| Por Horacio Rovelli |

David Ricardo fue el economista inglés que desarrolló el concepto de renta económica y lo hizo en base al precio de los granos. La noción de renta estaba asociada a un beneficio extraordinario por encima del beneficio normal que reportaba la actividad agrícola. Esta recompensa adicional que recibían los propietarios de las tierras dedicadas a la actividad agrícola era derivada de las condiciones de la tierra y no del trabajo aplicado a su explotación. Imaginemos a dos latifundistas –sostenía Ricardo–, uno con campos mucho más fértiles que el otro, ambos venden los granos al mismo precio. Pero los costos del que es propietario de las tierras más fértiles son mucho menores que los costos del que es propietario de las menos fértiles, he aquí la renta agrícola. Y por extensión a las demás rentas (petrolera, minera, financiera, etc.). La renta es una utilidad en la que no hubo un aumento del esfuerzo humano o un incremento de la inversión productiva para ser obtenida.

Desde el origen de nuestro país hubo una fuerte disputa entre los rentistas (las grandes estancias por un lado y los comisionistas por tomar deuda externa por el otro) y, por lo tanto, ambos subordinados al mercado externo. Tras la independencia de España y la guerra civil en 1820, el país quedaba dividido en dos, el puerto de Buenos Aires (y su renta aduanera) y el interior empobrecido. A su vez el puerto y su aduana se los disputaban los comerciantes porteños (encabezados por Rivadavia) y las estancias y saladeros (por Juan Manuel de Rosas). En 1824 el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Martín Rodríguez y su ministro Bernardino Rivadavia tomó el crédito con la banca inglesa Baring Brothers. Como garantía del empréstito, Rivadavia hipotecó todas las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública, prohibiendo su venta.

Rosas, que había hecho la campaña del desierto como segundo de Martín Rodríguez y a quien en 1826 Rivadavia, ya como presidente de las Provincias Unidas, lo nombró comandante de los ejércitos de campaña a fin de mantener pacificada la frontera con la población indígena de la región pampeana, tenía la idea de la estancia y la producción y exportación de carnes y cueros y para ello necesitaba controlar el puerto de Buenos Aires y cobrar los aranceles por las importaciones y por las exportaciones. De allí se alza contra los comerciantes porteños y se hace del gobierno para prohibir la navegación por los ríos interiores a fin de reforzar la Aduana de Buenos Aires, único punto por el que se comerciaba con el exterior.

Ante la situación creada por el centralismo porteño en 1830, las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe acordaron con Buenos Aires la realización de un Pacto Federal. Pedro Ferré, gobernador de Corrientes, propuso una política proteccionista que asegurara la preservación y el desarrollo de las industrias y artesanías provinciales frente a la ruinosa competencia de las manufacturas extranjeras. Para ello planteó la necesidad de poner término al injusto privilegio de Buenos Aires que se arrogaba el control de las rentas aduaneras, y propuso que estas rentas¹ fuesen en adelante compartidas por todas las provincias, hecho que no prosperó por la negativa sistemática de Juan Manuel de Rosas y el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Derrotado Rosas en Caseros, era tan importante y estratégico el dominio del puerto de Buenos Aires que el 11 de septiembre de 1852 se unen los unitarios y federales porteños contra la Confederación Argentina para percibir la renta que el puerto dejaba. Los intereses de los estancieros y comerciantes asociados a Inglaterra hacen que surja la figura de Bartolomé Mitre, quien, tras la deserción de Urquiza en Pavón, se hizo cargo el 12 de diciembre de 1861 del Poder Ejecutivo nacional. Su primer objetivo fue remover las autoridades provinciales federales para garantizar la subordinación de todo el país, a lo que le sumó la Guerra del Paraguay al modelo de integración, que no era otro que la producción por estancia (la primera unidad capitalista de estas pampas) y la libre importación y endeudamiento con Inglaterra.

Es más, el mercado de cambio de Buenos Aires se creó durante la Guerra al Paraguay por los empréstitos tomados por Norberto De la Riestra en nombre del gobierno mitrista de 2.500.000 libras esterlinas y por el ingreso de divisas del imperio de Brasil para financiar la guerra y comprar caballos, mulas, vacas, etcétera.

