaciones y los resultados de la balanza comercial. Hay que advertir que se han realizado numerosos intentos para “medir” el impacto de los recursos públicos asignados al apoyo de las actividades de investigación y desarrollo. Los resultados, aun siendo promisorios, no arrojan pruebas terminantes y definitivas ya que, además de los instrumentos de promoción empleados, son múltiples las variables que deben tomarse en cuenta en la determinación de las relaciones causa-efecto (contexto internacional, nivel de actividad, estabilidad macroeconómica, situación política, etcétera).

¿Es entonces positiva toda innovación? ¿E igualmente beneficiosa? ¿Deben o no distinguir las políticas públicas entre distintas conductas innovativas?

Tres aspectos merecen ser objeto de especial atención y relativizan, en parte, la formulación anterior.
1. Es necesario tomar acciones en materia de preservación del medio ambiente que deben acompañar al cambio técnico. Una novedad en un método de producción puede incrementar la productividad pero, a la vez, afectar negativamente el medio ambiente. Los cambios en procesos y productos deben ser considerados tan importantes como las innovaciones en las técnicas y procedimientos destinados a mejorar la gestión ambiental. Competitividad y cuidado del medio ambiente deben ser objeto de igual grado de atención por parte de los agentes económicos y de las políticas públicas, si se pretende que las ventajas adquiridas sean sustentables a mediano y largo plazo.

Son numerosos, sin embargo, los ejemplos en contrario que pueden encontrarse en la industria alimenticia, en la minería a cielo abierto y en las curtiembres, por citar los casos más señalados habitualmente, aunque también merece ser mencionado el empleo indiscriminado de herbicidas en la producción agrícola (fumigación aérea y sin los mínimos recaudos para la salud de las personas y los animales que habitan las áreas vecinas a los campos de cultivo).

No parece ser este un problema esencialmente técnico o de diferente ritmo en la generación de conocimientos, entre los destinados a las mejoras competitivas y los referidos a la protección ambiental. Se aprecia es una relativa fragilidad, no tanto en la legislación, pero sí en el control sobre las prácticas ambientales de los agentes económicos, quienes frecuentemente evitan métodos disponibles para preservar el medio ambiente de los efectos nocivos de sus actividades productivas, con la intención de reducir costos, lo que termina convirtiéndose en pesadas cargas para la sociedad en su conjunto y que comprometen, a un futuro muchas veces cercano, las posibilidades de crecimiento, desarrollo y bienestar social.

Debe puntualizarse, además, que esta preocupante situación tiene mayor presencia en nuestro país y en el resto del mundo de menor desarrollo relativo de la que se advierte en el primer mundo, cuyas empresas, sujetas a mayores controles, tienden a localizar fuera de sus países de origen (es decir, en nuestros territorios) las actividades –o las fases de las mismas– con mayor riesgo para el medio ambiente.

Es necesario, por lo tanto, no sólo impulsar desde el sector público, las universidades y las organizaciones sociales, las investigaciones asociadas a la generación y desarrollo de conocimientos destinados a mejorar la gestión ambiental, sino también acentuar los mecanismos de control de las prácticas productivas y ser más rigurosos en la aplicación de las sanciones previstas en la legislación para los casos de violación de las disposiciones vigentes.

2. El proceso de simultánea exclusión e inclusión laboral que acompaña a los avances de las empresas en su conducta tecnológica es un fenómeno asociado a la sustitución de empleo no calificado por trabajadores mejor preparados. Las encuestas de innovación muestran que a lo largo del tiempo las empresas que realizan esfuerzos innovativos tienden a incorporar personal más calificado al tiempo que se desprenden de trabajadores con niveles básicos de educación. Es cierto que el saldo neto de incorporaciones versus despidos puede resultar positivo o neutro. Y hay que considerar la importancia que en términos sistémicos esto representa al mejorar la calificación promedio de los trabajadores con empleo e incidir positivamente en la lucha contra la “fuga de cerebros”, un mal endémico que aqueja a los países con menor desarrollo relativo y que contrarresta los esfuerzos por mejorar, desde el fortalecimiento de los sistemas educativos, la calificación de los recursos humanos disponibles. Pero no puede dejar de señalarse el problema social que implica la exclusión del sistema productivo de los agentes sustituidos, los que se suman a los contingentes de desempleados con poca o nula posibilidad de inserción laboral, precisamente por su escaso nivel de preparación y adecuación a las actuales prácticas en las unidades productivas.

