Las políticas impulsadas por los organismos internacionales de crédito impiden la ampliación de derechos políticos, civiles y sociales. Cumplir con los derechos de niños, niñas y adolescentes mejora la situación de la salud en la edad adulta.

| Por Virginia López Casariego* |

«Se precisan niños para amanecer…» Daniel Viglietti

Este texto parte del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, lo cual tiene un estatus jurídico-constitucional que así lo establece, al mismo tiempo que implica una posición ética de respeto y cuidado a la infancia y la adolescencia, que nos compromete a todas las personas que habitamos nuestro país.

La infancia es una de las etapas más vulnerables que atravesamos como seres humanos, tanto en términos de situaciones críticas para la supervivencia, el crecimiento, el desarrollo, la constitución psíquica y la construcción de subjetividad, como por el rol insustituible de los adultos en brindar el sostén, construir vínculo de apego y acompañar ese crecimiento en los términos de la institución de la ternura que nos presentaba Fernando Ulloa, abrigando amorosamente y respetando al niño como sujeto con un devenir que le es singular.

Aprendimos de los referentes de la Medicina Social Latinoamericana la importancia de analizar los problemas de salud considerando no solamente causas biológicas –incluyendo genes, infecciones y otros problemas importantes y frecuentes–, sino también problemas psicosociales, y muy especialmente las condiciones materiales de vida en que los chicos nacen y crecen, junto a sus familias, en su comunidad.

Durante muchos años la salud infantil fue evaluada preponderantemente a través de la evolución de la tasa de mortalidad infantil, indiscutible indicador socio-sanitario, que no ha perdido relevancia con los años, como señala José Carlos Escudero en algunas de sus recientes publicaciones. Entendemos que es una condición necesaria para comprender la situación de salud de los chicos, y particularmente las brechas de desigualdad que en proceso de muy lenta reducción continúan denunciando una situación de inexcusable injusticia.

También sabemos que no es suficiente, que la infancia excede significativamente la mera supervivencia y el tránsito a una adultez más o menos afortunada. Reconocer a los chicos como sujetos de derecho es poder pensarlos en tiempo presente, en sus derechos a contar con vínculos amorosos, a ser escuchados, a nuestra responsabilidad de garantizar sus posibilidades de crecer, aprender, jugar.

Algunas de estas cuestiones han sido retomadas por la Organización Mundial de la Salud en los últimos años, al plantear como una de las situaciones prioritarias a considerar en las políticas públicas el Desarrollo Temprano Infantil, con su multiplicidad de condicionamientos y posibilidades. Desde esta perspectiva, se recupera no solamente la importancia de las condiciones materiales de vida para crecer y desarrollarse en los primeros años de vida, sino que también plantea que el nivel de desarrollo alcanzado en esa etapa será determinante para la situación de salud en la edad adulta.

En este sentido, celebramos la importancia de iluminar etapas de la vida especialmente críticas para la vida y el desarrollo de los chicos y adolescentes. Al mismo tiempo, hemos observado con Alejandra Barcala nuestra preocupación de que estos señalamientos puedan traducirse en la estigmatización temprana de chicos mayores, adolescentes, hombres y mujeres adultos, a partir de presunciones de irrecuperabilidad o irreversibilidad de situaciones problemáticas que atraviesan/atravesaron en sus primeros años de vida. Esta mirada puede potenciar situaciones de discriminación, exclusión y potencial criminalización en etapas posteriores de la vida.

¿Como pensar el derecho a la salud de los chicos hoy, sin hacer memoria y revisar algunas claves de décadas pasadas, con indudable impacto en nuestro presente? De “los únicos privilegiados son los niños”, “qué lindo que va a ser, el hospital de niños en el Sheraton Hotel” a “el silencio es salud” de la dictadura militar, al ángel de la bicicleta del 2001 “no tiren que hay chicos comiendo”, al que rinde homenaje León Gieco.