Al terminar su mandato, Mitre había logrado el propósito de dejar estructurada una Argentina políticamente liberal y dependiente del capital internacional ante el endeudamiento para financiar la Guerra al Paraguay. Endeudamiento que enriqueció como comisionista a nuestra incipiente burguesía porteña e hipotecó a la población. El origen y objetivo de la deuda fue y es no solo el negocio rentístico y facilitar altas tasas de retornos a los acreedores y sus socios, sino también, como trasfondo, el de constituir un modelo dependiente del capital financiero internacional, con determinados segmentos que se desarrollan en el país.

Modelo agroexportador

El modelo agroexportador argentino es un sistema que se basa en la producción de materias primas agrícolas con la finalidad principal de ser exportados a otros países, dada la teoría de las ventajas comparativas de la literatura económica clásica inglesa, que al contar con el factor de producción la tierra del que estábamos mejor dotados debíamos especializarnos en producir alimentos e importar otros bienes correspondientes al sector industrial.

Toda la caterva de gobiernos, funcionarios y burócratas que continuaron a Mitre hasta Hipólito Yrigoyen defendieron la subordinación a Inglaterra y los negocios de la deuda, produciéndose de hecho una alianza entre la burguesía comercial y los estancieros de la pampa húmeda productora de cueros y carnes saladas para exportación, ambos asociados al capital inglés, generando el período de transición que permite el marco institucional y político al modelo agroexportador, con el objetivo de insertarse en el mercado mundial a través de la especialización en actividades agrícola-ganaderas donde contaba con “ventajas comparativas naturales” y establecer una economía complementaria con Gran Bretaña.

Es con Yrigoyen y su ministro de Hacienda, Domingo Salaberry, que se propone por primera vez en el país el Impuesto a las Ganancias o Rédito, que el Senado de la Nación, adverso y conservador, no se lo aprobó. En octubre de 1922, al asumir la presidencia de la República el Dr. Marcelo T. de Alvear, fue nombrado ministro de Hacienda de la Nación el Dr. Rafael Herrera Vegas, y presentaron al Congreso de la Nación un proyecto de ley para promover la producción industrial local, por medio de la elevación de un 25% de todos los aranceles aduaneros, que fue aprobado pese a la férrea resistencia de los legisladores de ideología liberal.

Posteriormente se presentó un segundo proyecto, el llamado Plan Herrera Vegas, que combinaba el ordenamiento presupuestario con la eliminación de las partidas extraordinarias y, como elemento central, un impuesto sobre la renta agraria de carácter progresivo, que fue finalmente rechazado por el Senado de la Nación². De haberse aprobado, habría sido el primer impuesto a las ganancias personales implantado en la Argentina. Incluía impuestos a las herencias, y buscaba un grado de redistribución en favor de las provincias más pobres por medio de la coparticipación federal del producto de estos impuestos.

Fue en la crisis mundial de 1930 cuando se aplica por primera vez el Impuesto a los Réditos, que fue implementado en el gobierno militar de José F. Uriburu por decreto ley 11.586 de enero de 1932, creándose también la Dirección General del Impuesto a los Réditos³. En junio de 1932, durante el gobierno del general Justo, el Congreso aprobó este impuesto con vigencia a partir de dicho año. Tardíamente, en relación al resto del mundo, se sancionaba un impuesto a las ganancias en la Argentina⁴.

Modelo ISI (industrias sustituidoras de importaciones)

En la primera mitad de la década de 1930, además, se había creado el llamado impuesto a las ventas y se unificaron los llamados impuestos internos (al consumo). Esto condujo a la creación del sistema de coparticipación fiscal en 1934, en el que las provincias, a cambio de renunciar a cobrar impuestos internos en sus territorios y a su derecho constitucional a imponer impuestos directos –como el de réditos– recibían una parte de la recaudación nacional de esos gravámenes.

A principios de la administración peronista, el Impuesto a los Réditos suponía el 25 por ciento de la recaudación por impuestos del gobierno nacional y al final del gobierno, en 1955, un 27 por ciento. Se incrementaron las alícuotas para los grupos de ingresos más altos, pasando del 26 al 40 por ciento. Además, el impuesto se fue haciendo cada vez más complejo, incorporando distintos tipos de exenciones que trataban de garantizar una aplicación más justa del gravamen.