Esto refuerza la importancia asignada tradicionalmente al impulso de programas de capacitación y reentrenamiento de trabajadores. Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, así como las universidades, tienen un importante papel que cumplir. Aun si se depositan esperanzas –que pueden considerarse fundadas– en que el crecimiento del sector servicios puede resultar un espacio de absorción de trabajadores sin inserción o expulsados de las actividades productivas, será necesario mejorar el nivel medio de preparación de la masa de trabajadores potenciales, si se quiere evitar que las actividades de servicios con posibilidades de expansión sean las de menor jerarquía y, por lo tanto, las de menores posibilidades de incidir positivamente en la mejora de los niveles y en la calidad de vida de la población.

3. Queremos referirnos a las diferencias entre conductas innovativas. Hemos presentado en trabajos anteriores cifras, cuadros estadísticos y ejercicios econométricos que permiten distinguir algunas conductas, entre las empresas innovadoras, que maximizan los impactos positivos que fueron mencionados anteriormente de manera general (productividad, nivel salarial, calidad del empleo, cuentas externas, etcétera). Se caracterizan por una alta intensidad innovativa, continuidad en los esfuerzos innovativos a lo largo del tiempo, equilibrio o balance en los esfuerzos innovativos, y diferenciación de productos.

La intensidad innovativa se mide de acuerdo con el porcentaje del gasto en esfuerzos innovativos en relación con la facturación de la firma. Las actividades innovativas son balanceadas cuando no prevalece demasiado una de ellas por sobre las demás, lo que reduce el impacto potencial de una acción más integral y puede, incluso, resultar en un desaprovechamiento total o parcial del esfuerzo encarado, por ejemplo, cuando la adquisición de bienes de capital no es acompañada de cambios en la organización de la producción o de capacitación del personal.

Una conducta balanceada debe combinar esfuerzos en investigación y desarrollo, en la compra de equipos, en ingeniería y diseño, en cambios organizacionales, en capacitación del personal y en el resto de las llamadas “actividades de innovación”. En la Argentina, alrededor del 70 por ciento del gasto en innovación corresponde a la adquisición de equipos, lo que constituye un claro ejemplo de desbalance en los esfuerzos.

Un producto diferenciado se caracteriza por contar con algún/os atributo/s que lo distinguen y alejan de la versión estándar del mismo, y por procurar captar el favor de los consumidores o demandantes a partir de esas características particulares y de sus cualidades para satisfacer requerimientos específicos de la demanda y no necesariamente a partir de un menor precio que el de la competencia.

Aunque cada una de estas conductas virtuosas inciden de por sí positivamente en el sentido antes señalado, la combinación de estos rasgos potencia los resultados favorables, tanto para la empresa individual como para la economía en su conjunto. Conviene apoyar de manera preferencial este tipo de conductas, lo que implica distinguir entre los proyectos innovativos a la hora de asignar recursos públicos y privilegiar o distinguir a los que presentan mayor proporción de los rasgos señalados. Esto pone a prueba las capacidades de evaluación por parte de los organismos encargados de la asignación de los recursos públicos destinados al efecto. Es un problema instrumental que no debe subestimarse aunque, afortunadamente, nuestro país cuenta con recursos humanos con la calificación y las capacidades requeridas para una tarea como la mencionada.

Al menos en la Argentina estas conductas se verifican en todos los sectores, tanto en los de avanzada tecnológica como en los low tech, lo que no sólo engruesa los problemas operativos a la hora de la evaluación o selección de los proyectos, sino que refuerza las dudas entre algunos economistas (en los que me incluyo) respecto de la pertinencia de las clasificaciones de las actividades según el contenido tecnológico de los productos que se emplean habitualmente.

Otro aspecto a tener en cuenta es la relativamente baja presencia de firmas grandes entre las que registran las conductas que llamamos virtuosas; lo mismo ocurre con las filiales de empresas transnacionales. En efecto, entre un 60 y un 70 por ciento de las virtuosas son pymes nacionales. Si bien esto no puede ser considerado un rasgo negativo, revela el rol que las transnacionales reservan a sus filiales para las actividades que llevan a cabo en nuestro país: en general, de una jerarquía inferior a la que se observa en las localizadas, por ejemplo, en Brasil, a punto tal que filiales de una misma empresa presentan una intensidad innovativa mucho mayor en Brasil que en la Argentina. Esto explica el bajo porcentaje de gasto en investigación y desarrollo que caracteriza a nuestra economía. Sin un cambio radical en la conducta tecnológica de nuestras firmas de mayor tamaño será difícil elevar los bajos promedios de gasto en innovación que registra la Argentina, con su correlato en el amplio predominio de las commodities en la estructura productiva y en las exportaciones.