Las políticas neoliberales que arrasaron nuestro país procuraron instalar en el sentido común de todos nosotros que la salud y la vida eran tan sólo una mercancía más, a las que las personas accedemos de acuerdo con nuestra capacidad de adquirirlas y no de nuestra condición de sujetos de derecho. Una “sentencia” y un “chiste” dan cuenta del cinismo con que se excluyó a gran parte de la población del acceso a bienes básicos para la vida: “Pobres siempre habrá entre ustedes” y “Les traigo juguetes. Pero, señor, estos chicos no comieron. Entonces no les damos juguetes”, ejemplifican el devastamiento del proyecto de vida desde edades muy tempranas, el quiebre de la esperanza de movilidad social y de los lazos de solidaridad intergeneracionales y comunitarios.

Aprendimos con las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo que el derecho a la identidad es irrenunciable, inseparable del derecho a la salud y a la vida, tanto para los niños y niñas que fueron apropiados, los que han recuperado su identidad, como y muy especialmente para los que aún no y requieren ser reconocidos en su historia y en su presente, porque es también la historia y el presente de las generaciones que los suceden, para los chicos y los adultos de hoy.

Agradecemos a Silvia Bleichmar haber puesto en palabras el Dolor País que nos atravesó durante la fiesta de unos pocos y la impunidad para muchos, alertándonos sobre el riesgo para la construcción de la subjetividad en un escenario tan fragmentado, tan precario, con muchas dificultades para cuidar de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, particularmente niños, niñas y adolescentes.

Las familias, la comunidad en que los chicos nacen y crecen, no fueron ajenas a la miseria, la tristeza y el infortunio de los pueblos, que Ramón Carrillo señalaba como la verdadera causa de las enfermedades.

En este escenario, el derecho a la salud en la infancia y la adolescencia nos obliga a revisar nuestros análisis, porque no se trata ya solamente de la epidemiología de enfermedades endémicas como la enfermedad de Chagas-Mazza o epidemias como las infecciones respiratorias. Hablamos también de chicos en situación de malnutrición; de niños, niñas y adolescentes con discapacidad; de niños y niñas en situación de calle; de familias que sobreviven en condiciones de contaminación ambiental graves; de chicos con consumo problemático de sustancias legales e ilegales; de niños y niñas con padecimiento mental o sufrimiento psíquico grave; de muertes de adolescentes por lesiones; de situaciones de abuso sexual; del impacto del trabajo infantil, entre otras situaciones que se suceden o se superponen frecuentemente.

Entre los múltiples interrogantes que se abren, cabe pensar si estas situaciones fueron naturalizadas durante mucho tiempo, siendo casi invisibles para la sociedad con la excepción de “casos” aislados con repercusión mediática y hoy tienen mayor visibilidad o si en algunos casos hay un incremento –en el marco de la globalización, la concentración económica y el aumento de las desigualdades a escala mundial– de problemáticas de salud-enfermedad en la infancia y la adolescencia, desde una perspectiva integral del derecho a la salud y a la vida.

Al mismo tiempo, asistimos a prácticas y voces cada vez más frecuentes que desplazan sutilmente –o no– a los chicos del lugar de sujetos de derecho al de consumidores o clientes, acotando los espacios del compartir, de la construcción de lazos basados en el afecto y de la posibilidad de explorar recorridos conocidos y otros por inaugurar.

Desde esta perspectiva, la mercantilización de la vida cotidiana avanza también con una creciente patologización de la infancia, que rotula con etiquetas diagnósticas promovidas por la industria farmacéutica, manuales psiquiátricos y complicidades varias, problemáticas sociales complejas, incluyendo el malestar social, el padecimiento mental o el sufrimiento psíquico. Un caso paradigmático es la instalación progresiva del diagnóstico de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad –conocido como ADD– y de abordajes terapéuticos reduccionistas centrados en la prescripción de psicofármacos como el metilfenidato (nombre comercial: ritalina), sin escuchar el malestar o sufrimiento del niño o niña y su familia, ni contextualizarlo en la situación familiar, escolar, comunitaria, de vida.