En 1946 se creó el llamado Impuesto a las Ganancias Eventuales que afectaba a la venta de activos y propiedades inmobiliarias, que suponían un rápido incremento de patrimonio no gravado por el impuesto a los réditos. La tasa de este impuesto era del 20 por ciento proporcional a la ganancia. Además, el gobierno de Perón consiguió que el Congreso renovara repetidamente la autorización para cobrar el llamado Impuesto sobre las Ganancias Extraordinarias creado a finales de la guerra, para gravar aquellos beneficios que se consideraban el producto excesivo de las condiciones bélicas.

El Impuesto a los Réditos se divide en personal y en sociedades pagado por las empresas constituidas en sociedades de capital. En el caso argentino, se trataba de una tasa proporcional sobre los beneficios impositivos y de una retención sobre los dividendos repartidos que a veces podía desgravarse en las declaraciones personales de los accionistas. El gobierno peronista también incrementó la progresividad del impuesto a las sociedades. En 1949 elevó la tasa del 15 al 18% y en 1950 al 24%. Sin embargo, al mismo tiempo, redujo las retenciones a los dividendos, del 14,40% en 1949 al 6% en 1950. Ese mismo año introdujo una de las medidas más polémicas del período, el permiso para la existencia de acciones anónimas, sin titular identificado. Esta medida fue ampliamente criticada por la inequidad que suponía en el tratamiento impositivo hacia un sector de la sociedad y por las oportunidades que abría a la evasión. En 1955, el gobierno peronista elevó el impuesto a los réditos para las sociedades hasta el 30%, pero eliminó definitivamente las retenciones a los dividendos y los accionistas fueron eximidos de incluir en sus declaraciones de ingresos esos dividendos, consecuencia inevitable de la existencia de las acciones no individualizadas.

La llamada Revolución Libertadora y las medidas propiciadas por el Plan Prebisch significaron una fuerte devaluación de nuestra moneda y la supresión del impuesto a los beneficios extraordinarios⁵. El gobierno de Arturo Frondizi y el “provisional” de José María Guido no introdujeron cambios significativos en la política impositiva. Tampoco lo hicieron el gobierno de Arturo Illia y el de la llamada Revolución Argentina, aunque todos ellos realizaron políticas económicas distintas y tenían proyectos tributarios al respecto, que no lograron plasmarse en la práctica.

Sí lo va hacer el final de la dictadura de Lanusse y el comienzo del gobierno de Cámpora, porque en el año 1973 se reemplazó el impuesto a las ventas (nacional) y el impuesto sobre las actividades lucrativas (provincial) por el IVA (Impuesto al Valor Agregado). La alícuota general inicial era del 13% e incluía muchos productos exentos que hoy están incluidos, como alimentos y bebidas, libros y materiales de construcción. Solo algunos productos tributaban el 21%. Se eximía a los productos de la canasta familiar con el objetivo de atenuar los efectos regresivos que podía provocar este tributo, pero con el transcurso de las sucesivas reformas introducidas en este impuesto se fue ampliando la base, de manera tal que se convirtió en un impuesto cada vez más regresivo, al afectar a los productos de primera necesidad.

El IVA surgió para evitar la distorsión de los impuestos a las ventas en cascada (turnover tax) que encarecían los costos de producción. Aunque no parece haber dudas de que el IVA es menos distorsivo que los impuestos en cascada, esto no implica que no genere ningún tipo de distorsión, o que aquellas que genera sean menores. Por el contrario, el IVA impone un costo financiero sobre los productores que se traslada hacia adelante –en cascada– cuando las condiciones del mercado lo permiten.

Vuelta al modelo extractivista agropecuario-exportador pero liderado por el capital financiero

Con la dictadura militar se impuso la renta financiera: la dictadura de Videla y Martínez de Hoz pretendió complementar la poca elaboración de lo que la tierra nos da, por la valorización financiera del capital que se produce al tomar deuda externa, que esos dólares ingresen al país y que la minoría rentística se los apodere y los fugue a cuentas propias en el exterior, que es riqueza generada en la Argentina y que se radica en el extranjero.

Las consecuencias fueron la destrucción de eslabones y cadenas de valor por importaciones abaratadas por el atraso cambiario (que se produjo por la mayor oferta de divisas de corto plazo generada por la deuda). El mecanismo es sencillo, consiste en relacionar la tasa de ganancia financiera en moneda dura con el resto del mundo.

a) Tasas positivas de interés.
b) Atrasar el tipo de cambio (Tablita de Martínez de Hoz, Plan Austral de Sourrouille, Convertibilidad de Cavallo y, el período 2016-abril 2018 de Cambiemos).
c) Reducir aranceles y desproteger el sector externo.