La importancia de este fenómeno es conocida: un cambio estructural hacia una mayor presencia de bienes diferenciados o con mayor contenido de conocimiento es imprescindible para lograr mejoras simultáneas en los niveles promedio de competitividad y de salario y para brindar mayor solidez y estabilidad a las cuentas externas. El alza en los precios de las commodities primarias registrado en los últimos no refuta este argumento, al menos, por dos razones:

1. Su carácter coyuntural, ya que las mediciones a mediano y largo plazo continúan evidenciando una trayectoria hacia el descenso del precio relativo de los bienes con menor contenido tecnológico.

2. La escasa incidencia de las actividades primarias en la evolución del empleo y en el incremento del salario de los trabajadores, como no sea de manera indirecta, a partir de los impactos en las industrias encadenadas (maquinaria agrícola, agroquímicos, etc.) cuyo crecimiento en la oferta doméstica depende, precisamente, de constantes esfuerzos innovativos y de la diferenciación de productos para no ser desplazadas del mercado por las importaciones.

Si las commodities continúan dominando nuestra producción, será muy difícil mejorar los avances de los últimos años en la participación de los trabajadores en el ingreso total, logrados principalmente a partir de notables logros en la creación de puestos de trabajo. La asignatura pendiente, en este sentido, es una mejora generalizada en la calidad del empleo, lo que requiere de empresas con mejores prácticas en materia de innovación y competitividad; sobre todo, como se ha dicho, entre las de mayor tamaño.

Las políticas y los instrumentos puestos en práctica desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, antes secretaría, y el Conicet, incluyendo los de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Anpcyt), han mostrado virtudes y resultados alentadores. El principal reto a superar parece ser el de lograr combinarlos adecuadamente, en un esfuerzo integral, con los correspondientes a las políticas macroeconómica, productiva y comercial, con los cuales no siempre han estado en la necesaria sintonía, reduciendo o limitando su potencial impacto.

Una política integral que impulse un deseable cambio estructural hacia un mayor contenido de conocimiento en la producción nacional implica alinear los incentivos (tácitos o explícitos; horizontales o selectivos) asociados a las políticas cambiaria, fiscal y comercial, con los instrumentados para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Lo que ha prevalecido históricamente ha sido la descoordinación entre las políticas mencionadas e incluso que algunos instrumentos contrarresten los potenciales impactos de otros.

Todo parece indicar que quienes militamos en la difusión de la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo no hemos logrado convencer suficientemente al resto de los actores sociales que inciden en las decisiones de política económica y no sólo a los funcionarios a cargo de la gestión en los distintos niveles de gobierno, sino también a las propias filas empresarias.

Sin duda, se observan avances significativos, como la elevación a ministerio de la ex Secretaría de Ciencia y Técnica por parte de la Presidencia de la Nación, el apuntalamiento permanente a la Anpcyt, la creación de organismos o agencias en varias provincias con cometidos semejantes, el incremento de los recursos destinados al Conicet para sostener la investigación científica, el aumento del presupuesto a las universidades nacionales, entre otros indudables adelantos. Pero siguen apareciendo dificultades al momento de coordinar acciones con las áreas de gobierno no directamente vinculadas al tema (con importantes excepciones, desde luego) y una relativa apatía empresaria para la realización de esfuerzos innovativos (salvo los referidos a la adquisición de equipos o la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación), lo que se refleja, por ejemplo, en una baja o nula presión de las cámaras patronales hacia el Estado en reclamo, por caso, de apoyo para actividades de investigación y desarrollo o para la capacitación de los trabajadores, como es común apreciar en otras latitudes. Estos apoyos, que existen en nuestro país, responden más a decisiones tomadas por los organismos públicos con competencia en la materia, a partir de una clara concepción de su importancia, que a dar respuesta a demandas o presiones del campo empresario, al que permanentemente se procura incentivar para modificar las tendencias prevalecientes en su comportamiento.

El rasgo de optimismo con que podemos cerrar estas notas está en insistir en que hemos encontrado, en todas las ramas de actividad, grupos de empresas que presentan las conductas que hemos llamado virtuosas y que han sorteado con éxito el reto que significó superar la crisis de 2001/2002. Aun tratándose de una baja proporción sobre el total (alrededor de un 7 por ciento), nos demuestran que es posible en la Argentina, aun con incertidumbre, con incentivos desalineados y muchas veces contradictorios, prosperar sobre la base de la búsqueda de ventajas competitivas apoyadas en la generación e incorporación constante de conocimiento y contribuir de este modo a una mejora general de los indicadores económicos y sociales. En materia de políticas, la prioridad pasa por lograr un esfuerzo conjunto e integrado, capaz de mejorar el cuadro general de incentivos para la innovación.

* Rector de la Universidad Nacional de Quilmes.