Por otro lado, el abismo que produjo la dictadura y la implementación de políticas de ajuste y mercantilización de la salud en detrimento del efectivo acceso a los derechos, tuvo también un fuerte impacto en los trabajadores/as de la salud, ámbito en el que se fueron incrementando las situaciones de precarización laboral y deterioro de las condiciones de trabajo en general. Al ritmo de la implementación de recetas neoliberales que bajo la máscara de abocarse a los “más necesitados”, profundizaron políticas focalizadas, la fragmentación del sistema de servicios y el ingreso del capital financiero al sector, desviando fondos públicos al crecimiento del sector privado de la salud.

Instituciones debilitadas y trabajadores precarizados en distintos campos, entre ellos la salud y la educación, reciben –no siempre– a niños, niñas, adolescentes y a sus familias, que atraviesan situaciones complejas de sufrimiento o padecimiento en lo físico, psíquico y social.

Si bien la complejidad de las situaciones de salud-enfermedad que atraviesan los niños, niñas y adolescentes y sus familias no puede ser obviada, recurrentemente es adoptada como excusa para desligar responsabilidades, u obstáculo para revisar las políticas, intervenciones y abordajes requeridos.

Algunos aportes para pensar los desafíos del escenario actual en nuestro país

Pensar en salud, nos dice Mario Testa, es constituirnos en actores sociales que podamos poner en agenda las prioridades del amor, el trabajo y la lucha por una sociedad más justa, donde la salud de los niños, niñas y adolescentes no sea sólo una declaración sino el efectivo ejercicio a los derechos humanos que les corresponden.

En esta línea, la ampliación de derechos políticos, civiles y sociales que se están implementando en los últimos años en nuestro país, plantea un nuevo escenario para analizar y trabajar por el derecho a la salud en la infancia y la adolescencia.

Este escenario involucra muy especialmente la Asignación Universal por Hijo, que acota la brecha entre los hijos de trabajadores/as con o sin empleo. Involucra también la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la ampliación del acceso a jubilación, el Matrimonio Igualitario, la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual de la Democracia, el juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, la aprobación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Subsidio a las Mujeres durante el Embarazo, y la recientemente sancionada Ley Nacional de Salud Mental, entre otras.

Desde esta perspectiva, pensamos en forma complementaria tanto la necesidad de garantizar condiciones materiales de vida dignas a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, como la construcción de subjetividad donde sus abuelos/as también son reconocidos como sujetos de derecho, en un país con mayor pluralidad de voces, con menos impunidad, con el acompañamiento a las mujeres durante el embarazo, con una ley de salud mental que se enmarca en el respeto de los derechos humanos para todos y todas, en particular para las personas con padecimiento mental.

Es un escenario con tensiones, donde conviven algunos de los hechos emblemáticos referidos, con la continuidad de planes y recetas del Banco Mundial y de otros organismos internacionales en el campo de la salud, que responden a los intereses del mercado y las corporaciones. Estas políticas y planes que comienzan como paliativos de situaciones de emergencia pierden su dudosa legitimidad inicial cuando se transforman en proyectos sostenidos y de dudosa eficacia para revertir la desigualdad en términos de acceso al cuidado de la salud de la infancia y la adolescencia.

Los niños, niñas y adolescentes precisan de adultos con responsabilidad y coraje para imaginar, diseñar e implantar políticas públicas que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos, basados en los principios de universalidad e integralidad, con participación activa de la comunidad en las decisiones y control de las políticas. Precisan de adultos responsables en nuestro trabajo cotidiano en los servicios de salud, educación, justicia, trabajo social en general, en nuestro rol como familiares, como integrantes de la comunidad comprometidos con escuchar, respetar y trabajar para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no sean meras declaraciones sino efectivo ejercicio de los mismos.

Parafraseando al Poeta, la sociedad toda precisamos de los niños, niñas y adolescentes para renovar amaneceres, para despertarnos, para correr las barreras de lo posible y lo transitado. Y los adultos somos responsables de garantizarles a ellos la oportunidad de intentarlo.

* Médica Pediatra. Sanitarista. Asesora en Políticas Públicas de Salud.