La renta financiera surge por una legislación que le confiere potestades por ser bancos y/o fondos de inversión, una autorización que les da el Estado a través del BCRA a los primeros y de la Comisión Nacional de Valores a los segundos, y eso les permite captar ahorros del público y hacer con esa plata lo que quieren, por ejemplo especular con el dólar y las tasas de interés.

En el año 1991 la Argentina había sufrido la hiperinflación y necesitaba mejorar la recaudación de los sectores más ricos de la sociedad y se crea el Impuesto a los Bienes Personales, que era el “impuesto a la riqueza” de aquel entonces.

En el año 2001, siendo nombrado Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa, tornaba necesario gravar la renta financiera, pero en lugar de ello se establece el Impuesto al Débito y Crédito Bancario (impuesto al cheque), sobre las transacciones bancarias, que originalmente era de emergencia y cesaría en diciembre de 2002.

Renta inesperada

A las rentas históricas de nuestro país se les suma en la actualidad el incremento del precio de los alimentos que tenían un marco por la pandemia del Covid y que se exacerba con la guerra entre Ucrania y Rusia, dos grandes productores de trigo y de girasol, e impacta en todos los mercados. Incluso, en el caso de Rusia, en el precio del gas y todo lo que ello significa.

Ante ello el gobierno presentó en el Congreso de la Nación, el 6 de junio de 2022, el Mensaje Nº33/2022 y Proyecto de Ley 0010-PE-2022 para incorporar una alícuota adicional del 15% al impuesto a las Ganancias para Sociedades que tuvieron una “renta inesperada”⁶ producto de la disparada de precios internacionales que generó la guerra en Ucrania.

En los fundamentos del proyecto de marras se sostiene que, ante esta situación excepcional, se requieren nuevas y mejores herramientas para dotar al Estado de los recursos necesarios para llevar adelante políticas públicas para redistribuir la riqueza hacia los hogares. Mejorar la distribución del ingreso, reducir la pobreza y contener el proceso inflacionario son objetivos fundamentales y es preciso instrumentar todas las herramientas que se tengan al alcance para lograrlo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó durante la presentación en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada que la normativa alcanzaría a firmas con ganancia neta imponible o ganancia contable de más de $1.000 millones (en el año 2021 fueron solamente 3,2% de las empresas, unas 19.000 sociedades anónimas) y que cumplan con al menos una de dos condiciones:
a) Su margen de ganancia sobre los ingresos (utilidad neta, se descuenta la inflación) deberá ser superior al 10%, o
b) Deberá haber tenido un aumento del 20% de las utilidades netas en el año 2022 con relación al 2021.

Sin embargo, tras la renuncia del ministro Martín Guzmán, se dejó de lado dicho proyecto y se lo reemplaza en la práctica por la Resolución 5248/AFIP que, en lugar de gravar la renta inesperada, lo que hace es un pago adelantado por única vez, a cuenta de la liquidación del Impuesto a las Ganancias.

De acuerdo con la Resolución 5248 de la AFIP, serán alcanzadas las empresas que hayan tenido resultados de entre 100 y 300 millones de pesos con una tasa del 15%. Para aquellas empresas que hayan ganado más de 300 millones la tasa será del 25%. En tanto, quedarán excluidas aquellas personas jurídicas que hubieran obtenido un certificado de exención de Ganancias, vigente en 2021 o 2022.

La resolución general 5248 precisa que “los sujetos alcanzados deberán considerar la declaración jurada de Ganancias correspondiente al período fiscal 2021, en el caso de que el cierre de ejercicio hubiera operado entre agosto y diciembre de 2021”. En cambio, indicó que “los contribuyentes cuyos cierres de ejercicio hubieran operado entre enero y julio de 2022 deberán considerar la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2022”. Así, el pago a cuenta será computable en el caso de cierre de ejercicio operado entre agosto y diciembre de 2021 para el período fiscal 2022; y si es entre enero y julio de 2022, entonces para el período fiscal 2023. Los pagos se realizarán en tres cuotas iguales y consecutivas, según la fecha de cierre del ejercicio.

La norma establece que estas compañías deberán adelantar en seis meses el pago del Impuesto a las Ganancias, con los que la AFIP espera recaudar $250.000 millones entre octubre y julio de 2023, según dijo su titular, Carlos Castagneto.

En síntesis

Pese a la existencia de renta petrolera, minera, agropecuaria y financiera, el gobierno aun en una situación límite y totalmente justificada por el exacerbado incremento de los precios y de la tasa de interés, no solo no revierte la regresividad del sistema impositivo vigente, sino que tampoco se instrumenta el gravamen a la renta.

Es más, analizando la evolución de la recaudación tributaria de los primeros ocho meses del año 2022, el incremento nominal es igual a la inflación medida por el IPC del INDEC, pero se observa una caída en las retenciones (derechos de exportación) que llama la atención, porque no es lo que declara la Balanza de Pagos y tampoco el sector (Informe de CIARA –Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina– y CEC –Centro de Exportadores de Cereales–), quienes plantean exportaciones de los primeros ocho meses de 2022 contra igual lapso de 2021 con un incremento del 10,62% en dólares⁷, por lo que no solo no se grava la renta inesperada, sino que incluso no se recauda lo que debería ingresar por la simple y lineal aplicación de los derechos de exportación.

Tabla 1. Recaudación tributaria acumulada enero-agosto 2022

Nota: En millones de pesos
La variación interanual de la inflación a julio 2022: 71%.
Se infiere que en agosto el IPC va a ser algo menor.

Tabla 2. Liquidación enero-agosto 2022 – CIARA-CEC

Nota: En dólares corrientes
Fuente: CIARA-CEC

Es obvio que todo el sistema tributario, tanto en su faz teórica como en la práctica concreta, adolece de no cumplir el “principio de equidad” que articula y sintetiza a todos los demás principios constitucionales. Un tributo va a ser justo cuando considera las garantías de: legalidad, igualdad, generalidad, proporcionalidad, no confiscatoriedad e irretroactividad, y en la Argentina no se busca al menos compensar la inequidad con gravar la renta.

La estructura tributaria determina la lucha distributiva entre sectores sociales del trabajo y el capital. En la Argentina, el sistema tributario es regresivo, ya que proporcionalmente pagan más impuestos los sectores sociales de menores ingresos que los beneficiarios de renta.

La regresividad del sistema se explica por las características y el peso del IVA, que es un impuesto indirecto, del orden del 29 por ciento de la recaudación total. El Impuesto a las Ganancias representa el 23 por ciento y a la Seguridad Social, un 24 por ciento.

La estructura fiscal en la Argentina es regresiva porque se recauda más por impuestos al consumo (como el Impuesto al Valor Agregado, IVA) y poco por impuestos patrimoniales (como Bienes Personales) y a las ganancias de las personas. Además, no hay impuesto a la herencia, salvo en la provincia de Buenos Aires (y con baja recaudación).

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene la tierra más rica del país, el último dato anual suministrado, que corresponde al año 2020, fue una recaudación por impuestos de 467.017 millones de pesos. El Impuesto a los Ingresos Brutos representó el 72,6% de la recaudación propia de la provincia. El Impuesto Inmobiliario Rural⁸ representó solo el 3,02% de lo recaudado en el año 2020 (14.131 millones de pesos, en dólar promedio 2020 serían 156 millones de dólares) y en años anteriores incluso el porcentaje fue menor. Se trata, según informa el Censo Nacional Agropecuario, de 2.516 establecimientos que son dueños de 11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas cultivables de la provincia), pero a su vez, cuando a comienzo del año 2020 en el Senado bonaerense se trató el Código Fiscal, nos enteramos de que los dueños de esos establecimientos son 211 familias y/o sociedades. Estamos hablando de la tierra más fértil del país (y una de las más fértiles del mundo), donde más rinde por hectáreas tienen el maíz, el trigo, la soja, el sorgo, el girasol, etcétera.

La ley electoral bonaerense subdivide el territorio en ocho secciones electorales y establece taxativamente la cantidad de senadores y diputados de cada una de ellas. Ambas cámaras tienen el mismo origen de representación, siendo los senadores la mitad de los diputados. Las ocho secciones electorales se pueden subdividir en: zonas casi totalmente urbanas (la 1ª que es el conurbano norte, la 3ª que es el conurbano sur y la 8ª que es la Municipalidad de La Plata), zonas con una gran ciudad donde reside la mitad o más de su población (la 5ª con Mar del Plata y la 6ª con Bahía Blanca) y zonas agropecuarias carentes de grandes ciudades. En el conurbano bonaerense, en las secciones 1ª y 3ª, reside el 69,4 por ciento de los electores, según el padrón 2011, pero solo tiene un 36,2 por ciento del total de los representantes. En el otro extremo se observa las tres secciones en que está dividida la región agrícola más productiva, la 2ª (el noroeste, lindando en el río Paraná hasta Santa Fe, la parte bonaerense de la “zona núcleo sojera”), la 4ª (el noroeste lindando el sur de Santa Fe y Córdoba), y la 7ª (zona central con Olavarría como principal ciudad). En este conjunto de distritos agropecuarios reside el 11,3 por ciento de los electores, pero obtienen el 33,3 por ciento del total de los representantes. Se observa claramente que los votos de las mencionadas secciones agropecuarias valen 6,16 veces más que los del conurbano, lo cual no puede definirse de otra forma que como voto calificado.

Finalmente, a nivel país se conforma un sistema tributario regresivo que recauda mucho menos que los países desarrollados, como surge de comparar los ingresos fiscales con los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)⁹. Por ejemplo, en el año 2020 en la Argentina la recaudación impositiva total (nacional y provincial) representó el 28,6% del PIB, lo cual está absolutamente en línea con las economías de la región e incluso por debajo de Brasil (33% del PIB) y Uruguay (29% del PIB), pero menor a los países miembros de la OCDE: en España fue el 34,7%; Alemania 38,3%; Italia 42,4% y las naciones escandinavas ninguna baja del 42,2% del PIB.

La principal propuesta impositiva para la Argentina antes que nada es gravar la renta (minera, hidrocarburífera, agropecuaria y financiera) mediante un impuesto directo y después se plantean las demás e imprescindibles reformas al sistema tributario nacional.

Notas:
1) La acepción de la palabra renta en este caso es la de ingreso.⇑
2) Hipólito Yrigoyen decía que en el Senado de la Nación votaban las vacas.⇑
3) El Impuesto a los Réditos es el Impuesto a las Ganancias. Y la Dirección General del Impuesto a los Réditos es a los impuestos y es el antecedente de la DGI.⇑
4) Que es un impuesto directo y les correspondía cobrar a las provincias, pero para no entablar una feroz competencia entre ellas con el fin que se radiquen industrias, se decidió que fuera un ente nacional el que lo recaudara y lo coparticipara con las provincias.⇑
5) Plan Prebisch: a) Suprimir los controles de cambio y la comercialización de exportaciones con intervención estatal. b) Se aplicaron fuertes devaluaciones que beneficiaron a los sectores agrarios más concentrados e hizo caer el salario real. c) Los salarios fueron congelados, frente a una inflación creciente. d) Se suprimieron todos los subsidios dirigidos al consumo de los sectores populares.⇑
6) En la Guerra de los seis días (1967) las empresas petroleras en los EE.UU. habían aumentado sus ganancias en un billón de dólares como consecuencia de la guerra, mientras que los costos locales no se modificaban porque tenían autoabastecimiento. El gobierno de Richard Nixon les fijó un tributo sobre sus utilidades, que tuvo vigencia por dos años.⇑
7) Puede servir como factor de atenuación el registro adelantado de operaciones y hasta ciertos conflictos laborales (cortes de rutas, paro de camiones, etc.) y hasta ambientales (menor cauce del río Paraná), pero no de la magnitud que refleja el crecimiento de solo un 32% en la recaudación en pesos del acumulado de los primeros ochos meses 2022 contra 2021.⇑
8) La recaudación tributaria acumulada en los primeros siete meses del año 2022 de la Provincia de Buenos Aires fue de 721.094 millones de pesos. El Impuesto Inmobiliario Rural recaudó 15.092 millones de pesos (el 2,09% de la recaudación total).⇑
9) En los países de la OCDE, el impuesto a las ganancias lo pagan más las personas físicas que las empresas; cerca del 75% del impuesto es aportado por las personas humanas. En la Argentina el 58,8% lo pagan las empresas. ¿Por qué es peor el sistema argentino? Porque las empresas trasladan los impuestos a los costos y termina siendo pagado por los consumidores, y alimentando la alta inflación.⇑